Han pasado casi dos meses desde que Jorge Yunda volvió a ocupar el despacho de la Alcaldía de Quito. Decenas de seguidores lo recibieron en la puerta de la alcaldía con música y pancartas tras haber estado separado de su cargo por 11 días. El ambiente era triunfal pero hoy,  29 de septiembre, cualquier victoria de Jorge Yunda en su intento por permanecer en la Alcaldía se convirtió en pírrica:  el pleno de Corte Constitucional falló a favor de Santiago Guarderas, quien será otra vez alcalde de la capital ecuatoriana

Guarderas había presentado la acción extraordinaria, un procedimiento jurisdiccional para que el más alto tribunal del país resuelva una cuestión y siente un precedente. La Corte aceptó tramitar la acción y, además, le dio prioridad: no lo resolvió en orden cronológico por las circunstancias extraordinarias que vive Quito. 

Enseguida de la publicación del fallo, Jorge Yunda reaccionó en Twitter. “Gané en las urnas, asumí la administración de esta ciudad en la peor crisis de su historia, nunca cedí principios y eso me pasó factura pero no me arrepiento, gracias a mis votantes, seguiré luchando internacionalmente por ustedes, me voy en paz, suerte a los que quedan”, dijo él ahora ex alcalde, quien también enfrenta un proceso penal por presunto peculado cuya audiencia de juicio empezó la mañana de hoy. 

Los nueve jueces de la Corte Constitucional votaron de forma unánime para declarar con lugar la acción de protección que había presentado Santiago Guarderas el pasado 10 de agosto de 2021 ante el máximo órgano de control, interpretación y administración de justicia constitucional del Ecuador. 

La Corte ha dirimido la tensión entre dos fallos: uno del Tribunal Contencioso Electoral, que ratificaba la remoción de Yunda, y otro  de la Corte Provincial de Pichincha, que dejó sin efecto la remoción de Yunda. Tras ese fallo, Guarderas tuvo que abandonar el cargo en el que se posesionó el pasado 19 de julio.

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Santiago Guarderas estuvo en la alcaldía de Quito por 11 días. La concejal Brith Vaca fue nombrada como vicealcaldesa el 27 de julio en la primera sesión presidida por Guarderas. La acción extraordinaria fue presentada para “que queden sin efecto esas sentencias que se dieron de manera irregular violando todos los procedimientos”, dijo Guarderas. 

¿Qué dice la sentencia?

Según los jueces de la Corte Constitucional, en el informe de la Comisión de Mesa no se observaron vulneraciones de los derechos constitucionales que alegaba el exalcalde Jorge Yunda y que fue aceptada  en las dos instancias judiciales constitucionales previas.

 La primera fue cuando Yunda la presentó ante la Jueza María Belén Dominguez, de la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer y la Familia, quien falló a favor de Yunda porque no “se había observado el debido proceso en la remoción del alcalde de Quito y  no se había garantizado la imparcialidad por parte de la Comisión de Mesa que le estaba juzgando”.  

En esa comisión, estaba Santiago Guarderas —entonces vicealcalde—, y Yunda alegó en su demanda que Guarderas no era un juez imparcial dentro del proceso de remoción, explica la abogada constitucionalista Libia Rivas. La jueza Dominguez le dio la razón a Yunda parcialmente.  

En la segunda instancia, la Corte Provincial de Pichincha dejó sin efecto la remoción de Jorge Yunda, y concedió a Yunda la acción de protección que le permitió volver a la alcaldía.

Según la Corte las demandas de Jorge Yunda no tenían cabida en la justicia constitucional  porque Yunda debía sujetarse a lo que dice el Código Orgánico de Organización Territorial (Cootad) que es el que regula a las administraciones municipales.  Según los jueces,  las alegaciones de Yunda contaba con una “vía idónea y adecuada de impugnación ante el Tribunal Contencioso Electoral”, quienes se pronunciaron sobre el “cumplimiento de formalidades y procedimiento” dentro del  proceso de remoción y que era al TCE a quién le correspondía tomar la decisión porque es  máximo órgano de justicia electoral. Como medida de reparación dejó sin efecto las dos sentencias anteriores. 

Así fue la remoción de Yunda 

El 2 de junio de 2021, Yunda fue removido por el Concejo Metropolitano de Quito con 14 votos a favor y seis abstenciones, porque supuestamente había incumplido con el literal g del artículo 333 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad): “Incumplir con las disposiciones establecidas en la legislación para garantizar el ejercicio del derecho a la participación ciudadana en la gestión del respectivo gobierno autónomo descentralizado”. 

El 8 de junio, Yunda presentó una consulta al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) sobre lo actuado por el Concejo Metropolitano. La noche del 15 de junio, el juez sustanciador y presidente del TCE, Arturo Cabrera, notificó al Concejo que los documentos entregados carecían de orden y coherencia. El 1 de julio, el TCE ratificó por unanimidad la “legalidad del proceso” —ya que no tiene competencias para contradecir lo resuelto por los concejales—.

El 28 de junio, Yunda también presentó una acción de protección. La jueza Belén Domínguez aceptó parcialmente la acción porque no se cumplió con los criterios de imparcialidad que garantizan la transparencia del proceso. 

Yunda presentó una medida cautelar aceptada por el juez Carlos Soto, esa medida impedía que se ejecute la remoción aceptada por el TCE. 

Ambas acciones llamaron la atención porque presentaron irregularidades, denunciadas por el Consejo de la Judicatura, que suspendió a los dos jueces y cuatro funcionarios.