El derrame de petróleo del 7 de abril de 2020 continúa impune. Hoy indígenas kichwa entregaron más de 14.000 firmas al Consejo de Judicatura de Orellana, en apoyo a las víctimas del derrame de petróleo en Ecuador, donde se exige justicia y reparación para las comunidades y la naturaleza. Producto del desastre, cerca de 150 comunidades indígenas de las provincias de Sucumbíos y Orellana sufren aún la contaminación por el crudo.
La mañana de este lunes, 14 de diciembre de 2020, decenas de indígenas kichwas se concentraron en los exteriores del Consejo de la Judicatura de Orellana para entregar más de 14.000 firmas recibidas desde los cinco continentes. El objetivo de los manifestantes fue exigir a la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Orellana, a cargo de la audiencia de apelación, justicia y reparación para las víctimas del derrame.
Verónica Grefa, Presidenta de la comunidad de Toyuca, dijo que “el mundo apoya a las y los afectados por el derrame, hoy vamos a ingresar alrededor de 15.000 firmas en un Amicus Curiae, que apoyan a las víctimas y exigen a los jueces de la Corte Provincial de Orellana Justicia el acceso a una reparación justa y el derecho a una audiencia pública».
La concentración se da después de que el 1 de septiembre de 2020, el juez del Tribunal Primero de Garantías Penales de la provincia de Orellana, Jaime Oña, negó la acción de protección y medidas cautelares a favor de comunidades afectadas por el derrame de petróleo en Ecuador, ocurrido el 7 abril de 2020.
Varias organizaciones indígenas del Ecuador presentaron una acción de protección y solicitaron medidas cautelares contra el Estado ecuatoriano y las petroleras. Entre los principales pedidos estaba que los demandados —el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables, Ministerio del Ambiente, Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) Ecuador S.A, Petroecuador, Ministerio de Salud Pública y la Procuraduría General del Estado— provean de agua potable y alimentos suficientes a todos los miembros de las comunidades afectadas, hasta que los ríos Coca y Napo regresen a sus condiciones anteriores al derrame.
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Entre los motivos para que el juez Oña no admitiera la acción de protección estaba que la demanda no debía realizarse por vía constitucional sino administrativa. Según María Espinoza, abogada de los afectados en el caso, esto quiere decir que la demanda debía presentarse ante el Ministerio del Ambiente y no ante un juez.
