La audiencia en el caso del derrame de petróleo ocurrido el 7 de abril de 2020 fue cancelada el lunes 1 de junio de 2020. Según un comunicado de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confenaie), el juez del Tribunal Primero de de Garantías Penales de la provincia de Orellana, Jaime Oña, tomó la decisión por “problemas de salud en su equipo técnico”. 

Lina María Espinosa, coordinadora jurídica de Amazon Frontlines —una organización no gubernamental que da asistencia legal a  las organizaciones amazónicas y las asiste en este proceso—, dijo que los funcionarios judiciales eran sospechosos de estar contagiados de covid-19. Espinosa dijo que se solidarizaba con los funcionarios convalecientes. Sin embargo, hizo un llamado “a ese mismo sistema judicial, porque la protección de la vida, las medidas cautelares, la garantía de los derechos constitucionales, no puede ser suspendido bajo ninguna razón ni naturaleza”, dijo. 

La audiencia, que inició la semana anterior, debía reanudarse este lunes con la presentación de pruebas por parte de organizaciones indígenas, de Derechos Humanos y de la red eclesial de Orellana. La Federación de Comunas Unión de Nativos de la Amazonía Ecuatoriana (FCUNAE) y la Confenaie dieron una rueda de prensa virtual tras la suspensión. 

Ambas organizaciones reafirmaron la importancia de esta acción de protección y las medidas preventivas que solicitaron. En la rueda de prensa virtual también participó Verónica Grefa, presidenta de Toyuca, una de las 105 comunidades de las provincias amazónicas de Sucumbíos y Orellana que fueron afectadas por el derrame de crudo. Grefa dijo que aún no hay fecha para una nueva audiencia y condenó la demora en tramitar el proceso constitucional, que por su naturaleza debe ser expedito. Grefa dijo que, producto del derrame, las comunidades no tienen acceso a agua potable ni a insumos básicos.

Grefa dijo que los recursos que han recibido por parte el gobierno y las petroleras son insuficientes. “Están llegando las empresas y el Estado a hacernos firmar con la entrega de un kit alimenticio, un documento que dice que recíprocamente nosotros recibimos esos kits alimenticios sin derecho a un reclamo”, dijo la lideresa indígena, calificando estos actos como injustos e indignantes. “Esto no es una ayuda del Estado ni de las empresas petroleras, esto es una obligación de parte de ellos, responder por los daños realizados hacia nuestra comunidad”, dijo Grefa.

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La rueda de prensa fue interrumpida por usuarios anónimos que ingresaron a la sesión virtual dificultando las intervenciones de varios representantes de las organizaciones amazónicas. La interrupción duró alrededor de diez minutos. En su cuenta de Twitter, la Confenaie dijo que las irrupciones dejaban claro que existen “intereses en callar la voz de las comunidades afectadas por el mayor derrame petrolero de los últimos 15 años en el nororiente”.

La demanda de las comunidades indígenas se presentó después de que el 7 de abril de 2020, los dos oleoductos ecuatorianos, el SOTE y el OCP, se rompieran por un socavón de tierra en el Río Coca en el Sector de San Rafael, en el límite de las provincias amazónicas de Napo y Sucumbíos. Según la empresa OCP, se estima que hubo un derrame de alrededor de 8.900 barriles solo del oleoducto OCP. Hasta la noche del 1 de junio de 2020 no se había fijado nueva fecha para la reanudación de la audiencia.