Te explicamos los enfrentamientos en las cárceles de Guayaquil de agosto de 2020

  • Un enfrentamiento dejó 11 muertos en la Penitenciaría del Litoral

    • enfrentamiento en la Penitenciaría

      Fotografía tomada de la cuenta de Twitter del SNAI.

    El 3 de agosto de 2020 se reportó un enfrentamiento entre personas privadas de libertad (PPL) en el Centro de Rehabilitación Social de Varones en Guayaquil, conocido como la  Penitenciaría del Litoral. Según el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), confirmó el incidente después de que un video se viralizó en redes sociales.   

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    El Comandante General de la Policía Nacional, Patricio Carrillo, confirmó que el enfrentamiento dejó 9 fallecidos —dos de ellos incinerados— , 20 PPLs heridos —tres graves— y 6 policías lesionados en estado crítico. Según la Policía Nacional, se logró restablecer el control en la Penitenciaría alrededor de las 4:45 de la tarde. 

    La Fiscalía General del Estado anunció que iniciará una investigación de estos hechos. Según los datos de esta institución los fallecidos son 11, no 9 como dijo Carrillo. 

    Inicialmente la Policía Nacional envió unidades tácticas para controlar este enfrentamiento, pero por la gravedad del incidente, grupos militares ingresaron a la Penitenciaría. Después del incidente Carrillo dijo que “la guerra de bandas requiere revisar la gestión penitenciaria y los procesos internos”.

    Este es el segundo incidente en el sistema carcelario de Guayaquil en menos de una semana. El 29 de julio la SNAI confirmó la muerte de dos detenidos tras un altercado en el Centro de Privación de Libertad (CPPL) en Guayaquil. 

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    En mayo de 2019 después de  varios incidentes violentos en las cárceles del país, el presidente Lenín Moreno declaró en estado de excepción al Sistema de Rehabilitación Social del país. Esta decisión puede ser tomada por el Presidente cuando exista una situación de conflictos que ponga en riesgo la vida de personas o el orden interno del país. 

    El estado de excepción del sistema carcelario permitió la movilización de Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional para controlar las cárceles; prohibió que las personas privadas de libertad reciban cartas y comunicados del exterior y restringió su movilidad dentro de las cárceles. El estado de excepción duró 60 días. El SNAI informó que durante estos meses se invirtieron “alrededor de 20 millones de dólares en alimentación, en equipos y en el fortalecimiento de esta institución”. Además, en este periodo se capacitó a 1.500 agentes en “seguridad penitenciaria en el contexto de derechos humanos”. 

    El gobierno también reemplazó —el 30 de mayo de 2019— al director de la Penitenciaría del Litoral, Alfredo Muñoz, por Héctor Reyna Vivar, quien ya fue director de este centro de rehabilitación entre 2011 y 2014. El l3 de junio de 2019, Moreno designó a Edmundo Moncayo Juaneda como nuevo Director General SNAI. 

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    Según la directora de comunicación del SNAI, Paula Mora, desde el fin del estado de excepción de 2019, el caso de muertes violentas en centros de rehabilitación del país se redujeron entre un 60 y 70%.

  • Un extranjero murió en la Penitenciaría del Litoral, presuntamente estaba involucrado en la venta de insumos médicos

    • extranjero asesinado en la Penitenciaría del Litoral

      Fotografía tomada de la cuenta de Twitter del SNAI.

    Sheiman Tomer, uno de los dos extranjeros detenidos con más de 300 mil dólares en efectivo —que presuntamente habrían obtenido de Jacobo Bucaram— fue asesinado el 8 de agosto en la Penitenciaría del Litoral en Guayaquil. Sheiman Oren, el otro detenido del caso, también fue agredido. El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) dijo que las autoridades fueron a la Penitenciaría para investigar el ataque ocurrido a las 4 de la mañana. 

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    El 8 de agosto por la mañana, el SNAI dijo en Twitter que el fallecido era Oren. Horas después, la tarde de ese mismo día, publicó un comunicado confirmando que quien murió por “golpes con un objeto contundente en la cabeza” era Tomer. Oren, dice el comunicado, recibió varios golpes en el cuerpo y fue traslado a una casa de salud. 

    Según el SNAI, los extranjeros compartían celda en el pabellón Cuerpo Consular, donde están las personas privadas de la libertad (PPL) con delitos menores y que no están implicados en actos violentos. El jefe de los Agentes de Seguridad Penitenciaria (ASP) y el personal que estaba custodiando el pabellón durante el ataque fueron a rendir su versión a la Fiscalía, según el SNAI. 

    El australiano Sheiman Oren y el israelí Shy Dahan —que consta en el parte policial como Sheiman Tomer— fueron detenidos en un operativo el 1 de junio de 2020 en la vía La Libertad-Salinas, en la provincia costera de Santa Elena. Tenían 100 mil dólares en efectivo y documentos falsificados. Según un reportaje de Teleamazonas, los extranjeros se hacían pasar por agentes de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés). Tomer, según la Fiscalía, era buscado por la Interpol en Argentina, Panamá, Israel y Estados Unidos por “delitos contra la propiedad”.

    Durante el allanamiento al departamento en el que vivían los procesados se encontraron 212 mil dólares y 385 euros en efectivo y otros documentos de identificación presuntamente falsos. El 4 de junio, la Fiscalía los procesó por presunta falsificación de documentos y enriquecimiento ilícito privado. El juez de Garantías Penales, Vicente Guillén, dictó prisión preventiva contra los dos extranjeros durante la instrucción fiscal del caso —etapa en la que la Fiscalía investiga los elementos de convicción del posible delito— que duró 30 días. 

    Sheiman Tomer, en el rendimiento de su versión, dijo que obtuvieron el dinero de la venta de pruebas de covid-19. Según  él, uno de sus compradores fue Jacobo Bucaram Pulley, investigado por presunta asociación ilícita para la venta de medicinas a los hospitales públicos del país y presunto transporte y comercialización, y tráfico de bienes de patrimonio cultural. 

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    Tomer dijo que Oren fue a la casa de Bucaram Pulley para hacer “el negocio”. Según la versión de Oren, Bucaram les entregó 321.600 dólares en una maleta a cambio de insumos médicos. El australiano dijo que tomó fotos del dinero y se las envió a su compañero para que “viera que ya habíamos recibido el dinero”. Según Oren, tenía un video del momento de la transacción con Bucaram y estaba dispuesto a dar la contraseña para que tengan acceso a las evidencias. 

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    El 31 de julio, la audiencia preparatoria de juicio —etapa en la que el juez analiza las pruebas obtenidas dentro de la instrucción fiscal y decide si llama a juicio—contra los dos extranjeros se suspendió. Según un comunicado de la Fiscalía, se reinstalaría una vez que se tenga la información de audio y video extraída del celular incautado. Pericias solicitadas anteriormente por la Fiscalía, pero todavía no habían sido entregadas. 

    Jacobo Bucaram Pulley es el hijo del expresidente Abdalá Bucaram Ortíz. Los dos han sido vinculados por la Fiscalía a múltiples investigaciones desde junio. El 5 de agosto de 2020 el juez Juan Carlos Terán dictó prisión preventiva para Bucaram Pulley y prohibición de salida del país para Bucaram Ortiz por presuntamente traficar, transportar y comercializar bienes culturales. El juez Terán también ratificó la orden que le exige al expresidente usar grillete electrónico y presentarse diariamente ante la autoridad, que ya había sido dictada en su contra por presunto “delito de tráfico ilícito de armas de fuego y municiones”. 

    El 8 de agosto, Jacobo Bucaram Pulley dijo en Twitter que “intentan involucrarme con un asesinato de un estafador internacional en la cárcel”, porque “jamás han encontrado” pruebas en su contra. Abdalá Bucaram Ortíz dijo en una serie de tuits que teme por su vida y la de su familia. Según él, “quisieron matar a mi abogado Alfredo Arboleda, hoy asesinan a un israelita que pretendían usar contra mi hijo Jacobo”. El expresidente pidió ayuda a las Fuerzas Armadas “porque seguramente querrán asesinar a mis hijos”. Además aseguró dijo que al presentarse diariamente en la Fiscalía está “expuesto” a que lo asesinen. 

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    El SNAI aseguró que dará las facilidades para que la Fiscalía y la Policía Nacional investiguen el ataque. Hasta el momento, la Fiscalía no se ha pronunciado sobre el caso ni ha vinculado a Bucaram Pulley a la investigación. Es el segundo incidente en la Penitenciaría del Litoral en menos de una semana. El 3 de agosto de 2020 se reportó un enfrentamiento entre personas privadas de libertad (PPL) que dejó 11 muertos —dos de ellos incinerados— , 20 PPLs heridos —tres graves— y 6 policías lesionados en estado crítico. 

  • La Fiscalía allanó el pabellón de la Penitenciaría del Litoral en el que fue asesinado un extranjero

    • Fiscalía allanó la Penitenciaría del Litoral

      Fotografía tomada de la cuenta de Twitter de la Fiscalía.

    La madrugada de hoy 9 de agosto de 2020, la Fiscalía y la Policía Judicial allanaron el Pabellón Consular de la Penitenciaría del Litoral, donde estaban recluidos los dos extranjeros atacados ayer. Durante el enfrentamiento, Sheiman Tomer murió y  Sheiman Oren —ambos israelíes, según la Fiscalía— fue llevado a una casa de salud. Los dos estarían involucrados en la venta ilegal de insumos médicos durante la emergencia sanitaria por el covid-19. 

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    Según un comunicado de la Fiscalía, en el allanamiento se incautaron terminales móviles —radios usadas para comunicarse con una central, tarjetas de memoria, libros una hoja de papel con “manuscritos y números de teléfono”, sustancias sujetas a la fiscalización, dos armas blancas y cargadores de celulares. Además, se encontró una pesa artesanal con dos discos de concreto, que presuntamente fue utilizada para asesinar a Tomer. 

    Las autoridades presumen que el israelí murió después de ser golpeado con un objeto contundente en la cabeza mientras estaba en su celda. Oren, dice la Fiscalía, fue golpeado con un puño en la cabeza y el tórax. Hasta el momento, no se ha proporcionado información de su estado de salud. 

    Los dos sujetos fueron detenidos en junio en la provincia costera de Santa Elena con 100 mil dólares en efectivo y documentos falsos. Los hombres se hacían pasar por agentes de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés). Cuando su vivienda fue allanada, se encontraron más dólares y euros en efectivo que sumaban más de 300 mil dólares. 

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    Según Oren y Tomer, el dinero venía de la venta de pruebas covid-19 y otros insumos médicos. Uno de los compradores, dijeron al rendir sus versiones, era Jacobo Bucaram Pulley, hijo del expresidente Abdalá Bucaram Ortíz. Bucaram Pulley es investigado por presunta asociación ilícita para la venta de medicinas a los hospitales públicos del país. Además,  tiene una orden de prisión preventiva por supuesto transporte, comercialización, y tráfico de bienes de patrimonio cultural. En ese caso también estaría vinculado su padre. Por orden del judicial, el expresidente debe usar un grillete electrónico mientras duren las investigaciones abiertas en su contra. 

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    Como parte de la investigación del ataque en el Pabellón Consular, el director subrogante de la Penitenciaría, el jefe de guías y dos agentes de seguridad penitenciarios rindieron sus versiones del incidente en la Unidad de Flagrancia Cuartel Modelo en Guayaquil. Además, dos personas privadas de la libertad fueron interrogadas en las oficinas administrativas de la Fiscalía. Según la institución, seguirán haciendo diligencias para “esclarecer los hechos” ocurridos en la Penitenciaría del Litoral. 

  • Hay versiones opuestas sobre la protección del hombre asesinado en la Penitenciaría

    • protección del hombre asesinado en la Penitenciaría

      Foto tomada de la página de la Fiscalía General del Estado.

    La Fiscalía General del Estado informó el 11 de agosto de 2020 que los ciudadanos extranjeros Shy Dahan (asesinado el 8 de agosto anterior) y Sheiman Oren (también agredido en esa fecha) habían rechazado ser ingresados al Sistema Nacional de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y Otros Participantes en el Proceso Penal (SPAVT). 

    Sin embargo, Héctor Vanegas Fernández, defensor de Oren, dijo en un mensaje en Twitter que él no solicitó la protección internacional, pero sí pidió que ingrese al sistema de protección de víctimas y testigos. En una entrevista con Jimmy Jairala, Vanegas dijo que había pedido que Oren ingrese al sistema de protección porque “temían por su vida, lamentablemente no fueron escuchados, la seguridad no fue proporcionada a tiempo”. 

    A través de un comunicado, la Fiscalía dijo que el 9 de julio recibió la solicitud de ingreso de los dos hombres al SPVAT. Once días después, el 20 de julio de 2020, realizó una entrevista virtual con los dos reclusos, presuntamente involucrados en la venta de insumos médicos a Jacobo Bucaram, hijo del expresidente del Ecuador Abdalá Bucaram. En esa entrevista, sostuvo la Fiscalía, ambos rechazaron la protección del Ecuador y pidieron protección internacional. 

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    La Fiscalía explicó que según el Reglamento Sustitutivo del Sistema Nacional de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos, la protección debe ser aceptada de forma voluntaria por sus receptores. Sin embargo, la Fiscalía pidió al Director de la Penitenciaría del Litoral que dé protección a las personas que están recluidas en los centros carcelarios porque es una obligación intrínseca de la vigilancia penitenciaria. 

    Shy Dahan fue asesinado en la Penitenciaría del Litoral de Guayaquil el 8 de agosto de 2020.Sheiman Oren recibió varios golpes y permanece asilado en una casa de salud. Ambos habían sido detenidos en un operativo el 1 de junio porque tenían 300 mil dólares en efectivo y documentos falsificados y estaban siendo procesados por la Fiscalía por enriquecimiento ilícito privado y falsificación de documentos. 

    La ministra de Gobierno, María Paula Romo, dijo que el fin de semana pasado la Fiscalía ingresó a Oren al sistema de protección de víctimas y testigos. Romo presentó una queja contra el juez encargado del proceso por no aceptar el testimonio anticipado de Oren porque no consideró que fuese urgente. 

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    La Fiscalía también dijo que es la encargada de dirigir el SPAVT y que los servidores públicos que conozcan sobre los procesos de protección a víctimas y testigos deben mantener la información de esas personas en reserva. Si no lo hacen, según el Código Integral Penal (COIP), serán sancionadas con cárcel de entre uno y tres años. La Fiscalía comenzó una investigación para encontrar a los responsables de filtrar la información sobre la protección a los ciudadanos extranjeros. 

  • Moreno decreta estado de excepción en las cárceles del Ecuador

    • Fotografía de julio 2019

    El 11 de agosto de 2020 el presidente Lenín Moreno decretó un nuevo estado de excepción en el sistema carcelario de todo el Ecuador .  A través del decreto, el Presidente ordenó que se movilicen las  Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para apoyar al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores del Ecuador (SNAI), el organismo encargado de las 53 cárceles del país.

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    A las cuatro de la tarde del 11 de agosto, el presidente Moreno escribió en su cuenta de Twitter que dispuso esta declaratoria para que las Fuerzas Armadas se “sumen al control de las mafias que están creando caos en los centros penitenciarios”. Horas más tarde, la secretaria jurídica de la presidencia Johanna Pesántez explicó en una rueda de prensa virtual que el trabajo conjunto de la Policía, las Fuerzas Armadas y el SNAI busca restablecer la “convivencia pacífica” y el funcionamiento normal del sistema carcelario del país. 

    Pesantez dijo que la principal tarea de las Fuerzas Armadas es ser un primer filtro en el control de armas dentro de los centros de rehabilitación e inspeccionar las vías de acceso a las cárceles. La Policía Nacional controlará el orden interno y externo de las cárceles. Será la Policía, además, la encargada de intervenir si hay nuevos incidentes dentro de alguno de los centros penitenciarios, anunció Pesántez. 

     El estado de excepción prohíbe también que los reclusos reciban cartas y comunicados del exterior, lo que en condiciones normales es un derecho según el artículo 66 de la Constitución ecuatoriana. Además, se prohíben las reuniones entre presos y se restringirá su movilidad  dentro de los pabellones de los centros carcelarios. 

    En la rueda de prensa del 11 de agosto también participó Edmundo Moncayo, el director del  SNAI. Según Moncayo no es posible brindar un servicio de rehabilitación social  “digno” y que respete  los derechos humanos si no se controla la violencia en las cárceles.  

    En el sistema carcelario hay  alrededor de 1477 agentes penitenciarios dijo Moncayo, pero “una de las grandes deficiencias que hemos notado es la falta de formación en valores éticos y morales del personal con el que estamos trabajando”. Mocayo añadió que el proceso de capacitación y rehabilitación de los funcionarios es complejo y tomará tiempo.

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    Moncayo anunció también que en los siguientes días el SNAI informará las medidas para “controlar y aislar” a los presos que sigan causando altercados. 

    La declaratoria de estado de excepción se realiza tras  una semana de  incidentes en diferentes cárceles del  Ecuador.  Antes del anuncio del presidente Moreno, el SNAI informó sobre un enfrentamiento en la zona de máxima seguridad de la cárcel de Latacunga, en Quito, en el que murieron dos personas. 

    Durante el fin de semana del 8 de agosto, el australiano Sheiman Oren fue asesinado en la Penitenciaría del Litoral de Guayaquil. El lunes 3 de agosto 12 presos fallecieron durante otro enfrentamiento en la  Penitenciaría del Litoral y el 29 de julio el SNAI informó la muerte de dos detenidos del Centro de Privación de Libertad en Guayaquil. 

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    Los enfrentamientos en las cárceles ecuatorianas no son nuevos. En mayo de 2019 el presidente Moreno también decretó estado de excepción en el sistema carcelario del país. El estado de excepción duró 60 días y el SNAI informó que durante estos meses se invirtieron “alrededor de 20 millones de dólares en alimentación, en equipos y en el fortalecimiento de esta institución” y se capacitó a 1.500 agentes.

    Moncayo dijo en la rueda de prensa que actualmente en el Ecuador  hay alrededor de 37. 500 personas privadas de libertad en las 53 cárceles. En febrero de 2020, había un 33.5% de hacinamiento, según el SNAI. El sistema tiene una capacidad para  29 mil personas pero había más de  39 mil.  Hasta mayo de 2020, por la emergencia sanitaria se liberaron a cerca de 800 presos para mejorar las condiciones sanitarias en las cárceles durante la pandemia por covid-19.

  • La embajada de Estados Unidos dijo estar al tanto del uso de identificaciones fraudulentas en Ecuador

    • identificaciones falsas de la DEA

      Fotografía tomada de la cuenta de Twitter de la embajada de Estados Unidos en Ecuador.

    El 13 de agosto del 2020 por la tarde, la embajada de Estados Unidos en Ecuador publicó un comunicado en su página web en el que decía que estaba al tanto del uso de identificaciones diplomáticas falsas con los que algunas personas se hacen pasar por empleados de su gobierno federal. 

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    El comunicado fue publicado cinco días después de que el ciudadano israelí Shy Dahan fue asesinado en la Penitenciaría del Litoral. Dahan fue detenido por hacerse pasar por un agente de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés). 

    En la comunicación de la embajada de Estados Unidos también se afirma que en los últimos meses varios miembros de esta delegación diplomática han sido detenidos mientras conducían en Quito. En varios casos, dice el comunicado, se fotografiaron sus documentos de identidad y de los vehículos, aunque no se especifica quién realizó estos controles ni captó dichas imágenes. 

    La embajada dijo que ha cooperado con el Ministerio de Relaciones Exteriores para “garantizar que las credenciales y protecciones diplomáticas no se vean comprometidas”. Además, según la sede diplomática, envió más preguntas sobre esta situación a las autoridades ecuatorianas.

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    Dos horas después de la publicación de este mensaje, el ex vicepresidente Otto Sonnenholzner dijo en Twitter que este comunicado aclararía “la especulación maliciosa y las calumnias infundadas en días pasados” en su contra.

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    El 10 de agosto de 2020,  el abogado de Sheiman Oren —detenido junto a Dahan por falsificar documentos de la DEA— dijo en una entrevista que su cliente asegura que las identificaciones falsas de la DEA le fueron entregadas por agentes de la escolta de Sonnenholzner cuando era Vicepresidente. Sonnenholzner confirmó que los agentes de la Agencia Metropolitana de Tránsito investigados eran parte de su caravana cuando ocupaba el cargo, pero aseguró que no tenía relación alguna con ellos. 

    La Fiscalía investiga la muerte de Shy Dahan desde el 8 de agosto pasado. Cuatro días después, dentro de esa misma investigación se detuvo al ex presidente Abdalá Bucaram por presunta delincuencia organizada. Bucaram reconoció públicamente que conversó con Dahan días antes de su muerte.

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    En la madrugada del 13 de agosto una jueza dictó arresto domiciliario para Bucaram mientras dure la instrucción fiscal del caso, una medida sustitutiva a la prisión preventiva ya que el ex presidente (que gobernó brevemente entre 1996 y 1997) tiene más de 65 años. Es el tercer proceso penal que se le ha abierto a Bucaram desde junio pasado. Por uno de ellos, está obligado a utilizar un grillete electrónico desde finales de julio.

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