Edmundo Moncayo, director del Servicio de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), anunció que el estado de excepción terminó el 15 de agosto de 2019. No se puede prolongar porque la ley no lo permite. La medida comenzó el 16 de mayo de 2019, con la firma del Decreto Ejecutivo 741 y el 16 de julio se renovó por 30 días más.
Durante el estado de excepción se invirtieron “alrededor de 20 millones de dólares en alimentación, en equipos, en el fortalecimiento de esta institución”, dijo Moncayo. En este periodo el cuerpo de agentes de seguridad penitenciaria pasó a formar parte del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público (Coescop), lo que les permite mejorar sus condiciones laborales. Se capacitó a 1.500 agentes en “Seguridad Penitenciaria en el Contexto de Derechos Humanos”. Además, se presentaron 2.784 postulantes para ocupar los 500 cupos disponibles para nuevos agentes. Un proceso en el que se han invertido 4 millones de dólares.
El director del SNAI confirmó que durante tres semanas no “han habido hechos violentos”. Y que durante el estado de excepción el 100% de los presos tuvo acceso a atención médica. Sin embargo, durante los 90 días del estado de excepción fallecieron 14 presos en todo el país en diferentes enfrentamientos entre bandas y amotinamientos. Y hubo más de 40 policías nacionales heridos.
Los resultados publicados por el SNAI incluyen “la disminución del hacinamiento en un 2% (del 40% al 38%) y de la violencia al interior de los Centros de Privación de la libertad”. Según Orlando Jácome, subdirector Técnico de Rehabilitación Social, esta reducción responde a “la aplicación de cambios de régimen y beneficios penitenciarios estipulados en el COIP para los privados de la libertad que hayan cumplido el 60% de su condena y desarrollado procesos de rehabilitación”. Según Jácome, la reclasificación de los detenidos permitió que sean ubicados en pabellones acordes a su situación, evitando nuevos enfrentamientos. También dijo que para fortalecer la seguridad de los centros de rehabilitación social se invirtieron 2 millones de dólares en tecnología de vigilancia.
