Una defensa gastada en medio de nuevas acusaciones

Con la barba recién delineada y la espalda rígida como un maniquí, Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, camina hacia el podio que está al costado derecho del pleno de la Asamblea Nacional. Avanza como si fuera una procesión: cuatro personas lo resguardan; una es su hombre de seguridad. Durante el trayecto de no más de diez segundos, Godoy evita mirar a su derecha. Ahí están sentados —cómodos, en silencio— los asambleístas de la Revolución Ciudadana (RC) —antes sus aliados, hoy sus enemigos.

Llega al podio de madera oscura con unas hojas en la mano. Lee los saludos protocolarios y, solo entonces, empieza una comparecencia que se extenderá durante una hora y 18 minutos. Debe explicar por qué le salpica la denuncia del juez anticorrupción Carlos Serrano, quien habría sido presionado por un “alto funcionario” de la Judicatura para torcer una sentencia a favor del narcotraficante serbio Jezdimir Srdan. Godoy nunca dirá el nombre del funcionario, aunque muy bien se sabe que es Henry Gaibor, su mano derecha. 

Aunque estaba convocada para las 10 de la mañana, la comparecencia empieza casi dos horas después. Como si Acción Democrática Nacional (ADN), el movimiento oficialista, se empeñara en estirar lo inevitable: que hable y responda por las acusaciones de interferir en los fallos judiciales, como el de la jueza Nubia Vera.

Parecería que sus asambleístas quisieran darle más tiempo del que ya tuvo desde el 21 de diciembre de 2025, cuando lo convocaron a rendir cuentas en el Legislativo. 

Y aunque era una intervención esperada, ADN decide empezar por otro tema, cambiando el orden del día. Sus asambleístas hablan de empatía, con frases trilladas y repetidas, y se solidarizan con los venezolanos que vivieron bajo la dictadura de Nicolás Maduro. Lucía Jaramillo, con la voz entrecortada, dice que hace suya la primera estrofa del himno de Venezuela. Andrés Guschmer dice que no quiere politizar el tema en una evidente politización. 

Pero la estrategia de ADN tiene un segundo fondo más áspero, casi intimidante, dirigido a la RC. En las intervenciones mencionan los vínculos del ex presidente Rafael Correa con Maduro, detenido y acusado por Estados Unidos de narcoterrorista. Y justo allí se revela la intención del cambio del orden del día: el movimiento oficialista dispone que la Comisión de Soberanía de la Asamblea empiece un proceso de fiscalización al financiamiento de campaña de la RC. 

No todos tienen la sensibilidad de Jaramillo ni la templanza de Guschmer; Andrés Castillo elige la ironía y dice viendo a sus colegas de la RC: “Y le agarraron al chancho que daba manteca”. No lo menciona, pero todos saben, se refiere a Maduro, detenido en Nueva York. 

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A las 12:40 del día, con terno azul oscuro, camisa blanca y corbata lila, Godoy se acomoda en el podio.

No es una escena frecuente. Hay pocos personajes que, como él, han estado cerca de los movimientos políticos más influyentes del país en tan poco tiempo, y les ha tocado comparecer en el Legislativo. Él decide hacerlo en bloques. 

Hoy, los correístas lo apuntan con el filo de la navaja y exigen su renuncia, pero olvidan que Godoy ocupa la Presidencia de la Judicatura gracias a las maniobras de los consejeros correístas de la Liga Azul. Fue ese grupo en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), el que lo eligió en julio de 2024, según lo revelaron los propios chats de Augusto Verduga, consejero de la Liga Azul.

Hoy, los correístas repudian su alineación con el oficialismo. Una cercanía que se expuso cuando intentó impedir que la entonces vicepresidenta Verónica Abad regresara a su cargo, tras un sumario administrativo del Ministerio de Trabajo que carecía de sustento. La jueza del caso, Nubia Vera, lo acusó de presiones para que fallara contra Abad.

Por eso, antes de la comparecencia, la asambleísta correísta Viviana Veloz dijo con rabia contenida que ADN es una “recicladora de cuadros con traidores de la RC”. En la rueda de prensa, a las 9 y 20 de la mañana, advirtió que Godoy “montará un sainete” para sostenerse en el cargo, como si olvidara lo que hizo la RC para que él esté ahí.

“Vengo a dar la cara ante tanta infamia y relatos que tienen un solo objetivo”, dice Godoy enérgico, como si su presencia ahí fuera un error. Y para convencerse —o convencer— de que lo es, avanza en una lectura rápida de todo lo que, insiste, no hace la Judicatura: no decide sentencias, no influye en fallos, no investiga delitos, no asigna ni retira seguridad policial. 

Detrás de él, su hombre de seguridad  —de negro, gafas oscuras— recoge las hojas que Godoy le entrega, sin mirarlo, tras leerlas.

La “infamia” de la que habla es lo que desencadenó una columna del abogado Felipe Rodríguez, publicada en diciembre de 2025 en el medio Primicias. En ella escribió que el juez anticorrupción Carlos Serrano había sido presionado y amenazado para fallar a favor de un narcotraficante en el caso Euro2024, una investigación por lavado de activos con vínculos con el narcotráfico.

Rodríguez dijo que el principal involucrado, Jezdimir Srdan, habría amenazado de muerte a Serrano durante la lectura de la sentencia en la audiencia de juicio, y que al juez le retiraron la seguridad tras el fallo, por no someterse a las presiones. Según Rodríguez, Serrano renunció, pero la Judicatura se negó a aceptar su salida porque, dijo, no querían que dejara casos a su cargo, como Triple A. Este investiga la comercialización ilegal de combustible e involucra a Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, con quien el presidente Daniel Noboa mantiene una relación política tensa.

Luego de calificar de infamia los señalamientos, Godoy, de forma tajante, intenta desmentir que la Judicatura presionó a Serrano para que integrara el tribunal del caso Triple A. Levanta el brazo y sacude una hoja en el aire: es el acta de sorteo del 24 de julio de 2025. Dice que ese papel, que desde los curules es imposible leer, demuestra que el juez no fue impuesto.

“Es parte del circo político de quienes quieren enjuiciarme”, dice, sin nombrar a la Revolución Ciudadana, la bancada que el 29 de diciembre de 2025 presentó el pedido formal de juicio político en su contra.

Luego Godoy intenta defenderse sobre la acusación del juez Serrano de que le quitaron la seguridad. Dice que la Judicatura no la asigna, pero da cifras en un intento de mostrar que sí conoce del tema: 47 jueces tienen protección estatal; 19 están en Pichincha y de esos, 15 son jueces anticorrupción.

Y luego aborda la supuesta renuncia de Serrano que no fue aceptada. Dice que las renuncias no pueden ser automáticas porque se deben revisar los casos pendientes de los jueces. Serrano, insiste Godoy, tenía procesos abiertos de “alta complejidad”: delincuencia organizada, extorsión, secuestro y lavado de activos. 

De pronto, ya no alza la voz. 

Casi entre susurros, dice que hay algo que no se ha dicho: Serrano tiene pendiente escribir sentencias que solo dijo orales. “¿A quién beneficiaba?”, dice mientras gira su rostro hacia los asambleístas de la RC. Y está claro que ha olvidado cómo llegó por primera vez a su cargo.

Mario Godoy entra al pleno de la Asamblea Nacional. Fotografía del Flickr de la Asamblea Nacional.

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En el pleno, casi una hora después, los asambleístas de ADN están clavados en sus celulares, mientras Godoy se defiende de las demás acusaciones.

Apenas levantan la vista cuando Godoy menciona los audios que Andersson Boscán difundió en YouTube. En esas grabaciones, el entonces director provincial de la Judicatura, Henry Gaibor, le habría pedido al juez Carlos Serrano que le “ponga atención” al caso del serbio Jezdimir Srdan. “La publicación del audio generó un show total”, dice Godoy, quien luego de susurrar y poner en duda la transparencia de Serrano, vuelve a su tono desafiante. 

Se pregunta cómo el audio podría involucrarlo si ni siquiera lo nombran. No basta, dice Godoy, con que quien habla sea un funcionario de su entorno. No menciona que tenía una relación cercana con Gaibor y que, presuntamente, él pedía favores para un narcotraficante. 

Sobre el conflicto de intereses del que lo acusan porque su esposa fue abogada del narcotraficante, decide responder con cifras. Desde que empezó su administración, dice, la Judicatura ha sancionado a 26 funcionarios involucrados en casos como Metástasis, Purga y Plaga. 

Godoy no solo se defiende sino que intenta contar cómo le han afectado las acusaciones.

Habla de abogados y líderes de opinión que, asegura, lo han atacado “de forma encarnizada” para satanizar el libre ejercicio profesional. 

Pablo Encalada. Ramiro García. Felipe Rodríguez. Washington Andrade. Solanda Goyes. María Paula Romo. Diego Ordóñez. Sanmo Macías. 

“Me han vuelto a atacar con la trama de los hermanos Larrea”, dice, en referencia a dos narcotraficantes a quienes Godoy defendió en 2014. Parecería que para el presidente del máximo órgano de administración de la justicia del país, no hay conflicto de intereses porque no fue su abogado penal, sino administrativo. Los Larrea, tampoco lo menciona, son sus ex cuñados.  

Luego, en su intento por cambiar el relato, defiende a su esposa, Dolores Vintimilla. 

Reconoce que fue abogada de Jezdimir Srdan durante la investigación previa. Insiste que fue antes de que él sea Presidente de la Judicatura. 

“A mi esposa y a mí nos han lapidado públicamente sin misericordia, con historias falsas, modificando la narrativa”. 

En su intento de que todos se olviden por qué está ahí, dice que ha recibido presiones de la RC. Según Godoy, el 20 de diciembre de 2025 un supuesto mensajero, con nexos con la RC, contactó por chat a uno de sus asesores. El mensaje ofrecía bajar la presión política si se difería la audiencia del caso Triple A. Ese mismo mensajero del que nunca dio nombre ni pistas, le habría adelantado que los audios entre Gaibor y Serrano se publicarían el 22 de diciembre.

Para cerrar, Godoy agradece la recomendación del presidente Daniel Noboa de que renuncie y dice que la evaluará. “Dentro del procedimiento del juicio político pido que se me permita acudir ante la Comisión de Fiscalización para defender mi honor. Que quede claro en el país quiénes están detrás de tomarse la justicia”.

Los papeles se acabaron. Su agente de seguridad los guarda en una carpeta y sale detrás de Godoy que, con la rigidez de un maniquí, sale del salón. 

El pleno se queda en silencio.