Una mañana de 2018, Abigail entró con una emergencia médica al hospital público de Otavalo, una pequeña ciudad a 2.550 metros sobre el nivel del mar, conocida por su ropa tejida en lana e hilo de alpaca o borrego, tinturada de colores vivos y oscuros. Aún era una estudiante de colegio cuando quedó embarazada y esa mañana le dolía mucho el vientre y sangraba. Ya en el hospital, un médico la atendió y le dio unas medicinas para que pudiera retener su embarazo. Horas después, otro de los médicos que la atendió llamó a la Policía para denunciarla por abortar. 

Todavía no le pasaban los efectos de las medicinas, cuando Abigail vio llegar a un par de policías de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Secuestro y Extorsión (Dinased). Estaban ahí para interrogarla sobre su supuesto delito. “La policía no puede interrogar, eso lo hace la Fiscalía”, dice Estefanía Chávez, abogada de Abigail desde 2021. Luego, hasta el hospital llegó el fiscal de turno para realizar la audiencia de flagrancia que es cuando el presunto infractor es detenido inmediatamente (o hasta 24 horas) después de cometer el supuesto delito. 

Esa noche, Abigail se enfrentó a un sinnúmero de situaciones atentatorias a sus derechos. Las mujeres que entran con emergencias obstétricas a las instituciones de salud, explica la abogada Chávez, son altamente vulnerables porque están con dolor, y se debería esperar a que estén estables para entablar con ellas un intercambio.  “Usualmente, cuando se las acusa de haber cometido un aborto, se les inicia una investigación por delito flagrante, y no se les explica de forma íntegra en qué consiste la investigación y el proceso penal, además se les informa de forma escueta sobre sus derechos”, dice Chávez. Todo esto le ocurrió a Abigail. 

Esa noche, además, a Abigail le tomaron una muestra de restos corioplacentarios, sin decirle que sería usada dentro del proceso penal que ya se fraguaba en su contra. Tampoco se le dio la información suficiente para que consienta que se le extraigan esos restos. 

En la audiencia estuvo presente un defensor público pero, explica Chávez, ellos no tienen suficiente experiencia en la protección de los derechos humanos dentro del sistema sanitario. Según Human Rights Watch, los fiscales que deberían conocer estos casos son los de violencia de género, y eso tampoco sucedió en la investigación contra Abigail. 

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Aunque en esa audiencia en el hospital se determinó que no hubo flagrancia, desde ese día, la vida de Abigail se convirtió en un laberinto de audiencias y acusaciones en su contra.

El caso avanzó hasta el llamado a juicio —lo que ponía a Abigail muy cerca de la cárcel. Sin embargo, el 20 de agosto de 2021 volvió a instrucción fiscal porque se declaró la nulidad al no haberse seguido el debido proceso, dice Chávez, quien aún espera que le notifiquen esta decisión. Entre 2019 y lo que va de 2021, en el Ecuador se han puesto 133 denuncias contra mujeres como Abigail. Son señaladas porque la Fiscalía considera que interrumpieron su embarazo de forma voluntaria lo cual en el país sigue siendo un crimen salvo en dos escenarios excepcionales —el más reciente, el del aborto  en casos de violación, despenalizado apenas a finales de abril de 2021, y cuando la vida de la mujer está en riesgo.

El informe ¿Por qué me quieren volver hacer sufrir? de la organización internacional Human Rights Watch analizó 148 casos de mujeres que fueron judicializadas por abortar. La mayoría eran mujeres indígenas o afrodescendientes como Abigail, que pertenece al pueblo kichwa Otavalo, en la Sierra del Ecuador. 

“En este caso no se siguió el debido proceso”, dice Chávez, quien es además integrante de  Surkuna, una organización dedicada a dar asistencia a mujeres en situaciones de riesgo. La abogada de Abigail dice que en el proceso de investigación no se tomaron en cuenta pruebas de descargo (su abogada dijo que no estaba en libertad de discutirlas por el momento porque podrían comprometer su estrategia de defensa). 

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Lo que sí dijo es que Abigail tampoco fue procesada siguiendo los lineamientos del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que dice que las personas indígenas por su pertenencia étnica deben ser juzgadas respetando sus costumbres o tradiciones. A Abigail no le preguntaron si prefería recibir la información en su lengua, kichwa, ni le explicaron con exactitud lo que estaba pasando. 

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“Estamos frente a un caso de aborto, hay que hacer frente a los hechos”, le dijeron los policías de la Dinased a los padres de Abigail. Ellos no sabían que su hija, de 18 años, estaba embarazada, ni que había ido de emergencia a un hospital. “Cuando una mujer llega con una hemorragia a un hospital es por el temor a morir”, dice Virginia Gómez de la Torre, presidenta de la organización de salud reproductiva Fundación Desafío. Están ahí para no morirse y lo último que deberían esperar es que quienes deben salvarles la vida, las denuncien. 

Gómez de la Torre explica, además, que el deber de los médicos es guardar los secretos profesionales. “El secreto profesional está encima del deber de denunciar, e incluso protege a los médicos”, dice Gómez de la Torre. Todo lo que se dice en una cita médica y lo que se escribe en la historia clínica es confidencial, explica, por lo que si una mujer le dice que se practicó un aborto eso es parte del inviolable. 

El secreto profesional es, además, consenso internacional legal y médico. Está consagrado en la Declaración de Ginebra, “que es el juramento hipocrático moderno”, dice Gómez de la Torre, en el Código de Ética y la Declaración de Lisboa, en los que se establece que toda  la información médica de un paciente es personal y debe mantenerse en secreto, incluso luego de su muerte. La Constitución del Ecuador protege la confidencialidad de la información sobre la salud de las personas con carácter de derecho fundamental. Incluso el Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano castiga con entre seis meses y un año de prisión a quienes no cumplan la obligación del secreto profesional. 

Pero en este país, la ley es letra muerta: según el informe de Human Rights Watch, el 73% de médicos violaron el derecho al secreto profesional en casos de aborto en Ecuador. Los médicos, enfermeras o cualquier personal de la salud denuncian a las mujeres. Esto ha hecho que muchas elijan no buscar ayuda médica cuando tienen una emergencia asociada a su embarazo. “Ya no van porque tienen miedo de ser criminalizadas, lo cual suma a un problema de salud y de justicia”, dice  Sarahí Maldonado, del colectivo Las Comadres, que apoya y acompaña a las mujeres que buscan abortar de forma segura.

La abogada de Abigail sigue preparando su defensa. El 20 de agosto comenzó la instrucción fiscal, que durará 90 días como ordena la ley. La abogada Chávez dice que están intentando reconstruir lo que pasó aquel día en que Abigail llegó desesperada y sangrando al hospital, y  evitar que ella tenga que estar de seis meses a dos años en prisión, tal como el Código Orgánico Integral Penal reprime el aborto consensuado. El artículo Mapeando la criminalización del aborto en Ecuador, publicado en 2018, dice que el Estado debe crear políticas públicas locales y nacionales que respeten las decisiones de las mujeres: interrumpir su embarazo o continuarlo de forma digna. Una de sus conclusiones es que “solo se conseguirá cuando se legalicen todas las formas de aborto”. 

Hasta que eso pase, Abigail enfrentará el proceso judicial pero al menos ahora está acompañada. La abogada Estefanía Chávez dice que el caso ahora está siendo investigado por una fiscal indígena “que es más sensible con los temas de interculturalidad y de coordinación entre el sistema judicial ordinaria e indígena”. 

A finales de noviembre, se sabrá si es acusada o no —una espada de Damocles que pende sobre la cabeza de decenas de mujeres criminalizadas por abortar, quienes a diario se ven obligadas a escoger entre buscar atención médica luego de un aborto y ser procesadas judicialmente o morir para no ir a la cárcel. 

*Abigail es un nombre protegido.