La noche del 8 de diciembre de 2024, los hermanos Josué e Ismael Arroyo, de 14 y 15 años, Saúl Arboleda, de 15, y Steven Medina, de 11, caminaban hacia una cancha de fútbol por la avenida 25 de Julio, en la ciudad portuaria de Guayaquil. A las 8 y 30 fueron interceptados por una patrulla militar. Los embarcaron en una camioneta y se los llevaron a la fuerza. La Fiscalía empezó a investigar su desaparición y lo denominó el caso Malvinas —por el barrio en el que vivían los menores de edad con sus familias. 

Durante 17 días nadie supo de ellos, hasta la tarde del 24 de diciembre, cuando la Policía halló cuatro cuerpos calcinados en la parroquia de Taura, a 37 kilómetros del lugar donde los vieron por última vez. Tras análisis genéticos, la Fiscalía confirmó el 31 de diciembre que los restos sí eran de los cuatro de Las Malvinas.

Al día siguiente, el 1 de enero de 2025, los familiares de Josué, Ismael, Saúl y Steven cargaron sus ataúdes por la avenida Perimetral —haciendo cánticos, arrullos y exigencias de justicia— hasta el cementerio municipal Ángel María Canals, en el suburbio de la ciudad más poblada del país, donde los enterraron.

Por estos hechos, la Comisión de la Niñez de la Asamblea comenzó un proceso de fiscalización al ministro de Defensa, Giancarlo Loffredo, a la entonces ministra del Interior, Mónica Palencia, y a las cúpulas de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. 

Además, la Fiscalía mantiene abiertas dos investigaciones. Una es reservada e indaga el presunto delito de secuestro con resultado de muerte —aún no hay autores ni cómplices. La otra es por desaparición forzada, en la que 16 militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) están en prisión preventiva —en la cárcel de Latacunga— desde el 31 de diciembre de 2024. Los investigan por subir a los cuatro menores en una patrulla militar y llevarlos hasta Taura, donde supuestamente los abandonaron sin ropa. 

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Los 16 militares son procesados como presuntos autores directos. El 11 de abril de 2025, la Fiscalía vinculó a Juan Iglesias, teniente coronel de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, como presunto cómplice. 

En total, 17 militares están siendo investigados por el delito de desaparición forzada.

La prisión preventiva puede durar hasta un año durante las investigaciones por delitos en los que la pena sea más de 5 años. Los 16 militares implicados están detenidos desde el 31 de diciembre de 2024 y el plazo legal se acaba el 31 de diciembre de 2025. Sin embargo, el 24 de octubre de 2025, el Tribunal dijo que “tratándose de un sistema oral, se suspenden los plazos de una posible caducidad de la prisión preventiva”. 

Esto significa que los abogados defensores “no podrán alegar que ha caducado la prisión preventiva”.

Esta es una cronología de la investigación de la desaparición forzada de los cuatro de Las Malvinas.

2 de diciembre de 2025

La audiencia de juicio se instaló cerca de las 9:30 de la mañana. El militar Christian Eduardo Aucapiña Quishpe rindió su testimonio sobre los hechos de la noche del 8 de diciembre de 2024. Aucapiña es cooperador de la Fiscalía. Abraham Aguirre, confirmó a GK que cuatro militares son cooperadores eficaces. Es decir, militares que estuvieron involucrados decidieron colaborar con la Fiscalía para ayudar a esclarecer el delito. A cambio, pueden recibir reducción de la pena, cambio de la medida cautelar y otros beneficios establecidos en la ley.

“Nunca fue mi intención matarles. Yo no los aprehendí, no les golpeé, tampoco los maté”, dijo.

Aucapiña dijo que en las afueras de Taura, el cabo primero Jonathan Raúl Galeas Pillajo le hizo una llave —una técnica de control físico que se usa para reducir la capacidad de movimiento de una persona aplicando presión sobre una articulación— al “más grande” de los niños, empezó a golpearlo y después regresó con “un palo grande” y continuó golpeándolo. Después, según Aucapiña, el subteniente John Henry  Zabala España ordenó a los niños “pelarse, sacarse la ropa”. 

Aucapiña dijo que la patrulla dejó a los niños desnudos y golpeados, pero vivos en las afueras de Taura. Dijo que antes del juicio el subteniente Zabala los incitó a todos a declarar en sus versiones que no hubo agresiones, concordar una misma línea de defensa y borrar fotos y videos de sus teléfonos. 

Aucapiña también dijo que cuando rindió su versión escrita en el caso, en primera instancia, copió y pegó el texto de otro soldado, cambiando solo algunas palabras. “Como lo habrían hecho todos, según su versión”, informó el medio Primicias.

Como ocurrió ayer continúan las versiones contradictorias. Cerca de las 3 de la tarde, el subteniente John Henry Zabala España rindió su testimonio. Zabala es el principal señalado como autor directo en la presunta desaparición forzada. Negó los testimonios de algunos militares procesados que dicen que Zabala les obligó a desnudarse, también negó pisarlos, darle correazos y disparar cerca a uno de ellos. 

Según Zabala los colaboradores de la Fiscalía fabricaron historias “para que supuestamente se les reduzca un 90% la pena”. “Nosotros no hemos matado a estas personas, no las hemos desaparecido. Son grupos de delincuencia organizada los causantes de la desaparición forzada”, informó el medio Primicias que Zabala habría dicho.

También insistió en que todas las municiones fueron entregadas completas. Es decir, que no faltan balas y según su testimonio esto demostraría que no hubo disparos. Esta versión contradice la acusación de disparos dada por colaboradores eficaces y otros testigos. 

Zabala aseguró haber intentado llamar al ECU 911 en dos ocasiones para reportar la detención de los niños, pero no logró concretar la llamada por falta de señal.

También testificó el teniente coronel Juan Francisco Iglesias, procesado como presunto cómplice. La Fiscalía lo acusa por una posible alteración de evidencia y de la escena. Iglesias dice que encontró cerca del árbol caído a las afueras de Taura —donde presuntamente fueron liberados los niños—cenizas, restos de una hoguera y prendas quemadas, que consideró indicios que debía recoger y llevarlos a la base aérea de Taura para su custodia. 

Iglesias testificó que cuando recogió y movió estas evidencias “no había todavía un proceso oficial de investigación”. Según su testimonio, más tarde la Policía le informó que podría ser un  caso de secuestro de menores de edad. 

Algunos de los cooperadores eficaces dijeron que habrían sido “interrogados” por Iglesias cuando inició la investigación. Pero el teniente negó estas acusaciones. Dijo que solo entrevistó a ocho procesados y verificó la concordancia de las versiones, informó el medio Primicias.

En la audiencia también testificó el mayor de Policía Edwin Sánchez quien expuso un informe preliminar realizado el 27 de diciembre de 2024. Sánchez dijo que para el informe hablaron con habitantes de Taura que confirmaron que es “un territorio donde rige la hegemonía criminal de Los Águilas” y esto dificultó que los habitantes colaboren con las autoridades por miedo a represalias.

Según el informe policial y el testimonio de Luigi V. —un testigo que declaró el 21 de diciembre 2024 y que abandonó voluntariamente el programa de protección y no se sabe dónde está—, el asesinato habría sido ordenado por alias Momo, líder de Los Águilas en Taura. 

En este informe preliminar también se identificó a otros miembros del grupo que presuntamente participaron como autores materiales del crimen, entre ellos Ofelio C., Ronald A. E. alias Ruco —primo de Momo— y Ronald Segundo A. C. alias Dany —tío de Momo.

Pasadas las 3:30 de la tarde, el juez ponente, Jovanny Suárez Chávez, anunció el cierre formal de la etapa de prueba en el juicio. 

Suárez informó que la audiencia no avanzaría inmediatamente hacia los alegatos finales debido a que pueden ser largos y el tribunal tenía programada otra diligencia.

El tribunal prevé retomar la audiencia de juicio entre el sábado 6 y el lunes 8 de diciembre de 2025. La fecha de la audiencia será notificada el 3 de diciembre de 2025.

1 de diciembre 

La audiencia de juicio se instaló pasadas la 1 de la tarde. En los últimos meses, el tribunal ha tenido que escuchar dos narrativas opuestas sobre los hechos ocurridos el 8 de diciembre de 2024: una que admite la responsabilidad y otra que niega las agresiones.

Abraham Aguirre también confirmó que el soldado Alex Javier Quishpe Antamba admitió que “ocultó información sobre lo sucedido” y pidió perdón a las familias de los cuatro menores de edad desaparecidos en diciembre de 2024. Durante la audiencia, el militar dijo que su primera versión fue “planificada” por un abogado.

También testificó Carlos Javier Espín Macato, quien actúa como cooperador eficaz de la Fiscalía. Empezó  su declaración pidiendo disculpas a las familias por haber callado durante semanas, ocultando información, y por no detener lo ocurrido. Pero dijo que logró grabar un video e intentó alertar a un patrullero. 

Espín dijo que la situación “se descontroló” tras la detención de los cuatro menores. La patrulla no regresó a Taura, sino que avanzó hacia Durán y en el camino los niños fueron agredidos brutalmente: golpes con la trompetilla de un fusil, amenazas y empujones violentos. 

Espín insistió que las cuatro víctimas “se fueron caminando con vida hacia el pueblo de Taura”. Según su testimonio altos mandos de las Fuerzas Armadas habrían convocado a la patrulla para interrogatorios y para uniformar una versión que aseguraba que “todo fue normal”. 

Espín dijo que les ordenaron borrar fotografías y videos de sus celulares. Según su testimonio “hasta donde él conoce” los 16 militares de la patrulla no participaron en la muerte de los menores. Pero admitió una omisión por no haber detenido los abusos ni denunciado lo ocurrido desde el inicio informó Primicias.

En la audiencia de juicio, otros militares, como Sergio Francisco Véliz Bonillahan negado que agredieron e insultaron  a los niños. Véliz dijo que el 8 de diciembre de 2024 no presenció agresiones ni escuchó disparos porque permaneció en el balde del carro. Pero él es señalado en los testimonios de los cooperadores eficaces como uno de los militares que golpeó a los niños. 

El cabo segundo Jhon Eduardo Tagle Marquez, también rindió testimonio. Negó haber golpeado, detenido, insultado o visto agresiones contra los niños y cuestionó a los cuatro cooperadores eficaces. 

Luego testificó Bryan Olmedo Naranjo López. Dijo que en ningún momento vio algo irregular. “Jamás privamos de la libertad ilegalmente a nadie, ni desaparecimos a nadie”, dijo Naranjo y acusó a los niños de ladrones.

“Nosotros no perpetuamos esos actos crueles. Si no existieran estos GDO nada de esto hubiera pasado”, dijo Naranjo. También negó haber escuchado disparos. 

El militar David Andrés Correa Asimbaña fue el siguiente en testificar y dijo que solo cumplía órdenes la noche del 8 de diciembre. “Hasta ese momento no sabía que se trataban de menores de edad, ambos medían más de 1,70 metros y su apariencia correspondía a personas adultas”, dijo Correa, según  informó Primicias.

Correa dijo que no encubrió información ni tuvo relación con lo que ocurrió después. 

Pasadas las 7 de la noche, el juez ponente decidió suspender la audiencia para retomarla al día siguiente.

25 de noviembre 

La audiencia de juicio se instaló pasadas las 10 de la mañana y rindieron testimonio siete militares. 

Por un lado, los militares acogidos al mecanismo de cooperación reconocieron actos de violencia como golpes y patadas. Según sus testimonios, cuando fue la detención de los niños hubo disparos, incluso cerca de la cabeza de los niños, antes de abandonarlos desnudos al pie de un árbol caído, a dos kilómetros de las afueras de Taura.

Por otro lado, los cinco militares que rindieron testimonio libre negaron haber presenciado disparos, agresiones físicas o insultos. Lo dijeron a pesar de que un video analizado durante el juicio donde se escuchan insultos racistas y amenazas de muerte, según el medio Primicias. 

Según los testimonios de estos cinco implicados, la patrulla iba a trasladar a los niños a la unidad de Policía de Virgen de Fátima, ubicada a más de 50 kilómetros del lugar de detención. Pero fueron desviados a Taura por una supuesta alerta de desmanes en la vía. 

Los militares que cooperan con la Fiscalía dijeron que el subteniente a cargo habría impulsado, desde el inicio, que los militares oculten información y que todos mantuvieran una sola versión de los hechos, alineada con una asesoría legal.

Alrededor de las 6 de la tarde la audiencia fue suspendida y se instalaría el 1 de diciembre de 2025. 

24 de noviembre 

La Fiscalía terminó de presentar 26 pruebas testimoniales y periciales —incluidos los testimonios de los padres de las víctimas, además de 180 pruebas documentales. 

En esta audiencia, el perito de la Policía, Diego Guerra, hizo una reconstrucción de los hechos, ocurridos el 8 de diciembre de 2024. 

También hizo una pericia informática. En ella, hicieron la extracción de audios y documentación de dieciséis celulares. Siete estaban bloqueados y no se pudo acceder a ellos. En esta revisión se encontró un chat grupal de WhatsApp llamado “Asesoría jurídica militar” con 19 integrantes.

Según el perito, el 15 de diciembre de 2024, en el chat se habló de la investigación contra los militares. También hay conversaciones entre militares que hablan de contratar a un abogado para su defensa, y se cuestionan si hablar sobre lo que pasó esa noche, según diario El Universo.

El perito dijo que a la Fiscalía le llamó la atención del chat un integrante, identificado solo con dos emoticones, que escribió: “Nadie en los informes puso que usted disparó, sólo sea consciente que el personal no está tratando de culparlo, solo decimos la verdad”. 

El fiscal Christian Farez dijo durante la audiencia que se no ha logrado ubicar a dos testigos clave para que vuelvan a comparecer en la audiencia de juzgamiento. Por eso, solicitó prescindir de esos nuevos testimonios y que se reproduzcan las versiones anticipadas de ellos.

Los abogados de los procesados pidieron que se suspenda la audiencia para que puedan presentar sus testigos de manera adecuada.

17, 18, 19 y 20 de noviembre 

El 17 de noviembre fue el séptimo día de audiencia. Hasta ese día, la Fiscalía había presentado 19 pruebas, incluidos 2 testimonios anticipados.

La audiencia se retomaría al día siguiente, 18 de noviembre. Pero no se instaló por una complicación de salud de uno de los sujetos procesales.

El 19 de noviembre se instaló la audiencia y la Fiscalía continuó presentando sus pruebas. El Tribunal suspendió la audiencia de juicio alrededor de las 7 de la noche.

El 20 de noviembre se instaló la audiencia alrededor de las 11 de la mañana. El Tribunal suspendió la audiencia de juicio pasadas las 12 de la noche.

La Fiscalía pidió que se oficie a la fuerza pública para garantizar que dos testigos que no han acudido a la audiencia asistan. 

12 y 13 de noviembre

La Fiscalía continuó presentando sus pruebas contra los 17 militares procesados por presunta desaparición forzada. La audiencia fue suspendida y fue reinstalada el 17 de noviembre.

Los jueces argumentaron que el diferimiento busca garantizar “un mejor desenvolvimiento” del proceso, informó el diario Expreso. 

11 de noviembre

La audiencia empezó a las 8 de la mañana. La Fiscalía llamó a un perito de la Policía que participó en la segunda reconstrucción de los hechos y analizó la ropa de las víctimas.

El perito confirmó que los cuatro menores fueron detenidos en el sur de Guayaquil el 8 de diciembre de 2024 y trasladados por los 16 militares hasta Naranjal. En ese lugar, según la reconstrucción, los niños fueron bajados de las camionetas, obligados a acostarse en el piso y golpeados. 

El subteniente procesado habría golpeado con una correa al niño más pequeño mientras lo interrogaba por un supuesto robo. Según el informe, otro compañero le pidió que se detenga, pero el oficial se enojó y obligó a los menores a desnudarse. El militar habría tirado la ropa a un costado de la vía.

El perito dijo que otro militar golpeó a dos de los adolescentes en la cabeza con la trompetilla de un fusil. Otro militar insultó a los adolescentes y le amenazó a uno con la frase: “Agradece que no te metí un tiro en la cabeza”.

La audiencia fue suspendida pasada la 1 de la tarde. Hasta ese día la Fiscalía presentó 11 testigos.

10 de noviembre

La audiencia fue instalada alrededor de las 8:30 de la mañana. Continuó el interrogatorio al perito experto en uso de la fuerza. Según el experto, no hubo el procedimiento adecuado incluso para la liberación de los niños.

El perito afirmó que tras la detención y la posterior desaparición de los menores, nunca se entregó información sobre su ubicación o estado, y que su paradero fue desconocido hasta que se hallaron sus cuerpos.

Alrededor de las 3 de la tarde, la audiencia se suspendió debido a que una abogada de la defensa dijo que tenía una cita médica. El tribunal pidió nuevamente a los abogados evitar dilatar la audiencia con preguntas circulares y repetitivas a los testigos de la Fiscalía.

La audiencia se reinstaló al día siguiente a las 8 de la mañana.

7 de noviembre

Un corte de luz en la Unidad Penal del Complejo Judicial Albán Borja interrumpió la audiencia. Esto provocó que no haya internet y que la audiencia comenzara pasadas las 10 de la mañana. Hasta ese día la Fiscalía había presentado 10 testigos.

De los 17 procesados, 16 cumplen prisión preventiva y uno, el coronel Juan Francisco Iglesias, enfrenta medidas sustitutivas. “Iglesias está acusado de cómplice, no de autor, debido a que presuntamente tuvo conocimiento del operativo ejecutado por sus subordinados, sin haberlo reportado a la Fiscalía ni a la Policía Nacional”, explicó Christian Fárez, fiscal del caso, al medio Extra.

Christian Fárez dijo que durante la audiencia de juicio, los peritos forenses explicaron que los cuerpos de los cuatro menores fueron calcinados y mutilados, lo que impidió determinar la causa exacta de muerte. Aun así, las pericias confirmaron violencia extrema y signos de tortura.

Los peritos concluyeron que los cuerpos fueron manipulados y quemados para borrar rastros. Una pericia sociológica presentada en la audiencia indicó que las mutilaciones e incineraciones siguen patrones de grupos criminales que buscan eliminar evidencias y generar terror.

El fiscal dijo que el juicio por desaparición forzada podría extenderse hasta el 18 de noviembre, pero por la gran cantidad de testigos y peritos —más de 150— es probable que termine a finales de ese mes.

Además, dijo que el proceso por asesinato sigue abierto en una unidad especializada de Quito. Está en fase reservada y, por ahora, no tiene avances públicos.

Alrededor de las 6 de la tarde se suspendió la audiencia y será reinstalada a las el 10 de noviembre a las 8 de la mañana. 

6 de noviembre 

La audiencia estaba prevista para las 9 de la mañana pero se suspendió por una amenaza de bomba en el Complejo Judicial Albán Borja, en el norte de Guayaquil. 

Según el reporte preliminar, la coordinadora del Tribunal de Garantías Penales recibió una llamada y mensajes de WhatsApp que advertían: “No estamos jugando, hay dos bombas, las vamos a explotar”, informó diario Expreso.

La funcionaria notificó al ECU 911 que coordinó la llegada de las unidades especializadas y de los agentes del Grupo de Intervención y Rescate (GIR), quienes realizaron una revisión en las áreas internas y externas del complejo. 

La audiencia se retomó tras descartar la amenaza. 

La Fiscalía siguió con sus testigos —entre ellos, el padre de Josué e Ismael. En su testimonio dijo que habló por última vez con sus hijos la noche del 8 de diciembre de 2024, unos minutos antes de que fueran detenidos por una patrulla militar. 

Josué habría llamado a su papá desde una zona rural de Taura —donde habían sido trasladados por miembros de FAE. En esa llamada, su hijo le dijo que los militares los habían golpeado y abandonado en el lugar. También habría enviado su ubicación por mensaje, lo que permitió a la familia rastrear el sitio donde fueron encontrados los cuerpos.

Alrededor de las 9 de la noche la audiencia se suspendió y se reinstaló al día siguiente a las 9 de la mañana.

5 de noviembre 

Se instaló la audiencia de juicio contra los diecisiete militares procesados. La Fiscalía expuso su teoría del caso e inició con la presentación de sus pruebas.

La Fiscalía escribió que en su alegato de apertura “demostrará la responsabilidad penal de los diecisiete procesados por la desaparición forzada de tres adolescentes y un niño”.

Según la Fiscalía, en su alegato de apertura, el 8 de diciembre de 2024, los cuatro menores fueron retenidos por una patrulla de la Fuerza Aérea en Las Malvinas y trasladados sin registro ni notificación a las autoridades. 

Habrían sido llevados a Taura, donde fueron golpeados y luego desaparecieron. El 24 de diciembre de 2025 se hallaron restos calcinados en Taura, que las pericias confirmaron que eran de las víctimas.

Ese día rindieron dos testimonios las víctimas indirectas en el caso. La Fiscalía va a presentar en el juicio más de 170 pruebas para demostrar la responsabilidad de los 17 militares procesados. Entre las pruebas están reconstrucciones de hechos, peritajes forenses, informes de telecomunicaciones y testimonios de familiares, investigadores y peritos.

El Tribunal suspendió la audiencia y dijo que se reinstalaría al día siguiente a las 9 de la mañana.

22 de octubre 

Se instaló la audiencia de juzgamiento. Tras una hora, los abogados defensores de cuatro de los diecisiete militares procesados pidieron posponer la audiencia por la incorporación de nuevos abogados.

El Tribunal aceptó el pedido, suspendió la audiencia y fue reinstalada el 5 de noviembre a las 9:30 de la mañana.

9 de octubre 

Diez meses después de la desaparición, los 17 militares fueron llamados a juicio. Es el primer caso de desaparición forzada que llega a esta etapa procesal, informó el medio internacional France 24. 

El juez Dennis Ugalde, de la Unidad Judicial Sur Valdivia, acogió los elementos presentados por Fiscalía y llamó a juicio a los presuntos involucrados. Además, ratificó la prisión preventiva contra los militares y las medidas de protección para las familias.

El caso se procesa con base en el artículo 84 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), por desaparición forzada y establece una pena de veintidós a veintiséis años de cárcel.

4 de septiembre

En la Unidad Judicial Sur Valdivia en Guayaquil, se instaló la audiencia preparatoria de juicio. La Fiscalía presentó la acusación formal contra los 17 militares investigados por la desaparición forzada.

La Fiscalía solicitó que los 17 procesados sean llamados a juicio.

20 de mayo de 2025

La Sala Penal del Guayas anuló la decisión judicial que había reconocido la desaparición forzada en el caso. 

En diciembre de 2024, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) de Guayas y los familiares de los tres adolescentes y el niño de Las Malvinas presentaron un recurso de habeas corpus. 

Pedían que la justicia reconociera el caso como desaparición forzada, es decir, cuando un agente del Estado —como un policía o militar— detiene a una persona sin dar información. 

La jueza Tanya Loor aceptó el recurso y, desde entonces, la investigación avanzó bajo ese delito. 

Sin embargo, el 7 de enero de 2025, la Procuraduría General del Estado, la entonces ministra del Interior, Mónica Palencia, el comandante del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jaime Vera, y el representante legal del Ministerio de Defensa, apelaron la decisión. 

Argumentaron que calificar el hecho como desaparición forzada podría entorpecer las investigaciones y afectar la búsqueda de justicia para las víctimas y sus familias. 

Cuatro meses después, dos de los tres jueces de la Sala Penal del Guayas votaron a favor de que se revoque la resolución del habeas corpus, dice Abraham Aguirre, abogado del CDH. 

Aguirre cuestiona que la motivación del tribunal de la revocatoria es “muy escueta”. Según Aguirre, dijeron que uno de los elementos para que sea desaparición forzada es la incomunicación, y que uno de los adolescentes sí habló con su padre para pedirle que lo rescatara. 

El abogado dice que presentarán una acción extraordinaria de protección en la Corte Constitucional para que analice la revocatoria de los jueces. “Estaríamos ante una manifiesta negligencia”, señala.

Por su parte, Fernando Bastias, también abogado del CDH, dice que esta decisión judicial “no influye en absoluto en el proceso penal en contra de los militares procesados”.

27 y 28 de abril de 2025

Cuatro de los 17 militares procesados, que se acogieron al procedimiento de cooperación eficaz, sus abogados, fiscales y peritos de Criminalística participaron en una segunda reconstrucción de los hechos sobre la captura de los cuatro de Las Malvinas en diciembre de 2024.

Recorrieron tres lugares: la ciudad de Durán, en la provincia costera del Guayas, el peaje de la vía Durán-Tambo y un sector rural de Taura, en Naranjal.

Los cuatro militares procesados que estuvieron fueron: Nelson Oswaldo Sagñay, Carlos Javier Espín, Christian Eduardo Aucapiña y Juan Iglesias, un teniente coronel recientemente vinculado al caso. 

Los militares dijeron que los niños recibieron, según reportó Primicias, correazos, patadas, golpes, puñetazos y pisotones en el suelo durante su detención y traslado hasta el lugar donde los abandonaron, que fue en Taura. Incluso, uno de los militares detalló que los niños estaban arrodillados y con las manos en la cabeza mientras los golpeaban.

Los militares explicaron que golpearon a los niños al subirlos a la camioneta. Cerca del peaje de la vía Durán-Tambo bajaron a dos, los agredieron, insultaron y, al subirlos de nuevo a la camioneta, uno de ellos se “partió la cabeza”, dijo uno de los militares.

Otro dijo que cuando los abandonaron, un subteniente disparó al suelo, cerca de Steven de 11 años, para intimidarlos. También dijo que un “teniente le pegó en la espalda al más pequeño con una correa. Mientras, el cabo le hacía una llave de lucha al mayor de los chicos, lo estaba alzando por la espalda y se cayeron”. Luego, dijo que el cabo empezó a patear al más grande.

Durante la reconstrucción de los hechos también fueron al lugar donde el teniente Iglesias recuperó la ropa de dos de los niños durante un operativo militar el 11 de diciembre, tres días después de la desaparición —los militares habrían obligado a los niños a desnudarse antes de golpearlos y abandonarlos. 

Ese operativo fue liderado por el teniente coronel Iglesias. La ropa de los niños fue entregada a la Unidad Antiextorsión UNASE y, según los abogados del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) de Guayaquil, incumplieron la cadena de custodia, además no lo hizo con la presencia de la Fiscalía ni a la Policía.

En la segunda reconstrucción de los hechos también encontraron una pantaloneta azul y restos de ropa vieja o quemada, que podrían pertenecer a los niños.

11 de abril de 2025

La Fiscalía vinculó a Juan Iglesias, teniente coronel de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), al caso Las Malvinas, como presunto cómplice del delito de desaparición forzada. 

Según la Fiscalía, Iglesias lideró un operativo para recuperar la ropa de los niños, sin seguir la cadena de custodia ni informar a la Policía y Fiscalía. Según la Fiscalía, esto “entorpeció el derecho de las víctimas a ser localizadas con vida”. 

El juez del caso acogió el pedido de Fiscalía de vincularlo a la investigación y le dictó la prohibición de salida del país, presentación periódica —dos veces por semana— ante la Fiscalía Provincial de Guayas, retención de cuentas bancarias y prohibición de enajenar bienes muebles e inmuebles en Ecuador. 

También la instrucción fiscal del caso se amplió a 120 días. Ya son 17 procesados.

30 de marzo de 2025

La Fiscalía pidió que un militar más sea vinculado al caso: el teniente coronel Juan Iglesias. Él tenía a cargo la escuadra de los 16 militares y habría manipulado y entregado la ropa de dos menores de edad —camisetas, zapatos, interiores— a la Unidad Antisecuestros y Extorsión (Unase) de la Policía, el 11 de diciembre de 2024. 

Ese día, Iglesias habría liderado un operativo de búsqueda en Taura —sin coordinar con la Policía ni la Fiscalía—, en el sitio donde uno de los militares contó que habían dejado a los cuatro de Las Malvinas, explica Abraham Aguirre, abogado del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) de Guayaquil y quien está frente a este caso. 

Según el pedido que hizo la Fiscalía al juez de la Unidad Judicial Penal Sur, Dennis Ugalde, el teniente coronel tuvo una “presunta participación” en el delito de desaparición forzosa. Además, el documento señala que hay información y pruebas que sustentan la vinculación. Aún no hay fecha para la audiencia. 

Iglesias rindió su testimonio en el caso a inicios de marzo, que fue importante para la reconstrucción de los hechos. 

Abraham Aguirre dice que la defensa del niño y adolescentes asesinados también pidió una ampliación de su testimonio del militar. 

28 de marzo de 2025

Tres meses después de que encontraran los cuerpos incinerados de los cuatro de Las Malvinas, los familiares y abogados del CDH recibieron el informe de autopsia. 

Según Abraham Aguirre, abogado de CDH, los menores de edad fueron asesinados con un balazo en la cabeza y en la espalda. Dijo también que los disparos fueron de atrás hacia adelante, es decir, los niños estaban de espaldas y en cuclillas. 

Aguirre dijo que uno de los menores, además, tenía una lesión en su cabeza —provocada antes de su muerte—, lo que confirmaría el testimonio de uno de los testigos clave en el caso —la persona que les presentó el celular para que llamaran a sus padres—, quien había dicho que uno de los niños estaban golpeados.

El abogado dijo que la demora del informe fue porque los cuerpos prácticamente en huesos y en estado de descomposición. Y señaló que los médicos legistas harán otras pruebas para identificar que usaron los asesinos para quemar los cuerpos. 

Ese día, el abogado dijo que la Fiscalía hizo una pericia para obtener la información de las computadoras de los militares en la base de Taura, como chats o correos.

16 de marzo de 2025

A las 8 y 45 de la noche empezó la reconstrucción de los hechos sobre la desaparición y posterior asesinato de los cuatro de Las Malvinas, en el sur de Guayaquil. Diez minutos antes había llegado un convoy con los 16 militares procesados en el caso, quienes fueron trasladados desde la cárcel de Cotopaxi. 

La reconstrucción de los hechos, en la que se recrea cómo se cometió el delito a través de los testimonios de las víctimas, implicados y abogados, arrancó en las avenidas 25 de Julio y Ernesto Albán, diagonal al centro comercial Mall del Sur, donde los adolescentes fueron interceptados y subidos a la fuerza a la patrulla militar, el 8 de diciembre de 2024. El sitio fue cercado con cintas amarillas, con el apoyo de agentes de tránsito, para evitar el paso de los carros. 

Peritos especializados escucharon el testimonio de los militares implicados —con pasamontañas, esposados y uniformes de militares— sobre cómo detuvieron a las víctimas y cómo las colocaron en el balde de la camioneta. Repitieron la escena una y otra vez con cada una de las versiones. Peritos forenses fotografiaban cada movimiento. 

Algunos policías hicieron el papel de los cuatro de Las Malvinas. 

La diligencia duró hasta las 4 de la madrugada del lunes 17 de marzo, donde estuvieron también los padres de los jóvenes, usando chalecos antibalas y custodiados por policías de Inteligencia. 

Luego fueron hacia la parroquia de Taura, a 37 kilómetros de Guayaquil, donde fueron encontrados los cuatro cuerpos incinerados. 

En ese punto, según la cronología del caso y la versión de los militares, habrían sido abandonados Josué e Ismael Arroyo, Saúl Arboleda y Steven Medina mientras iban en un camino de tercer orden. Supuestamente, las patrullas militares se encontraron con un árbol caído y bajaron a los niños para que ayudaran a moverlo. Los dejaron abandonados. Desde allí, los menores presuntamente caminaron por una ruta de tierra, rodeado de maleza, hasta llegar a una vivienda, donde un testigo clave les prestó el celular para marcar a sus padres. 

Así terminó la reconstrucción de los hechos. 

Billy Navarrete, director ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) de Guayaquil, dijo en una entrevista que fue una jornada de casi 12 horas. También cuestionó que en el lugar donde los abandonaron no encontraron ninguna raíz o huellas de la caída de un árbol. 

Navarrete dijo que esta diligencia es clave para determinar cómo pudieron ocurrir los hechos. Ahora, queda esperar la audiencia de formulación de cargos, una vez que concluya la etapa de instrucción fiscal —en la que se investiga cómo se cometió el delito— el 31 de marzo de 2025.

20 de febrero de 2025

La Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia del Guayas negó el recurso de apelación a la prisión preventiva que presentaron los 16 militares implicados en la desaparición de los cuatro niños de Las Malvinas. Es decir, continuarán en la cárcel de Latacunga mientras avanzan las investigaciones.

La audiencia empezó el 19 de febrero de 2025. La defensa expuso que los militares han colaborado con el proceso judicial y pidieron medidas alternativas a la prisión, como la prohibición de salida del país y presentaciones periódicas ante la autoridad judicial. 

Sin embargo, la Fiscalía y el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) de Guayaquil, que representa a los familiares de los niños, dijeron que debido a la gravedad de los hechos debían continuar en prisión. 

Fernando Bastias, abogado del CDH, dijo que la Corte Provincial también se basó en que “los niños fueron detenidos ilegalmente, torturados, desnudados”. 

16 de febrero de 2025

La Fiscalía suspendió nuevamente la reconstrucción de los hechos programada para la noche del 16 de febrero de 2025, debido a que aún faltan testimonios de militares involucrados. 

30 de enero de 2025

Como parte de la investigación, se programó la reconstrucción de los hechos para la noche del 30 de enero. En esta diligencia, la Fiscalía recrea cómo se cometió el delito con los testimonios de testigos, procesados y víctimas o sus abogados. Sin embargo no se concretó y fue pospuesta para el 16 de febrero de 2025. 

Según la Fiscalía, faltaban testimonios clave para la investigación de la desaparición forzada de los cuatro de Las Malvinas, entre ellos, el de un coronel de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), quien debía rendir su versión el 28 de enero de 2025, pero no asistió.

El coronel tenía a cargo la escuadra de los 16 militares y fue quien entregó la ropa de dos menores de edad —camisetas, zapatos, interiores— a la Unidad Antisecuestros y Extorsión (Unase) de la Policía, el 11 de diciembre de 2024. Ese día, el oficial habría liderado un operativo de búsqueda en Taura —sin coordinar con la Policía ni la Fiscalía—, en el sitio donde uno de los militares contó que habían dejado a los cuatro de Las Malvinas. 

Para  Abraham Aguirre, asesor jurídico del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) y abogado de las familias de las víctimas, el coronel no siguió el debido proceso. 

23 de enero de 2025

Los 16 militares detenidos en el caso Malvinas apelaron a la prisión preventiva. La Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia del Guayas fijó la audiencia de apelación para el 23 de enero de 2025. Los jueces debían resolver si los uniformados continuaban en la cárcel o podían defenderse en libertad. 

Pero la audiencia fue suspendida. Abraham Aguirre, abogado que acompaña a los familiares de los cuatro niños, explicó que uno de los jueces se excusó —no trató el caso por motivos que le impiden ser imparcial— porque dijo que era amigo íntimo de uno de los abogados de los militares. La excusa fue aceptada, pero aún no hay fecha para una nueva diligencia.

Ese día, familiares de los menores de edad y defensores de derechos humanos llegaron a las afueras de la Corte Provincial donde rechazaron el intento de los militares de salir de la cárcel durante investigación de la desaparición forzada de los cuatro de Las Malvinas. 

22 de enero de 2025

El juez Jorge Enrique Aldás fue arrestado por el presunto prevaricato —delito que se investiga cuando un juez dicta una resolución contraria a la ley. Aldás habría concedido un indulto de forma irregular a Bryan Vicente Alvarado Aguirre, identificado como alias Momo, quien fue mencionado en la versión del testigo Luigi V., quien dijo que Momo habría dado la orden de quemar a Josué, Ismael, Saúl y Steven en un manglar de Taura. 

Momo cumplía una pena de cinco años por el delito de delincuencia organizada, en la cárcel de Guayaquil. Supuestamente era parte de una banda de asaltantes de camiones de carga que operaban en la parroquia de Taura, donde los cuerpos de los tres adolescentes y el niño aparecieron incinerados. 

Para acceder al indulto, la defensa de Momo había presentado, el 19 de noviembre de 2024, un certificado médico de que tenía VIH.

Según la Fiscalía, el juez Aldás habría aplicado el indulto conforme al decreto 265, emitido en 2021 por el entonces presidente Guillermo Lasso, para liberarlo el 27 de diciembre de 2024 —19 días después de la desaparición de los niños. Desde entonces, no se sabe dónde está Momo.

Sin embargo, aparentemente, Momo no cumplía con los requisitos para el indulto. 

Lasso reaccionó a la decisión del juez. En un comunicado dijo que los indultos eran para quienes tienen VIH, tuberculosis u otras enfermedades terminales, pero con sentencia condenatoria ejecutoriada, que no tengan otros procesos pendientes y que no estén sentenciados por delitos violentos o de corrupción. “Esto es un abuso”, dijo. 

El presidente de la Corte de Guayas dictó arresto domiciliario contra el juez Aldás. 

16 de enero de 2025

A las 2 de la tarde del 16 de enero de 2025, en la Unidad Judicial Sur Penal, dos de los tres testigos protegidos rindieron sus testimonios anticipados en la investigación de la desaparición forzada de los cuatro de Las Malvinas. Lo hicieron en una cámara de Gesell, un espacio para proteger la integridad de los testigos vulnerables. 

El uno fue Luis Arroyo, padre de los hermanos Ismael y Josué. El otro fue Luis T., quien habría ayudado a uno de los niños a llamar a su papá desde Taura. 

El tercer testigo, Luigi V., no se presentó, aunque su abogado sí llegó. Luigi V. habría presenciado cómo criminales se llevaron a los niños en un bote hacia los manglares, donde alias Momo supuestamente ordenó incinerarlos. Luigi V. abandonó voluntariamente el programa de protección y no se sabe dónde está, dijo Jesús López, abogado de los 16 militares procesados, a diario Primicias. 

López dijo que la diligencia fue positiva para sus clientes porque con los testimonios de Luis Arroyo, el padre de los dos adolescentes, y de Luis T. se ratificaría que los militares los liberaron, “lo que prueba que estaban con vida al momento de ser entregados”.  

Mientras que Abraham Aguirre dijo que los testimonios son clave ya que confirmarían que los cuatro menores fueron trasladados hasta Taura. “El testigo (Luis T.) indicó que al tener contacto con los niños, estos estaban con aparentes golpes”, dijo. 

31 de diciembre de 2024

A las 2 y 24 de la tarde, la Fiscalía dijo que los resultados de las pericias antropológicas y de genética forense confirmaron que los cuatro cuerpos incinerados que hallaron en Taura, el 24 de diciembre, sí correspondían a los tres adolescentes y al niño desaparecidos tras un operativo militar.

El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) del Guayas, que acompañó a los familiares de los menores, publicó en su cuenta de X la “profunda consternación por la trágica partida” de Steven Medina, de 11 años, Saúl Arboleda, de 15, y de los hermanos Josué e Ismael Arroyo, de 14 y 15. Fueron “detenidos arbitrariamente por miembros de las Fuerzas Armadas”, dijeron. 

Horas antes, a las 9 de la mañana, familiares de los niños de Las Malvinas hicieron un plantón en los exteriores del Consejo de la Judicatura. Ese día fue la audiencia de formulación de cargos contra los 16 miembros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana presuntamente implicados en la desaparición de los menores. 

Fue a puerta cerrada. Solo entraron los familiares de los niños, la Fiscalía, los militares, abogados y un representante de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Esta medida fue impuesta por el juez Dennis Ugalde porque, según el artículo 5 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), debía haber privacidad y confidencialidad en los procesos que involucran niños, niñas y adolescentes. 

Los familiares ocuparon una sala, los militares otra. 

En la audiencia, la Fiscalía presentó “elementos de convicción” que sustentaron la presunta participación de los militares en el delito investigado, como los testimonios de familiares y testigos, informes forenses, evidencias físicas, como los celulares de los procesados, videos —en uno se ve cómo los militares suben a dos de los cuatro menores al balde de la camioneta— y vehículos utilizados durante el operativo.

Mientras que la defensa de los militares se mantuvo en que los testimonios de los testigos confirman que los uniformados que detuvieron a los niños los dejaron con vida en Taura. 

La Fiscalía formuló cargos contra los 16 militares y el juez Ugalde dictó prisión preventiva para los 16 procesados por el delito de desaparición forzada. Este delito, según el artículo 84 del COIP, se da cuando un agente del Estado somete a “privación de libertad” a una persona, sin dar información de su ubicación. Está penado de 22 a 26 años de prisión. 

La instrucción fiscal en la investigación de la desaparición forzada de los cuatro de Las Malvinas dura 90 días, es decir, terminará a finales de marzo de 2025. 

Estos son los militares procesados en la investigación de la desaparición forzada de los cuatro de Las Malvinas: 

  1. Jhon Eduardo Tagle Marquez
  2. Rodrigo Paúl Núñez Paredes
  3. Jonathan Raúl Galeas Pillajo 
  4. Bryan Olmedo Naranjo López
  5. Sergio Francisco Véliz Bonilla 
  6. Danny Wilmer López Carrasco 
  7. Lister Henry López Carrasco 
  8. Moisés Israel Loor López
  9. John Henry Zabala España 
  10. Alex Javier Quishpe Antamba 
  11. David Andrés Correa Asimbaña 
  12. Ronald Stalin Pilay Tucunango 
  13. Nelson Oswaldo Sagñay Zúñiga 
  14. Carlos Javier Espín Macato
  15. Christian Eduardo Aucapiña Quishpe 
  16. Wilson Alfredo Cueva Briceño

24 de diciembre de 2024

Cuatro cuerpos incinerados fueron hallados en la parroquia de Taura. 

Con la versión de Luigi V. —el testigo que dijo que los menores fueron llevados a un manglar donde alias Momo ordenó que los quemaran—, la Fiscalía, policías del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) y la Dinased armaron equipos para la búsqueda de los cuatro niños de Las Malvinas. 

A las 11 y 46 de la mañana, los uniformados llegaron al estero Chabelo, donde localizaron cuatro cadáveres, que fueron llevados a Criminalística para su identificación. 

Ese día, la jueza Tanya Loor aceptó el recurso de habeas corpus interpuesto por las familias de los menores y los representantes del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) del Guayas. Con este recurso, buscaban que se reconociera como desaparición forzada, es decir, que la investigación se base en el artículo 84 del Código Penal, que ocurre cuando un agente del Estado (como militares) prive de la libertad sin información. 

Loor dijo, en una audiencia que tardó siete horas, que lo presentado  hacía presumir que los 16 militares que detuvieron a los cuatro de Las Malvinas “no cumplieron con los protocolos establecidos en estos casos”. Además, declaró la existencia de desaparición forzada. 

Los Cuatro de Las Malvinas

Familiares de los niños hicieron plantones durante la investigación de la desaparición forzada de los cuatro de Las Malvinas. Fotografía de Isabela Ponce para GK.

Abogados del Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas dijeron que la desaparición de los menores “no se dio en un contexto de custodia estatal”. El capitán Leonardo Alvear, abogado del Ministerio de Defensa, dijo que los cuatro fueron trasladados hasta las inmediaciones de la Base Militar de Taura, pero insistieron en que no había indicios para determinar que fueron ingresados a la unidad militar. 

En la audiencia también dijeron que la detención de los tres adolescentes y del niño se dio porque la escuadra de 16 militares fue alertada de que supuestamente ellos habían cometido “un acto contrario a la ley”. Sin embargo, la Fiscalía señaló que en el proceso judicial que se investiga no existe ningún elemento que indique algún “acto ilícito que hayan cometido los niños”. No hay parte policial, ni testigo que acrediten esa versión. 

Además, según el artículo 526 del Código Penal, “cualquier persona podrá aprehender a quien sea sorprendido en delito flagrante de ejercicio público y entregarlo de inmediato a la Policía Nacional”. Pero los niños fueron llevados a Taura, a más de 60 kilómetros de Las Malvinas, donde vivían. Eso también fue cuestionado por la Fiscalía. 

“Es importante limpiar el nombre y evitar que en la carga mediática se pretenda desviar la atención presentándolos como presuntos delincuentes”, agregó el fiscal del caso, Christian Fárez.

A las 5 y 49 de la tarde, la Fiscalía denominó al caso Malvinas y solicitó fecha y hora para formular cargos contra los 16 militares involucrados en la investigación de la desaparición forzada de los cuatro de Las Malvinas. 

23 de diciembre de 2024

En la madrugada, la Fiscalía y la Policía allanaron la Base de Taura como parte de las investigaciones por la desaparición de los cuatro menores de edad de Las Malvinas. A esa unidad militar pertenecen los 16 de la escuadra que detuvo a los niños. 

Allí inspeccionaron los vehículos en los que fueron trasladados los adolescentes y el niño y ropa de los militares. 

22 de diciembre de 2024

Tras la denuncia por secuestro puesta por el padre de los hermanos Ismael y Josué, Luis Arroyo, el caso fue manejado por la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional (Fedoti), pero el 22 de diciembre lo trasladaron a la Unidad Especializada de Investigación de Uso Ilegítimo de la Fuerza. 

Los Cuatro de Las Malvinas

Familiares exigían que devulevan a sus hijos sanos y salvos. Al tiempo, se realizaban la investigación de la desaparición forzada de los cuatro de Las Malvinas. Fotografía de Isabela Ponce para GK.

20 de diciembre de 2024

El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) de Guayas, que acompaña a las familias de los niños desaparecidos, presentó una demanda de habeas corpus contra los ministerios de Gobierno y del Interior, Fuerzas Armadas y Policía Nacional, para que se reconozca la “desaparición forzada” de los cuatro menores. 

 

Del 9 al 12 de diciembre de 2024

El 9 de diciembre, la Fiscalía abrió una investigación tras la denuncia por secuestro que presentó Luis Arroyo, padre de Ismael y Josué, junto a la Unidad Antisecuestros y Extorsión (Unase) de la Policía. 

Durante los primeros días, entre el 9 y 12 de diciembre, la policía realizó entrevistas a testigos de la desaparición. 

Luis Arroyo, papá de los hermanos Ismael y Josué, relató que el 8 de diciembre de 2025 sus hijos, Ismael y Josué, fueron a jugar fútbol en el parque Coviem. A las 9 y media de la noche, amigos de sus hijos avisaron que unas ocho personas vestidas como militares se habían llevado a sus hijos y otros dos menores de edad en dos camionetas D-max. 

A las 10 y 40 de la noche, su esposa Katy Bustos recibió la llamada de un hombre, quien no se identificó, le dijo que había encontrado a los menores golpeados, desnudados, por lo que les dio ropa y comida. Dijo también que Ismael le había pedido una llamada y que les contara que los militares los habían cogido cerca del mall del Sur, frente al Hospital Teodoro Maldonado Carbo, en la avenida 25 de Julio. 

“Le dije que me pasara a mi hijo Ismael Arroyo al celular. Y me pasó (…) sí era la voz de mi hijo, esta conversación con mi hijo fue de 5 minutos aproximadamente, luego el tipo extraño le quitó el celular y me dijo de nuevo: ‘Tienes de 45 minutos a una hora para que los vengas a ver a Taura porque este sector es muy peligroso y como los niños son negritos y nadie los conoce, va a venir la mafia y se los va a llevar’”, detalló Arroyo. 

El hombre le envió la ubicación en tiempo real. “En ese momento, con otro teléfono, pude tomar fotografías del perfil de WhatsApp de este sujeto. Le corté la llamada y llamé a un familiar para que me ayudara llamando al ECU-911”, dijo. 

Cuando los policías llegaron al lugar, los menores ya no estaban. “Llamé nuevamente por WhatsApp a este sujeto y me dijo: ‘¿Para qué me mandaste la ley? Yo por hacer un favor casi me haces meter preso, yo tuve que correr e irme de la casa, yo no sé nada, ya vinieron 10 motos de la mafia y se los llevaron’”. 

Esta versión coincide con la de Luis T., quien dijo que a la una de la madrugada del 9 de diciembre —cinco horas después de que los militares detuvieron a los cuatro de Las Malvinas— iba a entrar a su casa, pero escuchó voces. De pronto, encontró a los menores “desnudos” frente a su casa. Ellos le pidieron una llamada telefónica. “Me dieron un número, llamaron al papá. Solo un niño habló. Dijeron a los padres que los militares los cogieron en el Mall, dijeron que ellos estaban jugando pelota”, detalló. 

En el expediente también consta la versión de Luigi V., quien dijo que a las 11 de la noche del 8 de diciembre de 2024 estaba en un bar con un grupo de una banda (delincuencial). 

“Pero yo no soy de esa banda. Estábamos tomando ahí, a esa hora llegó un tal Ofelio, ahí llegaron en unas motos y a esos cuatro pelados se los llevaron a un manglar y después, al siguiente día, me enteré que ya estaban quemados”, dijo. 

Luigi V. dijo que los iban a meter en un saco de yute —en donde participó alias Ñato. “Debo indicar que el 9 de diciembre, un tal Momo dio luz verde para que los quemaran. Además, el que manejó el bote se llama alias Dani”, dijo. 

Bryan Vicente Alvarado Aguirre, alias Momo, fue mencionado por el testigo. Él supuestamente sería parte de una banda de asaltantes de camiones de carga que operaba en Taura, donde vieron por última vez a los niños. 

Pero Momo tiene además un largo historial: cuatro procesos judiciales desde 2020. En febrero fue investigado por asociación ilícita, pero fue absuelto; en 2021 fue detenido por ocultamiento de objetivos robados, pero fue sobreseído; en 2023, la Policía lo arrestó y se le formularon cargos por tenencia de armas; en octubre de 2023, fue señalado por delincuencia organizada. 

 Para Abraham Aguirre, abogado del CDH que acompaña a la familia de los menores de edad, Luigi V., quien mencionó en su versión a alias Momo, es un “falso testigo”. Dijo que “son hechos inverosímiles que deben ser contrastados”. 

8 de diciembre de 2024

A las 8 y 30 de la noche, los hermanos Josué e Ismael Arroyo, de 14 y 15 años, Saúl Arboleda, de 15, y Steven Medina, de 11, iban a jugar fútbol, pero fueron interceptados por una escuadra de 16 militares en la avenida 25 de Julio, cerca del Mall del Sur, en la ciudad de Guayaquil. Supuestamente, los militares habían recibido la alerta de que los menores huían de un robo. Los subieron a la fuerza en camionetas y fueron llevados a la parroquia Taura, a 37 kilómetros de allí, donde fueron abandonados. 

Luis Arroyo, el papá de los menores, recibió una llamada desde un celular desconocido. Uno de sus hijos, Ismael, le explicó que fueron golpeados, que los desnudaron y abandonaron en Taura, y que temían por sus vidas debido a la peligrosidad del lugar. Luis Arroyo pidió auxilio al ECU-911. Desde entonces, nunca más volvió a hablar con su hijo.

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