El 29 de abril de 2020, varias organizaciones indígenas del Ecuador presentaron una acción de protección y solicitaron medidas cautelares contra el Estado ecuatoriano por el derrame de petróleo en la Amazonía el 7 de abril de 2020. 

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La Federación de Comunas Unión de Nativos de la Amazonía Ecuatoriana (Fcunae), la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae) y los obispos de las provincias de Orellana y Sucumbíos presentaron una demanda ante un juez del cantón Francisco de Orellana en Orellana contra René Ortiz, Ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables,  Paulo Arturo Proaño, nuevo Ministro del Ambiente, Juan Carlos Zevallos, Ministro de Salud Pública, Iñigo Salvador Crespo, Procurador General del Estado, Andrés Eugenio Mendizábal representante legal de la compañía Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) y contra Pablo Antonio Flores, gerente general de la compañía estatal petrolera Petroecuador. 

Según, las organizaciones, la demanda se realiza por la vulneración de derechos al agua, a la alimentación y a la salud de más de 120 mil personas que viven en las orillas de los ríos Coca y Napo, afectadas por el derrame de petróleo consecuencia de la roturas de las bases y tuberías del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) y el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) que transportan el petróleo que el Ecuador exporta.

En una rueda de prensa virtual, Andrés Tapia, representante de la Confeniae, explicó que aproximadamente 105 comunidades de las provincias amazónicas de Sucumbíos y Orellana fueron afectadas. 

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María Espinoza, defensora de derechos humanos perteneciente a la organización no gubernamental Amazon Frontlines, dijo que el Estado debió avisar antes a las comunidades sobre el derrame. Explicó que el 7 de abril se rompieron las tuberías,  pero las comunidades se enteraron recién al día siguiente por lo que las empresas OCP y Petroecuador son responsables de los daños causados por el derrame. Además, dijo que son también responsables de no haber analizado a tiempo la erosión en la cascada San Rafael, que en febrero de 2020 se secó como producto de un socavón de tierra. Las organizaciones indígenas alegan que se habrían derramado más de 15.800 barriles de petróleo, pero Espinoza dice que no se ha logrado transparentar la cantidad exacta de barriles derramados. 

Espinoza dijo que OCP y Petroecuador están intentando reparar los daños con la entrega de alimentos y agua pero tales medidas no son suficientes. Los alimentos y el agua son para 1000 personas y racionadas para cuatro personas por familia  Las familias indígenas están conformadas por más de siete personas, dijo.

Las medidas de reparación ambiental que han tomado no han sido concertadas con las comunidades, lo que viola el derecho a la consulta previa, dijo la representante de Amazon Frontlines.  

La medida de acción de protección presentada por las organizaciones indígenas, dijo Espinoza, es una acción con la que se busca reparación de derechos y no una reparación monetaria. “No quita la posibilidad de que personas afectadas presenten reclamación civil”, dijo. 

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Carlos Jipa presidente de la Fcunae que vive en una de las comunidades kichwas afectadas dijo en la rueda de prensa que el derrame afectó a todas las comunidades kichwas que viven en la rivera de los ríos Coca y Napo. “Hoy no tenemos agua del río, para alimentar a nuestros hijos, necesitamos vivir sanamente y sin contaminación sin que seamos desplazados de nuestros pueblos”. dijo Jipa.. Los indígenas ecuatorianos están viviendo una doble tragedia: por el daño ambiental en los ríos Coca y Napo y el riesgo de contagio de covid-19.