La Fiscalía presentó hoy su dictamen acusatorio contra el alcalde Jorge Yunda como presunto autor mediato del delito de peculado en la compra de pruebas PCR para detectar covid-19 hecha por la Secretaría de Salud del Municipio de Quito. La mañana de hoy, 26 de abril, se instaló la audiencia preparatoria de juicio contra Yunda y otros 13 procesados en la Corte Provincial de Pichincha. Horas después, se supo que la Fiscalía acusaba al alcalde de Quito.

A las 8:41 de la noche, la audiencia se suspendió y se reinstalará mañana. Hasta ese momento, la fiscalía acusó a diez personas, incluido el alcalde de Quito. 

Aquí te explicamos la acusación contra cada uno de los procesados. 

¿Qué es un dictamen acusatorio?

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El dictamen acusatorio es el instrumento legal mediante el cual el fiscal que conduce la instrucción fiscal —en este caso, Alberto Santillán— explica los motivos por los cuales decide acusar a un procesado —en este caso, Yunda. Según la Fiscalía, Yunda es acusado de autor mediato del delito. 

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La autoría mediata, según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), es la persona que incita a otra a cometer un delito. La abogada penalista Gisela Vaca explica que, según el COIP, hay 4 tipos de autoría mediata. La primera, la cometen quienes “instiguen o aconsejen a otra persona para que cometa una infracción”. La segunda, es la que perpetran quienes ordenen la comisión de la infracción. La tercera, es la que cometen quienes usan violencia física o amenazas para obligar a alguien a delinquir, y finalmente, la de aquellos que ejercen su poder de mando en una organización delictiva. 

La abogada penalista Gisela Vaca dice que, en el caso de las autoridades públicas, como Yunda, se suele  trata del segundo tipo: quienes ordenan la comisión de una presunta infracción. Según Vaca, en casos como el de la compra de las pruebas de detección de covid-19 en la Secretaría de Salud municipal, los autores mediatos serían quienes, por su cargo superior, ordenaron a otras funcionarios, de rango inferior, que se cometa el presunto delito. “La participación del autor mediato es fundamental para que se dé el delito”, explica Vaca, anotando que sin la delegación del Alcalde no se habría podido comprar las pruebas PCR —que es el hecho que se investiga como potencial infracción. 

La acusación contra Yunda

La Fiscalía dijo que los elementos de convicción recabados en la investigación demostrarían que Yunda “tuvo conocimiento, en todo momento, del proceso de contratación”. Además, dice que el Alcalde “preparó las condiciones esenciales” para que Lenín Mantilla, entonces secretario de Salud del Municipio, suscribiera el contrato con Salumed S.A. por más de 4 millones de dólares para adquirir las pruebas.

Según la Fiscalía, esas condiciones fueron preparadas cuando Yunda eliminó el techo máximo establecido con anterioridad para las contrataciones de entidades públicas que era de 2,9 millones de dólares, lo que habría facilitado que Mantilla suscriba el contrato con Salumed S.A. En abril Yunda emitió una resolución municipal que decía que mientras dure el estado de excepción decretado el 16 de marzo de 2020, la Secretaría de Salud no estaba sujeta las limitaciones de gastos que se habían establecido anteriormente. Ese primer estado de excepción se terminó el 15 de junio, dos meses después de que se suscribió el contrato entre el Municipio y Salumed S.A.  

Según la Fiscalía, el dictamen presentado se fundamenta en “400 cuerpos y más de 80 elementos de convicción”. Uno de esos elementos es el contrato de compra de los reactivos de pruebas PCR, el pago del anticipo del 70% que hizo el Municipio de Quito a la empresa Salumed S.A, y un informe de evaluación de los productos comprados. Además, se incluye un informe del Instituto Nacional de Salud Pública (INSPI) sobre la sensibilidad de las pruebas entregadas por Salumed S.A. 

Hoy también comenzó oficialmente el proceso de remoción del alcalde Jorge Yunda en el Concejo Metropolitano de Quito. El viernes 23 de abril se calificó a trámite el primer pedido de remoción hecho por el colectivo Quito Unido y hay otro que sigue pendiente. 

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El proceso de remoción de Yunda deberá ser tratado por la Comisión de Mesa del Consejo, la que Yunda normalmente integra y preside. Sin embargo, por tratarse de una decisión que lo involucra deberá ser reemplazado. La mañana de hoy, el Consejo Metropolitano decidió que la concejala Analía Ledesma integraría la Comisión de Mesa y así se podría continuar con el proceso de remoción del Alcalde. 

La acusación contra los otros procesados

Además del alcalde Yunda, hay otras 13 personas vinculadas a la investigación por presuntas irregularidades en la compra de las pruebas. Entre ellas, están funcionarios del Municipio de Quito como Ximena Abarca, secretaria de Salud del Municipio, y la científica Linda Guamán, coordinadora técnica de la Secretaría de Salud. 

Además, está vinculado el exsecretario de Salud, Lenin Mantilla, quien dirigía la Secretaría cuando se hizo la compra de las pruebas. Mantilla tiene una orden de prisión en su contra y todavía no ha sido encontrado por las autoridades. En la audiencia de hoy la Fiscalía también presentó su dictamen acusatorio contra Mantilla y contra Juan Alejandro Vinelli, gerente de Salumed S.A, la empresa proveedora de las pruebas. Mantilla y Vinelli fueron acusados como autores directos. Según el COIP, son aquellos que cometen el delito directa e inmediatamente o quienes no impiden que se ejecute teniendo el deber jurídico de hacerlo. 

Hoy la Fiscalía acusó a la doctora Ximena Abarca, secretaria de Salud del Municipio de Quito, y a científica Linda Guamán, asesora técnica de la Secretaría, como presuntas coautoras del delito de peculado en la compra de pruebas para detectar covid-19. En la noche de hoy, 26 de abril, la Fiscalía presentó su dictamen acusatorio contra Abarca y Guamán en la audiencia preparatoria del juicio contra los 14 procesados del caso. En la misma audiencia se acusó a Jorge Yunda, alcalde de Quito, como autor mediato y a otros funcionarios como coautores. 

Según un comunicado de la Fiscalía, Abarca habría “ejecutado acciones respecto a la permanencia en vigencia del contrato suscrito con Salumed S.A”, la empresa con la que se hizo el contrato con presunto sobreprecio. La Fiscalía dice que Abarca lo hizo “pese a haber tenido conocimiento” de que las pruebas entregadas al Municipio de Quito no eran las que estaban especificadas en el convenio que tenían con la empresa. 

La Fiscalía dijo que Abarca cumplió “con las disposiciones emitidas por el alcalde Jorge Yunda” sobre la validación de las pruebas para seguir usándolas. El comunicado de hoy dice que Abarca tenía “pleno conocimiento” de que las pruebas compradas por la Secretaría de Salud no eran PCR y que tenían una sensibilidad baja. Ese conocimiento, dijo la Fiscalía, vino de informes elaborados por la Universidad de las Américas (UDLA) y de información entregada por Linda Guamán. 

Otro de los elementos de convicción presentados por la Fiscalía es que Abarca originalmente decidió terminar el contrato con Salumed S.A. de forma unilateral por incumplimiento. Sin embargo, la Fiscalía dice que “frente a la disposición recibida de Jorge Yunda”, Abarca cambió su decisión y la terminación fue por mutuo acuerdo. Eso, dice el comunicado, provocó un perjuicio de 62 mil dólares para el Estado. 

La Fiscalía dijo que Guamán también conocía que las pruebas no eran PCR, que tenían baja sensibilidad y que por eso no cumplían con las especificaciones del contrato. Según la Fiscalía, Guamán fue la primera funcionaria en conocer los informes elaborados por la UDLA y la Secretaría de Salud de México sobre las pruebas. La Fiscalía dijo que pese a conocer es información, Guamán ejecutó las disposiciones del alcalde Yunda y buscó “validad dichos reactivos con el objetivo de seguir usándolos”. 

El comunicado de la Fiscalía de hoy dice que Guamán también emitió un informe técnico que le permitió a Ximena Abarca terminar el contrato con Salumed S.A. por mutuo acuerdo. Además, ese documento le sugirió que se contrate a otra empresa, lo que le costó 650 mil dólares adicionales al Estado. 

Ximena Abarca y Linda Guamán han insistido, en varias ocasiones, que son inocentes. Abarca asumió el cargo de Secretaria de Salud del Municipio en junio del año pasado, un mes después de que comenzó la investigación del caso. Cuando la Fiscalía abrió la investigación e hizo los primeros allanamientos, el secretario era Lenin Mantilla. En la audiencia preparatoria de juicio de hoy, la Fiscalía acusó a Mantilla como autor directo del delito. El exsecretario tiene una orden de prisión preventiva, pero todavía no ha sido localizado por las autoridades. 

En febrero de 2021, un juez vinculó a la investigación del caso a Abarca, al alcalde Jorge Yunda, a Linda Guamán y a otros funcionarios. En la audiencia de vinculación el juez Vladimir Jhayya Flor dictó prisión preventiva para la doctora Abarca y para dos funcionarios de la Secretaría de Salud. Para Guamán y otras dos personas el juez Jhayya dictó medidas sustitutivas a la prisión. 

Desde que se ordenó la prisión preventiva en su contra, la familia y el abogado de Abarca pidieron medidas sustitutivas para garantizar la salud de Abarca. Según Ana Lucía Martínez, hija de la doctora Abarca, su madre tenía una condición respiratoria que necesita tratamiento constante. El 15 de marzo un Tribunal de la Sala Penal ordenó sustituir la prisión preventiva de abarca por el uso de grillete electrónico. Además, el tribunal dispuso que Abarca se presente periódicamente ante la autoridad y le prohibió salir del país. 

En la audiencia de hoy, la Fiscalía también acusó a Iván Manzano y José Morales, encargados del informe de necesidad, mercado y las especificaciones técnicas para las compras de las pruebas. Además, emitió un dictamen acusatorio contra Enrique Bucheli, exdirector metropolitano de Gestión en la Secretaría de Salud, Diego Salazar, presidente de la comisión técnica de la Secretaría de Salud, y contra Simón Valencia, miembro de esa comisión. Según la Fiscalía, los 5 acusados son coautores del delito. 

A las 8:41 de la noche de hoy la Fiscalía anunció que la audiencia preparatoria de juicio de este caso se suspendió. La Fiscalía presentó dictamen acusatorio a 10 de los 14 procesados. La audiencia se reinstalará mañana, 27 de abril, a las 9:30 de la mañana. 

Hasta el momento Abarca, Guamán, ni el alcalde Jorge Yunda han reaccionado públicamente sobre el dictamen presentado por la Fiscalía en su contra.