Juan Pablo Albán Alencastro es un abogado guayaquileño de 46 años. Ayer, 14 de junio de 2021, fue elegido miembro del Comité de Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas. 

Albán obtuvo una licenciatura en Ciencias Jurídicas y el título de abogado en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE). Tiene una maestría en Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad de Notre Dame de Indiana, Estados Unidos. También tiene un Doctorado en Jurisprudencia por la PUCE. Es candidato a un doctorado en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de Notre Dame, en Indiana.

“Yo felicito la oportuna gestión del canciller Mauricio Montalvo, quien lejos de buscar a sus amigos o gente cercana al gobierno, buscó a los más capaces”, dijo Lolo Miño, abogada experta en derechos humanos. Farith Simon, abogado y decano de la Universidad San Francisco de Quito escribió en Twitter “Felicitaciones  Juan Pablo Albán, todos tus colegas en USFQ Derecho estamos orgullosos de esa designación”. 

Según su perfil de Linkedin, entre febrero de 1997 a enero de 1998 Albán fue asesor de Sebastián Valdivieso, Viceministro de Gobierno de Ecuador. Entre noviembre de 1999 a julio de 2001, fue Coordinador del Área Penal del Consultorio Jurídico Gratuito y Director de la Clínica de Derechos Humanos de la PUCE.

Entre mayo de 2003 a noviembre de 2010, Albán fue especialista de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue Oficial de Litigio, y también fue Coordinador de la Sección Regional Andina II, Perú y Bolivia. 

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Desde agosto de 2019 hasta la actualidad es director de las Clínicas Jurídicas de Interés Público y Coordinador de la Clínica de Graves Violaciones a los Derechos Humanos y Crímenes Internacionales de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ). También fue director del Consultorio Jurídico Gratuito desde diciembre de 2010 a agosto de 2017. 

Desde febrero de 2021 es profesor de Derecho Procesal Penal y Teoría del Delito y de la Pena en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. También es profesor de la Universidad Nacional de San Martín de Argentina. Es profesor de la USFQ de Derecho Penal, Derecho Procesal Constitucional, Derecho Internacional y Derechos Humanos. 

Albán es también profesor de las Maestrías en Derechos Constitucional y Exigibilidad Estratégica de los Derechos Humanos de la Universidad Andina Simón Bolívar. 

Además de su elección como miembro del Comité contra la Desaparición Forzada, desde diciembre de 2017 es experto extranjero ante las Salas Especializadas de la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia. En esta función estará por 15 años.

Albán ha representado a familiares de desapariciones forzadas, de víctimas de crímenes de lesa humanidad, discriminación en las fuerzas armadas por cuestiones racionales. El abogado llevó el caso de la desaparición de David Romo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. David Romo desapareció el 16 de mayo de 2013 en Quito cuando iba en un bus hacia su casa. También ha hecho el seguimiento al caso “Los Once de Putumayo” en el que en 1993, una patrulla militar fue emboscada cuando realizaba un control antidrogas en la zona fronteriza, y el ataque fue atribuido a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El Ejército ecuatoriano detuvo a diez ciudadanos colombianos y un ecuatoriano que presuntamente estaban vinculados con la emboscada. Los once del Putumayo fueron torturados durante ocho días, y luego estuvieron dos años en prisión. En 1996, el Estado reconoció su inocencia. 

Albán también ha seguido el caso de tres militantes de Alfaro Vive Carajo (AVC). En 1985, Susana Cajas, Luis Vaca y Francisco Jarrín fueron detenidos, torturados y cuestionados por oficiales del entonces gobierno de León Febres Cordero. Luego de 27 años, ellos pudieron denunciar los maltratos que sufrieron. 

Otro caso que ha llevado es el Caso Fybeca. En 2003 hubo un asalto en una sucursal de las farmacias Fybeca, en Guayaquil. Según la policía hubo un enfrentamiento entre policías y delincuentes, ocho personas murieron y hubo la detención de otras. Johnny González fue una de las víctimas de desaparición forzada, su esposa Dolores Guerra denunció que fue detenido luego del enfrentamiento en la farmacia y no se supo de su paradero. 

Hasta el 12 de mayo de 2021, fue el abogado de Jorge Yunda, alcalde de Quito, investigado por presunto peculado en la compra de pruebas contra el covid-19 en la Secretaría de Salud del Municipio de Quito. Después de tres meses representándolo, Albán dijo en Twitter que renunciaba a ser su abogado porque “Ello obedece a que en mi criterio es indispensable descontaminar de lo político al proceso judicial, y a que al tener una diferencia de criterios al respecto, lo ético y responsable es dejar esta representación”. 

Según el currículum publicado en el sitio web del Comité de Desapariciones Forzadas, el abogado Albán es autor de un estudio sobre el fenómeno de la desaparición forzada e identificación de buenas prácticas, como parte del Comité de Expertos del Programa de Buenas Prácticas en Derechos Humanos del Consejo de Europa. Es parte del Sistema de Jurisdicción Especializada para la Paz en Colombia. 

Albán es el primer ecuatoriano en ser elegido miembro del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU. La abogada Miño dice que los dos gobiernos anteriores enviaban perfiles de personas que no reunían las condiciones académicas ni profesionales y éticas para este cargo. Miño dice que por esta razón, Albán no había conseguido apoyo para ser candidato para conformar el Comité. “Juan Pablo no conseguía apoyo porque siempre ha sido frontal y crítico con el poder. Sin embargo sabemos que es quien mejores credenciales tiene y debía estar en estos cargos ya hace rato”, dice.