En la audiencia de vinculación de hoy, el juez Vladimir Jhayya Flor, presidente de la Corte Provincial de Pichincha, le dictó medidas sustitutivas a la prisión preventiva que pedía la Fiscalía. El alcalde fue vinculado como autor mediato y deberá presentarse periódicamente ante el juez y la Unidad de Flagrancia, quien además le prohibió la salida del país y, según la Fiscalía, ordenó que el alcalde quiteño use un grillete electrónico.
La información fue desmentida en un tuit por Juan Pablo Albán, abogado de Jorge Yunda. “Es el colmo que desde la cuenta institucional de la Fiscalía se desinforme de esta manera”, dijo Albán. Una hora después, Albán dijo en la misma red social que la Corte provincial debía aclarar su decisión, porque en la audiencia de hoy oralmente ordenó solo la presentación cuatro veces a la semana de Yunda ante el juez de la causa.
También se ordenaron medidas cautelares contra los otros vinculados en calidad de coautores. A la científica Linda Guamán, asesora técnica de la Secretaría, Daisy Hidalgo, administradora del contrato y Erik Andrade, excoordinador jurídico, se les ordenó también medidas sustitutivas de la prisión, según la Fiscalía.
Además, para la doctora Ximena Abarca (Secretaria de Salud del Municipio de Quito) y para las personas identificadas como Jéssica Cárdenas, encargada de compras públicas, y Marco Rubi, excoordinador jurídico, el juez dictó prisión preventiva, según la Fiscalía. Para las 7 personas vinculadas, el juez ordenó la inmovilización de cuentas bancarias, la prohibición de venta de bienes por 5 millones de dólares. Según información de la Fiscalía, la compra de las pruebas representa un perjuicio al Estado de 4,2 millones de dólares. Preguntada en qué consistiría el perjuicio, la Fiscalía dijo que publicaría un boletín explicándolo.
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Linda Guamán dijo hoy en Twitter “Hoy estamos juntas en esta batalla, el trabajo hecho en la contención de la pandemia en la Secretaría de Salud me llenan de orgullo, la verdad prevalecerá” . Abarca, por su parte, dijo “Estaremos prestos a cumplir las medidas cautelares del juez. No tenemos absolutamente nada que ocultar. Tendrán que pedirnos disculpas”.
La Red Ecuatoriana de Mujeres Científicas, dijo en Twitter “demandamos se les garantice un proceso de investigación justo, transparente, libre de intereses politizados y exposición mediática destructiva”. En junio de 2020, Linda Guamán se sumó a la Secretaría de Salud como asesora técnica para el procesamiento y análisis de pruebas de covid-19.
En la mañana del 29 de enero de 2021, un equipo de la Fiscalía General del Estado allanó las oficinas de la Secretaría de Salud de Quito. En una publicación en su cuenta de Twitter, la Fiscalía informó que llegó a la Secretaría, en el centro de Quito, porque “se conoció de manera reservada que funcionarios habrían ocultado documentación con información técnica sobre presuntas irregularidades en adquisición de pruebas para el covid-19”. La Fiscalía también publicó una fotografía de un documento sobre el kit de detección de covid llamado Isopollo. El documento estaba firmado por Linda Guamán, lo cual sería el elemento de vinculación en contra suyo.
La doctora Linda Guamán dijo en Twitter tres días antes del allanamiento que “parte de la práctica profesional como investigador es cuestionar y recibir cuestionamientos a tu trabajo basados siempre en evidencia, en el caso de las pruebas LAMP usadas en la Secretaría de Salud, toda la evidencia es pública desde agosto”.
Ximena Abarca es la Secretaria de Salud del Municipio desde junio del año pasado.
El Código Orgánico Integral Penal (COIP) dice que el peculado se comete cuando los servidores públicos “abusen, se apropien, distraigan o dispongan” de bienes, dinero y documentos públicos y privados para su beneficio propio o el de terceros. Este delito puede ser castigado con prisión de 10 a 13 años.
El 8 de febrero, la Fiscalía pidió que se fije fecha y hora para vincular a las 6 personas y a la empresa Saludmed S.A como persona jurídica.
Ayer, Jorge Yunda dijo en un tuit “si tengo que ir preso por salvar vidas, me iré con la frente en alto”. Hasta la una de la tarde de hoy, no ha emitido ningún pronunciamiento sobre el pedido de la Fiscalía. Según información del Municipio, en sectores pobres de Quito se han realizado más de 86 mil pruebas PCR. Yunda dijo “cómo pueden poner en duda todo lo que hicimos por nuestros ciudadanos”. No fue posible contactar al alcalde, su abogado o algún funcionario de comunicación del municipio para tener una versión suya sobre la decisión del juez Jhayya.
En la instrucción fiscal también está vinculado Lenin Mantilla, exsecretario de Salud del Municipio de Quito. Mantilla está prófugo. El 13 de noviembre de 2020, un juez dictó prisión preventiva contra Mantilla, la orden se dio en la audiencia de formulación de cargos.
En mayo de 2020, la Policía realizó algunos allanamientos como parte de la investigación por presuntas irregularidades en la compra de pruebas PCR en la Secretaría de Salud del Municipio de Quito. La Policía allanó oficinas del municipio, la Secretaría de Salud, y el domicilio de Lenin Mantilla. La Fiscalía encontró computadores, documentos, memorias portátiles que sirvieron como indicios para su investigación. Mantilla, quien estuvo en la Secretaría de Salud desde junio de 2019, fue destituido de su cargo luego de los allanamientos. Ahora, la instrucción fiscal tardará 30 días más, según la Fiscalía.
Contra Mantilla también hay otra investigación por presunta violencia psicológica en la Secretaría de Salud. Al menos 7 mujeres cuentan el hecho en un reportaje de María Sol Borja publicado en GK.
