Esto es lo que se sabe del allanamiento a la casa de Luisa González

La madrugada del 28 de enero de 2026, la Fiscalía y la Policía allanaron la casa de Luisa González, ex candidata presidencial y ex presidenta del movimiento correísta Revolución Ciudadana (RC). Este operativo es parte del caso Caja Chica, que investiga el presunto delito de delincuencia organizada con fines de lavado de activos, según una publicación de la Fiscalía.

Se presume que el dinero ilícito —en efectivo— entraba desde Venezuela y que habría servido para financiar la campaña presidencial de 2023, cuando González fue candidata a la Presidencia y Andrés Arauz a la Vicepresidencia por la Revolución Ciudadana. En esas elecciones, perdieron frente a Daniel Noboa.

El operativo incluyó tres allanamientos en la provincia andina de Pichincha y uno en la costera del Guayas para “recabar indicios relacionados con la investigación”. En la publicación de la Fiscalía aparece una fotografía de González —con el rostro pixelado— leyendo lo que parece ser la orden de allanamiento.

También hay dos fotografías más en las que se ve a policías ingresando a las casas y una en la que aparece el asambleísta de la RC, Patricio Chávez. Hasta las 8 de la mañana del 28 de enero, no se reportaron detenidos.

A los allanamientos reaccionó de inmediato Rafael Correa, líder de la Revolución Ciudadana. Dijo que, además de González y Chávez, también allanaron la casa de la ex superintendenta de Compañías, Suad Manssur, y la de Andrés Arauz. Según Correa, todo se origina en una “denuncia con reserva de identidad”, de acuerdo con un documento de la Fiscalía que compartió en su cuenta de X.

En ese mismo documento constan las notificaciones a los ocho correístas investigados en el caso Caja Chica.

1. 1. Rafael Correa: líder de la Revolución Ciudadana. Fue presidente del Ecuador entre 2007 y 2017. Tiene una sentencia por el caso Sobornos 2012-2016. Tras terminar su mandato, se radicó en Bélgica. 
   2. Andrés Arauz: candidato a la Presidencia en 2021 y candidato a la Vicepresidencia en 2023. Fue ministro de Conocimiento y Talento Humano durante el gobierno de Correa. Desde junio de 2025 es investigado en el caso Ligados.
   3. Luisa González: candidata a la Presidencia en 2023 y en 2025. Fue presidenta de la Revolución Ciudadana entre 2021 y 2023. 
   4. Bibian Hernández: abogada y parte del equipo de defensa del ex presidente Rafael Correa en el caso Sobornos. En 2024, la Fiscalía abrió el caso Amistad, una investigación por presunto lavado de activos en el que está procesada.  
   5. Patricio Rivera: economista y ex ministro de Finanzas y Coordinador de la Política en el gobierno de Correa. En 2017 fue designado como Superintendente de Economía Popular y Solidaria. 
   6. Patricio Chávez: actual asambleísta de RC. Fue embajador en Rusia, Ucrania, Moldavia, Armenia, Ucrania y Kazajstán durante el gobierno de Correa. También fue gerente general de la extinta estatal Tame. 
   7. Fausto Herrera: economista y ex ministro de Finanzas en el gobierno de Correa. En 2018, la Contraloría le abrió una glosa de 77,2 millones de dólares por la emisión irregular de bonos para el pago de pensiones de jubilados. Fue asesor económico del gobierno de Nicolás Maduro. 
   8. Suad Manssur: abogada y ex superintendenta de Compañías durante el gobierno de Correa en 2011. 

Tras los operativos también reaccionó Paola Pabón, prefecta de Pichincha: “Mi solidaridad con Andrés, Luisa, Patricio y Suad, compañeros que hoy son víctimas de persecución judicial”. También se pronunció la asambleísta de la RC, Germania Romero, quien dijo que “otra vez usan la justicia como show para callar a sus críticos mientras el país se hunde”.

Luisa González y el movimiento Revolución Ciudadana anunciaron una rueda de prensa para las 11 de la mañana.

A las 11 de la mañana, Luisa González dio una rueda de prensa en la sede de la Revolución Ciudadana, en Quito. Rodeada de militantes, entre ellos Gabriela Rivadeneira, nueva presidenta del movimiento, González dijo que el correísmo no ha “recibido ni un solo centavo de Venezuela ni de ningún cartel”.

Explicó que durante la campaña presentaron a tiempo los informes sobre los fondos. Algo que —según ella— no habría hecho el presidente Daniel Noboa.

González también reclamó que en 2023 —año del que parte la investigación— ella fue candidata presidencial, no responsable del manejo económico de la campaña. Dijo que entonces la representante legal era Marcela Aguiñaga, quien en diciembre de 2025 fue expulsada de la Revolución Ciudadana. 

Según González, este proceso debería estar vinculado a quien ejercía como presidenta y representante legal. Pero cuestionó que el gobierno “no persiguen a sus aliados, sino a sus opositores”.

También recordó que cuando la Policía y la Fiscalía allanaron su casa, ella misma les abrió la puerta, pero reclamó que ni siquiera le explicaron por qué. Aseguró que se enteró por redes sociales de que el caso se denomina Caja Chica. “Cuando pregunté por qué me estaban allanando, me dijeron que era un acto reservado”, afirmó.

Sin embargo, añadió González, horas después la Fiscalía publicó una fotografía suya en redes sociales. “Eso es persecución política”, dijo.

González también responsabilizó por su vida y la de su familia al gobierno de Daniel Noboa y al fiscal general Carlos Alarcón, quien inició la investigación del caso Caja Chica. 

Luego, en la rueda de prensa, intervino el asambleísta Patricio Chávez. Dijo que a las cuatro de la mañana ingresó a su casa un escuadrón de más de 15 personas “encapuchadas y envalentonadas”. 

“No les perdonaré haber entrado a mancillar el honor de mi hogar y de mis hijos”, dijo. Chávez también aseguró que no encontraron nada durante el allanamiento y que se habrían llevado su pasaporte.

En la rueda de prensa, González también señaló casos de presuntas irregularidades que han salido a la luz pública pero que la Fiscalía no avanza en las investigaciones ni tampoco hace allanamientos. 

Por ejemplo, mencionó el caso Porsche, en el que el asambleísta correísta Juan Andrés González acusa al presidente Noboa de estar detrás de la explosión en la Bahía de Guayaquil. También mencionó el caso de la venta fallida de un terreno en La Libertad que salpica al alcalde del cantón, Francisco Tamariz. 

Las alertas previas al caso Caja Chica

La investigación del caso Caja Chica es penal. Pero la Revolución Ciudadana ya había enfrentado, antes, un proceso en la vía electoral por el financiamiento de su campaña de 2023 y otro en la Asamblea Nacional.

• El TCE admite una denuncia

El 5 de noviembre de 2025, la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, presentó una denuncia contra Luisa González y otros integrantes de la Revolución Ciudadana ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), el órgano resuelve infracciones electorales.

La denuncia incluyó a Maryuri Karina Zambrano Villaprado, responsable del manejo económico de la dignidad de asambleístas nacionales de la RC; Francisco Alejandro Hidalgo Franco, jefe de campaña del movimiento; y ex asambleístas, como Pierina Correa. 

Atamaint los acusa de una presunta infracción relacionada con el financiamiento de la política y el gasto electoral en las elecciones anticipadas de 2023, que consta en el artículo 281 numeral 1 del Código de la Democracia.

Ese artículo sanciona a responsables económicos y organizaciones políticas que no presenten los informes de cuentas, los montos de los aportes, la naturaleza y origen de los fondos, el listado de contribuyentes y los respaldos de ingresos y egresos —GK verificó que en el informe publicado en el TCE no hay montos ni tampoco específica las irregularidades. 

El juez Richard González admitió la denuncia el 28 de noviembre de 2025 y convocó a una audiencia el 7 de enero de 2026.

Desde finales de noviembre de 2025, el TCE había intentado citar a González, pero no logró ubicarla. Las direcciones entregadas por el CNE no coincidían con el lugar donde vivía la excandidata presidencial.

Por eso, Lizbeth Chamorro, funcionaria del TCE, aprovechó la convención nacional de la Revolución Ciudadana, que fue el 17 y 18 de enero de 2026 en Manta, provincia costera de Manabí, para intentar notificarla.

Ese día, según el informe del TCE, Chamorro se identificó e intentó entregarle los documentos, pero González se negó a recibirlos y “personas de su entorno la apartaron”. 

El 23 de enero de 2026, González y su abogado presentaron un escrito ante el TCE en el que pidieron la nulidad de la citación. La notificadora “se acercó a mi persona bajo el pretexto de tomarse una foto y que me citó en ese momento, lo cual no es verdad, porque no recibí ninguna documentación referente a esta causa”, escribió González.

La jueza del TCE, Ivonne Coloma, expresó su preocupación por estas conductas, que —según ella— podrían estar orientadas a obstaculizar el desarrollo de un proceso jurisdiccional.

• Fiscalización en la Asamblea Nacional 

El 5 de enero de 2026, la asambleísta de Acción Democrática Nacional (ADN), Valentina Centeno, anunció que su bancada abriría un proceso de fiscalización contra la Revolución Ciudadana por presuntas irregularidades en el financiamiento de la campaña de las elecciones de 2023.

El pronunciamiento ocurrió dos días después de que Nicolás Maduro fuera detenido durante un operativo en Caracas, capital de Venezuela.

Ese mismo mes, el asambleísta de ADN, Adrián Castro, dijo en el Pleno que existirían “tentáculos” del régimen de Maduro operando en Ecuador a través de mecanismos financieros y aportes políticos, que deben ser investigados. 

El Consejo de Administración Legislativa (CAL), con mayoría oficialista, dispuso que la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social iniciara un proceso de fiscalización sobre los hechos relacionados con el presunto financiamiento de la RC. 

La Comisión, presidida por la asambleísta oficialista Diana Jácome, se reunió el 14 de enero de 2026 y anunció que pediría información al CNE sobre el financiamiento de la campaña electoral de la Revolución Ciudadana, debido a “hechos relacionados con el presunto financiamiento irregular de la organización política”.

Jácome dijo que el proceso no constituye una “persecución política”, sino que “o que se busca es transparentar los fondos utilizados en campañas electorales y saber si detrás de ese financiamiento está un gobierno que hizo tanto daño a millones de venezolanos que tuvieron que salir de su patria, o un delincuente que hoy se encuentra en Estados Unidos enfrentando cargos ante la justicia”.

Desde la bancada de la RC, el asambleísta Guido Mendoza dijo que se trata de una persecución y un acoso político contra el movimiento, que —según dijo— se mantiene desde hace nueve años. 

El proceso aún continúa siendo fiscalizado en la comisión.