La investigación por presiones a un juez anticorrupción, explicada

El 18 de diciembre de 2025, la Fiscalía abrió una investigación por el presunto delito de tráfico de influencias, luego de las amenazas y amedrentamientos que habría sufrido el juez anticorrupción Carlos Serrano. Las presiones habrían sido para que cambiara una decisión judicial en un caso de  lavado de activos.

Sería un nuevo caso de corrupción judicial que involucra al Consejo de la Judicatura, como ya pasó en los casos Metástasis y Purga, en los que se destaparon redes de delincuencia organizada dentro del sistema de justicia. Una columna del abogado penalista Felipe Rodríguez levantó la alerta.

“Hoy les traigo una historia que indigna y da asco, que nos permite entender por qué en este país cada vez son menos los jueces que se juegan por su patria”, escribió Rodríguez al iniciar el relato sobre el juez Serrano, cuya hoja de vida muestra una amplia experiencia en Derecho, con tres títulos de cuarto nivel, entre ellos una maestría en Derecho Penal con mención en criminalidad compleja, según la Senescyt.

Para comprender el caso de Serrano y las presuntas presiones, es necesario retroceder a septiembre de 2025. 

Ese mes, el Consejo de la Judicatura —con los votos de su presidente, Mario Godoy, y de la entonces vocal Yolanda Yupangui— levantó la suspensión a la jueza anticorrupción Gabriela Lara. Una fuente que pidió la reserva confirmó a GK que la Fiscalía había recibido una denuncia anónima de que Lara y otros dos jueces habrían intimidado a otros jueces para que fallaran a favor de un grupo de crimen organizado. La Judicatura abrió una acción disciplinaria y la suspendió del cargo de manera preventiva, por un período que podía ir de 30 a 90 días. 

Sin embargo, durante el proceso disciplinario no se habrían encontrado pruebas que la vincularan con los hechos denunciados, por lo que el Consejo resolvió restituirla.

Lara también es investigada en el caso Fachada, que indaga una presunta red de tráfico de influencias y otros delitos relacionados con corrupción que involucraría a jueces anticorrupción y abogados, según la Fiscalía. 

Una fuente le confirmó a GK que la Fiscalía recibió una denuncia de que Lara y otros dos jueces estaban intimidad a otros jueces para fallar a favor de la delincuencia organizada. La Fiscalía allanó. El consejo abrió una investigacióni disciplinaria y suspendió el cargo, que puede ser de 30 hasta 90 días. Pero en la investigación del disciplinario, no encontraron nada que la involucrada en el caso. 

También en septiembre de 2025, según diario Expreso, la jueza Lara, ya en funciones, tomó a cargo el caso denominado Euro 2024. Este investiga el presunto lavado de activos, cuyo delito precedente es el tráfico de drogas. En este proceso fueron detenidas tres personas, entre ellas el ciudadano serbio Jezdimir Srdan.

Según una publicación de la Fiscalía, las actividades ilícitas de Srdan se remontan a 2013, cuando llegó al país desde España. En 2014 fue investigado por tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización y, en 2015, tras un proceso de seguimientos y vigilancias, se le incautaron 153 kilos de cocaína. Por ese hecho fue condenado a 17 años y cuatro meses de prisión.

Sin embargo, Srdan logró reducir su condena a 10 años mediante una acción de garantías penitenciarias y recuperó su libertad en 2018, tras haber cumplido apenas cuatro años de cárcel. Según una investigación de Connectas, el entonces juez Christian Roca ordenó su prelibertad bajo el argumento de que el sentenciado ya había cumplido las dos quintas partes de la pena, que se encontraba en área de mínima seguridad y que cumplía méritos de rehabilitación.

Una vez libre, constituyó una compañía junto a su pareja y, desde 2020, habría recibido transferencias desde Alemania por un monto aproximado de 1,7 millones de dólares. 

Según la investigación fiscal, a través de la creación de empresas y la adquisición de bienes en Guayaquil, Santa Elena y Cuenca, Srdan habría movido recursos para darles apariencia de legalidad. Las investigaciones de la Fiscalía —que contaron con asistencia penal internacional de Alemania— revelaron que lideró operaciones ilícitas entre 2020 y 2021, contaminando contenedores con cocaína con destino a Europa, principalmente a Bélgica.

El tribunal encargado de juzgar el caso Euro 2024, además de Lara, estuvo conformado por los jueces Carlos Serrano y Christian Fierro. Ambos fueron designados en 2022 como parte de los 14 jueces de la Unidad Especializada para el Juzgamiento de Delitos de Corrupción y Crimen Organizado, en Quito, tras ganar un concurso público de méritos y oposición. Serrano obtuvo una calificación de 86,95 sobre 100 y Fierro, 83,35.

En noviembre de 2025, la Fiscalía fijó fecha para la audiencia de juicio. A inicios de ese mes ocurrió un hecho que estaría vinculado con las amenazas contra Serrano: la Policía desactivó un coche bomba en la parte posterior del Complejo Judicial Norte, a pocos metros de los despachos de los jueces anticorrupción. El artefacto contenía explosivos y tres bombonas de gas. 

Esa no habría sido la única amenaza previa al fallo judicial. Rodríguez, en su columna, escribió que Serrano fue víctima de “una serie de extraños movimientos de un alto funcionario del Consejo de la Judicatura”. Pero no dijo el nombre.  

Según el abogado, al juez “le solicitaron reunirse con personas extrañas fuera de su lugar de trabajo y, al negarse, le transmitieron un mensaje: ‘prestar especial atención a la defensa del extranjero’”, lo que —entre líneas— implicaba una solicitud para absolver a Srdan en el caso de lavado de activos.

“Carlos (Serrano) se dio cuenta de que los tentáculos del crimen ya se habían apoderado del Consejo de la Judicatura, por lo que decidió grabarlo todo (sí, está todo grabado)”, escribió Rodríguez.

El 20 de noviembre de 2025, los jueces Serrano y Fierro acogieron la tesis de la Fiscalía que sostuvo que al menos 11 millones de dólares se movieron ilícitamente en Ecuador con la participación de Srdan. En cambio, la jueza Lara —restituida en el cargo por el Consejo de la Judicatura tres meses antes— votó por ratificar la inocencia de Srdan, al considerar que los bienes investigados tenían origen lícito.

Srdan fue sentenciado a 10 años de prisión por lavado de activos vinculado al narcotráfico. 

Según el relato de Rodríguez, mientras escuchaba la sentencia, Srdan se pasó el dedo índice por la garganta de un extremo a otro, un gesto que, en la jerga del crimen organizado, se interpreta como una amenaza de muerte.

Ante las reiteradas intimidaciones, Serrano pidió refuerzos de seguridad —él ya tenía seguridad de la Policía. Sin embargo, el 2 de diciembre de 2025, la Unidad Nacional de Protección de la Policía le retiró el resguardo: los dos policías que lo acompañaban, le mostraron un oficio en el que les ordenaron que dejaran de hacerlo.

Al siguiente día, Serrano pidió a la Judicatura que le restituyeran la seguridad. Pero no le contestaron, según un informe oficial que difundió el canal Ecuavisa. El 4 de diciembre, el juez presentó su renuncia. Pero la Judicatura no la ha aceptado hasta el 19 de diciembre. Según Rodríguez, la institución “quiere obligarlo a integrar el tribunal del caso Triple A el 24 de diciembre”, del que Serrano también es parte del tribunal. 

El caso Triple A investiga una presunta red dedicada a la comercialización ilegal de combustibles —gasolina y diésel— en la que está procesado el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, con quien el presidente Daniel Noboa mantiene una relación política conflictiva.

La denuncia de Serrano salpica a Mario Godoy 

Este caso también alcanza al presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy. Tras hacerse pública la denuncia de posibles presiones contra  el juez Serrano, se conoció que la abogada Dolores Vintimilla —esposa de Godoy— había patrocinado al serbio en el proceso por lavado de activos en 2024.

El 18 de diciembre, Vintimilla difundió un comunicado en su cuenta de X en el que señaló: “Tomé el patrocinio por lavado de activos; sin embargo, a partir del mes de noviembre de 2024 decidí dejar de ejercer el patrocinio de varias causas, debido a que ese mismo mes contraje matrimonio con quien hoy ostenta el cargo de presidente del Consejo de la Judicatura”.

Vintimilla afirmó que jamás participó en audiencias dentro de ese proceso y que su intervención se limitó a la etapa de investigación previa.

Ese mismo día, Mario Godoy también publicó un comunicado. No se refirió a la participación de su esposa en el caso, pero sí a la denuncia presentada por el juez Carlos Serrano de que le quitaron la seguridad. 

“La decisión de asignar o retirar seguridad personal no corresponde al Consejo de la Judicatura; es competencia exclusiva de otra institución, en función de los informes técnicos de evaluación de riesgo”, escribió Godoy.

Godoy explicó que el 3 de diciembre de 2025 el juez Serrano envió un correo a la Dirección Provincial de Pichincha de la Judicatura en el que se indicaba que el análisis de riesgo emitido por el Ministerio del Interior había vencido el 30 de septiembre de 2025 y que, tras una nueva evaluación, se determinó un nivel de riesgo medio (38 %), lo que —según ese informe— no justificaba la asignación de resguardo personal para Serrano. 

Pero, dijo Godoy, la Judicatura actuó “con responsabilidad” y, mediante un oficio del 8 de diciembre, gestionó de forma inmediata y urgente una nueva solicitud de seguridad. Según el comunicado, Serrano habría solicitado acogerse a la modalidad de teletrabajo. La petición fue aprobada, dijo Godoy.

Sin embargo, en un informe enviado el 17 de diciembre de 2025 por Serrano a la Judicatura dijo que no trabajará desde ese día  porque “se está poniendo en peligro mi vida e integridad al obligarme a continuar con las labores jurisdiccionales, fuente de mi situación de peligro, sin ningún tipo de resguardo personal”. 

Sobre la renuncia de Serrano presentada el 4 de diciembre, Godoy dijo que no ha sido aceptada por el Pleno del Consejo de la Judicatura porque el juez mantiene a su “cargo causas consideradas de conmoción social, en las que aún debe emitir sentencias por escrito”.

Esta no es la primera vez que Godoy se ve involucrado en denuncias por presuntas presiones a jueces. 

El 23 de diciembre de 2024, la jueza Nubia Vera denunció que había sido presionada y amenazada por Godoy y por otros dos funcionarios de la Judicatura. Según Vera, las presiones buscaban que negara una acción de protección con la que la vicepresidenta Verónica Abad pretendía dejar sin efecto una sanción que el Ministerio del Trabajo le había impuesto por “abandono injustificado de trabajo”.

Ese caso denominado Pendrive permanece, hasta ahora, en fase de investigación previa.

En medio de este nuevo escenario, el presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, pidió la comparecencia de Mario Godoy ante el Pleno del Legislativo debido a la “preocupación ciudadana” que ha generado la denuncia del juez Serrano.