El 11 de agosto de 2020 el presidente Lenín Moreno decretó un nuevo estado de excepción en el sistema carcelario de todo el Ecuador .  A través del decreto, el Presidente ordenó que se movilicen las  Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para apoyar al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores del Ecuador (SNAI), el organismo encargado de las 53 cárceles del país.

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A las cuatro de la tarde del 11 de agosto, el presidente Moreno escribió en su cuenta de Twitter que dispuso esta declaratoria para que las Fuerzas Armadas se “sumen al control de las mafias que están creando caos en los centros penitenciarios”. Horas más tarde, la secretaria jurídica de la presidencia Johanna Pesántez explicó en una rueda de prensa virtual que el trabajo conjunto de la Policía, las Fuerzas Armadas y el SNAI busca restablecer la “convivencia pacífica” y el funcionamiento normal del sistema carcelario del país. 

Pesantez dijo que la principal tarea de las Fuerzas Armadas es ser un primer filtro en el control de armas dentro de los centros de rehabilitación e inspeccionar las vías de acceso a las cárceles. La Policía Nacional controlará el orden interno y externo de las cárceles. Será la Policía, además, la encargada de intervenir si hay nuevos incidentes dentro de alguno de los centros penitenciarios, anunció Pesántez. 

 El estado de excepción prohíbe también que los reclusos reciban cartas y comunicados del exterior, lo que en condiciones normales es un derecho según el artículo 66 de la Constitución ecuatoriana. Además, se prohíben las reuniones entre presos y se restringirá su movilidad  dentro de los pabellones de los centros carcelarios. 

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En la rueda de prensa del 11 de agosto también participó Edmundo Moncayo, el director del  SNAI. Según Moncayo no es posible brindar un servicio de rehabilitación social  “digno” y que respete  los derechos humanos si no se controla la violencia en las cárceles.  

En el sistema carcelario hay  alrededor de 1477 agentes penitenciarios dijo Moncayo, pero “una de las grandes deficiencias que hemos notado es la falta de formación en valores éticos y morales del personal con el que estamos trabajando”. Mocayo añadió que el proceso de capacitación y rehabilitación de los funcionarios es complejo y tomará tiempo.

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Moncayo anunció también que en los siguientes días el SNAI informará las medidas para “controlar y aislar” a los presos que sigan causando altercados. 

La declaratoria de estado de excepción se realiza tras  una semana de  incidentes en diferentes cárceles del  Ecuador.  Antes del anuncio del presidente Moreno, el SNAI informó sobre un enfrentamiento en la zona de máxima seguridad de la cárcel de Latacunga, en Quito, en el que murieron dos personas. 

Durante el fin de semana del 8 de agosto, el australiano Sheiman Oren fue asesinado en la Penitenciaría del Litoral de Guayaquil. El lunes 3 de agosto 12 presos fallecieron durante otro enfrentamiento en la  Penitenciaría del Litoral y el 29 de julio el SNAI informó la muerte de dos detenidos del Centro de Privación de Libertad en Guayaquil. 

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Los enfrentamientos en las cárceles ecuatorianas no son nuevos. En mayo de 2019 el presidente Moreno también decretó estado de excepción en el sistema carcelario del país. El estado de excepción duró 60 días y el SNAI informó que durante estos meses se invirtieron “alrededor de 20 millones de dólares en alimentación, en equipos y en el fortalecimiento de esta institución” y se capacitó a 1.500 agentes.

Moncayo dijo en la rueda de prensa que actualmente en el Ecuador  hay alrededor de 37. 500 personas privadas de libertad en las 53 cárceles. En febrero de 2020, había un 33.5% de hacinamiento, según el SNAI. El sistema tiene una capacidad para  29 mil personas pero había más de  39 mil.  Hasta mayo de 2020, por la emergencia sanitaria se liberaron a cerca de 800 presos para mejorar las condiciones sanitarias en las cárceles durante la pandemia por covid-19.