Para la Corte Constitucional —el máximo órgano de administración de justicia constitucional en Ecuador— las declaraciones del presidente Guillermo Lasso, que hizo un llamado de atención a la Corte, no es más que una forma de “evadir sus propias responsabilidades”. Así lo informó la tarde de este sábado 13 de noviembre de 2021. La Corte se refirió a la declaración del Presidente en la que, según él, iba a “recobrar el orden en las cárceles”.
Horas antes, a las dos de la tarde, después de que se confirmara que 68 presos habían muerto en la Penitenciaría del Litoral, Lasso escribió en su cuenta de Twitter: “Este es un llamado de atención a las instituciones del Estado ecuatoriano, en especial a la Corte Constitucional”. El presidente se refería en específico a una condición de control que el órgano impuso a la declaratoria de estado de excepción, decretado por el ejecutivo el 18 de octubre último por “grave conmoción interna debido al aumento en la actividad delictiva”.
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En su dictamen, la Corte cambió las reglas y lo que hizo fue reducir el período de estado de excepción de 60 a 30 días. Además, limitó la presencia de las Fuerzas Armadas a las siguientes provincias: Guayas, Manabí, Santa Elena, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Pichincha y Sucumbíos. La Corte tomó esa decisión al establecer que el gobierno solo logró justificar su jurisdicción en esas zonas, cerrando la posibilidad de ampliarlo a otras provincias.
Asimismo, la Corte restringió las actividades de las Fuerzas Armadas a cumplir exclusivamente con funciones complementarias a las de la Policía Nacional. Por eso, para el presidente Lasso son necesarias las “herramientas constitucionales idóneas para proteger a la población, recobrar el orden de las cárceles y luchar contra las mafias que se lucran del caos”. El primer mandatario, además, dijo que no es posible garantizar el derecho a la vida y la libertad ciudadana si la “fuerza pública no puede actuar para proteger”.
Sin embargo, la historia ha demostrado que la militarización no es una vía efectiva para reducir los niveles de violencia en las cárceles.
En el Ecuador, enviar a los militares a las calles para reprimir la protesta social ha tenido trágicos resultados. El 15 de noviembre de 1922, oficiales de la Zona Militar de Guayaquil arremetieron contra miles de obreros que manifestaban contra el gobierno de José Luis Tamayo y la aguda crisis económica que afectaba al país. No existe un número exacto del número de fallecidos pero se estima que supera el centenar. Durante el gobierno de José María Velasco Ibarra, el 29 de mayo de 1969, un número indeterminado de estudiantes que reclamaban la democratización de la educación superior, murieron en las afueras de la Casona Universitaria en Guayaquil cuando policías y soldados del ejército abrieron fuego para reprimir su protesta.
Quince años después, el presidente León Febrés-Cordero aprobó su Plan de Seguridad Nacional contra la subversión interna que permitía que unidades policiales y militares, legales y clandestinas (como el SIC-10), efectuaran detenciones, torturas, desapariciones y ejecuciones. De acuerdo al informe de la Comisión de la Verdad, al menos 310 personas fueron torturadas, asesinadas y desaparecidas.
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En ese sentido, la Corte le recordó al presidente Lasso que el organismo ejerce sus atribuciones constitucionales y legales para “garantizar la supremacía de la Constitución”. La Corte decía además, que en los dictámenes emitidos en 2019 ya había advertido que la crisis carcelaria requería acciones concretas y estructurales “diferentes a las que pueden ser adoptadas en un estado de excepción”.
Los jueces de la Corte, en unanimidad, indicaron que su decisión de declarar la constitucionalidad de los estados de excepción decretados por el ejecutivo sin que aquello significa que sea su responsabilidad el resultado de las acciones ejecutadas por el gobierno.
La Corte hizo un llamado a la implementación de medidas concretas y adecuadas para que la violencia cese en las cárceles. Hasta la tarde de este sábado 13 de noviembre, son 68 las personas fallecidas en la cuarta masacre documentada en el sistema penitenciario del Ecuador en lo que va del año.
