¿Hay elementos para sostener la denuncia de fraude de Luisa González?

La noche del 13 de abril de 2025, tres horas después de que se cerraran las urnas de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Ecuador, Luisa González, candidata de la alianza Revolución Ciudadana (RC)–RETO, denunció fraude y no reconoció los resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Para esa hora, cerca de las 8 de la noche, el organismo electoral le había dado la victoria a Daniel Noboa de Acción Democrática Nacional (ADN), quien tenía más de un millón de votos de diferencia.

La denuncia de fraude de Luisa González, sin embargo, no tiene fundamentos, según tres expertos consultados por GK. 

Te explicamos por qué. 

Los 7 motivos del presunto fraude y por qué no tienen fundamentos

El 14 de abril de 2025, un día después de la segunda vuelta, la Revolución Ciudadana publicó un comunicado de dos páginas titulado “Denuncia Pública Ante Fraude Electoral Masivo en las Elecciones Presidenciales de Ecuador”. En él reiteran el rechazo a los resultados por parte de Luisa González y “millones de ecuatorianos” por la “evidencia concluyente de fraude electoral sistemático”.

En el comunicado también exigen “que la prensa libre, embajadas y la comunidad internacional actúen urgentemente” ante la “grave violación a la democracia ecuatoriana” y una investigación inmediata e independiente sobre la reducción “inexplicable y selectiva de votos” a favor de González. 

Dan una lista de 7 motivos que respaldarían el presunto fraude:

1. Hubo decenas de actas oficiales sin firmas ni validez legal a favor de Noboa
2. Hubo un impedimento ilegal del uso de celulares en los recintos electorales bajo amenaza de multas
3. Diana Atamaint, presidenta del CNE, difundió “resultados preliminares favorables a Noboa antes de consolidarse oficialmente los resultados”
4. Hubo apagones inesperados en recintos, cierre anticipado de locales electorales y fallas técnicas en la transmisión electrónica
5. La excesiva presencia militar, según la RC, “impidió deliberadamente la labor de observadores independientes y encuestadores, limitando gravemente la transparencia del proceso electoral”
6. Tienen evidencia científica concluyente que demuestra la imposibilidad matemática de estos resultados oficiales
7. Miles de votantes identificados con RC5 fueron afectados por cambios repentinos e injustificados de sus lugares de votación

Expertos consultados por GK advierten que ninguno de los siete puntos se sostiene. Coinciden en que para poder comprobar si hubo el presunto fraude deben presentar pruebas contundentes de la presunta manipulación de voto, algo que la RC no ha hecho hasta el 15 de abril.

La razón 1, sobre las presuntas actas oficiales sin firmas, es improbable porque cada acta de escrutinio es firmada por los delegados de los movimientos políticos acreditados en el recinto. 

Según el CNE, la alianza RC-RETO tuvo 47.484 delegados acreditados en los recintos. La mañana del 15 de abril, Diana Atamaint dijo que no hay una sola petición en todo el país para que un acta sea revisada. 

Pamela León, experta en comunicación política, dice que si la RC estuvo presente en todas las juntas, “sus propios representantes validaron los resultados firmando las actas”. 

Además, recuerda que cada movimiento recibe una copia y que “una manipulación masiva implicaría no solo alterar documentos oficiales en masa, sino también que los delegados de la RC fueran negligentes, lo cual no ha sido denunciado ni probado”. 

La razón 2, que señala el impedimento de usar celulares “con el propósito expreso de impedir que los votantes pudieran demostrar gráficamente por quién votaron realmente” también está equivocada.

“Decir que el control del uso de celulares explica una diferencia de 1.1 millones de votos es absurdo”, opina Javier Rodríguez, analista de comportamiento electoral. 

El analista dice que es probable que la amplia diferencia entre ambos candidatos responda a la fuerza del voto anticorreísta. Además, dice que en provincias como Guayas, donde RC perdió apenas un 2% o El Oro, donde perdió mil votos, una parte de quienes votaron por González en primera vuelta, lo hicieron también en esta vuelta. 

Pamela León agrega que las restricciones al uso de celulares “no impiden la veeduría” y que como el escrutinio es público “cualquier persona puede observar el conteo. Lo que se prohíbe es fotografiar el voto en la urna, no el acta final”.

Además la prohibición del uso de celulares y cámaras sí es legal. Se dio tras una resolución del CNE del 13 de marzo que fue ratificada por la Corte Constitucional que determinó que la prohibición “no restringe ni limita el derecho al voto”.

Sobre la razón 3, de la acusación a Atamaint de difundir resultados preliminares para supuestamente influir en el voto a favor de Noboa, Pamela León explica que “en un balotaje, el elector no suele admitirse disonancias cognitivas”. Es decir, que no dejaría que su voto sea influenciado por un comentario de una autoridad.

León también cree que las declaraciones de una autoridad electoral pueden generar suspicacia si son anticipadas o imprecisas, pero que para afirmarlo, González debería comprobar con fundamentos esta supuesta manipulación. 

La declaración, opina la especialista en comunicación política, “pudo ser imprudente, pero no constituye evidencia de fraude ni altera, por sí sola, el resultado”.

El 13 de abril, según las publicaciones del CNE y la transmisión ininterrumpida, Diana Atamaint habló cinco veces durante la jornada electoral: a las 6:30 de la mañana para inaugurar las votaciones, a las 10 de la mañana para decir que más del 10% de los votantes ya había sufragado;  a la 1 de la tarde para decir que subieron a 41% de los votantes; a las 5 de la tarde, tras el cierre de urnas, dijo que hubo una participación del 83.76%, y pasadas las 8 de la noche, con más del 90% de actas procesadas, declaró una tendencia irreversible a favor de Noboa.

La razón 4 de la denuncia de fraude de Luisa González, sobre presuntos apagones, cierres anticipados de recintos y fallas en técnicas, tampoco tienen respaldo. 

Según los cinco reportes del CNE del 13 de abril, la jornada fue normal, y las observaciones internacionales de la OEA y de la Misión de la Unión Europea también destacaron la transparencia del proceso.

El CNE también le dijo a GK que, hasta el 15 de abril, no recibieron reportes de apagones, cierre anticipado de recintos o problemas en la transmisión.

La razón 5, sobre la “excesiva presencia militar que impidió deliberadamente la labor de observadores independientes y encuestadores” no se sostiene porque, según Pamela León, “en este caso no hay indicios de injerencia”. 

León dice que las Fuerzas Armadas tienen el mandato constitucional de custodiar el proceso electoral y que “su presencia es protocolaria y está regulada”. 

Además, dice, no hubo denuncias formales sobre obstrucción específica a observadores o votantes por parte de militares. También recalca que la Misión de Observación Electoral de la OEA dijo que confiaba en los resultados presentados por el CNE y rechazó el discurso de fraude.

Según el CNE, en la primera vuelta hubo 96.739 militares y policías resguardando el proceso electoral, mientras que en la segunda vuelta fueron 106.116. Un día antes de las elecciones, Daniel Noboa decretó estado de excepción en 6 provincias —Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y Sucumbíos—, el Distrito Metropolitano de Quito, el cantón Camilo Ponce Enríquez de la provincia del Azuay y las cárceles del país. ¿La razón? Grave conmoción interna. Esta medida fue criticada por organizaciones sociales por el aumento de militares en estas zonas del país. 

La razón 6, sobre la supuesta “evidencia científica concluyente que demuestra la imposibilidad matemática de estos resultados oficiales” no tiene pruebas que las sostengan presentadas por la RC, hasta el 15 de abril. 

Javier Rodríguez, analista de comportamiento electoral y columnista en GK, dice que si la RC tiene esa evidencia debe mostrarla para poder evaluarla, sin ella, no se puede decir “si es que ocurrió lo uno o no ocurrió lo otro”.

Rodríguez también dice que evaluar la segunda vuelta en base a la primera —como parece que lo hace la RC al decir que el resultado es imposible científica y estadísticamente— es complicado porque los porcentajes que obtuvieron fueron parejos: hubo tan solo 16.746 votos de diferencia entre Noboa y González. 

Ricardo Viteri, también analista de datos y columnista de GK, recuerda que en la primera vuelta candidatos como Leonidas Iza de Pachakutik y Andrea González del Partido Sociedad Patriótica y los otros 12 binomios al igual que los votos nulos y blancos y la gente que no votó dejaron más de 1.6 millones de votos en disputa entre Noboa y González el 13 de abril. 

Es decir que las personas que en primera vuelta votaron por algún candidato que no haya sido Noboa o González o que no votaron esta vez se decidieron por uno de ellos.

Rodríguez dice que aunque el resultado del domingo fue poco probable, los datos muestran que en la Sierra centro, quienes votaron por Noboa “normalmente han votado contra el candidato correísta”. Además, explica que en las juntas en donde en primera vuelta Noboa tuvo mejor desempeño, en la segunda vuelta, González, perdió votos.

Sobre la denuncia de González de que tienen supuestamente evidencia científica y estadística que demostraría el fraude, Ricardo Viteri dice que estadísticamente hablando de un presunto fraude “solo te puedes apalancar en las encuestas, que tienen sesgos, por eso las encuestas no son irrefutables”. 

La razón 7, sobre “los cambios repentinos e injustificados” de los recintos, tampoco tienen validez porque al igual que la prohibición del uso de celulares, Javier Rodríguez dice que pudo afectar a algunos miles de votos, pero no justifica más de 1.1 millones, que es la diferencia entre los candidatos. 

La denuncia seguro apunta a que a las 10 de la mañana del 13 de abril, Atamaint recordó que por las fuertes lluvias fueron reubicados 24 recintos electorales en 10 provincias. Los recintos reubicados fueron en Cotopaxi, Santa Elena, Zamora Chinchipe, Manabí, Loja, Morona Santiago, El Oro, Los Ríos, Guayas y Esmeraldas.

Además, en una entrevista con Teleamazonas el 15 de abril, Atamaint dijo que a pesar del cambio de recintos por la lluvia “la participación subió” en todo el país en comparación con la primera vuelta y que Luisa González “sigue ganando en esos recintos” que fueron reubicados.

La validación a través del reconocimiento internacional

La comunidad internacional ha reconocido el triunfo de Noboa. Entre ellos están la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea. La Misión tituló su informe preliminar como “Jornada electoral transparente y bien organizada que desmiente las narrativas de fraude pero con la necesidad de afrontar reformas”. 

El triunfo también fue reconocido por presidentes considerados de izquierda como Lula da Silva, quien dijo que “Brasil seguirá trabajando con Ecuador en defensa del multilateralismo”, Yamandú Orsi, de Uruguay, y Gabriel Bóric, presidente de Chile. 

Incluso figuras locales de la Revolución Ciudadana reconocieron los resultados, agradecieron al correísmo por la campaña y reafirmaron su compromiso con el “pueblo ecuatoriano”. Entre ellos, Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil. “Más allá de nuestras diferencias inmensas que son públicas, le deseo sinceramente lo mejor”, dijo.

Marcela Aguiñaga, prefecta de Guayas, dijo que cumplirá con su deber “trabajando con todos, sin mirar colores políticos, como siempre lo he hecho”. Pabel Muñoz, alcalde de Quito, escribió algo parecido y dijo que considera “necesario un cambio de actitud en el manejo de su gobierno”. También lo hizo Paola Pabón, prefecta de Pichincha. Muñoz y Pabón estuvieron junto a González la noche que denunció el fraude.Dos días después, en una entrevista en Radio Quito, Muñoz dijo que los militantes de la RC que acompañaron a González en el escenario no sabían lo que iba a decir. 

¿Es la denuncia de fraude parecida a lo que pasó en Venezuela?

Javier Rodríguez explica que el caso del presunto fraude no tiene nada que ver con el caso de Venezuela donde, las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 le dieron la victoria a Nicolás Maduro. Ese día, después del cierre de urnas, la oposición exhibió las actas electorales mostraban que su candidato Edmundo González había ganado con cerca del 70% de los votos, según el medio France24.

Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, reconoció la victoria a Maduro el 28 de julio y no presentó las pruebas que lo certificaban hasta luego de tres semanas. Por lo que en agosto de 2024 hubo protestas en Venezuela y en varias ciudades del mundo para reclamar el resultado.

Rodríguez dice que en el caso de Venezuela es bastante diferente por la evidencia que había disponible, respaldada en estudios electorales de ciencia política, papers y “toda una subdisciplina sobre fraude electoral”.

También explica que en el caso de Venezuela, había suficiente evidencia porque la oposición “había recabado una cantidad sustancial de actas que después compartieron para que cualquiera las pueda analizar”. Algo que no pasa en el caso de Ecuador, ya que la Revolución Ciudadana no ha hecho públicas las pruebas que asegura tener.

Pamela León, comunicadora política, dice que no es comparable “ni en magnitud, ni en contexto institucional, ni en consecuencias políticas” porque en Venezuela las denuncias de fraude se “sustentaron en hechos estructurales y sostenidos: control absoluto del poder electoral por parte del régimen y una participación forzada o condicionada”. 

En Ecuador 2025, el sistema electoral, dice León, “operó bajo observación internacional, con participación multipartidista, acceso a actas por parte de todos los movimientos y sin una sola denuncia formal en tiempo real de parte de la Revolución Ciudadana durante la jornada”. En este caso, la denuncia de presunto fraude fue después del resultado del CNE. 

Además, que en Venezuela, al contrario que en Ecuador, organismos como la Organización de las Naciones Unidas y el Centro Carter cuestionaron la falta de independencia de las instituciones venezolanas.

También varios presidentes, entre ellos 11 de América, rechazaron el fallo del Supremo venezolano que validaba la reelección de Maduro, entre ellos estaban Estados Unidos, Chile, Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.