El 28 y 29 de octubre de 2024, una delegación del gobierno ecuatoriano, representando al Estado, estuvo en Ginebra para ser evaluado por el Comité de Derechos Humanos de la ONU que supervisa el cumplimiento de los derechos humanos. Como Ecuador, todos los Estados miembros de la ONU se someten a esta revisión para evaluar su cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (conocido por sus siglas PIDCP).
Este tratado es clave en la protección de derechos fundamentales como la libertad de expresión, asociación, reunión pacífica y participación política, entre otros.
Cada sesión, la del 28 y 29 de octubre, duró tres horas. El primer día, una delegación del gobierno ecuatoriano, encabezada por Juan Carlos Larrea, procurador del Estado, habló sobre diferentes temas de derechos humanos como el registro único de violencia, el acceso al aborto, la creación del mecanismo para proteger a los periodistas, entre otros.
Luego de esa exposición, miembros del Comité, que son expertos independientes en diferentes áreas de derechos humanos, hicieron preguntas específicas sobre algunos temas mencionados por los funcionarios del gobierno, como Arianna Tanca, ministra de la Mujer y Derechos Humanos.
Después de las preguntas, la delegación oficial salió de la sala donde era la sesión para preparar las respuestas a esas nuevas preguntas.
El segundo día, la dinámica fue similar. A pesar de que los funcionarios ecuatorianos se dedicaron a leer leyes y protocolos, hubo ciertos datos que pudieron ser verificados.
Lupa Media, organización especializada en periodismo de fact checking, hizo una verificación en vivo, y pudo verificar tres declaraciones. Esta son:
ENGAÑOSO
“Erradicación del embarazo en niñas de 10 a 14 años, en 2023 la tasa es menor a lo esperado. Se ha evidenciado una reducción en la tasa de nacimientos en adolescentes de 15 a 19 años, pasando de 54.6 en 2022 a 42.8 en 2023”, Verónica Carrillo, Secretaria Técnica del Consejo Nacional para la Igualdad de Género.
Es engañoso porque el embarazo de menores de 14 años está en aumento.
La cifra de niñas embarazadas en Ecuador está lejos de disminuir. Contrario a lo que aseguran las autoridades, cada año aumentan. Solo en 2021, 4.077 menores de 10 a 14 años quedaron embarazadas, según datos del Ministerio de Salud. Mientras que en 2023, la cifra llegó a 4.333. Un incremento del 6,27%.
Para el primer trimestre de 2024, ya se contabilizan 2.756 casos. Sin embargo, no hay cifras actualizadas hasta octubre de este año.
En cuanto al número de hijos nacidos vivos de menores de 14 años, las cifras prácticamente se mantienen, sin mostrar una reducción significativa. Solo en 2021, se registraron 1.863 hijos nacidos vivos de madres de 10 a 14 años.
Mientras que para 2024, no hay registro de cuántos nacidos vivos hay hasta el momento.
Disminución del embarazo de niñas y adolescentes, un dato también cuestionable
Se calcula que, en todo el mundo, la tasa de en madres adolescentes de 10 a 14 años en 2023 fue de 1,5 por cada 1000 mujeres, según la Organización Mundial de la Salud.
Sin embargo, en Ecuador la tasa de fecundidad en menores de 10- 14 alcanzó los 2,02 nacidos vivos en 2023, según datos del Mapeo del Embarazo Adolescente en Ecuador. Una disminución mínima en comparación con los 2,26 de 2021.
Las provincias en donde hay más registros de niños nacidos vivos de mujeres adolescentes son: Guayas, Manabí, Pichincha, Los Ríos y Esmeraldas.
En el caso de las adolescentes de 15 a 19 años, la cifra se dispara, contrario a lo que asegura la Secretaria Técnica del Consejo Nacional para la Igualdad de Género.
La tasa de fecundidad NO fue de 54,6 en 2022, sino de 47,57, según datos del Mapeo del Embarazo Adolescente en Ecuador, hecho por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador.
Comparada con 2023, la disminución fue de apenas 4,8 puntos. Es decir, continúa siendo más alta del promedio mundial, que para 2023 fue de 41,3 nacimientos por cada 1.000 mujeres entre 15 a 19 años, según datos de la Organización Mundial de la Salud.
ENGAÑOSO
“La Ley Orgánica creó el mecanismo de prevención y protección de los periodistas y desarrollar indicadores sobre asesinato, secuestro, desaparición forzada y tortura. En 2024 se han identificado 97 alertas contra trabajadores y medios de comunicación”, Juan Carlos Larrea – Procurador del Estado.
El Mecanismo de Prevención y Protección del Trabajo Periodístico no tiene presupuesto.
Desde su creación en noviembre de 2023, no se ha asignado presupuesto para el pago de salarios de funcionarios, abogados especializados en derechos humanos, psicólogos especializados de este mecanismo. Tampoco hay fondos para cubrir insumos de protección personal como chalecos antibalas y cascos.
Ricardo Rivas, presidente del Mecanismo de Prevención y Protección de los Periodistas, dijo a Lupa Media que solicitaron cerca de 700 mil dólares, pero el Ministerio de Finanzas lo negó.
Rivas destaca que, al igual que para 2024, el presupuesto para 2025 también será de 0 dólares porque es un año prorrogado. Por tanto, el Mecanismo seguirá trabajando sin recursos.
Las capacitaciones, talleres y gestiones, explica Rivas, se han realizado gracias a la cooperación con organismos internacionales.
Sin embargo, enfatiza, el Estado sigue siendo responsable de proporcionar los recursos necesarios. De hecho, Rivas, no recibe ningún tipo de remuneración por su trabajo.
Agresiones a periodistas aumentaron
En lo que va del 2024, se han identificado, según el Procurador General del Estado, 97 alertas contra trabajadores y medios de comunicación, según el visor de agresiones del Consejo de Comunicación.
Sin embargo, esas cifras no coinciden con los datos de organizaciones de protección de periodistas de la sociedad civil.
Fundamedios, dedicada a monitorear el estado de la libertad de prensa en el país, registró 151 casos de agresiones a periodistas en lo que va del 2024, le dijo a Lupa Media su director ejecutivo, César Ricaurte. Para Ricaurte, que no coincidan las cifras puede responder a que, al ser una entidad del Estado, “no registra las agresiones de actores estatales”.
Por su parte, desde la Fundación Periodistas Sin Cadenas registra 162 agresiones contra periodistas en Ecuador. Esto incluye agresiones consideradas graves como amenazas de muerte, que hasta ahora suman 11. Registra, además, 53 agresiones a mujeres; 53 a hombres y 56 a medios de comunicación.
¿Entonces?
La afirmación del Procurador General del Estado es ENGAÑOSA.
Aunque se creó el Mecanismo de Prevención y Protección del Trabajo Periodístico, no tiene recursos estatales para gestionar la prevención y protección de periodistas, ni para activar ningún protocolo.
Además, las 97 alertas registradas están lejos de las cifras reportadas por organizaciones de la sociedad civil dedicadas a proteger la libertad de expresión.
FALTA CONTEXTO
“Los beneficiarios del bono de orfandad de 2019 a marzo del 2024 son 486”, Ariana Tanca, Ministra de la Mujer y DDHH.
Es cierto que hasta 2024 han recibido el bono de orfandad alrededor de 486 niños, niñas y adolescentes. Pero esta ayuda no llega a todos.
La norma establece ciertos requisitos y también un proceso engorroso y largo que impide que los menores accedan a estos recursos.
Por ejemplo, un menor que ha perdido a su madre solo puede acceder a este bono si se encuentra en situación de pobreza en el Registro Social, el catastro con información social, económica y demográfica de personas y familias que permite a las instituciones identificar y enfocar mejor sus esfuerzos en poblaciones en situación de pobreza.
Además, debe tener un registro actualizado en el MIES correspondiente sobre casos de femicidio. Es decir, si el deceso de la madre, aunque fuera en condiciones de violencia, no es considerado un femicidio, el menor no podrá acceder a estos fondos.
De acuerdo con información del Ministerio de Inclusión Económica y Social, un total de 497 menores han recibido el llamado bono de la orfandad desde el 2019.
El Estado ha destinado cerca de 1,5 millones de dólares para este rubro desde que se implementó la medida.
Pero, al igual que el caso de violencia de género, organizaciones de la sociedad civil reportan un subregistro. Según Fundación Aldea, que coordina el mapeo del femicidio desde 2014, 1.775 menores quedaron huérfanos por la violencia feminicida.
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