Los derechos de los defensores ambientales en Ecuador siguen siendo vulnerados. Según un informe, presentado hoy 15 de junio, sobre la situación de estas personas que defienden sus territorios del avance extractivista y otras amenazas existen “patrones de vulneración de derechos de personas defensoras”. Los resultados del informe de la Alianza de Organización por los Derechos Humanos —conformada por 18 organizaciones—  no son nada alentadores. 

El informe se elaboró con base en 22 casos de violación de derechos de defensores del ambiente en los últimos diez años. Dieciocho de los veintidós casos están relacionados con actividades de las industrias extractivas mineras y petroleras y con el  incumplimiento de la consulta previa —un derecho constitucional en el que el Estado y las empresas tienen la obligación de preguntarle a las comunidades si están o no de acuerdo con que se explote recursos naturales en su territorio. 

Los 22 casos incluyen a 449 defensores del ambiente en Ecuador que han sido amenazadas, hostigadas, perseguidas e incluso asesinadas. Según la Alianza, la mayor parte de las vulneraciones de los casos documentados estuvieron a cargo de miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y funcionarios públicos. 

El informe detalla que los defensores ambientales en Ecuador no tienen un entorno seguro para ejercer su defensa del medioambiente. Incluso, según la Alianza, hasta el momento el Estado ecuatoriano no ha tomado acciones concretas de prevención, protección, reparación y no repetición de los casos registrados o de situaciones similares. 

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Entre los casos más relevantes de los últimos 10 años está el de Nankints; en 2016 esta comunidad shuar en el sur de la Amazonía fue desplazada, y más de 40 personas fueron acosadas judicialmente por intentar recuperar su territorio. 

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La falta de actuación del Estado es especialmente relevante desde el 22 de abril de 2021 cuando entró en vigencia el Acuerdo de Escazú en Ecuador y otros países de América Latina. Con la ratificación del Acuerdo, el país debería cumplir con garantizar el acceso a la información ambiental, acceso a la justicia y establecer provisiones para la protección de defensores de los derechos humanos ambientales. 

Según la Alianza de Organización por los Derechos Humanos, el informe fue inspirado en los líderes asesinados Andrés Durazno, líder antiminero de las parroquias de Río Blanco y Molleturo, asesinado en marzo de este año, y José Tendetza, shuar y opositor a la minería en la cordillera del Cóndor asesinado en 2014, y Freddy Taish, joven shuar de 28 años, asesinado en 2013

Al evento asistieron  Josefina Tunki, Presidenta del Pueblo Shuar Arutam (PSHA), Carlos Jipa, presidente de la Federación de Comunas Unión de Nativos de la Amazonía Ecuatoriana (FCUNAE), Gabriela Fraga, Defensora y habitante de la Parroquia de la Merced de Buenos Aires. También estuvo presente por videoconferencia Elizabeth Durazno, la sobrina del activista ambiental asesinado en marzo de este año, Andrés Durazno. Todos los asistentes a la presentación del informe han sido amenazados y hostigados en los últimos años, y sus historias también son parte del informe presentado por la Alianza. 

En la rueda de prensa, la primera en hablar fue Josefina Tunki. La lideresa ambiental dijo que en todo el territorio shuar —que está en las provincias de Morona Santiago, Pastaza y Zamora Chinchipe— hay problemas con las industrias mineras: desde amenazas hasta ocupaciones de su territorio sin el consentimiento de las comunidades. Asegura que las personas de las comunidades y los líderes ambientales son perseguidos por las empresas mineras. Tunki, además, dijo que en diciembre de 2020 recibió una amenaza por parte de un funcionario de la empresa minera Solaris. Según el informe, el funcionario le habría dicho a Tunki que si seguían con denuncias “degollará una de nuestras cabezas”. 

Carlos Jipa habló del derrame de petróleo ocurrido el 7 de abril de 2020 en el Río Coca, que ha afectado a cerca de 105 comunidades kichwa. Tras el desastre ambiental, el 29 de abril,  las comunidades interpusieron una acción judicial de protección y solicitaron medidas cautelares contra el Estado ecuatoriano. El 1 de septiembre el juez Jaime Oña negó la acción de protección y medidas cautelares a favor de las comunidades. Ahora, las comunidades afectadas han recurrido a la Corte Constitucional, el tribunal más alto del país, para exigir justicia. La Corte deberá decidir si acepta o no la acción de protección presentada. Jipa dijo que hasta el momento no se ha hecho nada para reparar el daño causado y que niños y adultos de la comunidad “padecen de cáncer”. Además, exigió al gobierno que dote de servicios básicos como agua o alcantarillado a las comunidades. 

La Secretaria de Derechos Humanos, Bernarda Ordoñez, también fue a la rueda de prensa sobre la situación de los defensores ambientales en Ecuador. Dijo que conoce de cerca los casos y que “va a cambiar lo que sucede”. Una de las primeras acciones que tomará desde la Secretaría, dijo, será retomar el trabajo de la Mesa Interinstitucional de la Defensoría del Pueblo, que busca crear mecanismos para garantizar los derechos de los defensores del medioambiente. Ordoñez, además, aseguró que en el gobierno “se toman en serio” los derechos humanos.