Luego de que su rostro apareciera en las principales portadas de los medios de comunicación de todo el mundo por la investigación periodística los Pandora Papers, el presidente Guillermo Lasso se pronunció la noche del 3 de octubre de 2021. Después de la revelación —que evidencia que Lasso tuvo vínculos con 14 compañías offshore y fideicomisos de Panamá y de Dakota del Sur y Delaware, Estados Unidos— el Presidente señaló que cumple con la Ley Orgánica para la Aplicación de la Consulta Popular, suscrita el 19 de febrero de 2017, que prohíbe a los candidatos políticos tener propiedades en paraísos fiscales. Según Lasso, antes de ser candidato, disolvió las firmas.
En detalle, la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), liderada en Ecuador por los periodistas Mónica Almeida y Paúl Mena, dice que Guillermo Lasso disolvió 11 de las 14 compañías offshore —empresas que operan fuera del país de residencia del beneficiario y que no suelen tener ninguna actividad económica en el lugar donde son domiciliados— que aparecen en los Pandora Papers. Frente a la revelación, Lasso publicó su explicación en cinco puntos a través de un comunicado en sus canales oficiales.
Según él, la mayoría de las sociedades “mencionadas fueron legalmente disueltas en el pasado, y con aquellas que tuvieron existencia no tengo ninguna vinculación”. Lasso afirmó, además, que su patrimonio ha sido declarado ante la Contraloría General del Estado y que, en Ecuador, “mis ingresos han sido declarados y han pagado los impuestos correspondientes”.
Lasso también se pronunció sobre su inversión en el Banco de Guayaquil y afirmó que la inyección de dinero está estructurada “a través del Fideicomiso GLM”, una entidad ecuatoriana. El Presidente finalizó diciendo que sus inversiones nacionales e internacionales “estuvieron dentro del marco de la ley” .
¿Qué dice la investigación Pandora Papers concretamente sobre Lasso?
La investigación del ICIJ plantea que son 14 las empresas offshore con las que Lasso tuvo vínculo, pero actualmente 11 están inactivas, entre ellas:
- Positano Trade LLC
- Da Vinci Foundation
- Fundación Bienes Raíces
- Fundación Internacional Tintoretto
- Nora Investment US LLC
- Nora Group Investment Corp
- Pietro Overseas S.A.
- Bernini Foundation
- Bretten Holdings
El diario El País de España, que también participó en la investigación, dijo que Lasso eliminó esas compañías antes de lanzarse por tercera vez a la presidencia, elección que ganó por primera vez en abril de 2021. La publicación dice que el presidente Lasso “movió sus fichas” después de que en 2017 se aprobara la Ley Orgánica para la Aplicación de la Consulta Popular que prohibía que los candidatos a cargos públicos sean beneficiarios de sociedades en paraísos fiscales.
El Consorcio afirma en su investigación que en 2017 crearon dos fideicomisos: Bretten Trust y Liberty US Trust, en Dakota del Norte, Estados Unidos. Según la investigación, en 2017 Lasso autorizó la transferencia de dos de las empresas offshore con las que tenía vínculo que estaban en poder de dos fundaciones “de interés privado panameñas” —llamadas Bernini y Barbenini— a Bretten Trust y Liberty US Trust.
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El administrador de esos fideicomisos era Trident Trust, uno de los proveedores offshore más grandes del mundo y que está vinculado a casi 100 personas identificadas en los Pandora Papers.
Las reglas de funcionamiento de cada una de esas fundaciones —Bernini y Barbenini— decían que después de la muerte de Lasso, se harían distribuciones mensuales para sus beneficiarios, incluidos: 20 mil dólares para su esposa María de Lourdes Alcívar, 2 mil para cada uno de sus 5 hijos, y 1.500 dólares para uno de sus hermanos.
El presidente Lasso sí respondió al equipo de investigación antes de la publicación de los reportajes y —tal como afirmó en su comunicado— aseguró que no mantiene “ninguna relación de propiedad, control, beneficio o interés de ningún tipo” con Bretten Trust y Liberty US Trust. Por eso, dijo el Presidente, “he cumplido en todo momento con la ley ecuatoriana que prohíbe a candidatos y a servidores públicos tener sociedades offshore”.
