Las presiones a un juez anticorrupción que salpican a Mario Godoy, explicadas

El 18 de diciembre de 2025, la Fiscalía abrió una investigación por el presunto delito de tráfico de influencias, luego de las amenazas y amedrentamientos que habría sufrido el juez anticorrupción Carlos Serrano. Las presiones habrían sido para que cambiara una decisión judicial en un caso de  lavado de activos.

Sería un nuevo caso de corrupción judicial que involucra al Consejo de la Judicatura, como ya pasó en los casos Metástasis y Purga, en los que se destaparon redes de delincuencia organizada dentro del sistema de justicia. Y salpica al presidente de la institución, Mario Godoy.

Una columna del abogado penalista Felipe Rodríguez levantó la alerta.

“Hoy les traigo una historia que indigna y da asco, que nos permite entender por qué en este país cada vez son menos los jueces que se juegan por su patria”, escribió Rodríguez al iniciar el relato sobre el juez Serrano, cuya hoja de vida muestra una amplia experiencia en Derecho, con tres títulos de cuarto nivel, entre ellos una maestría en Derecho Penal con mención en criminalidad compleja, según la Senescyt.

Para comprender el caso de Serrano y las presuntas presiones, es necesario retroceder a septiembre de 2025. 

Ese mes, el Consejo de la Judicatura —con los votos de su presidente, Mario Godoy, y de la entonces vocal Yolanda Yupangui— levantó la suspensión a la jueza anticorrupción Gabriela Lara. Una fuente que pidió la reserva confirmó a GK que la Fiscalía había recibido una denuncia anónima de que Lara y otros dos jueces habrían intimidado a otros jueces para que fallaran a favor de un grupo de crimen organizado. La Judicatura abrió una acción disciplinaria y la suspendió del cargo de manera preventiva, por un período que podía ir de 30 a 90 días. 

Sin embargo, durante el proceso disciplinario no se habrían encontrado pruebas que la vincularan con los hechos denunciados, por lo que el Consejo resolvió restituirla.

Lara también es investigada en el caso Fachada, que indaga una presunta red de tráfico de influencias y otros delitos relacionados con corrupción que involucraría a jueces anticorrupción y abogados, según la Fiscalía. 

También en septiembre de 2025, según diario Expreso, la jueza Lara, ya en funciones, tomó a cargo el caso denominado Euro 2024. Este investiga el presunto lavado de activos, cuyo delito precedente es el tráfico de drogas. En este proceso fueron detenidas tres personas, entre ellas el ciudadano serbio Jezdimir Srdan.

Según una publicación de la Fiscalía, las actividades ilícitas de Srdan se remontan a 2013, cuando llegó al país desde España. En 2014 fue investigado por tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización y, en 2015, tras un proceso de seguimientos y vigilancias, se le incautaron 153 kilos de cocaína. Por ese hecho fue condenado a 17 años y cuatro meses de prisión.

Sin embargo, Srdan logró reducir su condena a 10 años mediante una acción de garantías penitenciarias y recuperó su libertad en 2018, tras haber cumplido apenas cuatro años de cárcel. Según una investigación de Connectas, el entonces juez Christian Roca ordenó su prelibertad bajo el argumento de que el sentenciado ya había cumplido las dos quintas partes de la pena, que se encontraba en área de mínima seguridad y que cumplía méritos de rehabilitación.

Una vez libre, constituyó una compañía junto a su pareja y, desde 2020, habría recibido transferencias desde Alemania por un monto aproximado de 1,7 millones de dólares. 

Según la investigación fiscal, a través de la creación de empresas y la adquisición de bienes en Guayaquil, Santa Elena y Cuenca, Srdan habría movido recursos para darles apariencia de legalidad. Las investigaciones de la Fiscalía —que contaron con asistencia penal internacional de Alemania— revelaron que lideró operaciones ilícitas entre 2020 y 2021, contaminando contenedores con cocaína con destino a Europa, principalmente a Bélgica.

El tribunal encargado de juzgar el caso Euro 2024, además de Lara, estuvo conformado por los jueces Carlos Serrano y Christian Fierro. Ambos fueron designados en 2022 como parte de los 14 jueces de la Unidad Especializada para el Juzgamiento de Delitos de Corrupción y Crimen Organizado, en Quito, tras ganar un concurso público de méritos y oposición. Serrano obtuvo una calificación de 86,95 sobre 100 y Fierro, 83,35.

En noviembre de 2025, la Fiscalía fijó fecha para la audiencia de juicio. A inicios de ese mes ocurrió un hecho que estaría vinculado con las amenazas contra Serrano: la Policía desactivó un coche bomba en la parte posterior del Complejo Judicial Norte, a pocos metros de los despachos de los jueces anticorrupción. El artefacto contenía explosivos y tres bombonas de gas. 

Esa no habría sido la única amenaza previa al fallo judicial. Rodríguez, en su columna, escribió que Serrano fue víctima de “una serie de extraños movimientos de un alto funcionario del Consejo de la Judicatura”. No dijo el nombre. Pero más adelante se reveló que ese “alto funcionario” era Henry Gaibor, entonces director provincial de la Judicatura de Pichincha.  

Según el abogado, al juez “le solicitaron reunirse con personas extrañas fuera de su lugar de trabajo y, al negarse, le transmitieron un mensaje: ‘prestar especial atención a la defensa del extranjero’”, lo que —entre líneas— implicaba una solicitud para absolver a Srdan en el caso de lavado de activos.

“Carlos (Serrano) se dio cuenta de que los tentáculos del crimen ya se habían apoderado del Consejo de la Judicatura, por lo que decidió grabarlo todo (sí, está todo grabado)”, escribió Rodríguez.

El 20 de noviembre de 2025, los jueces Serrano y Fierro acogieron la tesis de la Fiscalía que sostuvo que al menos 11 millones de dólares se movieron ilícitamente en Ecuador con la participación de Srdan. En cambio, la jueza Lara —restituida en el cargo por el Consejo de la Judicatura tres meses antes— votó por ratificar la inocencia de Srdan, al considerar que los bienes investigados tenían origen lícito.

Srdan fue sentenciado a 10 años de prisión por lavado de activos vinculado al narcotráfico. 

Según el relato de Rodríguez, mientras escuchaba la sentencia, Srdan se pasó el dedo índice por la garganta de un extremo a otro, un gesto que, en la jerga del crimen organizado, se interpreta como una amenaza de muerte.

Ante las reiteradas intimidaciones, Serrano pidió refuerzos de seguridad —él ya tenía seguridad de la Policía. Sin embargo, el 2 de diciembre de 2025, la Unidad Nacional de Protección de la Policía le retiró el resguardo: los dos policías que lo acompañaban, le mostraron un oficio en el que les ordenaron que dejaran de hacerlo.

Al siguiente día, Serrano pidió a la Judicatura que le restituyeran la seguridad. Pero no le contestaron, según un informe oficial que difundió el canal Ecuavisa. El 4 de diciembre, el juez presentó su renuncia. Pero la Judicatura no la ha aceptado hasta el 19 de diciembre. Según Rodríguez, la institución “quiere obligarlo a integrar el tribunal del caso Triple A el 24 de diciembre”, del que Serrano también es parte del tribunal. 

El caso Triple A investiga una presunta red dedicada a la comercialización ilegal de combustibles —gasolina y diésel— en la que está procesado el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, con quien el presidente Daniel Noboa mantiene una relación política conflictiva.

La denuncia de Serrano salpica a Mario Godoy 

Este caso también alcanza al presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy. Tras hacerse pública la denuncia de posibles presiones contra  el juez Serrano, se conoció que la abogada Dolores Vintimilla —esposa de Godoy— había patrocinado al serbio en el proceso por lavado de activos en 2024.

El 18 de diciembre, Vintimilla difundió un comunicado en su cuenta de X en el que señaló: “Tomé el patrocinio por lavado de activos; sin embargo, a partir del mes de noviembre de 2024 decidí dejar de ejercer el patrocinio de varias causas, debido a que ese mismo mes contraje matrimonio con quien hoy ostenta el cargo de presidente del Consejo de la Judicatura”.

Vintimilla afirmó que jamás participó en audiencias dentro de ese proceso y que su intervención se limitó a la etapa de investigación previa.

Ese mismo día, Mario Godoy también publicó un comunicado. No se refirió a la participación de su esposa en el caso, pero sí a la denuncia presentada por el juez Carlos Serrano de que le quitaron la seguridad. 

“La decisión de asignar o retirar seguridad personal no corresponde al Consejo de la Judicatura; es competencia exclusiva de otra institución, en función de los informes técnicos de evaluación de riesgo”, escribió Godoy.

Godoy explicó que el 3 de diciembre de 2025 el juez Serrano envió un correo a la Dirección Provincial de Pichincha de la Judicatura en el que se indicaba que el análisis de riesgo emitido por el Ministerio del Interior había vencido el 30 de septiembre de 2025 y que, tras una nueva evaluación, se determinó un nivel de riesgo medio (38 %), lo que —según ese informe— no justificaba la asignación de resguardo personal para Serrano. 

Pero, dijo Godoy, la Judicatura actuó “con responsabilidad” y, mediante un oficio del 8 de diciembre, gestionó de forma inmediata y urgente una nueva solicitud de seguridad. Según el comunicado, Serrano habría solicitado acogerse a la modalidad de teletrabajo. La petición fue aprobada, dijo Godoy.

Sin embargo, en un informe enviado el 17 de diciembre de 2025 por Serrano a la Judicatura dijo que no trabajará desde ese día  porque “se está poniendo en peligro mi vida e integridad al obligarme a continuar con las labores jurisdiccionales, fuente de mi situación de peligro, sin ningún tipo de resguardo personal”. 

Sobre la renuncia de Serrano presentada el 4 de diciembre, Godoy dijo que no ha sido aceptada por el Pleno del Consejo de la Judicatura porque el juez mantiene a su “cargo causas consideradas de conmoción social, en las que aún debe emitir sentencias por escrito”.

Esta no es la primera vez que Godoy se ve involucrado en denuncias por presuntas presiones a jueces. 

El 23 de diciembre de 2024, la jueza Nubia Vera denunció que había sido presionada y amenazada por Godoy y por otros dos funcionarios de la Judicatura. Según Vera, las presiones buscaban que negara una acción de protección con la que la vicepresidenta Verónica Abad pretendía dejar sin efecto una sanción que el Ministerio del Trabajo le había impuesto por “abandono injustificado de trabajo”.

Ese caso denominado Pendrive permanece, hasta ahora, en fase de investigación previa.

El 21 de diciembre de 2025, la Asamblea Nacional convocó a Godoy para que comparezca en el Pleno “ante la gravedad de las denuncias relacionadas con presuntas intromisiones en la administración de justicia”, según un comunicado del Legislativo. 

Además, estableció un plazo para que se presente: 8 días término —eso significa que solo se cuentan los días laborables en una semana en la que hay feriado por Navidad. El asambleísta de Acción Democrática Nacional, Andrés Castillo, impulsa el proceso de fiscalización. 

Al día siguiente, el 22 de diciembre, la asambleísta de la Revolución Ciudadana, Viviana Veloz, dijo en sus redes sociales que la bancada iba a presentar una solicitud de juicio político contra Godoy y también contra los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), aunque no precisó los nombres. Según Veloz, ellos deben responder por qué designaron a Godoy en el cargo.

Sin embargo, hasta el 23 de diciembre, todavía no presentaban la solicitud, confirmó a GK la asesora de Veloz. 

La filtración de audios que confirmaría la denuncia de Serrano

Aunque inicialmente no se había revelado el nombre del “alto funcionario” que habría presionado al juez Serrano, el 22 de diciembre, Andersson Boscán difundió los audios que Serrano había grabado. En ellos aparece una de las piezas clave del escándalo: la voz que se escucha correspondería a Henry Gaibor, director provincial de la Judicatura en Pichincha desde agosto de 2024.

El nombre de Gaibor no es nuevo. Es el mismo funcionario que en diciembre de 2024 fue señalado por la jueza Nubia Vera por supuestas presiones para que fallara en contra de la vicepresidenta Verónica Abad, en el denominado caso Pendrive.

Boscán explicó que las grabaciones corresponden al 10 de noviembre de 2025 y habrían sido hechas en el despacho de Gaibor, en el Complejo Judicial Norte, en Quito. Esa conversación ocurrió diez días antes de que se anunciara la sentencia contra el ciudadano serbio Jezdimir Srdan. 

Aunque en los audios no existe una orden explícita, sí se escuchan frases e insinuaciones. La conversación difundida empieza así:

— Juez Serrano: “En realidad no sé de qué caso es, entiendo que tenemos algunos casos de extranjeros”.

— Gaibor: “Yo dije: dame el número [número de proceso], me dijeron: es serbano” [en referencia al procesado serbio].

— Serrano: “Claro”.

— Gaibor: “El pedido como tal no me dijeron, así o asado, en absoluto. Que le ponga atención, que es una defensa muy particular, pero que esta persona podría delatar quién habría contaminado… Espero estar dando bien el mensaje” [en la jerga de crimen organizado, contaminar significa llenar de droga contenedores; además, precisa que alguien le pidió dar ese mensaje].

— Serrano: “Entiendo. Lo que corresponda a resolver, doctor”.

— Gaibor: “Solamente cumplo con pasarle el mensaje. Es un caso muy particular, es un tema que le han cogido por lavado de activos, pero en realidad es narcotráfico. O alguna cosa así. Pero sabe que soy medio malo para esto, puedo equivocarme en los términos. Solamente que le ponga un poco de atención al tema. Y nada más. Sé que ustedes revisan y lógicamente ven la necesidad del caso, pero me dijeron: un poquito más de atención a la defensa que habrían planteado en ese sentido” [es decir, que la resolución se base en lo que dijo la defensa].

Al día siguiente, el 11 de noviembre, Gaibor habría pedido a Sofía Carrillo, coordinadora de la Unidad Anticorrupción de la Judicatura, que le dijera a Serrano que acudiera a su despacho. En otro audio se escucha el siguiente intercambio:

— Carrillo: “Me dice el doc, el director [es decir, Gaibor], si es que está por aquí, si ya se desocupó, que suba un ratito”.

— Serrano: “Oiga, dígale que no”.

— Carrillo: “¿Solo le digo no?”.

— Serrano: “Es que no sé para qué”.

— Carrillo: “Me dijo que solo le dijera que por un tema de lo que hablaron ayer”.

Serrano se negó a acudir. Según los audios, Gaibor habría insistido y habría pedido a Carrillo que llamara nuevamente al juez, pero este volvió a rechazar la solicitud.

Horas después de que se filtraran los audios, el Pleno del Consejo de la Judicatura difundió un boletín en el que anunció dos resoluciones. La primera fue solicitar a la Fiscalía General del Estado que investigue las presuntas presiones al juez Carlos Serrano y los audios difundidos por Andersson Boscán, pese a que la Fiscalía ya había abierto una investigación previa el 18 de diciembre. 

La segunda fue pedir la renuncia inmediata del director provincial de la Judicatura en Pichincha, Henry Gaibor. 

Esa misma noche, el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, dio una entrevista en el programa digital A Última Hora. Allí afirmó que el caso respondería a un “embate personal” y anunció que en los próximos días solicitaría una licencia para preparar su comparecencia ante la Asamblea Nacional, que hasta el 23 de diciembre no tenía fecha fijada.

Consultado sobre su cercanía con Gaibor y sobre cómo el caso lo salpica directamente, Godoy afirmó que “Gaibor es una persona que tiene que responder por sus actuaciones”. Además, desacreditó el contenido de los audios al señalar que “básicamente son inaudibles” y evitó pronunciarse sobre ellos, argumentando que “posiblemente estos audios están dentro de una investigación previa y pronunciarse al respecto sería un problema”.

Godoy también sostuvo que Gaibor fue designado por el Pleno del Consejo de la Judicatura y no por él de manera individual. Y añadió que nunca ha pedido a nadie que interceda a favor o en contra de persona alguna y que su nombre no aparece mencionado en los audios difundidos.

Finalmente, aseguró que el intento de llevarlo a un juicio político responde a que la Revolución Ciudadana “quiere tomarse el CPCCS”. 

Esta afirmación contrasta con el hecho de que, inicialmente, Godoy contó con el respaldo de la Revolución Ciudadana para llegar al cargo: la primera vez que fue elegido para la Judicatura, en julio de 2024, integró una terna enviada por la Corte Nacional de Justicia y recibió el apoyo de la denominada Liga Azul en el CPCCS, cuyos vocales tenían vínculos con ese movimiento político.

Más adelante, su relación política se alineó con el oficialismo. En septiembre de 2025 fue designado presidente del Consejo de la Judicatura con los votos de los vocales del CPCCS afines al gobierno de Daniel Noboa —Jazmín Enríquez, David Rosero, Johanna Verdezoto y Andrés Fantoni.

El 23 de diciembre, la Judicatura aceptó la renuncia de Henry Gaibor y anunció que empezará acciones disciplinarias sobre el caso.