A las 9 y 30 de la mañana de hoy, 29 de septiembre de 2021, se instaló la audiencia de juicio contra Jorge Yunda, alcalde de Quito, por presunto peculado en la compra de 100 mil pruebas para detectar covid-19 hecha por la secretaría de salud municipal en 2020.
A pocos minutos que comenzara la audiencia, Jorge Yunda salió de la sala de audiencias para tomar un taxi amarillo. “Ya se hace cargo el abogado”, le dijo desde el interior del taxi a los periodistas que lo acorralaban con sus micrófonos y grabadoras. “Que triunfe la justicia, nunca cometimos un delito de peculado, lo que hicimos es salvar a esta ciudad”, aseveró el aún alcalde quiteño. Yunda subió la ventana del taxi y se perdió en el convulsionado tránsito vehicular de Quito.
Dentro, quedaron los representantes de las quince partes involucradas en el proceso: la Fiscalía y los 14 acusados. Además de Yunda, hay otros 13 procesados. La Fiscalía señala al alcalde, al entonces secretario de salud quiteño, Lenín Mantilla y al gerente de la empresa proveedora de las pruebas, Juan Vinelli, como autores del delito. Son ellos quienes hicieron la compra. Los demás involucrados habrían facilitado que se proceda con dicha adquisición, según la teoría del caso de los fiscales.
Según la Fiscalía, los acusados habrían participado en distintos grados en permitir que el Municipio adquiera por más cerca de 4,2 millones de dólares unas pruebas que no eran las adecuadas para la detección del coronavirus. El proveedor fue la empresa Saludmed S.A. Aún conscientes de ello, dice la acusación, los funcionarios dieron el visto bueno para la compra.
Quiénes son los procesados
Los procesados son:
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- Lenin Mantilla, exsecretario de Salud de Quito, acusado como autor directo.
- Alejandro Vinelli, representante de la empresa Saludmed S.A., acusado como autor directo.
- Jorge Yunda está acusado como autor mediato.
- Ximena Abarca, secretaría de Salud de Quito, acusada como coautora.
- Linda Guamán, excoordinadora técnica de esa institución, acusada como coautora.
- Daisy Hidalgo, administradora del contrato, acusada como coautora.
- Jéssica Cárdenas, encargada de compras públicas, acusada como coautora
- Erick Andrade, coordinador jurídico de la Secretaría de Salud, acusado como coautor.
- Marco Rubi, coordinador jurídico, acusado como coautor.
- Persona identificada como Simón Valencia, responsable del laboratorio UMS-SS, acusado como coautor.
- Persona identificada como Enrique Bucheli, director metropolitano de gestión de la Secretaría de Salud, acusado como coautor.
- Diego Salazar, coordinador de medicamentos y dispositivos médicos de la Secretaría, acusado como coautor.
- Iván Manzano, responsable del estudio de mercado e informe de necesidad de la Secretaría de Salud, acusado de coautor.
- José Morales, responsable del estudio de mercado de la Secretaría de Salud, también acusado como coautor.
Según la Fiscalía, el peculado se dio porque Saludmed S.A no entregó pruebas PCR-Polimerasa sino pruebas Isopollo covid-19 con tecnología RT-Lamp, que son diferentes sobre la sensibilidad y la especificidad para detectar el virus, a pesar de que en los pliegos de contratación se especificaba
La investigación por presunto peculado
En la mañana del 29 de enero de 2021, un equipo de la Fiscalía General del Estado allanó las oficinas de la Secretaría de Salud de Quito. La Fiscalía informó que llegó a la Secretaría, en el centro de Quito, porque “se conoció de manera reservada que funcionarios habrían ocultado documentación con información técnica sobre presuntas irregularidades en adquisición de pruebas para el covid-19”. La Fiscalía también publicó una fotografía de un documento sobre el kit de detección de covid llamado Isopollo. El documento estaba firmado por Linda Guamán, lo cual sería el elemento de vinculación en contra suyo. El 16 de febrero, un juez ordenó que Yunda use grillete electrónico. También ordenó medidas cautelares contra los otros vinculados como coautores.
La mañana del 26 de abril, se instaló la audiencia preparatoria de juicio contra Yunda y otros 13 procesados en la Corte Provincial de Pichincha. Según los elementos de convicción de la Fiscalía,
Yunda “tuvo conocimiento, en todo momento, del proceso de contratación”. Además, dice que el Alcalde “preparó las condiciones esenciales” para que Lenin Mantilla, entonces secretario de Salud del Municipio, suscribiera el contrato con Salumed S.A. por más de 4 millones de dólares para adquirir las pruebas.
Entre los elementos de convicción también está el contrato de compra de los reactivos de pruebas PCR, el pago del anticipo del 70% que hizo el Municipio de Quito a la empresa Salumed S.A, y un informe de evaluación de los productos comprados. Además, se incluye un informe del Instituto Nacional de Salud Pública (INSPI) sobre la sensibilidad de las pruebas entregadas por Salumed S.A.
¿Qué es el delito de peculado?
El Código Orgánico Integral Penal (COIP) dice que el peculado se comete cuando los servidores públicos abusan, se apropian, distraen o disponen de bienes, dinero y documentos públicos y privados para su beneficio propio o el de terceros. Este delito puede ser castigado con prisión de 10 a 13 años.
