A inicios de marzo de 2024, una denuncia de un presunto caso de violación en un paseo colegial a Punta Cana, República Dominicana, se volvió pública en Ecuador. El hecho se supo el 4 de marzo cuando, ante medios de comunicación, Fernando Rosero, abogado de la presunta víctima, dijo que el hecho habría ocurrido la madrugada del 25 de noviembre de 2023, durante el paseo organizado por los padres de diez estudiantes de tercero de bachillerato (o sea, del final de la secundaria) del Colegio Internacional SEK de Guayaquil.

En su intervención, el abogado Rosero dijo que 5 días después del viaje, el 30 de noviembre de 2023, el padre de la presunta víctima interpuso una denuncia en Guayaquil, por el presunto delito de violación. 

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Rosero ha insistido en vincular al colegio SEK como responsable de lo sucedido, una acusación que el colegio ha rechazado categóricamente. La institución ha dicho que el paseo no fue organizado por el colegio, al punto de que los estudiantes del curso que no fueron al viaje, asistieron normalmente a clases. 

El colegio SEK, que es filial de una red global educativa, ha dicho que apenas supo de la denuncia, activó los protocolos a los que está obligado, poniendo en conocimiento al Ministerio de Educación, y separando a los estudiantes señalados. En el Ecuador, los colegios no pueden expulsar alumnos por su propia decisión, sino que esta debe ser tomada por el Distrito Educativo del Ministerio de Educación al que pertenecen.

Rosero ha hecho varias apariciones públicas para hablar del caso. Ha emitido boletines (incluso uno dirigido al presidente Daniel Noboa), dado dos ruedas de prensa (el 4 y el 14 de marzo), para referirse a los hechos que denuncia. Además, ha dado varias entrevistas a medios de comunicación para insistir en su versión de lo sucedido. 

El 26 de marzo de 2024, la Fiscalía General del Estado publicó un comunicado en su cuenta de X—antes Twitter— sobre el caso.  Además, confirmó que “una vez conocidos los hechos, Fiscalía abrió una investigación y solicitó Asistencia Penal Internacional a República Dominicana”

La Fiscalía también dijo que el país caribeño “requirió una Asistencia Jurídica Internacional Penal”, cuyas diligencias “se encuentran en ejecución” con el fin de “garantizar la articulación y la cooperación entre ambos países”. 

Además, dijo que “las investigaciones relacionadas con violencia basada en género, justicia penal restaurativa o cualquiera que tenga relación con vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes tienen el carácter de reservada y su difusión acarrea sanciones penales, conforme lo dispone la Ley”.

Los supuestos hechos de la presunta violación en un paseo colegial a Punta Cana

La madrugada del 25 de noviembre de 2023 tres jóvenes, en ese entonces, estudiantes de tercero de bachillerato del Colegio Internacional SEK Guayaquil, según el abogado Fernando Rosero, citaron a una compañera al restaurante del hotel en Punta Cana, donde habrían colocado algo en su bebida

Luego de ello, alegó el abogado Rosero, la llevaron a una habitación. Uno de ellos entró, los otros dos se habrían quedado afuera junto a la puerta. Ahí se habría cometido el presunto delito de violación

Cinco días después, representado por Rosero, el padre de la joven presuntamente agredida presentó una denuncia en la fiscalía de Ecuador. Pero el caso se hizo público cuatro meses después. 

En la rueda de prensa del 4 de marzo, Rosero dijo que la Fiscalía dispuso que se le practique un examen médico legal ginecológico a la estudiante. El examen demostró que fue abusada sexualmente y que tenía golpes en el cuerpo

Sin embargo, como la agresión se habría dado en República Dominicana, la Fiscalía ecuatoriana pidió una asistencia penal internacional para que se abriera una investigación en el país caribeño. 

En República Dominicana, el proceso se sustancia ante el Tribunal de Niños Niñas y Adolescentes del distrito judicial de La Altagracia, provincia a la que pertenece Punta Cana. Según Rosero, las autoridades dominicanas habrían emitido una boleta de captura en contra de los tres adolescentes implicados, además de haber ordenado que se practiquen pruebas de ADN que, según Rosero, no habían sido hechas por las autoridades ecuatorianas. 

En la segunda rueda de prensa, el 14 de marzo, Rosero dijo que “todos los jueces y fiscales de Ecuador podrían incurrir en un delito penal por desacato, al no cumplir con la detención de los tres infractores, un pedido que hizo República Dominicana y que ellos tendrán que responder por lo no actuado hasta el momento.” Cinco días más tarde, el 19 de marzo, Rosero y el padre de la presunta víctima viajaron a República Dominicana para gestionar el caso. 

Según un comunicado de Rosero, en la isla caribeña se reunieron con Andrés Chalas, Procurador Adjunto de República Dominicana, y con funcionarios del Tribunal “donde se presentó la denuncia”. 

El boletín puntualiza que en el tribunal donde presentaron la denuncia también “reposan —en cadena de custodia— los audiovisuales extraídos de las cámaras del Hotel Riu Bambú de Punta Cana y las pericias médicas, desmintiendo una vez más toda acusación falsa, de que esta evidencia supuestamente no existe”. 

Dos días después de hacer público el caso, el 6 de marzo, Rosero dijo en una radio guayaquileña, que existiría una segunda adolescente agredida sexualmente en el mismo viaje. Y en la rueda de prensa del 14 de marzo de 2024, adujo que los padres de la joven “no quieren poner una denuncia”, pero que la chica “colaborará como testigo protegido” para contar lo que sucedió

Sin embargo, el padre de la segunda presunta víctima, envió un correo electrónico, al que GK tuvo acceso, dirigido a Édgar Sánchez, director del Colegio Internacional SEK Guayaquil, desmintiendo las declaraciones de Rosero. El padre dice enfáticamente que su hija no fue abusada en dicho paseo

Las respuestas de las autoridades del colegio SEK

Ante la primera denuncia del abogado, del 4 de marzo, el colegio SEK emitió un comunicado diciendo que “como entidad educativa no tuvo ninguna participación en la organización ni en la realización del viaje a República Dominicana de un grupo de estudiantes”. 

Según el colegio, el paseo fue “una actividad privada de algunas familias”. El colegio le dijo a GK que únicamente diez de los 17 estudiantes del curso fueron parte del viaje.  Los demás, asistieron normalmente a clases en Guayaquil. 

Además, explicó que apenas sus autoridades supieron de lo que habría sucedido, se activaron “inmediatamente los protocolos pertinentes en colaboración con el Ministerio de Educación, para garantizar la seguridad y el acceso a la educación de todas las partes involucradas”. El colegio SEK afirmó que tomó “medidas precautorias para asegurar que los menores de edad no tuvieran contacto en la institución y se informó a las autoridades educativas competentes”.

En la rueda de prensa del 14 de marzo, Rosero afirmó que luego de presentar la denuncia en la Fiscalía fue, con el padre de la víctima, al colegio para entregar la denuncia al director del colegio, Édgar Sánchez. El abogado dijo que solicitó a Sánchez abrir “un expediente disciplinario contra los tres adolescentes infractores y realizar una valoración psicológica a la víctima y que el colegio le otorgara una psicóloga para que se recuperara”. Algo, que según el abogado no sucedió. 

Consultados por GK, varios directivos del colegio respondieron que  “el colegio no tenía competencia para expulsar a los estudiantes denunciados, pues la Ley Orgánica de Educación Intercultural, en su artículo 134, no lo permite”. El colegio explicó que desde el día que conocieron la denuncia optaron por tomar la “medida cautelar” de “separar a los alumnos implicados”.

Sobre la apertura de un expediente disciplinario contra los estudiantes denunciados, el colegio dijo que “es competencia exclusiva de la Junta Distrital de Resolución de Conflictos iniciar un procedimiento de esa naturaleza”. Además, el colegio dijo que comunicó “el hecho al Distrito” el mismo día que supieron de la denuncia.  

A su vez, el 5 de marzo de 2024, el Ministerio de Educación en un comunicado dijo que sobre el caso se “ha efectuado el acompañamiento legal y psicológico a la institución particular, a la estudiante y su familia”. El Ministerio también afirma que desde el Distrito Educativo “se está brindando seguimiento y aportando con todas las diligencias del caso para que se cumpla la debida investigación y resolución por parte de Fiscalía”.

El colegio SEK emitió otro boletín el 6 de marzo, luego de las declaraciones de Rosero sobre el presunto segundo caso de abuso en el viaje a Punta Cana. Reiteró “que el viaje fue una actividad privada, a la que acudieron algunos padres de familia con sus respectivos hijos, y no contó con la participación, ni coordinación, ni apoyo de nuestra institución”. 

El 25 de marzo, Rosero publicó un llamado al presidente Daniel Noboa, a la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, y a la Ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad 

Humana, Gabriela Sommerfeld, para que la investigación de la denuncia “cumpla con el debido proceso y se sancionen a todas las autoridades, que durante más de 3 meses, han hecho caso omiso al procedimiento legal”. En el mismo documento, afirma que si las autoridades no hacen “nada al respecto”, planteará una demanda ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Dos días después, Rosero presentó una querella por calumnia en contra el colegio, según dijo a medios locales. La denuncia fue interpuesta en Guayaquil, según Rosero, contra “todos los integrantes del Colegio Internacional SEK Guayaquil, el director, la rectora, los accionistas, el consejo directivo”. 

Además, alegó que los delitos que le imputarían falsamente son “extorsión” y de emitir “comentarios falsos respecto a determinado tema que es una calumnia”. 

Rosero también dijo que presentó una denuncia por intimidación, que según el abogado, fueron realizadas “a través de estas publicaciones que hacen en los diferentes medios. Rosero dijo que volverá a República Dominicana a impulsar el proceso que se abrió en ese país, que pedirá contra los directivos del colegio SEK 5 años de prisión, disculpas públicas y la reparación material e inmaterial por la suma de 20 millones de dólares, por lo que considera son daños y perjuicios causados en su contra. 

La respuesta de uno de los señalados

El 1 de abril de 2024, Luis Cotto, abogado de uno de los ex estudiantes denunciados, dio una rueda de prensa. Sobre la acusación de que los alumnos habrían puesto algo en la bebida de la joven, dijo que no existía informe toxicológico que lo demuestre. Dijo que su defendido no fue a la habitación de ella, donde habría ocurrido la violación, y que al día siguiente ella le habría escrito a él “para decirle que había dejado olvidadas sus zapatillas en algún lugar del hotel». Agregó que esos mensajes serán periciados. 

La fiesta de graduación 

En la rueda de prensa del 14 de marzo de 2024, Rosero dijo que el colegio graduó a los tres presuntos implicados el 26 de febrero de 2024 en una ceremonia privada con sus familiares. A la víctima, adujo, le enviaron una invitación a su ceremonia de graduación individual, que se habría llevado a cabo la mañana del 15 de marzo de 2024. 

Rosero leyó la invitación que recibió la víctima a la graduación privada. 

GK preguntó al colegio sobre la ceremonia de graduación e incorporación de los bachilleres involucrados en el caso y respondieron que los tres estudiantes acusados “tuvieron que recibir en un acto privado los documentos que los acreditan como bachilleres, para evitar que ni ellos ni sus padres tuvieran contacto con otros padres y alumnos”.

Además, explicaron que la decisión de llevar a cabo una ceremonia individual de incorporación “para los 14 estudiantes restantes de la promoción incluida la estudiante denunciante” fue debido al “ambiente social creado por el abogado patrocinador de la denuncia y para evitar su utilización mediática”. Además explicaron que no hubo una graduación grupal como se estila. 

El 15 de marzo,  el colegio emitió un comunicado que dice que “todos los alumnos de la XXXII Promoción del Colegio Internacional SEK, y sus familias, han sido invitados a su ceremonia de graduación INDIVIDUAL, incluyendo a la estudiante denunciante”.

En el comunicado también dice que “no corresponde a ésta ni a ninguna otra institución educativa, negarle el derecho a la educación a ningún estudiante, aunque pese sobre ellos un proceso investigativo”. Al igual que han dado a las autoridades la información que solicitaron, “nombres y domicilio de uno de los demandados”. 

Un caso de una niña presuntamente abusada sale a la luz

En la rueda de prensa del 14 de marzo, Rosero habló sobre un presunto caso de abuso sexual de una niña de 5 años en diciembre de 2023 en la institución. “Allí se violó a una niña de cinco años de edad y quien violó a esa niña de cinco años de edad es un profesor del mismo plantel educacional”, dijo.

El colegio negó esta acusación, y alegó que se trataba del caso de una  niña que sufrió un accidente mientras jugaba con sus compañeros. GK tuvo acceso a una conversación de WhatsApp entre una representante del colegio y la madre de la niña, donde esta última le dice que después de que una médica revisó a su hija, confirmó que no se trataba de una agresión sexual

El comunicado del colegio dice que “el 11 de diciembre [de 2023] se recibió una denuncia por parte de la madre de una estudiante de cinco años que asegura que su hija habría sido abusada sexualmente por un compañerito, también de cinco años”.

En el comunicado, sostiene que “los exámenes médicos realizados por autoridades competentes y los informes periciales disponibles descartan categóricamente cualquier forma de abuso sexual, lo que es de conocimiento de la madre de la menor, quien a pesar de ello ha solicitado indemnizaciones económicas que son improcedentes”. 

También dice que como pedido de la madre de la niña “el colegio procedió a realizar el cierre anticipado del curso”, y que el 5 de febrero de 2024, le entregaron a la madre la documentación académica de la niña, quien dejó “de ser alumna del colegio a todos los efectos legales”. El 28 de febrero, dice el comunicado “el colegio entregó al Distrito la Libreta Final e Informe Académico de la alumna”.

La abogada Soledad Angus patrocina el caso de la niña de 5 años, ex estudiante del colegio SEK. Angus confirma que el presunto abuso sexual habría ocurrido en diciembre de 2023 pero no fue sino hasta marzo de 2024, cuando se conoció la presunta violación en un paseo colegial a Punta Cana, que la madre de la niña decidió hacerlo público.

Angus dice que una tarde de diciembre de 2023, la niña de cinco años —quien tiene limitaciones de lenguaje— llegó a casa del colegio y, cuando su abuela la estaba cambiando de ropa, notó que tenía sangre en sus genitales. La llevó al hospital y luego de que la ginecóloga la revisara y notara una lesión en la vulva, alertó a la Dinapen (Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes). La niña, junto a su abuela, fue escoltada a la Dinapen donde un perito le hizo una evaluación. 

Según Angus, luego del peritaje se descartó que hubo violación (porque no había indicios de penetración vaginal ni anal) pero sí hay indicios de abuso sexual. Ambos son delitos contemplados en el Código Orgánico Integral Penal.

Cualquier tipo de acto, accion, pedido de naturaleza sexual realizada a esta niña implica un abuso sexual. Eso es algo muy grave que tiene que ser investigado. Para mí es incomprensible que se dé y que el colegio no sea el principal interesado en que se sepa la verdad y se aclare qué fue lo que pasó, cómo pasó”, dijo la abogada Soledad Angus.

Luego del peritaje por parte de la Dinapen, la madre de la niña, dice la abogada, alertó al colegio lo que había ocurrido. “El colegio jamás le avisó a la mamá que existía un protocolo de actuación de casos de violencia sexual. No le explicó que tenía que denunciar en la Fiscalía, ni que habría un proceso en el Ministerio de Educación”, dice la abogada. Agrega que recién en febrero la madre de la niña accedió a patrocinio legal. 

La investigación de la Fiscalía por presunto abuso sexual continúa. Angus dice que empleados del colegio, incluido el rector, han sido llamados a testificar, pero no han asistido. 

El grupo de Whatsapp 

También en marzo de 2024, Rosero denunció en medios locales, la presunta existencia de un chat grupal de Whatsapp, donde adolescentes de distintos colegios enviarían fotografías y videos de los presuntos abusos que supuestamente cometen. Según Rosero, uno de los involucrados en la presunta violación en un paseo colegial a Punta Cana es el administrador del grupo. El 14 de marzo, Rosero dijo que la Policía tenía todo el material, entregado por un miembro de dicho grupo. 

El Ministerio de Educación emitió un comunicado, el 12 de marzo de 2024, en diciendo que “a través de la Subsecretaría de Educación del Distrito Guayaquil Zona 8, actuó inmediatamente y de oficio”, y el 12 de marzo presentaron “la denuncia correspondiente ante la Fiscalía Provincial del Guayas por el presunto delito de pornografía con utilización de niñas, niños o adolescentes”.

En el comunicado del 26 de marzo de 2024, la Fiscalía dice que la institución “ha iniciado otras investigaciones relacionadas a los mismos hechos, por el presunto cometimiento de delitos como violencia psicológica y pornografía con utilización de niñas, niños o adolescentes (NNA)”.

El reenvío y publicación no autorizados de fotografías íntimas entre adolescentes en Ecuador es un problema irresoluto. Según la investigación La impunidad, reenviada por Whatsapp publicada en GK en noviembre de 20221, en seis años hubo al menos 2400 casos de violación a la intimidad de adolescentes en los colegios de la provincia del Guayas

A la Fiscalía solo llegaron 391 denuncias en ese mismo período, por vergüenza y porque, en muchos casos, son las víctimas las señaladas como responsables de que circulen fotografías o videos íntimos.

Emilia Pazymino 150x150
Emilia Paz y Miño
Periodista y fotógrafa. Cubre temas de medio ambiente. También le interesan temas de género y derechos humanos.
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