No soltaron el guion

Cada siete u ocho años, el Estado ecuatoriano es evaluado por el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Este 2024 le tocó. El 28 y 29 de octubre, en Ginebra, funcionarios del gobierno de Daniel Noboa se sentaron en una mesa larga detrás de un cartel pequeño blanco y con letras negras que decía Ecuador. 

Un par de escalones más abajo, en dos mesas perpendiculares, estaban los miembros independientes del Comité, quienes hicieron preguntas concretas para conocer, a profundidad, cómo están los derechos humanos en el país. Pero el Estado no respondió ninguna. 

La delegación, encabezada por el Procurador General, Juan Carlos Larrea, se dedicó a leer leyes, decretos y protocolos. Se pasaron hablando de un país imaginario donde casi todo funciona. Era la lectura de un guion acartonado y poco creíble que, a pesar de que los expertos insistieron en que entregaran datos claros y concretos, no fue soltado ni por un instante. 

La sesión en la que Ecuador fue evaluado por el Comité de Derechos Humanos, dentro del luminoso Palacio Wilson, duró seis horas. Tres el primer día, tres el segundo. Debía ser más o menos así: intervención del Estado de quince minutos, preguntas de los expertos, quince minutos de pausa para que el Estado ordenase sus respuestas, y sesenta minutos para que las presentara ante el Comité. 

Pero no ocurrió. 

Coordinación interinstitucional. 

Aplicación de lineamientos. 

Acceso a procedimientos. 

Marco normativo robusto.

Análisis situacional. 

Firmeza a la hora de tomar decisiones.

Implementación del diagnóstico.

Parecía que se habían equivocado de público. Actuaban como si estuviesen en una rendición de cuentas. La indicación de la presidenta del Comité, Tania Abdo Rochol, de que entregase nueva información, no se remitiesen a la que ya enviaron por escrito, y den datos directos, fue absolutamente ignorada. 

Los expertos hicieron muchas y variadas preguntas. El chileno Hernán Quezada preguntó sobre el estado de la crisis carcelaria, cómo sería el retiro gradual de las Fuerzas Armadas de las prisiones, cómo se justificaba tanto estado de excepción, cuál era la situación de la Defensoría del Pueblo. El español Carlos Gómez Martínez preguntó cuántos casos de la Comisión de la Verdad no han sido judicializados, por qué el museo de la memoria no se construyó donde habían sugerido las víctimas, cómo se estaba utilizando el delito de terrorismo en los últimos meses.  

El experto marroquí Mahjoub El Haiba dijo que sabía que existían los Consejos de la Igualdad pero pidió que hablaran de los resultados concretos que habían tenido. Pidió detalles de cómo han contribuido las capacitaciones a miles de funcionarios públicos en temas de género y derechos LGBTI. Insistió en los resultados de estas formaciones en Derechos Humanos.

Ninguna pregunta tuvo una respuesta directa, concreta y satisfactoria.

El director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), Luis Zaldumbide, dijo que estaban haciendo “un cambio real en un sistema tan olvidado” refiriéndose a las cárceles y que el actual gobierno era el primero en hacerlo. Más que un examen ante las Naciones Unidas en el que debía explicar (lejos de una acción propagandística) cómo el Estado enfrenta la grave crisis carcelaria, parecía una campaña electoral. 

“Nos han hecho preguntas buenas, exigentes, de mucha complejidad”, dijo Larrea, acercándose al micrófono negro y delgado que tiene cada puesto en las mesas del salón. Y aclaró, con una cadencia de quien ha preparado una charla magistral, que si no alcanzaban a contestarlas todas, las responderían por escrito luego. Una opción que el Comité admite. 

El tiempo para responderlas sí era corto. Apenas un representante del Estado o experto del Comité empezaba a hablar, se prendía una pantalla negra con un cronómetro, que cambiaba de verde a amarillo y de amarillo a rojo según se agotaba el tiempo. 

En el Palacio Wilson, en Ginebra, Ecuador fue evaluado por el Comité de Derechos Humanos. Debían responder las preguntas de los expertos mientras un cronómetro marcaba el límite de tiempo. Fotografía de Isabela Ponce para GK.

Seis horas para hablar sobre la crisis carcelaria, la libertad de expresión, la falta de consulta previa en los territorios indígenas, los femicidios, el acceso al aborto, la pederastia clerical, la Comisión de la Verdad, la tortura, los abusos en los estados de excepción, no iban a ser suficientes. 

Pero el tiempo que los funcionarios tuvieron para dar sus respuestas fue desperdiciado. 

La experta serbia, Tijana Surlam, preguntó cómo avanza la despenalización del aborto en todos los casos. Los burócratas ecuatorianos respondieron enumerando las causales legales ya existentes. Surlam preguntó cómo avanza el Registro Único de Violencia, que debió estar listo en 2018. La respuesta que le dieron es que están trabajando en un visualizador. Preguntó si había educación sexual en las escuelas sobre anticoncepción. No contestaron. 

Cuando terminó la primera sesión, a las 6 de la tarde, se suponía que los delegados se reunirían para preparar las respuestas que habían quedado pendientes, y las explicarían al día siguiente. 

Parecería que tampoco ocurrió. 

§

El Comité de Derechos Humanos de la ONU (también conocido como CCPR) se encarga de comprobar que los estados miembro, como Ecuador, cumplan con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En otras palabras, que estén respetando derechos fundamentales como la libertad de expresión, los derechos de las mujeres, la libertad de asociación y muchos más. 

En los siete u ocho años entre una evaluación y otra, el Estado ecuatoriano debe enviar reportes periódicos al Comité. Pocos meses antes del examen presencial de 2024 en Ginebra, varias organizaciones no gubernamentales (englobadas, genéricamente, en el término “la sociedad civil”) también enviaron informes propios para contrarrestar la versión oficial. 

El informe sobre libertad de expresión presentado por la organización Fundamedios, por ejemplo, incluyó que en 2024 ha habido 151 ataques contra la prensa, que en los últimos 18 meses al menos 13 periodistas han tenido que exiliarse por amenazas de muerte, que entre 2018 y 2024 hay 144 procesos judiciales abiertos contra periodistas. 

Ese nivel de detalle se incluye en la mayoría de informes de organizaciones civiles. 

Por eso, los expertos hacen las preguntas con base en la información oficial que reciben del Estado, pero también con la que reciben de esas organizaciones. Por eso son tan específicas, incisivas y, muchas veces, complejas. Por eso, los delegados del Estado debieron prepararse y saber a qué se enfrentaban. Debían saber que no era una visita más a la ONU, que no era una foto oficial más. 

La foto oficial que circuló en redes sociales del gobierno, el día que Ecuador fue evaluado por el Comité de Derechos Humanos.

Su primer día fue malo. Se clavaron en detalles innecesarios y no respondieron las preguntas clave, sobre todo de la crisis carcelaria y los estados de excepción recurrentes en el último año. 

El segundo día del Estado fue peor. 

En cinco minutos, casi sin hacer pausas, el experto costarricense Rodrigo Carazo les preguntó a los funcionarios sobre la tortura, la independencia judicial, la migración. 

Les pidió que respondieran qué medidas se toman para evitar la tortura durante el arresto y custodia de personas, cómo se garantiza la transparencia y la participación ciudadana en los procesos de designación de autoridades públicas, qué mecanismos se han implementado para asegurar que los migrantes en la frontera norte tengan acceso a servicios básicos de salud.

Otra vez las preguntas llegaban como una avalancha.

Otra vez fueron incapaces de enfrentarla. 

Las intervenciones fueron tan laxas que el experto El Haiba les dijo dos veces a los funcionarios, con la delicadeza que solo tienen los diplomáticos, que ellos ya sabían que en Ecuador hay un marco legal fuerte pero que hay una brecha muy grande entre lo que está escrito y lo que realmente pasa. 

Fue una reprimenda vergonzosa que demostraba cómo ningún funcionario parecía entender la consigna de este particular encuentro. Mientras los expertos los increpaban desde la mesa alta, Larrea, Tanca y Zaldumbide y Abarca, un representante del Ministerio de Defensa, veían las pantallas de sus celulares, computadoras y tablets, o revisaban los papeles que tenían sobre la mesa. Quién sabe si buscando respuestas a esas preguntas, esquivando las miradas de los expertos, o memorizando la siguiente parte del guion. 

Cuando les consultaron sobre las posibles violaciones a los derechos humanos durante los estados de excepción decretados por el actual gobierno, desde enero de 2024, la respuesta fue, una vez más, desde la ley. El Procurador recordó en qué casos el Presidente de la República tiene la potestad de decretar estados de excepción, dijo que Ecuador es un Estado constitucional, y que es un deber primordial garantizar una cultura de paz y vivir en una sociedad democrática.

Jorge Abarca, director de asesoría jurídica del Comando Conjunto, debía responder sobre el uso excesivo de la fuerza. En vez de dar datos claros, enlistó las leyes que permiten el uso de la fuerza e insistió con frases como que “el contexto general se encuentra orientado a precaución, humanidad, no discriminación y rendición de cuentas… observando el pleno respeto de los derechos humanos, protección a la vida, integridad personal, principio pro-ser humano”. 

Palabras rimbombantes tras palabras rimbombantes. 

Cuando la ministra Arianna Tanca habló del bono para los niños y adolescentes hijos de víctimas de femicidio, apuntó cuándo se creó, cómo debería funcionar, y cuántos lo reciben. Pero la experta Tijana Surlam la cuestionó: tuvo que recordarle que ellos ya sabían que existe un bono pero querían saber si realmente llega a todos los que debe llegar y, también, cuáles son los valores que se entregan. La Ministra habló del crecimiento porcentual del bono cuando la mujer tiene uno, dos o tres hijos: 30%, 43% y 54%. No dijo el valor: $135 si es un hijo, $198 si son dos, y $249 si son tres o más. 

Quizá el dato no estaba en el guion, o quizá habría sonado a muy poco. 

Cuando el Procurador habló sobre la situación de los periodistas, celebró que se haya creado el Mecanismo para la Protección de Periodistas, pero obvió que no hay presupuesto para que funcione. En 2024, el presidente del mecanismo, Ricardo Rivas, pidió al Ministerio de Finanzas poco más de 700 mil dólares para operar, pero no se aprobó ese presupuesto, que sigue en cero. 

En el guion estatal había una línea sobre la creación del programa de víctimas y testigos y los lineamientos para garantizar el acceso. Pero nadie habló de que la propia Fiscalía, encargada del programa, ha declarado en crisis ese sistema por falta de financiamiento. 

Además de las declaraciones circulares, los pocos datos que dieron los funcionarios no fueron precisos. Verónica Carrillo, Secretaria Técnica del Consejo Nacional para la Igualdad de Género, dijo que hay una reducción en la tasa de nacimientos en adolescentes de 15 a 19 años. Un fact checking de la plataforma de verificación de datos Lupa Media mostró que el embarazo de menores de 14 años está en aumento. 

Cuarenta y ocho horas después de que se terminó la sesión del segundo día, el Estado podía enviar sus respuestas por escrito. Supuestamente debían ser un complemento a su comparecencia ante el Comité . Pero luego de las seis horas, quedó claro que más que algo complementario, la delegación quedaba en deuda de entregar la parte sustancial de sus respuestas.