En el caso Plaga, la Fiscalía investiga a exjueces, policías, funcionarios públicos, abogados en libre ejercicio y secretarios que, de forma irregular, liberaban a presos que habían cometido delitos como asesinato, tráfico de drogas y violación. A cambio, recibían dinero o favores. Son 31 procesados por delincuencia organizada en el sistema judicial.

La madrugada del 3 de abril de 2024, cuando empezó la investigación, la Fiscalía hizo un operativo en ocho provincias —Pichincha, Manabí, Guayas, El Oro, Tungurahua, Azuay, Santo Domingo de los Tsáchilas y Chimborazo— donde 14 personas fueron detenidas. El 29 de junio de ese año, se vincularon a otros 17 implicados

En el caso Plaga, además, se investiga el presunto tráfico de influencias, concusión, cohecho, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

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Sentenciados del caso Plaga

El 21 de enero de 2025 empezó el juicio contra 12 de los 31 procesados en la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia, quienes se acogieron al procedimiento abreviado, es decir, aceptaron la culpa y entregaron información importante a cambio de una pena reducida. El fiscal general subrogante, Wilson Toainga, expuso los delitos por los que fueron acusados y el juez Edison Cantos dictó las sentencias. 

  • Lenin Vimos 

Lenin Javier Vimos, abogado en libre ejercicio, es el líder de esta red criminal, según la Fiscalía.  

Él aceptó haber formado parte de una estructura delictiva que tenía como finalidad la liberación e impunidad de varios privados de la libertad. En su testimonio dijo que trabajó “para varios” que buscaban la “recuperación de territorios o cárceles”.

El abogado junto a otros miembros de la organización, según la Fiscalía, “organizó los traslados y liberaciones de personas privadas de libertad, la falsificación de certificados médicos; gestionó audiencias, intervino en el pago de sobornos a funcionarios judiciales y distribuyó el dinero de la estructura criminal”.

El juez condenó a Vimos a 27 meses de cárcel como autor directo del delito de delincuencia organizada. Además, ordenó el pago de una multa de 18.400 dólares y de una reparación integral de 200.109 dólares, el monto, dijo el juez, corresponde al dinero que obtuvo de forma ilegítima.

  • Ángel Lindao

Ángel Lindao, juez de la Unidad Multicompetente del cantón La Concordia, en la provincia costera de Santo Domingo de los Tsáchilas, aceptó haber emitido acciones de garantías jurisdiccionales ilegítimas a favor de privados de libertad. Lindao, testigo protegido en el caso Plaga, ya está procesado en el caso Metástasis, que investiga una presunta red de delincuencia organizada en la justicia y otras instituciones ecuatorianas, comandada por el narcotraficante Leandro Norero, asesinado en la cárcel de Cotopaxi en 2022.  

El 25 de enero de 2023, fue destituido de su cargo como juez en La Concordia, porque, según el Consejo de la Judicatura, incurrió en “la infracción gravísima de manifiesta negligencia” por su actuación en una acción de protección planteada por Leandro Norero. Lindao ordenó devolver a Norero bienes que le habían sido incautados, mientras él estaba en prisión. 

En el caso Plaga, según la Fiscalía, Lindao emitió aproximadamente nueve acciones de garantías jurisdiccionales, como habeas corpus, acciones de protección con medidas cautelares y más. Lindao liberó a cuatro delincuentes que estaban recluidas por delitos graves, como narcotráfico, robo con muerte, asesinato y robo, “en distintas localidades del país, ajenas a su jurisdicción”, según la Fiscalía. También gestionó traslados a cambio de dinero.

El 22 de enero de 2025, en su procedimiento abreviado, el juez ordenó 35 meses de cárcel para Lindao como autor directo del delito de delincuencia organizada. Además, el pago de la multas de 5.520 y de 67.040 dólares como reparación integral. Según el juez, el monto corresponde al doble de la base mínima de la multa, más el dinero que recibió a cambio de “decisiones judiciales ilegítimas”.

  • Simón García Tello

Simón García Tello, ex juez de la Unidad Judicial Multicompetente No Penal de Paján, en la provincia costera de Manabí, aceptó haber emitido acciones de garantías jurisdiccionales ilegítimas a favor de privados de libertad. García, testigo protegido, fue el juez que en 2022 dejó en libertad a Daniel Salcedo, conocido por actos de corrupción en el sistema hospitalario y sentenaciado en el caso Metástasis, quien ya había sido condenado por tres delitos. 

Tras la liberación de Salcedo, el SNAI apeló la decisión y le pidió al Consejo de la Judicatura que investigara la actuación del juez de Manabí. García fue suspendido durante 2 meses

En el caso Plaga, Simón García, según la Fiscalía, emitió de forma irregular medidas cautelares con efecto inter comunis—que benefician a terceros que no pueden estar dentro del proceso, pero sí relacionados al caso—que permitió la liberación de varios presos “en jurisdicciones ajenas a la suya”, es decir, en áreas fuera de su competencia. 

El 23 de enero de 2025, en su juicio, el juez ordenó 28 meses de cárcel para García como autor directo del delito de delincuencia organizada. Además, el pago de 5.520 dólares de multa y de 80.000 como reparación integral.

  • Joffre Javier Rivera

Joffre Javier Rivera Rodríguez, ex juez de garantías penales en la ciudad de Chone, provincia costera de Manabí, aceptó haber emitido acciones de garantías jurisdiccionales ilegítimas a favor de privados de libertad.

Según la Fiscalía, como juez colaboró constantemente “con la organización criminal” y emitió de forma irregular dos garantías jurisdiccionales, tres medidas cautelares y varias acciones de protección que permitieron “la liberación de 21 privados de libertad recluidos por delitos de abuso sexual, robo con muerte, asociación ilícita, en jurisdicciones ajenas a la suya”. Habría recibido más de 52 mil dólares por hacerlo. 

En febrero de 2024, Rivera tuvo un sumario administrativo por conceder la libertad a dos personas con sentencias ejecutoriadas —uno por tráfico ilícito de migrantes y otro por abuso sexual. El Consejo de la Judicatura determinó que eso era un error inexcusable —es un error que no se puede reparar y que causa daños irremediables a la persona afectada— y fue suspendido.

El 24 de enero de 2025, en su procedimiento abreviado, el juez ordenó 26 meses de cárcel para García. Además, Rivera deberá pagar 5.520 dólares de multa y de 63.730 dólares como reparación integral.

  • Omar Israel Jarrín 

Omar Israel Jarrín Bermeo, abogado y ex funcionario del SNAI, aceptó haber formado parte de esta estructura delictiva. Fue sentenciado como autor directo del delito de delincuencia organizada. 

Según la Fiscalía, Jarrín recibía los pagos de los familiares de los privados de libertad, quienes ya habían sido contactados por Lenin Vimos—ya sentenciado—y gestionaba los trámites para la emisión de boletas de libertad, “aprovechando sus contactos en la cárcel de Turi”, según la Fiscalía. Habría recibido más de 17 mil dólares por ello. 

El 24 de enero de 2025, en su juicio, el juez ordenó 30 meses de cárcel para Jarrín. Además, el pago de una multa de 22.970 dólares como reparación integral.

  • Michael Ismael Hernández Sánchez

Michael Ismael Hernández Sánchez, abogado y ex director de la Escuela de la Función Judicial y socio de Cristian Romero, abogado de Leandro Norero, aceptó haber colaborado en la estructura criminal en la que gestionó una resolución favorable para Cristian Romero, líder de presunto líder de la organización criminal.

Además, la Fiscalía dijo que Hernández recibía transferencias bancarias por parte de Hugo Lara., Jonathan Aguinda y Melanie Alarcón,  miembros de la organización criminal a cambio de favorecer privados de la libertad.

El 24 de enero de 2025, en el juicio, el juez ordenó 10 meses de cárcel para Michael Hernández,  el pago de una multa de 5.530 dólares y una reparación material a favor del Consejo de la Judicatura por 11.040 dólares

  • José Alfredo Mejía Bustos

José Alfredo Mejía Bustos, ex funcionario del Centro de Privación de la Libertad de Cotopaxi, admitió haber colaborado con la salida de privados de libertad, incluso cuando ya habían recibido sentencias en firme. Mejía fue declarado culpable y sentenciado como autor directo del delito.

Según la Fiscalía, Mejía desempeñaba un rol clave dentro de la red criminal. Gestionaba y emitía boletas de excarcelación ilegales. Además, se encargaba de buscar a presos interesados en obtener su salida mediante pagos. 

El 24 de enero de 2025, en el juicio, el juez ordenó 44 meses de cárcel para Mejía y el pago de 11.040 dólares como parte de la reparación integral.

  • Hugo Alexander Lara Olmos

Hugo Alexander Lara Olmos, abogado en libre ejercicio, aceptó haber tramitado boletas de excarcelación para privados de la libertad. Según la Fiscalía, estas acciones le permitieron obtener beneficios económicos. El abogado recibía transferencias bancarias por parte de otros procesados en este caso.

Fue sentenciado como autor directo del delito.

El 27 de enero de 2025, en el juicio, el juez lo sentenció a 17 meses de cárcel y ordenó el pago de una multa de 5.520 dólares. Además, deberá pagar 13.885 dólares como reparación integral.

  • Xavier Raúl Armijos Bermeo

Xavier Raúl Armijos Bermeo, ex funcionario del Centro de Privación de Libertad Azuay No.1 , más conocida como la cárcel de Turi, aceptó haber colaborado con la organización delictiva emitiendo boletas de excarcelación para presos a cambio de beneficios económicos

Según la Fiscalía, Armijos recibió transferencias bancarias por parte de líderes y colaboradores de la red criminal, cómo Banny Molina, José Alfredo Mejía, Omar Jarrín y Lenin Vimos

El 27 de enero de 2025, el juez lo sentenció a 14 meses de cárcel y el pago de una multa de 11.040 dólares

  • Jorge Eduardo Armendariz Zuluaga

Jorge Eduardo Armendariz Zuluaga, ex juez de la Unidad Judicial Penal en Santo Domingo, admitió haber  otorgado libertad a colaboradores de Fabricio Colón Pico, líder del grupo de delincuencia organizada Los Lobos. Armendariz recibió 60.000 dólares de coima.

Fue sentenciado como autor directo del delito.

El 28 de enero de 2025, el juez lo sentenció a 44 meses de cárcel y el pago de una multa de 5.520 dólares y una reparación integral de 71.040 dólares.

  • Franklin Edmundo Tenorio Pineda

Franklin Edmundo Tenorio Pineda, ex juez de la Unidad Judicial Competente de Pasaje, en la provincia costera de El Oro, aceptó haber emitido tres resoluciones de medidas cautelares que permitieron liberar a 13 presos, condenados por asesinato, delincuencia organizada y tráfico de drogas, a cambio de beneficios económicos, según la Fiscalía. 

Tenorio fue sentenciado como autor directo del delito

El 28 de enero de 2025, en el juicio, el juez lo sentenció a  36 meses de cárcel  y ordenó el pago de una multa de 5.520 y de 41.040 dólares como reparación integral.

  • Marco Patricio Coque Coque

El expolicía Marco Patricio Coque Coque admitió haber proporcionado seguridad, logística y transporte a Cristian Romero Moya, presunto líder de la organización criminal.

Según la Fiscalía, Coque coordinó acuerdos económicos con jueces para obtener resoluciones favorables para la organización criminal. Fue sentenciado como autor directo del delito.

El 28 de enero de 2025, en el juicio, el juez lo sentenció a 44 meses de cárcel y se dispuso el pago de una multa de 5.520 dólares y una reparación integral de 11.040 dólares.

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