La investigación periodística Pandora Papers sigue impactando la política ecuatoriana y en especial al presidente Guillermo Lasso. La investigación reveló que Lasso tenía vínculos con 14 empresas offshore de las que se deshizo en 2017 cuando se aprobó una ley que prohibía que los funcionarios y políticos sean beneficiarios de compañías domiciliadas en paraísos fiscales.
Ahora, la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad de la Asamblea Nacional analizará si el actual presidente de la República incumplió con esa ley. Así lo resolvió el pleno de la Asamblea el jueves 7 de octubre. La decisión se tomó con 105 votos de las bancadas del Partido Social Cristiano, Pachakutik, la coalición correísta Unión por la Esperanza (UNES) y algunos miembros de la Izquierda Democrática. La gobiernista Bancada del Acuerdo Nacional (BAN) votó en contra.
Un comunicado emitido la mañana de hoy, 10 de octubre, dice que el pleno resolvió que la Comisión investigara el caso “porque es un tema de interés ciudadano” que además ha causado una “seria conmoción social”.
¿Cómo será la investigación?
Según el comunicado de la Asamblea, el pleno debe tomar una decisión sobre el caso, pero para ello necesita primero una investigación. Esta, que dice el comunicado, deberá ser hecha “exclusivamente” por la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea, que es presidida por Fernando Cabascango, asambleísta por el movimiento Pachakutik.
Para que la investigación avance, el pleno ordenó a la Comisión de Fiscalización y Control Político —que pretendía llevar a cabo la investigación— que “remita de manera inmediata” toda la información y documentos que tenga sobre los Pandora Papers a la Comisión de Garantías Constitucionales.
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Además, la Comisión de Garantías Constitucionales deberá pedir las respectivas comparecencias e información que ayuden a aclarar cuál es la relación del presidente Guillermo Lasso con las compañías mostradas en los Pandora Papers. Según el pleno de la Asamblea, la investigación debe “esclarecer” si el presidente Lasso ha incumplido con la Ley Orgánica para la Aplicación de la Consulta Popular —suscrita en febrero de 2017— que prohíbe a los candidatos políticos tener propiedades en paraísos fiscales.
Cuando la Comisión termine de investigar el caso, tendrá un plazo máximo de 30 días para hacer un informe con varias recomendaciones sobre las acciones a tomar. Ese informe será revisado y debatido por el pleno de la Asamblea.
¿Qué dice el presidente Guillermo Lasso?
El presidente Lasso dice que no ha incumplido la ley y que la mayoría de las sociedades que se mencionan en la investigación periodística Pandora Papers “fueron legalmente disueltas en el pasado, y con aquellas que tuvieron existencia no tengo ninguna vinculación”.
El presidente también dijo que todo su patrimonio ha sido declarado ante la Contraloría General del Estado y que, en Ecuador, “mis ingresos han sido declarados y han pagado los impuestos correspondientes”.
Además, el pasado miércoles 6 de octubre, el presidente envió una carta al presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, en la que le decía que estaba dispuesto a aclarar cualquier duda sobre la investigación periodística.
Ese mismo día en la noche, Lasso le envió una carta a la Contraloría General del Estado solicitando que revise “toda la información pertinente en torno a la investigación” de los Pandora Papers.
¿Qué son los Pandora Papers?
Los Pandora Papers es una investigación coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) que reveló los vínculos con entidades offshore y fideicomisos de más de 300 políticos y funcionarios públicos en más de 90 países en el mundo.
Según el sitio web del ICIJ, la investigación se hizo gracias a la “filtración más amplia de archivos de paraísos fiscales en la historia”. Se filtraron un total de 11,9 millones de archivos de 14 proveedores de servicios de empresas offshore. Los periodistas que participaron en la investigación examinaron “miles de correos electrónicos, documentos e imágenes para encontrar nombres que fueran de interés público”. La investigación duró dos años y logró revelar las conexiones de muchos políticos y sus familias con paraísos fiscales.
En Ecuador, el único político que aparece en la investigación es el presidente Guillermo Lasso. Según la investigación, Lasso ha tenido vínculos con 14 entidades —entre compañías offshore y fideicomisos— en Panamá y Estados Unidos (en los estados de Dakota del Sur y Delaware). Algunas de las empresas de Lasso que fueron disueltas eran: la Fundación Bernini, Bretten Holdings, la Fundación Da Vinci, Fundación Bienes Raíces, Nora Group Investment Corp., Pietro Overseas SA, Postiano Trade LLC y la Fundación Internacional Tintoretto.
Lasso eliminó esas empresas en 2017, después de que se aprobara una ley que prohibía que los candidatos y funcionarios sean beneficiarios de sociedades domiciliadas en paraísos fiscales.
