Hoy, 15 de noviembre, cinco jueces de la Corte Constitucional visitaron el territorio de la nacionalidad indígena Cofán, en Sinangoe, en la provincia de Sucumbíos. La Corte deberá decidir sobre dos acciones de protección presentadas por este pueblo amazónico sobre la violación a su derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado. La decisión del máximo tribunal nacional podría crear jurisprudencia sobre otros casos de falta de consulta previa en territorios indígenas. 

Los jueces llegaron la mañana de hoy hasta el territorio en el noreste de la Amazonía ecuatoriana para escuchar a los afectados. 

Luego de la visita de los jueces de la Corte, Victor Quenamá, presidente de la comunidad A’i Cofán de Sinangoe, dijo que esperan que la Corte haya recibido el mensaje de su comunidad y que así se garantice la consulta previa en los territorios. 

Entre la mañana y el mediodía de hoy, cinco de los nueve jueces escucharon decenas de testimonios de ancianos y jóvenes indígenas sobre su derecho a la autodeterminación. La Constitución garantiza este derecho para que los pueblos y nacionalidades reciban información y decidan si quieren o no actividades extractivas en sus territorios.

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A la audiencia, que fue telemática y presencial, acudieron más de 300 representantes indígenas de todo el país. También participaron representantes del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, de la Agencia de Control y Regulación Minero (Arcom) y la Procuraduría General, para defender los intereses del Estado. 

Nemonte Nenquimo, lideresa de la nacionalidad waorani, también estuvo presente en la audiencia. “Este día ha sido muy especial por la asistencia de los jueces de la Corte a un territorio, porque por muchos años no ha habido respeto de los derechos indígenas”, dijo. Y agregó que está a la espera del fallo de los jueces de la Corte Constitucional sobre este caso. Según un comunicado de organizaciones indígenas, la Corte deberá emitir su sentencia en los próximos meses y, cuando lo haga, será de cumplimiento obligatorio a nivel nacional. 

Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), quien también estuvo de forma presencial, dijo que la Conaie se declara en Asamblea Permanente hasta que se conozca la sentencia de la Corte Constitucional en este caso. La Asamblea Permanente son reuniones o diálogos en los pueblos o comunidades que se realizan diariamente o semanalmente; la Asamblea también puede realizar durante una minga, donde se analizan diferentes problemas a los que se enfrentan los pueblos y nacionalidades, en este caso la consulta previa

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Iza también dijo que el Consejo Ampliado de la Conaie —que está programado para luego del 25 de noviembre— se realizará en el territorio del pueblo Sinangoe. 

Al terminar la audiencia, María Espinosa, abogada defensora de los pueblos indígenas, dijo que “el único camino es el consentimiento y mientras tanto no deberán darse ni concesiones, ni licencias”. 

El origen del caso de los Cofán de Sinangoe

En octubre de 2018, la Corte Provincial de Sucumbíos aceptó una acción de protección a favor de los Cofán de Sinangoe contra cuatro ministerios del Estado: Ministerio de Minería y Recursos No Renovables, la entonces Secretaría del Agua, la Agencia de Regulación y Control Minero y el Ministerio de Ambiente. Los indígenas denunciaron la entrega de 20 concesiones que comprenden 32 mil hectáreas de su territorio, sin que ellos hayan sido consultados. La decisión permitió que se reviertan las concesiones que ya estaban operando en su territorio y que se cancelen las nuevas concesiones. 

La Corte Provincial reconoció que se habían violados los derechos colectivos de la consulta previa, libre e informada. También que se habían vulnerado los derechos al agua, los derechos de la naturaleza y el medioambiente. La Corte ordenó la reparación de los daños e impactos ocasionados en el territorio Cofán por la minería. 

¿Quiénes son los A’I Cofán de Sinangoe? 

Los cofán son una de las 11 nacionalidades indígenas amazónicas del Ecuador, y el pueblo Cofán de Sinangoe específicamente vive en la provincia amazónica de Sucumbíos, a lo largo del río Aguarico. En Sinangoe viven unas 300 personas. Un reportaje de GK dice que viven en casas de madera sobre pilotes para evitar inundaciones durante las fuertes lluvias. Los cofán de Sinangoe ocupan un extenso territorio de 62 mil hectáreas de selva tropical para cazar y pescar. 

Sinangoe creó una guardia hace cinco años para proteger su territorio de las concesiones mineras.  

¿Qué es la consulta previa, libre e informada? 

La consulta previa, libre e informada es un derecho fundamental de los pueblos y nacionalidades indígenas. Consiste en que el Estado entregue información previa y verdadera a quienes vivan en los territorios donde se planee que empresas públicas o privadas hagan actividades extractivas, para que decidan si quieren o no que se realicen esas actividades. El Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) dice que también es un derecho de los pueblos tribales, como los afrodescendientes y montubios. Los pueblos tribales son aquellos que fueron movidos de su territorio original pero que siguen manteniendo sus costumbres. 

En el Ecuador, este derecho está consagrado en la Constitución, aunque en la práctica, denuncian organizaciones ambientales, activistas y comunidades, no se cumple. La consulta previa, libre e informada, dice la Constitución, se debe realizar dentro de un plazo razonable sobre planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren en las tierras de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas. 

El caso Sarayaku 

El caso Sarayaku marcó un precedente para la aplicación de la consulta previa en Ecuador. En 1996, el Estado concesionó 135 mil hectáreas del territorio del pueblo kichwa Sarayaku a la compañía petrolera argentina CGC para la exploración y explotación de petróleo sin el consentimiento del pueblo indígena. Entre 2002 y 2003, la empresa petrolera abrió caminos, introdujo explosivos y deforestó, destruyendo árboles y plantas de valor sagrado y cultural para la comunidad. En 2003, el caso fue presentado a organismos internacionales de derechos humanos para “proteger la vida e integridad de los miembros del pueblo sarayaku mediante una serie de acciones que el Estado debía implementar”. 

En 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció al Estado ecuatoriano, en su fallo ordenó que si el Estado quería extraer recursos naturales —o tomar cualquier decisión que afecte al pueblo— debía cumplir una consulta previa. También ordenó que debía neutralizar y desactivar una tonelada y media de pentolita —un explosivo usado por la industria petrolera— enterrada en el territorio sarayaku en un plazo de 3 años. Pero el Estado no ha cumplido. 

En julio de 2020, la Corte Constitucional admitió a trámite la demanda del pueblo Sarayaku contra el Estado, presentada en noviembre de 2019, por incumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) de 2012.

Mayuri Castro Tapia 150x150
Mayuri Castro
Ex reportera de GK, donde cubrió educación, migración interna y los derechos de las mujeres. En 2021 ganó la Mención de Honor en Acceso a la Salud del Premio Roche por el reportaje El consuelo de un país en crisis recae en sus estudiantes de psicología . Fue parte del equipo de Mongabay Latam y GK nominado al premio Gabo 2021 en la categoría texto con el especial Mujeres en la Amazonía: lideresas indígenas que están cambiando el rumbo de sus comunidades.

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