En el banquillo de los arrepentidos del caso Metástasis

Son las 2 de la tarde. La Corte Nacional de Justicia, en el norte de Quito, está vallada. Hay cinco tanquetas militares resguardando el edificio. Es 10 de enero de 2025 y en el octavo piso, dentro de una enorme sala con ventanales y suelo de parquet, hay decenas de sillas alineadas en dos filas donde —en dos minutos— se sentarán 10 de los 32 sentenciados del caso Metástasis, “el más grande de criminalidad organizada que ha llevado la Fiscalía en toda la historia de la República”, dirá el fiscal general subrogante, Wilson Toainga, al final de la audiencia de pedido de disculpas de quienes se declararon culpables del delito de delincuencia organizada y se acogieron al procedimiento abreviado. 

Las disculpas en el banquillo de los arrepentidos del caso Metástasis se transmitirá en vivo. Los burócratas en la Corte afinan los últimos detalles para que la conexión funcione. Ningún periodista —y ciudadano interesado en la política— quiere perderse este momento. No es cualquier diligencia judicial. Es el pedido de disculpas públicas de un caso que reveló una red de corrupción que incluía a funcionarios y servidores públicos, y comandada por el narcotraficante Leandro ‘El Patrón’ Norero, asesinado en octubre de 2022 en la cárcel de Latacunga, Cotopaxi. 

Son las 2 y 2 de la tarde. “¡Es Salazar, es Salazar!”, grita uno de los periodistas. Todas las cámaras de televisión apuntan a una puerta trasera de la sala, rodeada por una docena de policías. Aparece, vestida con un hoddie naranja y pantalón negro, Mayra Salazar, ex relacionsita pública y pieza clave en la investigación: su testimonio permitió deconstruir Metástasis. Mira al frente e ignora las cámaras. Su cabello está trenzado en forma de corona. Y sus cachetes, flacos. La acompañan dos abogados y dos policías. Detrás de ella entran los otros nueve condenados  que se acogieron al juicio rápido en el que negocian una pena reducida y colaboran con el proceso, como el abogado Hélive Angulo y  el exjuez de garantías penales Emerson Curipallo. Se acomodan en las sillas frente a dos mesas largas —una delante de la otra: cada uno tiene su nombre escrito en hojas blancas convertidas en prismas triangulares.

Entra el juez Manuel Cabrera Esquivel y se sienta —solo— en un estrado largo y de madera. A su lado izquierdo están los sentenciados. Al derecho, Toainga y los delegados de la Procuraduría del Estado, entre ellos, Abelardo Albornoz, quien tiene una especial importancia. Como representante del Estado, y víctima del perjuicio que asciende los 4 millones de dólares, la Procuraduría —es decir, Albornoz— decidirá si acepta o no las disculpas públicas de los arrepentidos del caso Metástasis. 

El delegado de la Procuraduría, Aberlardo Albornoz, estuvo en la audiencia de pedido de disculpas públicas de los arrepentidos del caso Metástasis. Fotografía de Emerson Rubio para GK.

El juez Cabrera dice que la audiencia es parte de lo resuelto en la sentencia del caso Metástasis, en la que se estableció la reparación inmaterial y material, que en términos sencillos quiere decir el pedido de disculpas públicas y la indemnización —además de la pena impuesta a cada acusado en grado de autor. Por si acaso, el magistrado de la Corte Nacional advierte que se prohíbe cualquier actuación que pueda estropear la diligencia. Enseguida, el secretario de la sala toma lista, dice que Daniel Salcedo, también sentenciado por actos de corrupción en el sistema hospitalario, no se presentará por temas de seguridad, se olvida de contar a uno, lo incluye. Listo. Son 10. 

Al lado izquierdo del juez y frente al fiscal Toainga y al delegado de la Procuraduría  hay dos sillas y una mesa pequeña con un micrófono. Es el banquillo de los arrepentidos. Cada uno debe acercarse con su abogado, sentarse y leer el documento que escribieron bajo los parámetros de la sentencia —como reconocer el daño causado—. Al terminar, deben retirarse a sus puestos. 

Empieza la audiencia

Todos los arrepentidos del caso Metástasis tienen sus discursos listos. Todos arrancarán con las mismas primeras líneas: 

“De manera libre y voluntaria, y en pleno uso de mis facultades, comparezco ante el Estado ecuatoriano, representado por la Procuraduría en calidad de víctima, ante el juez nacional y ante el público en general, para ofrecer mis más sinceras disculpas por los hechos cometidos y por los cuales he aceptado mi participación y fui condenado en el caso conocido como Metástasis en calidad de autor de delincuencia organizada en el grado de colaborador de la organización criminal. Expreso mi remordimiento por los siguientes hechos…”. 

El primero en pasar es Gabriel García, un cabo segundo de la Policía que era parte de la Dirección Nacional de Investigación Antidrogas. Lee de corrido sin despegar los ojos del documento donde escribió las disculpas públicas. Dice que tenía comunicación directa con Leandro Norero y que con sus conocimientos en informática evitó que los teléfonos del narcotraficante fueran descifrados, especialmente el teléfono rojo, que era de especial interés para ‘El Patrón’. A cambio, le pagaron en la cuenta de su esposa. 

El segundo en hablar es Lenin Mazón, quien era teniente coronel de la Policía. Dice que cuando era jefe de Samborondón tenía comunicación directa con Norero. Su aporte con la organización fue filtrar información y vigilar la vivienda incautada del narco. Acepta que convirtió la fuerza pública en un servicio de interés del grupo criminal. Incluso, dice que le pidió dinero para cubrir gastos médicos de su esposa, pasajes aéreos de su hijastro y hasta para realizar el mantenimiento de los vehículos policiales del distrito. 

Hélive Angulo, el siguiente, dice que su usuario era Estimado. Así aparece en los chats con Norero, quien estaba en la cárcel por una investigación por lavado de activos. 

Dice que a él le encargaron la coordinación de la defensa jurídica del caso: ordenaba y pagaba sobornos a funcionarios judiciales en la Corte Provincial de Cotopaxi, Guayas y en la Judicatura de Santo Domingo de los Tsáchilas. También lo hizo en la Corte Nacional de Justicia —donde se realiza esta audiencia. Allí contactó a Álex Palacios, entonces subcoordinador jurídico y mano derecha del entonces juez de la Corte Nacional, Wilman Terán, también procesado en Metástasis. Con Palacios colaboró en la compra de favores en las causas judiciales de Norero y su familia.

Momento en que los sentenciados ingresan a la sala de la Corte Nacional de Justicia, en Quito. Fotografía tomada por Emerson Rubio para Gk.

Más adelante, Christian Sánchez, secretario judicial del juez Ronald Guerrero, y Héctor Paredes, sargento de la Policía, pasan al banquillo de los arrepentidos, hablan sobre su participación en la red. Se disculpan. Miran al suelo. Regresan a sus puestos los arrepentidos del caso Metástasis. 

Entonces, llega el turno de Emerson Curipallo o —según los chats— El gran gitano privado. Esta no es la única polémica en la que ha estado metido. Curipallo dejó en libertad al ex vicepresidente del Ecuador, Jorge Glas, con una resolución judicial, pese a que está sentenciado por corrupción. Pero esta vez, no se refirió a ello. Curipallo dice, con pena, los párpados caídos, la mirada perdida, que como juez de garantías penales en Santo Domingo de los Tsáchilas dejó en libertad a dos delincuentes, alias Cuyuyui y alias Madrid, parte del brazo armado de Norero.

“Me arrepiento”, dice el gran gitano. Admite que recibió dinero y que su actuación —reconoce igual que todos 10 sentenciados con procedimiento abreviado— provocó alarma, conmoción social y grave daño a la administración pública. También dice que pide disculpas a su madre, su compañera de vida durante 25 años, y a sus hijos. Termina de leer el documento. Y dice: “¡Perdón!”. Se lame los labios y se retira a su puesto.

El juez Cabrera detiene la sesión. Advierte que quienes deseen conversar —se refiere a los condenados que están cuchicheando con sus abogados— que lo hagan luego. Que escuchen las disculpas públicas y que no interrumpan. 

En el público estamos los periodistas y familiares de los arrepentidos. Unos se abrazan, otros graban la audiencia. Un señor —bajito, pelo cenizo— saca de su saco una funda de dulces. Se acerca a uno de un hombre que está más cerca de los sentenciados y le pide que le lleve a su familiar una golosina. Pasó ya la hora de almuerzo. Una funcionaria de la Corte observa la escena y corre hacia el señor. Le dice que no puede hacerlo. Luego el señor bajito de pelo cenizo intenta de nuevo, esta vez con un vaso de Pepsi. La funcionaria tampoco lo deja. Él regresa y se para detrás de un cordón que separa a la prensa del estrado. Le pregunto al señor cómo se llama su familiar al que quiere entregarle la comida. “Usted para qué quiere saber… mejor no le digo”. 

En el octavo piso de la Corte Nacional se realizó la audiencia de disculpas públicas del caso Metástasis. Fotografía tomada por Diana Salazar para Gk.

El siguiente llamado al banquillo de los arrepentidos es Álex Palacios, el Papá de los pollitos de la Corte Nacional de Justicia. Se levanta y camina hacia la pequeña mesa. Enternado, impecable, dice que él fue subcoordinador jurídico de la Corte. Habla de las influencias que tenía allí —por eso su apodo. Admite, además, que asesoró a Hélive Angulo para la compra de decisiones de los jueces de la Sala de la Familia, Niñez y Adolescencia para favorecer a familiares de Norero. Y recibió 10 mil dólares para retrasar una sentencia. 

Con efusividad, dice que espera que las palabras de disculpas no sean solo palabras de disculpas. Que los profesionales del Derecho vean su experiencia y se den cuenta que estos errores afectan a la administración pública —después de todo, cómo será volver al lugar donde trabajaste a pedir disculpas públicas porque cometiste el delito de delincuencia organizada. 

La disculpa más esperada

A las 2 y 57 llega el turno de Mayra Salazar. Pasa al banquillo de los arrepentidos. Toma las hojas y empieza a leer. Dice que entre mayo y octubre de 2022 mantuvo contacto directo con Leandro Norero. Desde la Corte Provincial del Guayas, aunque sin ser funcionaria judicial, armaba escenarios idóneos para favorecer a los intereses de la organización criminal. Por ejemplo, dice, identificaba jueces dispuestos a recibir dinero o dádivas a cambio de emitir fallos con los ojos puestos en el documento. Levanta la mirada hacia la mesa de enfrente, donde están Toainga y el delegado de Procuraduría. Y vuelve a las hojas. 

Dice también que por pedido de ‘El Patrón’ contactó a su primo, Washington Salazar, funcionario judicial de Cotopaxi, para acceder a jueces encargados de resolver una acción constitucional de Johanna Zambrano, hermana de Norero. “Estas acciones estaban orientadas a desviar la correcta administración de justicia de forma sistemática”, dice. “En este acto expreso mi arrepentimiento genuino por haber cometido el delito por el cual fui condenada”. Se levanta. Se tropieza con la pata de la mesa y enseguida se sienta en su lugar. Cuchichea con sus abogados. Y escucha la siguiente disculpa pública. 

Mayra Salazar, pieza clave en el caso Metástasis, está parada junto a sus abogados antes de hacer su exposición de disculpas públicas. Fotografía tomada por Diana Salazar para Gk.

Pasan el expolicía Cristian Chauca y el exjuez Adolfo Gaibor. El primero dice que filtraba información. El segundo que conoció sobre un recurso de apelación dictada contra Norero y sus hermanos Israel y Johanna por lavado de activos. Se disculpan. El mismo discurso. 

Terminan los arrepentidos.

El delegado de la Procuraduría, Abelardo Albornoz, acepta las disculpas públicas. “Son un acto de reconocimiento de los actos ilícitos de una sentencia que derivó en consecuencias devastadoras”, dice. Recuerda que aún falta la indemnización de la mayoría. Y continúa con hilo de repeticiones sobre la corrupción enraizada, un caso histórico, debilitamiento del Estado.

El fiscal general subrogante, Wilson Toinga, toma la palabra y recuerda que Metástasis es el caso más grande de criminalidad organizada en Ecuador. El juez Cabrera da por concluida la audiencia y todos se levantan. “¡Esperen! ¡Esperen!”, exclama.  

Son las 3 y 20 de la tarde.

Pasó la hora del almuerzo. El juez dice que no quiere interferir con el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) pero pide que los dejen quedarse a los privados de la libertad a comer. Los guías aceptan y se van al festín de los sentenciados… Mientras salen de la sala, uno de los policías sentenciados susurra: “Por fin se acabó esta telenovela”.