El juez anticorrupción Jairo García Mosquera tiene a su cargo el caso Goleada, que indaga un presunto esquema de delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria. En este proceso está vinculado el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, junto a otras diez personas.
Como juez del caso Goleada, García acogió el pedido de la Fiscalía y dictó prisión preventiva para los implicados durante la formulación de cargos.
Su nombre no es nuevo; apareció en un expediente de alto perfil un año antes: en enero de 2025, su casa fue allanada por la Fiscalía dentro del caso Fachada, una investigación por presunta corrupción judicial vinculada a una organización criminal, que hasta febrero de 2026 continúa abierta.
Te contamos más sobre Jairo García Mosquera.
¿Cómo llegó a ser juez anticorrupción?
Jairo García llegó a la justicia anticorrupción tras el concurso que el Consejo de la Judicatura convocó en 2022 para integrar las primeras unidades especializadas en corrupción y crimen organizado.
El proceso, que duró cerca de cinco meses, buscaba seleccionar a 14 jueces para tres instancias creadas con el objetivo de enfrentar estos delitos. Las tres instancias son la unidad judicial, el tribunal penal y la corte provincial.
En total, 425 aspirantes participaron en el concurso. Tras etapas de evaluación, solo 36 llegaron a la fase final, que incluía una prueba de confianza para medir su nivel de riesgo o vulnerabilidad frente a redes criminales o estructuras de corrupción.
García obtuvo una calificación de 80 sobre 100. Ese puntaje no le alcanzó para ubicarse entre los 14 primeros seleccionados, por lo que quedó en la lista de elegibles, es decir, de aquellos que podrían reemplazar a los magistrados seleccionados en caso de que estos dejaran el cargo.
Así fue.
Tiempo después fue llamado para ocupar una vacante y así empezó a trabajar como juez anticorrupción.
Su vínculo con el caso Fachada
En enero de 2025, Jairo García fue incluido en el caso Fachada, una investigación por presunta delincuencia organizada y tráfico de influencias dentro del sistema judicial.
Según la Fiscalía, esa red habría estado integrada por jueces anticorrupción y abogados que habrían intentado beneficiar a familiares de un cabecilla del grupo criminal Comandos de la Frontera, una organización narco guerrillera de origen colombiano que opera en la frontera norte del Ecuador.
La investigación se habría originado tras una denuncia presentada en el Buzón de Transparencia de la Fiscalía. A partir de esa alerta, la Fiscalía abrió una investigación sobre posibles irregularidades en decisiones judiciales relacionadas con los hijos de Roberto Carlos Álvarez Vera, alias Gerente, señalado como líder del grupo criminal, extraditado desde Emiratos Árabes Unidos y recluido en la cárcel de El Encuentro desde enero de 2026
Los hijos de Roberto Álvarez estaban procesados por delincuencia organizada con fines de tráfico de drogas desde septiembre de 2023. La hipótesis fiscal es que jueces y abogados habrían intentado dejarlos en libertad.
Por ese caso, la madrugada del 16 de enero de 2025, la Fiscalía y la Policía hicieron 12 allanamientos en las provincias de Pichincha y Esmeraldas. Entre los investigados estaban los jueces anticorrupción Gabriela Lara, Christian Quito y Jairo García, así como los abogados Oswaldo Trujillo (abogado de Sebastián Barreiro, hijo de Verónica Abad y Grigson Cabeza, parte de la defensa de los procesados.
#AHORA | #CasoFachada: en el marco de una investigación por #DelincuenciaOrganizada, #TráficoDeInfluencias y otros delitos –que involucraría a jueces anticorrupción y abogados–, #FiscalíaEc y @PoliciaEcuador (Unidt) ejecutan allanamientos en #Pichincha y #Esmeraldas (desarrollo). pic.twitter.com/vHJZ5ewJKX
— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) January 16, 2025
La Fiscalía dijo que incautaron dinero, 18 celulares, 14 USB, 15 computadores y documentos que tendrían relación con los hechos investigados. El proceso se abrió por presuntos delitos de delincuencia organizada y tráfico de influencias.
A la par, el Consejo de la Judicatura abrió un proceso administrativo.
Su suspensión y su posterior restitución
Tras su vinculación en el caso Fachada, el 11 de junio de 2025, el Consejo de la Judicatura —organismo encargado, entre otras funciones, del control disciplinario de los jueces— suspendió por tres meses a Gabriela Lara, Christian Quito y Jairo García, los tres magistrados anticorrupción investigados.
Sin embargo, tres meses después, el 12 de septiembre de 2025, el pleno de la Judicatura resolvió restituirlos en sus cargos. La decisión se tomó con los votos a favor del presidente del organismo, Mario Godoy, y de la entonces vocal Yolanda Yupangui.
Godoy dijo entonces que la restitución no implicaba una resolución de fondo y que el proceso disciplinario continuaría. Otra de las vocales que integraba el pleno, Solanda Goyes, votó en contra y advirtió que la medida podía generar problemas jurídicos posteriores, “por tratarse de un caso de alta connotación”.
En enero de 2026, la Judicatura informó que el expediente disciplinario contra los jueces, incluido García, seguía en fase de sustanciación y que el plazo legal para resolverlo vencía el 14 de abril de 2026.
📄 | #ComunicadoOficial
— Consejo de la Judicatura (@CJudicaturaEc) January 20, 2026
Respecto al proceso disciplinario relacionado con servidores judiciales dentro del #CasoFachada, el @CJudicaturaEc informa a la ciudadanía. ⤵️ pic.twitter.com/uW9aOjNcFM
Cinco meses después de la restitución de los tres jueces, en febrero de 2026, el Consejo de la Judicatura (CJ), liderado por Damián Larco —hombre cercano al gobierno de Daniel Noboa— destituyó a los jueces Gabriela Lara y Christian Quito.
La vocal del CJ, Magaly Ruiz, presentó la moción para remover a ellos dos y para ratificar la inocencia del juez Jairo García. Su propuesta fue aprobada por unanimidad.
Para sustentarla, Ruiz expuso una línea de tiempo y leyó partes del expediente del caso Fachada. Según explicó, de ese proceso se desprendieron indicios de otros presuntos delitos en contra de Lara y Quito, entre ellos enriquecimiento ilícito, ya que no habrían podido justificar el dinero hallado durante los allanamientos a sus domicilios.
En contraste, Ruíz sostuvo que, de acuerdo con el expediente, en el operativo de enero de 2025 no se levantaron indicios contra Jairo García que permitieran iniciar un análisis individualizado en su contra. Por eso no solo no fue destituido, sino que el Pleno ratificó su inocencia dentro del proceso administrativo. Los vocales señalaron que esa decisión podría ser utilizada por el juez en un eventual proceso penal como parte de su defensa.
Hasta febrero de 2026, el caso Fachada continúa en etapa de investigación previa.
Su participación en el caso Goleada
Cinco meses después de su restitución, Jairo García pasó a ser juez del caso Goleada, el proceso por presunta delincuencia organizada que involucra al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez.
La participación de García en el caso escaló el 26 de febrero de 2026, cuando el presidente Daniel Noboa hizo pública su “solidaridad” con el juez. El pronunciamiento ocurrió después de que en redes sociales circularan publicaciones —difundidas desde cuentas anónimas y plataformas digitales afines al gobierno— que incluían un audio en el que, supuestamente, el alcalde de Guayaquil lo habría amenazado.
“Me solidarizo con el juez García por las amenazas recibidas y he dispuesto al Ministerio del Interior que realice el Análisis de Riesgo Personal y brinde toda la seguridad necesaria para que pueda actuar en derecho, con independencia y sin presiones”, escribió el Presidente en su cuenta de X.
Me solidarizo con el juez García por las amenazas recibidas y he dispuesto al Ministerio de Interior que realice el Análisis de Riesgo Personal y brinde toda la seguridad necesaria para que pueda actuar en derecho, con independencia y sin presiones. https://t.co/xGcyL4Ikij
— Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) February 26, 2026
El audio se difundió acompañado de un texto que afirmaba que la supuesta amenaza habría ocurrido al finalizar una audiencia de hábeas corpus solicitada por el alcalde y que estaría relacionada con la vinculación de alias Gerente, líder de Comandos de la Frontera, a un caso no especificado.
Sin embargo, las publicaciones no precisan a qué audiencia ni a qué proceso se refieren. Además, el audio no ha sido periciado ni atribuido oficialmente a Álvarez.
El abogado del alcalde, Ramiro García, sostuvo que esa versión no coincide con los hechos. Aseguró que Álvarez no ha presentado ningún recurso de hábeas corpus ni ha participado en una audiencia en la que pudiera haber emitido esa amenaza.
Tras la circulación de estas publicaciones, el Consejo de la Judicatura dispuso medidas urgentes de protección para García. El Pleno solicitó al Ministerio del Interior el refuerzo de su seguridad y autorizó que el juez cumpla sus funciones bajo la modalidad de teletrabajo.
El analista político Pedro Donoso señala que la detención de Álvarez ocurre en un contexto político marcado por procesos transitorios —como la designación de autoridades judiciales y un juicio político en curso— y por reformas impulsadas por el Ejecutivo en áreas como energía, minería y gasto de los GAD.
Según Donoso, la investigación del caso Goleada podría desgastar al gobierno, ya que Álvarez tenía a finales de enero de 2026 una valoración positiva del 53% según la encuestadora CIEES.
Sin embargo, en la lógica de la realpolitik —el concepto de la política de lo posible y del cálculo de poder—, dice Donoso, es una estrategia de presión para todos los que pretendan ser sus opositores. “La estrategia de instaurar miedo puede ser rentable para el gobierno. No habrá autoridad u opositor que se atreva a cuestionar al gobierno y de esa manera es más fácil acumular poder y revertir lo primero”, dice Donoso
El juez García continúa al frente del caso Goleada y, al mismo tiempo, sigue vinculado a la investigación previa del caso Fachada.
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