La Corte Provincial de Orellana negó la apelación de las comunidades kichwa y otras organizaciones presentada hace 5 meses. El recurso fue interpuesto para apelar la decisión del juez de negar la acción de protección presentada por el derrame de petróleo del 7 de abril de 2020 en la Amazonía ecuatoriana. En el derrame se vertieron 15.800 barriles de crudo e hidrocarburos en los ríos Coca y Napo, según un comunicado publicado por la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos hoy, 25 de marzo.
La Corte tomó la decisión ayer, 24 de marzo de 2021, casi un año después del derrame y más de 150 días después de que la apelación había sido presentada. Según el comunicado de la Alianza de hoy, la sentencia de apelación “se limita a transcribir el fallo de la primera instancia con un agravante”. El documento dice que en la sentencia de 181 páginas califica “como meras insatisfacciones” a las alegaciones de derechos vulnerados, pese a que “la vulneración de derechos humanos y de la naturación fueron comprobados durante el juicio”, dice el comunicado de las organizaciones indígenas.
Según las organizaciones, los responsables de la violación a los derechos son las petroleras y las autoridades. El comunicado dice que las empresas del Oleoducto de Crudos Pesados y Petroecuador —que manejan los oleoductos que se rompieron el 7 de abril y provocaron el derrame— no lograron demostrar que trataron de prevenir el incidente. Añade que tampoco lo hicieron el Ministerio del Ambiente y Agua o el de Energía y Recursos No Renovables.
Los expertos advirtieron de la posibilidad de un derrame desde febrero de 2021 cuando se desplomó la cascada de San Rafael, entre las provincias de Napo y Sucumbíos. La cascada más alta del país se secó por una implosión y un socavón (hundimiento) que alteraron el cauce del río Coca, uno de sus afluentes. El derrame, según la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, afectó a más de 27 mil kichwas que dependen de los ríos para subsistir.
El 29 de abril de 2020, varias organizaciones indígenas del país presentaron una acción de protección y pidieron medidas cautelares contra el Estado por el derrame de petróleo de ese mes. Las audiencias judiciales del caso fueron suspendidas y pospuesta varias veces. En septiembre de 2020, cinco meses después de que se presentó el recurso, fue negado por un juez del Tribunal Primero de Garantías Penales de Orellana.
El comunicado de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos también denuncia “un proceso de criminalización y de persecución contra los accionantes y sus abogados”. El documento las califica de “uso indebido del derecho penal” y dice que son una forma de “obstaculizar y silenciar” la labor de los defensores de los derechos humanos.
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El 5 de marzo pasado la Federación de Comunas Unidas de la Nacionalidad Kichwa de la Amazonía Ecuatoriana (FCUNAE) organizó un plantón en los exteriores del Consejo de la Judicatura en Quito. La Federación reclamaba que habían pasado casi 5 meses desde que presentaron la apelación y todavía no tenían respuesta de la Corte Provincial de Orellana.
Ahora que el recurso fue negado, la la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos dice que las personas afectadas por el derrame “continuarán en su búsqueda de verdad, justicia y reparación integral” en instancias nacionales e internacionales. Su objetivo, dice el comunicado, es que “el mayor desastre ambiental de la década” no queden en la impunidad. La Alianza confirmó que seguirá acompañando a las comunidades indígenas en el proceso, pero no dio detalles sobre qué otros recursos presentará.
