Tras la masacre que dejó 119 muertos en la Penitenciaría del Litoral, el pleno de la Asamblea Nacional resolvió que una de sus comisiones empieza una investigación sobre la crisis carcelaria que padece el país.
La decisión se tomó el pasado 7 de octubre de 2021, en una sesión después de que varias autoridades comparecieran ante el pleno sobre el mismo tema. La investigación fue encargada a la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral de la Asamblea, que ya habría empezado a trabajar en ella.
La Comisión de Seguridad, además, tiene que hacer un informe sobre la aplicación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes (MNPT) dentro de las cárceles del Sistema de Rehabilitación Social.
La noche de ayer, 9 de octubre, la Comisión que es presidida por el asambleísta Ramiro Narváez, de la Izquierda Democrática, aprobó el cronograma de actividades previstas para la investigación. En su reunión, la Comisión también identificó al menos 18 instituciones del Estado relacionadas con el sistema penitenciario, la crisis de las cárceles y la seguridad ciudadana.
Según un comunicado de la Asamblea, todas estas instituciones formarán parte de la investigación. Sin embargo, la Comisión empezará las diligencias con cuatro de ellas, por su relevancia en los temas de seguridad pública. Estas son:
- El Ministerio de Defensa Nacional
- El Ministerio de Gobierno
- La Comandancia General de Policía
- El organismo técnico del Sistema Nacional de Rehabilitación Social
Para su investigación, la Comisión enviará requerimientos de información a las instituciones.
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¿Qué dice el requerimiento para el Ministerio de Defensa?
Según un comunicado de la Asamblea, el pedido de información al Ministerio de Defensa incluye 55 preguntas.
Están relacionadas con varios temas, entre los que destacan los operativos de control de armas en las distintas provincias del país y en las zonas fronterizas, al norte, sur, y este del país, desde 2016.
También se solicitó información sobre cómo es el apoyo que brindan las Fuerzas Armadas para el control de los centros de rehabilitación social durante los estado de excepción en las cárceles. Los militares solo pueden trabajar dentro de estos centros cuando hay un estado de excepción, el último en estos centros fue decretado por el presidente Guillermo Lasso, tras la masacre en la Penitenciaría del Litoral.
En 2020, el expresidente Lenín Moreno decretó un estado de excepción en las cárceles, para “controlar a las mafias”. Un año antes, en 2019, Moreno decretó un estado de excepción en estos centros durante 90 días, pero en ese periodo de tiempo, 14 reos fallecieron de forma violenta en enfrentamientos.
¿Qué dice el requerimiento para el Ministerio de Gobierno?
El comunicado de la Asamblea dice que las 60 preguntas enviadas al Ministerio de Gobierno se parecen mucho a las que se enviaron al Ministerio de Defensa.
La diferencia es que están dirigidas al trabajo de la Policía Nacional y el Ministerio de Gobierno para asegurar el bienestar de los ciudadanos y de las personas privadas de la libertad que están en las cárceles del país.
En su comparecencia en la Asamblea Nacional el pasado 7 de octubre, la ministra de Gobierno, Alexandra Vela dijo que la violencia en las cárceles se debe a la “desaparición de los líderes principales de los grupos delincuenciales”. Además dijo que la “delincuencia organizada transnacional” es una de las causas del aumento de la violencia tanto en las calles como en los centros de privación de libertad.
¿Qué dice el requerimiento para la Comandancia General de Policía?
La Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral también envió 60 preguntas a la Comandancia General de Policía, que está liderada por Tannya Varela.
Las preguntas enviadas a la Comandancia están relacionadas con la participación de la institución en los operativos de control de armas a nivel nacional y los demás operativos de control para asegurar la seguridad de los ciudadanos. También se pregunta cómo participa la Policía en el apoyo al mantenimiento de la seguridad en los centros de rehabilitación social y cuáles han sido los resultados de las “sucesivas declaratorias de estado de excepción en las cárceles del país”.
¿Qué dice el requerimiento para el organismo técnico del SNAI?
Finalmente, la Comisión decidió cuestionar al organismo técnico del Sistema Nacional de Rehabilitación Social. A diferencia de las otras instituciones, a este organismo, se le enviaron 89 preguntas.
El comunicado de la Asamblea dice que las preguntas enviadas están relacionadas con los índices de hacinamiento en las cárceles, los procesos de prelibertad y los beneficios penitenciarios. También hay preguntas sobre el número y los nombres de las personas privadas de la libertad que han muerto desde 2018 y por qué.
El 7 de octubre, el directorio del organismo técnico anunció que estará en sesión permanente para vigilar la crisis carcelaria que enfrenta Ecuador. Además, resolvió actualizar las normas del sistema penitenciario y entregar una nueva política pública del Sistema Nacional de Rehabilitación Social hasta febrero de 2022.
La crisis carcelaria en Ecuador
Desde 2017, Ecuador vive una crisis carcelaria que, según expertos, cada año ha seguido creciendo. En 2018, por ejemplo, hubo 15 muertes violentas dentro de los centros de rehabilitación social del país. En 2019, la cifra aumentó a 35 y en 2020, a 51. Sin embargo, el 2021 ha sido el año más violento en las cárceles del país.
Solo entre enero y septiembre, más de 230 personas privadas de la libertad han muerto de forma violenta en los centros penitenciarios. Amotinamientos simultáneos en 4 cárceles resultaron en la muerte de 79 presos en febrero. Meses más tarde, en julio, enfrentamientos violentos en la Cárcel de Latacunga y en la Penitenciaría del Litoral provocaron la muerte de 22 presos. Y una masacre en la Penitenciaría del Litoral el 28 y 29 de septiembre dejaron al menos 119 reos fallecidos.
Según la abogada experta en derechos humanos y personas privadas de libertad, Daniela Oña, algunas de las razones de la crisis carcelaria en Ecuador son:
- La falta de una buena reforma carcelaria.
- La falta de personal.
- El presupuesto insuficiente.
- Las reformas del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
- La falta de institucionalidad del SNAI.
- El aumento de la criminalidad en el país.
- La corrupción dentro de las cárceles.
