Las medidas cautelares contra Jorge Yunda, explicadas

  • Juez ordenó medidas cautelares contra Jorge Yunda, alcalde de Quito

    • Jorge Yunda vinculado

      Fotografía tomada de la cuenta de Twitter de la Fiscalía

    A las 9 y 30 de la mañana de hoy, 16 de febrero de 2021, se instaló la audiencia de vinculación de Jorge Yunda, alcalde de Quito, y otras seis personas a la instrucción fiscal por el presunto delito de peculado en la compra de 100 mil pruebas para detectar covid-19 en la Secretaría de Salud del Municipio. El 10 de febrero pasado, la Fiscalía pidió que se vincule a Yunda a la investigación porque consideraba que había encontrado elementos de convicción suficientes para incluirlo entre los procesados. 

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    En la audiencia de vinculación de hoy, el juez Vladimir Jhayya Flor, presidente de la Corte Provincial de Pichincha, le dictó medidas sustitutivas a la prisión preventiva que pedía la Fiscalía. El alcalde fue vinculado como autor mediato y deberá presentarse periódicamente ante el juez y la Unidad de Flagrancia, quien además le prohibió la salida del país y, según la Fiscalía, ordenó que el alcalde quiteño use un grillete electrónico. La información fue desmentida  en un tuit por Juan Pablo Albán, abogado de  Jorge Yunda. “Es el colmo que desde la cuenta institucional de @FiscaliaEcuador se desinforme de esta manera”, dijo Albán. Una hora después, Albán dijo en la misma red social que la Corte provincial debía aclarar su decisión, porque en la audiencia de hoy oralmente ordenó solo la presentación cuatro veces a la semana de Yunda ante el juez de la causa. 

    También se ordenaron medidas cautelares contra los otros vinculados en calidad de coautores. A la científica Linda Guamán, asesora técnica de la Secretaría, Daisy Hidalgo, administradora del contrato y Erik Andrade, excoordinador jurídico, se les ordenó también medidas sustitutivas de la prisión, según la Fiscalía.  

    Además, para la doctora Ximena Abarca (Secretaria de Salud del Municipio de Quito) y para las personas identificadas como Jéssica Cárdenas, encargada de compras públicas, y Marco Rubi, excoordinador jurídico, el juez dictó prisión preventiva, según la Fiscalía. Para las 7 personas vinculadas, el juez ordenó la inmovilización de cuentas bancarias, la prohibición de venta de bienes por 5 millones de dólares. Según información de la Fiscalía, la compra de las pruebas representa un perjuicio al Estado de 4,2 millones de dólares. Preguntada en qué consistiría el perjuicio, la Fiscalía dijo que publicaría un boletín explicándolo. 

    Linda Guamán dijo hoy en Twitter “Hoy estamos juntas en esta batalla, el trabajo hecho en la contención de la pandemia en @saludquito me llenan de orgullo, la verdad prevalecerá” . Abarca, por su parte, dijo “Estaremos prestos a cumplir las medidas cautelares del juez. No tenemos absolutamente nada que ocultar. Tendrán que pedirnos disculpas”. 

    La Red Ecuatoriana de Mujeres Científicas, dijo en Twitter “demandamos se les garantice un proceso de investigación justo, transparente, libre de intereses politizados y exposición mediática destructiva”. En junio de 2020, Linda Guamán se sumó a la Secretaría de Salud como asesora técnica para el procesamiento y análisis de pruebas de covid-19. 

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    En la mañana del 29 de enero de 2021, un equipo de la Fiscalía General del Estado allanó las oficinas de la Secretaría de Salud de Quito. En una publicación en su cuenta de Twitter, la Fiscalía informó que llegó a la Secretaría, en el centro de Quito, porque  “se conoció de manera reservada que funcionarios habrían ocultado documentación con información técnica sobre presuntas irregularidades en adquisición de pruebas para el covid-19”. La Fiscalía también publicó una fotografía de un documento sobre el kit de detección de covid llamado Isopollo. El documento estaba firmado por Linda Guamán, lo cual sería el elemento de vinculación en contra suyo.

    La doctora Linda Guamán dijo en Twitter tres días antes del allanamiento que “parte de la práctica profesional como investigador es cuestionar y recibir cuestionamientos a tu trabajo basados siempre en evidencia, en el caso de las pruebas LAMP usadas en la Secretaría de Salud, toda la evidencia es pública desde agosto”. 

    Ximena Abarca es la Secretaria de Salud del Municipio desde junio del año pasado

    El Código Orgánico Integral Penal (COIP) dice que el peculado se comete cuando los servidores públicos “abusen, se apropien, distraigan o dispongan” de bienes, dinero y documentos públicos y privados para su beneficio propio o el de terceros. Este delito puede ser castigado con prisión de 10 a 13 años.

    El 8 de febrero, la Fiscalía pidió que se fije fecha y hora para vincular a las 6 personas y a la empresa Saludmed S.A como persona jurídica. 

    Ayer, Jorge Yunda dijo en un tuit “si tengo que ir preso por salvar vidas, me iré con la frente en alto”. Hasta la una de la tarde de hoy, no ha emitido ningún pronunciamiento sobre el pedido de la Fiscalía. Según información del Municipio, en sectores pobres de Quito se han realizado más de 86 mil pruebas PCR. Yunda dijo “cómo pueden poner en duda todo lo que hicimos por nuestros ciudadanos”. No fue posible contactar al alcalde, su abogado o algún funcionario de comunicación del municipio para tener una versión suya sobre la decisión del juez Jhayya.

     En la instrucción fiscal también está vinculado Lenin Mantilla, exsecretario de Salud del Municipio de Quito. Mantilla está prófugo. El 13 de noviembre de 2020, un juez dictó prisión preventiva contra Mantilla, la orden se dio en la audiencia de formulación de cargos. 

    En mayo de 2020, la Policía realizó algunos allanamientos como parte de la investigación por presuntas irregularidades en la compra de pruebas PCR en la Secretaría de Salud del Municipio de Quito. La Policía allanó oficinas del municipio, la Secretaría de Salud, y el domicilio de Lenin Mantilla. La Fiscalía encontró computadores, documentos, memorias portátiles que sirvieron como indicios para su investigación. Mantilla, quien estuvo en la Secretaría de Salud desde junio de 2019, fue destituido de su cargo luego de los allanamientos. Ahora, la instrucción fiscal tardará 30 días más, según la Fiscalía. 

    Contra Mantilla también hay otra investigación por presunta violencia psicológica en la Secretaría de Salud. Al menos 7 mujeres cuentan el hecho en un reportaje de María Sol Borja publicado en GK. 

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    Jorge Yunda es alcalde de Quito desde 2019. 

  • El concejal Bernardo Abad pidió al alcalde Yunda dejar el cargo mientras es investigado

    • Abad recomienda a Yunda

      Fotografía tomada de la cuenta de Facebook del Municipio de Quito

    La mañana de hoy, 17 de febrero de 2021, el concejal de Quito Bernardo Abad dijo que hacía un pedido formal para que Jorge Yunda, alcalde de la ciudad, saque licencia sin sueldo, mientras se resuelve el proceso judicial en su contra. Ayer, un juez vinculó al alcalde Yunda a la instrucción fiscal por presunto peculado en la compra de pruebas para detectar covid-19 en la Secretaría de Salud del Municipio. El juez también dictó medidas sustitutivas para Yunda. 

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    En una entrevista con la radio Antena Uno, Abad dijo que pedía públicamente que Yunda saque “licencia sin sueldo o algún tipo de permiso el tiempo que se aclare su situación jurídica”. Según Abad, debería ser hasta que los jueces ratifiquen su inocencia o lo declaren culpable. Ayer Yunda fue vinculado al caso como autor mediato. El juez Vladimir Jhayya Flor, presidente de la Corte Provincial de Pichincha, le ordenó presentarse periódicamente ante un juez y le prohibió la salida del país. La Fiscalía también dijo que el Alcalde debía usar grillete electrónico, pero la medida fue desmentida por Juan Pablo Albán, abogado de Yunda. 

    Abad dijo que coincidía con la Comisión Anticorrupción que pidió a Yunda que encargue la alcaldía durante el tiempo en el que haya la vinculación “a un proceso penal tan grave como es el de peculado”.  La Comisión Nacional Anticorrupción (CNA), un órgano de la sociedad civil. En un comunicado publicado en su cuenta de Twitter, la CNA dijo que instaba a Jorge Yunda a que “proceda a encargar de manera inmediata todas sus funciones municipales, mientras se esclarecen las graves inculpaciones que la Fiscalía ha señalado en su contra”. El comunicado también dice que “demanda celeridad y sanción ejemplar” a quienes hayas usado indebidamente los recursos públicos de los ciudadanos. 

    Ayer también fueron vinculadas otras seis personas como coautores a la instrucción fiscal del caso. La lista de vinculados incluye a la científica Linda Guamán, asesora técnica de la Secretaría; Daisy Hidalgo, administradora del contrato; Erick Andrade, ex coordinador jurídico. Para ellos el juez ordenó medidas cautelares. Para la doctora Ximena Abarca, secretaria de Salud del Municipio de Quito, el juez dictó prisión preventiva. También lo hizo para otra funcionaria y un exfuncionario de la Secretaría. 

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    Abad dijo que todas las personas vinculadas a la institución fiscal que siguen trabajando para el Municipio también deberían ser “removidos de sus cargos para evitar que continúen ejerciendo su función mientras están en esta vinculación”. Dijo que el Alcalde y otros funcionarios deben tener su derecho a la defensa, pero que también era un momento para que se asuma “esa responsabilidad y que se permita que la justicia actúe con absoluta transparencia”. 

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    A las declaraciones de Bernardo Abad, el alcalde respondió en Twitter. “Un tipo que le tuvieron que meter preso para que pague las pensiones de sus hijos no tiene moral para recomendar nada, si quieres ser alcalde gana las elecciones!!”. Yunda se refería a que en enero de 2011, Abad fue detenido con una boleta de apremio por un supuesto incumplimiento en el pago de una pensión alimenticia. 

  • Jorge Yunda ya usa grillete electrónico

    • Jorge Yunda usa grillete electrónico

      Fotografía tomada de la cuenta de Twitter de Jorge Yunda.

    Desde hoy, viernes 19 de febrero de 2021, Jorge Yunda usa grillete electrónico. La mañana del viernes, el alcalde Jorge Yunda acudió a las instalaciones del Servicio de Rehabilitación Social, en Quito, para que le colocaran el grillete. El uso del dispositivo electrónico forma parte de las medidas cautelares dictadas el pasado 16 de febrero. 

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    El alcalde de Quito es investigado por el presunto delito de peculado en la compra de de 100 mil pruebas para detectar covid-19 en la Secretaría de Salud del Municipio. Ese mismo día, el juez Vladimir Jhayya Flor dictó medidas cautelares contra Jorge Yunda. Entre las medidas dictadas, el alcalde tiene prohibición de salida del país, deberá presentarse periódicamente ante el juez y tendrá que usar un grillete electrónico. 

    En su cuenta de Twitter, el alcalde de Quito publicó un video donde se observa cómo le colocan el grillete. En el video se escucha la voz de Yunda diciendo “En mi vida he recibido muchos galardones, premios, medallas, preseas. Pero esta es especial”. Además dijo que el grillete era la mejor presea por salvar más de 50.000 vidas. Yunda también, agradeció a Linda Guamán, asesora técnica de la Secretaría de Salud,  y Ximena Abarca, Secretaria de Salud del Municipio, – ambas investigadas por peculado. “Saldremos de esta injusticia, saldremos con la frente en alto”, dijo Yunda.

    Un día después de que se dictaran medidas cautelares contra Yunda, el concejal Bernardo Abad pidió al alcalde de Quito sacar una licencia sin sueldo mientras es investigado. Frente al pedido del concejal, Yunda lo acusó de no tener moral. “Un tipo que le tuvieron que meter preso para que pague las pensiones de sus hijos no tiene moral para recomendar nada, si quieres ser alcalde gana las elecciones!!”, dijo Yunda. 

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    Además de Jorge Yunda, otras seis personas son investigadas por el mismo delito. Entre ellas está las científicas Ximena Abarca y Linda Guamán; Daisy Hidalgo, administradora del contrato, Erik Andrade, excoordinador jurídico, Jéssica Cárdenas, encargada de compras públicas, y Marco Rubi, excoordinador jurídico.  Según la Fiscalía, la compra de las pruebas representa un perjuicio de 4, 2 millones de dólares. 

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    El artículo 278 Código Orgánico Integral Penal (COIP) dice que el delito de peculado es cuando servidores públicos y otras personas, en virtud de una potestad estatal, actúan en beneficio propio o de terceros y se apropian o dispongan “arbitrariamente de bienes muebles o inmuebles, dineros públicos o privados”. La sanción para el delito es prisión de entre diez a trece años.

  • La Defensoría del Pueblo vigilará el debido proceso en el proceso judicial contra el Alcalde de Quito

    • Defensoría del Pueblo vigilará

      Fotografía tomada de la cuenta de Twitter de Jorge Yunda

    La Defensoría del Pueblo vigilará el debido proceso en el caso contra el alcalde de Quito Jorge Yunda y otros funcionarios de la Secretaría de Salud de Quito. En un comunicado publicado el 22 de febrero de 2021 la Defensoría del Pueblo dijo que por “pedido de parte” comenzará la vigilancia del debido proceso de la causa judicial penal predeterminada y el expediente fiscal en la instrucción fiscal por el supuesto delito de peculado. 

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    La Constitución del Ecuador dice que en el debido proceso se debe garantizar la aplicación de las leyes para que el proceso sea justo, es decir respetar los derechos garantizados en esa misma ley. 

    El 16 de febrero de 2021, en la audiencia de vinculación, el alcalde Jorge Yunda recibió medidas sustitutivas vinculado como autor mediato en el presunto delito de peculado por la compra de 100 mil pruebas para detectar covid-19 en la Secretaría de Salud del Municipio de Quito. Además, Yunda deberá presentarse de forma periódica ante el juez y la Unidad de Flagrancia, tiene prohibida la salida del país. Desde el 19 de febrero de 2021, el alcalde usa un grillete electrónico. 

    Para la científica Linda Guamán, asesora técnica de la Secretaría, Daisy Hidalgo, administradora del contrato y Erik Andrade, excoordinador jurídico, en calidad de coautores, el juez ordenó también medidas sustitutivas de la prisión, según la Fiscalía. 

    Para la doctora Ximena Abarca, Secretaria de Salud de Quito,  Jéssica Cárdenas, encargada de compras públicas, y Marco Rubi, excoordinador jurídico, el juez les dictó prisión preventiva. Ayer, en una entrevista en Radio Sucesos, Ramiro Román, abogado defensor de Ximena Abarca dijo que en la audiencia de vinculación, pidió la revocatoria de prisión preventiva pero están a la espera del pronunciamiento del juez. 

    Para todas las personas vinculadas, el juez ordenó la inmovilización de cuentas bancarias, la prohibición de venta de bienes por 5 millones de dólares. Según información de la Fiscalía, la compra de las pruebas representa un perjuicio al Estado de 4,2 millones de dólares.

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    La doctora Ximena Abarca dijo ayer 22 de febrero, en una publicación de Twitter “Agradezco a la  Defensoría y por su intermedio al Defensor Dr. Freddy Carrión por vigilar el cumplimiento del debido proceso en el caso donde estamos siendo injustamente imputadas. Nuestros derechos deben respetarse”. 

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    La Defensoría del Pueblo también comienza la vigilancia del debido proceso como parte de sus competencias según la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo. La vigilancia la podrá hacer en los casos que hayan “posibles vulneraciones a los derechos humanos y de la naturaleza cuando sean generalizadas y sistemáticas, de relevancia social”, dice el artículo 6 de esa ley.

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