La mañana de hoy, 5 de marzo, la Federación de Comunas Unidas de la Nacionalidad Kichwa de la Amazonía Ecuatoriana (FCUNAE) organizó un plantón en los exteriores del Consejo de la Judicatura en Quito, capital del Ecuador. Según un comunicado, la Fcunae reclama que han pasado 3 meses y todavía no se resuelve la apelación que presentaron a la sentencia de un juez en la Corte Provincial de Orellana. Apelan la decisión del juez de negar la acción de protección presentada por el derrame de petróleo del 7 de abril en la Amazonía ecuatoriana. 

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Según la Fcunae, el crudo llegó a las aguas del río Coca y afectó a más de 27 mil kichwas que viven cerca de las provincias amazónicas de Napo y Sucumbíos por donde pasa este río. El derrame pasó porque el Sistema de Oleoductos Trans Ecuatorianos (SOTE) y el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) se rompieron. 


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El 29 de abril de 2020, varias organizaciones indígenas del Ecuador presentaron una acción de protección y solicitaron medidas cautelares contra el Estado por el derrame de petróleo de ese mes. Las audiencias judiciales del proceso fueron suspendidas y pospuestas en varias ocasiones hasta que en septiembre de 2020, el juez del Tribunal Primero de Garantías Penales de la provincia de Orellana, Jaime Oña, negó la acción de protección y las medidas solicitadas. 

Uno de los motivos citados por Oña para no admitir la acción de protección es que la demanda no debía realizarse por vía constitucional sino administrativa. Es decir, que debía presentarse ante el Ministerio del Ambiente y no ante un juez. Las comunidades apelaron la sentencia que les fue notificada por escrito el 12 de octubre, 41 días después de que fue dictada oralmente. 


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En el plantón de hoy en la mañana, habló Viviana Idrobo, abogada de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos del Ecuador, organización que está apoyando a las comunidades indígenas en el caso. Idrobo dijo que el derrame fue predecible y que no fue atendido correctamente por las empresas y el Estado. 

La abogada mencionó que los oleoductos se rompieron porque la cascada de San Rafael, en Sucumbíos, colapsó. En febrero del año pasado, la cascada más alta del Ecuador se secó por la erosión de la tierra y las constantes lluvias de la zona. Dos meses después, el 7 de abril, otro socavón (hundimiento de la tierra) en el sector produjo que se rompieran las tuberías del SOTE y del (OCP). Según Idrobo, el derrame era predecible porque hubo más de dos meses para solucionar el problema de la cascada de San Rafael antes de que se rompieran los oleoductos.


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Idrobo dijo que hay estudios de monitoreo que confirman que casi un año después del derrame, todavía hay metales pesados en el agua. Eso se comprobó en octubre del año pasado con un informe ambiental del laboratorio experto en suelos LABSU. El estudio determinó que seis meses después del derrame los suelos de al menos 6 de las 105 comunidades afectadas siguen contaminados por hidrocarburos y metales pesados como níquel, plomo y vanadio. Sustancias que son tóxicas para el ambiente y la salud humana. 

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Hoy la abogada Idrobo dijo que apelaron a la sentencia porque “es una aberración”. Ella y otros manifestantes que estuvieron presentes en el plantón reclamaron por sus derechos a la salud, la vida digna y agua limpia. Marlene Illanez, representante de una de las comunidades afectadas, dijo que los niños y adultos de la zona han tenido granos, dolores de estómago y de cabeza después de acercarse al agua contaminada por el crudo. 

Los problemas en el río Coca continúan. El 25 de febrero se derrumbó el arco por donde pasaba el Río Coca en la zona de San Rafael lo que provocó un represamiento momentáneo del río. Fue producto de la erosión en el sector.