Pablo Celi compareció en la Asamblea Nacional. Esto dijo

Por más de dos horas, Pablo Celi, ex contralor subrogante, compareció ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional dentro del juicio político en su contra. Celi estuvo de forma presencial, flanqueado a cada lado por un agente de seguridad de la Cárcel 4 de Quito, donde cumple una orden prisión preventiva por el presunto delito de delincuencia organizada. 

Juan Lloret, uno de los asambleístas interpelantes de Celi, mostró una presentación en la que explicó sus motivos para llevar a juicio al excontralor. Sus motivaciones son la presunta usurpación de funciones, informes que habrían beneficiado a la constructora Odebrecht, un contrato con la empresa HDC producciones (que pertenece a Daniel Salcedo, sentenciado por corrupción en compras de insumos médicos en la pandemia del covid-19), interferencias en las funciones del Consejo Nacional Electoral (CNE) en el proceso electoral de 2021 (cuando ordenó una auditoría al sistema informático del CNE) y por los cargos que se le hacen en la investigación por delincuencia organizada en el caso denominado Las Torres. 

Al defenderse, Celi dijo que el juicio político era un proceso “carente de sustento, donde se acomodan supuestas pruebas”. 

Respecto de la acusación sobre los informes en que habría favorecido a la empresa petrolera Odebrecht, Celi dijo que “la Contraloría es un organismo técnico donde no es posible direccionar las auditorías ni sus resoluciones”.

Celi dijo que la Contraloría tiene dos estructuras: la de auditoría de cuentas públicas y la de juzgamiento de cuentas. Según él, cada una es independiente pero se complementan. “Esto es necesario comprender antes de aseverar que tal o cual examen estuvo mal firmado o tal determinación de responsabilidad fue hecha o no”, afirmó Celi, alegando, además, que  él no ordenó ni firmó el contrato con HDC producciones.

Celi adujo, también, que no ha incumplido funciones. “El acusador desconoce la propia actuación de la Asamblea Nacional de la cual es miembro, y las obligaciones derivadas de esta actuación para la autoridad de la Contraloría”, sostuvo el ex contralor subrogante. Celi afirmó que desempeñó con las funciones que le correspondía como subrogante.

Sobre la supuesta interferencia en el CNE, Celi dijo que la Contraloría había detectado irregularidades como números de cédulas inválidas y de fallecidos en el padrón, registros de menores de edad y de miembros de la Policía. “Si ocultábamos esto incumplíamos las funciones como contralor”, afirmó. Según él, la Contraloría hizo un examen de seguimiento que “puso en evidencia que el pleno del CNE no realizó acciones sobre las recomendaciones de la Contraloría que son de obligatorio cumplimiento”. 

Celi se defendió diciendo que la Contraloría estableció en el examen que el CNE debería corregir las irregularidades en el sistema de registro de partidos. “Estos examen que hizo la Contraloría no representan el incumplimiento de funciones porque probaron los hechos sobre las acciones del CNE”, dijo Celi, alegando que los exámenes mostraron que el CNE tiene un programa que permite ingresar cédulas con 9 y 12 dígitos (cuando son 10), de personas fallecidas, menores de edad o miembros de las Fuerzas Armadas. “Aquí no hay interferencia de funciones”, afirmó. 

Tras su intervención, los asambleístas que conforman la Comisión interrogaron a Celi. Una de ellas fue la socialcristiana Soledad Diab, que le preguntó sobre el desvanecimiento de glosas del que se acusa el excontralor. Él contestó que no podía ordenar tal cosa porque, adujo, “no le correspondía”. 

Marco Troya, del Movimiento Ecuatoriano Unido, le preguntó si hubo presiones o pedidos de otras autoridades para el desvanecimiento de glosas. Celi dijo que hablaba con todas las autoridades pero que eso no constituyó nunca un elemento de sospecha. Juan Lloret, de UNES, le preguntó por qué nunca pidió la reposiciones de acciones de personal luego del incendio de octubre de 2019 y también le preguntó qué relación tiene con Esteban Celi, investigado por la supuesta delincuencia organizada. El asambleísta Fernando Villavicencio aseguró que Celi ha desvanecido glosas para beneficiar a funcionarios del gobierno de Rafael Correa —lo que, según él, se comprobó en sus reportajes investigativos. 

Tras las preguntas, se levantó la sesión. Ahora le corresponderá a la Comisión preparar un informe en el que recomendará (o no) que el juicio político pase al pleno, donde Celi será absuelto o censurado. 

¿Quién es Pablo Celi?

Pablo Santiago Celi De la Torre es un doctor en ciencias internacionales y filosofía  en ciencias políticas. No ha estudiado derecho pero tiene una licenciatura en Sociología y Ciencia Políticas. 

Ha ocupado varios cargos públicos. En el gobierno de Abdalá Bucaram, que apenas duró seis meses, Celi fue subsecretario de la Ministra de Educación, Sandra Correa. En 2010, en el gobierno del expresidente Rafael Correa, Celi  fue asesor en política internacional y posicionamiento de la Contraloría General del Estado. Ese mismo año fue designado subcontralor administrativo. 

Un año más tarde, fue nombrado embajador del Ecuador en Argentina. En 2014 volvió a la Contraloría, donde ejerció como Subcontrolador General. Pero, ese mismo año fue enviado como delegado del Ecuador al Centro de Estudios Estratégicos de la hoy extinta Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), en Buenos Aires, Argentina. 

En 2016, regresó a la Contraloría General del Estado como Subcontralor subrogante. Un año después, pasó a ser Subcontralor General del Estado Subrogante en la administración de Carlos Pólit, quien está involucrado en la trama de corrupción de Odebrecht y ahora está prófugo de la justicia. 

En 2019, después de que Pólit fue removido de su cargo,  el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, presidido por Julio César Trujillo, no convocó a un concurso para llenar la vacante dejada por Pólit y resolvió que Celi sea el nuevo contralor subrogante. Pablo Celi tenía que quedarse en su cargo hasta 2022, pero