Hace tres meses la Corte Constitucional publicó el fallo que despenalizó el aborto por violación en el Ecuador. Y hace más de un mes, la Defensoría del Pueblo presentó a la Asamblea Nacional el proyecto de ley para establecer parámetros en el sistema de salud para que el aborto por violación no sea punible, y se garantice el derecho de elección de las niñas, adolescentes y mujeres que han sufrido de violencia sexual. En este tiempo, organizaciones feministas han seguido de cerca el proceso.

En esta entrevista, Rocío Rosero, vocera de la Coalición Nacional de Mujeres y consulta de políticas de género por 30 años, habla sobre qué ha sucedido en Ecuador después del fallo de la Corte y cuáles son los pasos a seguir para que se cumpla el dictamen.

¿Qué pasa hoy con el aborto en el Ecuador?

A pesar de que el aborto es legal en Ecuador por la causal de violación, muchas mujeres no han podido acceder al aborto seguro. Por eso cientos de ellas mueren cada año por esta negativa y se traduce a un problema de carácter  estructural grave que está naturalizado. 

Esta naturalización se refleja en los comportamientos, las normas y el quehacer de las instituciones, y a partir de estas acciones se definen los pasos subsiguientes para que el aborto sea garantizado en Ecuador. Esto implica el reajuste de la política pública y sus presupuestos para garantizar la provisión de medicamentos y tecnología adecuada, de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos de las mujeres y de las normas de la Organización Mundial de la Salud.

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¿Ha habido un cambio en los centros de salud con respecto al aborto después de la sentencia de la Corte?

Lo que conocemos desde la Coalición es que  en los hospitales públicos del país se está llevando a efecto la resolución de la Corte Constitucional. Además, se están tomando medidas desde el Ministerio de Salud Pública  para garantizar el ejercicio de este derecho.

Sin embargo,  tenemos más problemas que están relacionados con la prevención de los embarazos como es el debilitamiento de los servicios de salud sexual y reproductiva y su adecuada implementación, que parte de una débil Estrategia Nacional de Prevención y Erradicación del embarazo en niñas y adolescentes y que deben ser tratados.

¿Cuáles son los pasos que ahora se deben seguir para que el aborto sea legal y seguro tras el fallo de la Corte?

Para implementar la resolución de la Corte Constitucional inicialmente eran tres pasos. Pero el primero se hizo que era la formulación del proyecto de ley realizado por la Defensoría del Pueblo. Por lo que están pendientes los otros dos.

 El segundo es el tratamiento de esa ley en la Asamblea Nacional, que está teniendo algunas dificultades precisamente por los prejuicios históricos, por la guerra contra las mujeres,  la naturalización de la violencia, la poca importancia que se le da  a este tema, y el respeto a la integridad de la vida y la salud de las mujeres y las niñas en las funciones del Estado. Eso sí tenemos que decir que es un problema grave.

 Sabemos que hay  pretensiones de ir en contra de la decisión de la Corte Constitucional por parte de algunas asambleístas antiderechos de las mujeres, por eso es la demora en el tratamiento de la ley.  Esto corresponde a la cultura de naturalización de la violencia sexual del incesto, del embarazo infantil forzado y que se lo ha tenido que llamar “embarazo en niñas y adolescentes” simplemente para pasar como una categoría que no escandalice mucho. Porque cuando estamos hablando de una maternidad infantil forzada hablamos de una violación, de un crimen execrable que generalmente se comete en los lugares o en los espacios de vida en donde transcurren la vida de las niñas y las mujeres, que se supone que deberían ser los espacios más seguros como son las casas o los colegios, pero no lo son.

Luego del tratamiento de la ley en la Asamblea, ¿cuál sería el tercer paso?

El tercer peldaño es la operativización en los servicios de salud. Esa operativización ya empezó a ejecutarse porque la resolución de la Corte está vigente a pesar de que no haya ley. 

Lo que vaya a pasar con relación al aborto en Ecuador depende de la  Asamblea Nacional, porque la decisión de aprobar el proyecto de ley presentado por la Defensoría aún no está tomada y el proceso se ha estancado en en el legislativo. Estamos a un mes y cuatro días de que el proyecto de ley fuera presentado por la Defensoría del Pueblo a la Asamblea, y  esta no ha tomado una decisión al respecto de qué pasará con el documento. Hay una puja muy evidente en donde el interés sigue siendo omitir la autonomía de las mujeres.

Un informe reciente de Human Rights Watch dice que el 73% de los médicos violaron el derecho al secreto profesional en casos de aborto en Ecuador ¿Qué pasa con estos médicos tras el fallo de la Corte?

Este es uno de los temas esenciales que debe resolver la ley. Hay un conjunto de condiciones básicas para el ejercicio del aborto a niñas, adolescentes y mujeres violadas que están relacionadas con la prestación de servicios en clínicas y hospitales. Sin embargo,  en muchos centros de salud hay objetores de conciencia —los médicos pueden negarse a realizar ciertas prácticas si consideran que van en contra de sus valores personales— pero hay que recalcar que estos objetores de conciencia son individuales por lo que el  Ministerio de Salud,  el centro de salud o el subcentro o la entidad en donde prestan el servicio, no es un objetor de conciencia. Por ende el Estado es garante de los derechos de los ciudadanos.

Aquel que es objetor de conciencia puede ejercer sus derechos, pero es parte de lo que hay que normar en la ley. Por ejemplo, si hay un solo médico que atiende en un servicio y es objetor de conciencia entonces el servicio de salud tendrá que organizarse de tal manera que en un caso de aborto se atienda a la víctima. Este es un tema esencial que deben resolverse en la ley y que debe estar claramente establecido para que no haya lugar a polisemias y garantizar un servicio de calidad.

En caso de que una mujer sea denunciada por un médico por abortar, ¿ella puede denunciar al médico por no cumplir con el secreto profesional?

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En este momento es algo que puede suceder pero debe ser normado en la ley. La ley debe normar el flujo del servicio en las mejores condiciones, más no en la sanción. Actualmente  existen guías y protocolos pero muchas veces lo que ocurre es que el personal se resiste a cumplir con esta obligación y siempre encuentran algún resquicio para incumplir. Entonces  es fundamental abordar el tema de la objeción de conciencia  de una manera adecuada.

Por lo que se debe buscar tener una claridad  absoluta sobre las condiciones de las cuales tiene que ocurrir el servicio.

¿Qué otros temas son fundamentales que se normen por la Asamblea?

En la norma deben constar estándares internacionales de derechos humanos de las mujeres y las niñas con relación al aborto. Además de establecer temas relacionados al tiempo del embarazo en el que se puede practicar la interrupción del embarazo.

¿Cuánto tiempo le va a costar a la sociedad aceptar que el aborto ocurre de manera frecuente, y es un derecho de las mujeres?

Este es un tema de cultura, como lo dice Rita Segato. Ella lo llama la guerra contra las mujeres y se refiere a la naturalización de la violencia, que no es otra cosa que la negación de la violencia  estructural en contra de las  mujeres y las niñas. Este problema implicaría una pronta actuación por parte del Estado y esto es lo que se quiere omitir. Se omite con la política fiscal que tiene como prioridad la inversión en prevención de violencia.

Se omite cuando los objetores de conciencia o los médicos o el personal de salud llama primero a la policía para denunciar a las mujeres que llegan con abortos en curso y, que en muchas ocasiones, no corresponden a situaciones denominadas como emergencias obstétricas. Parte de los problemas son esta sospecha sobre la palabra y la credibilidad de las mujeres. 

¿Con el paso del tiempo es posible que se amplie el alcance del aborto no punible en Ecuador?

Es importante que el aborto avance por la causal salud que implica todas las condiciones de salud mental y social de las mujeres, porque es un tema de conceptualización de la integridad, la vida y de la salud de las mujeres. No pueden ser vistas solamente como un cuerpo fisiológico sino también como un conjunto. Es decir, esto implica la reconceptualización de la salud como la salud integral no solo la física, sino la mental, y la social como un hecho colectivo.

¿Por razones económicas se podría ampliar la causal de aborto con el transcurso de los años?

Esa es una causal sociocultural que tiene que ver con hechos como la prevención. Si hay una correcta política de prevención de embarazos no deseados para mujeres en edad fértil, eso no tendría porqué ocurrir. Entonces ahí está la importancia de justamente avanzar en esta concepción de la causal salud que implica repensar la salud de las mujeres de una manera integral.