Tras la masacre que dejó 119 muertos en la Penitenciaría del Litoral, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) decidió actualizar las normas del sistema penitenciario y entregar una nueva política pública del Sistema Nacional de Rehabilitación Social hasta febrero de 2022. Así lo anunció en su cuenta de Twitter tras una sesión extraordinaria del directorio del Organismo Técnico del SNAI.
Aquí te explicamos qué es, para qué se creó y qué debería hacerse ese directorio, que desde hoy estará en sesión permanente.
¿Qué es y cuándo se creó?
El Organismo Técnico del Sistema Nacional de Rehabilitación Social (SNAI) es el ente supervisor del SNAI, con el que el Servicio debe trabajar en conjunto. Fue creado en 2019 y reemplazó al Ministerio de Justicia, que fue eliminado por el entonces presidente de la República, Lenín Moreno, como una medida de austeridad fiscal.
La ley ordena que esté integrado por una serie de expertos y ministerios para garantizar sus objetivos (más adelante, están quiénes lo integran específicamente).
Su función principal es garantizar el cumplimiento de las funciones del SNAI y determinar y aplicar las políticas de atención integral de las personas privadas de la libertad —un propósito que, está claro dada la grave crisis que ahoga a las prisiones del Ecuador, no se ha cumplido.
¿Para qué se creó?
Según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), el Organismo Técnico se creó para organizar y administrar el funcionamiento del sistema penitenciario del país. La experta Daniela Oña dice que después de que se disolviera el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el sistema penitenciario necesitaba reorganizarse, por lo que se necesitaba que alguien supervisara el trabajo del SNAI.
Con ese objetivo, el organismo técnico está encargado de definir la estructura funcional de los centros de privación de la libertad y de administrar su funcionamiento.
Otras de sus competencias es también garantizar la seguridad y protección de:
- Las personas privadas de la libertad, que necesitan protección especial, según la Constitución.
- Los guías penitenciarios y otros trabajadores encargados de la seguridad y vigilancia penitenciaria.
- El personal administrativo de los centros de privación de libertad
- Las visitas que entran a los centros.
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El Organismo Técnico también tiene que evaluar la eficacia y eficiencia de las políticas del sistema penitenciario. Y, si no están funcionando, como lo han demostrado las masacres del último año, cambiarlas.
¿Quiénes conforman el Organismo Técnico?
Debe estar conformado, conforme ordena el COIP, por personas especializadas en rehabilitación social y la reinserción de las personas privadas de libertad a la sociedad. Para formar parte del organismo, las personas deben participar en procesos de convocatoria y selección.
Además, el Organismo debe tener un directorio cuyo presidente debe ser elegido por el Presidente del Ecuador.
Según el COIP, en ese directorio también deben participar las o los ministros (o sus delegados) encargados de las materias de justicia y derechos humanos, salud pública, trabajo, educación, inclusión económica y social, cultura, deporte y el Defensor del Pueblo.
El 8 de octubre de 2021, se anunció que se incluyó a la Secretaría de Planificación y Desarrollo (Senplades) y al Ministerio de Gobierno en el directorio. Además, en esas mismas resoluciones se decidió pedir apoyo a la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
¿Cómo le está yendo en su trabajo?
Desde que se conformaron el Organismo y el SNAI, la crisis carcelaria no ha mejorado —de hecho, solo se ha agudizado.
En 2019, por ejemplo, la crisis fue tan grave que el presidente Lenín Moreno decretó un estado de excepción en las cárceles que se extendió por 90 días. A pesar de la medida, mientras el estado estaba vigente, 14 personas privadas de la libertad fallecieron en enfrentamientos entre bandas. En todo ese año, hubo al menos 35 muertes violentas dentro de las cárceles.
En 2020, la cifra no menguó. Ese año, 51 presos murieron de forma violenta. Otros, no se sabe cuánto porque el SNAI no lo ha revelado, murieron por covid-19.
El 2021 ha sido el año más violento. Solo entre enero y septiembre, más de 230 personas privadas de la libertad han muerto de forma violenta en las cárceles del país. En febrero, 79 presos murieron en motines simultáneos en cuatro cárceles del país. En julio, otros 22 reos murieron tras enfrentamientos en las cárceles de Cotopaxi y la Penitenciaría del Litoral. Finalmente, la masacre en la Penitenciaría del Litoral a finales de septiembre, que dejó 119 muertos, ha sido una de las peores en la historia de América Latina.
Ahora, el directorio del Organismo Técnico decidió permanecer en sesión permanente, según el SNAI, porque el Estado reconoce la importancia de tomar “acciones urgentes” para superar la crisis carcelaria que enfrenta el Ecuador —acciones de las que, dijo el departamento de comunicación del SNAI, aún no tiene detalles.
Lo que se sabe es que en la sesión del 7 de octubre, el directorio resolvió conformar dos mesas técnicas en las que se actualizará la normativa, los procesos y los protocolos del sistema penitenciario.
El Servicio no dio detalles sobre quiénes las conformarán ni cuáles serán los cambios, sin embargo, dijo que se los cambios de las normas se adecuarán para que cumplan con estándares internacionales de derechos humanos”.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, algunos de los derechos básicos que los Estados deben garantizar a las personas privadas de la libertad son:
- El derecho a ser tratado humanamente, con respeto a su dignidad.
- El derecho al debido proceso y a la defensa.
- El derecho a la salud, la alimentación y el acceso al agua potable.
- El derecho al acceso a instalaciones sanitarias higiénicas y suficientes.
- El derecho a un albergue adecuado: tener espacio suficiente —una cama individual—, exposición diaria a la luz natural, ventilación y calefacción apropiadas.
Según expertos, debido al hacinamiento y la falta de presupuesto en las cárceles del país, los derechos de las personas privadas de la libertad son vulnerados todo el tiempo. Según Edmundo Moncayo, ex director del SNAI, hay “9 mil personas privadas de la libertad que no tienen una cama para dormir”. Además, según la abogada Daniela Oña, la comida es deficiente y, a veces, hay personas privadas de la libertad que ni siquiera tienen la ropa que necesitan.
Además, el Directorio decidió reunirse con los integrantes de la Corte Nacional de Justicia y el Consejo de la Judicatura para “revisar las posibles reformas sobre justicia penal”. Uno de los problemas de la crisis carcelaria es precisamente el abuso de la prisión preventiva por parte de los administradores de justicia. Según cifras del Ministerio de Gobierno actualizadas en febrero de 2021, de las 38.693 personas privadas de libertad en todo el país, 14.377, casi el 40%, no tenían sentencia.
La experta en cárceles Daniela Oña dice que la prisión preventiva debe ser justificada y debería ser siempre la última opción de medida cautelar. Sin embargo, se sigue abusando de ella y no hay claridad sobre cómo y cuándo debe usarse. Según Oña, es necesario que los organismos de justicia establezcan una directriz clara que sirva para que los jueces dejen de contribuir al hacinamiento y sobrepoblación de las cárceles.
