Vivian Idrovo es coordinadora de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos del Ecuador. En esta entrevista habla de la presentación de un informe que detalla la situación de ciudadanos defensores de derechos  humanos, colectivos y de la naturaleza. Dice que los defensores y defensoras no tienen “un entorno seguro para desarrollar su labor” pues, en la mayoría de casos, estas personas viven en comunidades empobrecidas y alejadas  geográficamente, y “son hostigados, intimidados y criminalizados por el Estado”.

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El informe se presentó este 15 de junio de 2021 en rueda de prensa y recogió 22 casos emblemáticos que grafican las graves amenazas y riesgos para defensores de derechos humanos. Vivian Idrovo dice que el Estado tiene tres obligaciones : respetar las protestas sociales y no criminalizar el acto de protestar, proteger a los defensores de derechos de terceros que pueden vulnerarlos,  y prevenir estas vulneraciones a través de medidas políticas, jurídicas, administrativas y culturales. 

Entre los casos que recoge el informe, Vivian Idrovo cita el uso del derecho penal de forma abusiva para disuadir la intervención en casos de defensa de derechos. Uno de los casos abordados, es el de Furukawa —considerado un caso de esclavitud moderna en los campos de Ecuador—. Dice que se ha habido amenazas, intimidaciones y desalojos que en consecuencia detienen procesos legales que giran en torno a la defensa.  También habla del paro de octubre de 2019 y  lo califica como una situación de grave vulneración de derechos humanos en la que no hay responsables. “Ni verdad, ni justicia, ni reparación”, dice  al considerar la inexistencia de una voluntad política en garantía a los derechos humanos.

Vivian Idrovo dice  que ha invitado a la presentación del informe a diferentes autoridades de Estado del gobierno de Guillermo Lasso y el propósito es decirles “esto está pasando en el país, esto es lo que ha pasado”. Buscan generar responsabilidad estatal y la creación de  una política pública de protección y defensa a defensores de Derechos Humanos.  Idrovo dice también  que estarán vigilantes ante el proyecto de ley de uso progresivo de la fuerza, que  tiene por objeto regular el uso de la fuerza de la Policía Nacional y de todas las entidades de seguridad ecuatoriana. “El Estado tiene que garantizar la seguridad y bienes de las personas, así como tiene que garantizar el derecho a la protesta y la libertad”, dice. 

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