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Confiaba en él y se ilusionó pensando que formarían una familia. Después de una conversación telefónica, Sofía, 15 años, la mirada tan tierna como el rostro, se tomó la foto que su enamorado le había pedido: sin blusa, solo en sostén. No se atrevió a más. Nunca se imaginó que la imagen que le envió solo a su pareja, iba a ser difundida junto con las fotos y vídeos con contenido sexual de otras 20 chicas de su colegio en un grupo de WhatsApp creado por un compañero. Su enamorado, al que conoció en su infancia y con el que tuvo una relación de tres meses, se justificó diciendo que no fue él, sino un amigo suyo, el que compartió la foto. 

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Un lunes de octubre de 2017, en su último año de colegio, una amiga le dijo que su foto circulaba en ese grupo. “Fue el día más triste de mi vida”, dice Sofía. Lloró durante horas. Pensó que había perdido lo que llamó “su decencia” y el respeto que se había ganado entre sus compañeros y profesores por su excelente desempeño académico —incluso representaba a su colegio en concursos de oratoria. “Sentí que defraudé a mis padres. Siempre fui una buena estudiante, disciplinada, pero al estar involucrada en un escándalo hizo que me sintiera culpable”, dice Sofía, quien pensó en retirarse del colegio. Dice que se deprimió. Al final, decidió que “tenía que ser valiente porque su meta era graduarse”.

Sofía sabía que grabar un video o tomarse una fotografía y compartirla con su pareja no es un delito, también sabía que sí lo es cuando esas imágenes son difundidas a terceros sin el consentimiento de quien aparece en ellas. Aún así, prefirió no denunciarlo. 

Creía que el silencio era mejor: creía que si decía algo, más gente se enteraría, y ella sería señalada y desprestigiada por haberse tomado la foto. El  Código Orgánico Integral Penal (COIP) del Ecuador castiga con prisión de uno a tres años a quien “sin contar con el consentimiento o la autorización legal, acceda, intercepte, examine, retenga, grabe, reproduzca, difunda o publique datos personales, mensajes de datos, voz, audio y video, objetos postales, información contenida en soportes informáticos, comunicaciones privadas o reservadas de otra persona, por cualquier medio, será sancionada con una pena privativa de libertad de uno a tres años”. Sofía sabía de que existía la posibilidad de que su expareja y su amigo pudieran ir a prisión, y prefirió disculparlos.

Su caso no es aislado. Según el Ministerio de Educación en la Zona 8, que incluye a las ciudades de Guayaquil, Samborondón y Durán, entre 2014 y 2020 se cuentan 2.466 denuncias por “violencia sexual detectada y cometida entre pares dentro y fuera de los establecimientos”. Es más de una denuncia diaria. Pero muy pocos de estos casos se convierten en denuncias ante la Fiscalía, que es la encargada de perseguir los delitos. La Dirección de Estadística y Sistemas de Información de la Fiscalía General del Estado registra en las 24 provincias del país, desde agosto del 2014 hasta noviembre del 2020, 391 denuncias sobre delito de violación a la intimidad de adolescentes infractores. En Guayas, son 67 casos, de ellos 53 pertenecen a Guayaquil. Pichincha tiene 83; 70 fueron notificadas por estudiantes quiteñas. Galápagos solo cuenta con una denuncia en el 2017. 

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Anais Córdova, coordinadora del programa Navegando Libres de la Organización Taller de Comunicación Mujer, en su Diagnóstico Violencia de Género Digital en el Ecuador, dice que “la violencia de género en el ámbito digital es toda forma de discriminación, acoso, explotación, abuso y agresión que se produce a través del uso de redes sociales, correos electrónicos, celulares y cualquier medio dentro de las TICs y conlleva, además, diferentes afectaciones a nivel físico, psicológico, sexual y económico”.

En su investigación, Córdova trabajó con siete organizaciones sociales en Quito, Guayaquil y Cuenca. Identificó a más de 65 estudiantes de colegios fiscales afectados por violencia digital. Si a esta cantidad se suman las 20 víctimas que pidieron asistencia de forma particular a la Organización, da un total de 85 que fueron acompañadas durante ese diagnóstico. Cuatro eran adolescentes, dos de ellas fueron víctimas de explotación sexual y, las otras dos, de pornografía sin consentimiento. Hubo amenazas y difusión de imágenes sin su permiso.  

Córdova, quien es integrante de la red latinoamericana Acoso Online, dice que la publicación no consentida de imágenes y videos íntimos por medios electrónicos es una forma de violencia de género en línea. “Nosotras creemos que el Porno Sin Consentimiento es un tipo de violencia sexual digital, no lo llamamos nunca porno de venganza porque eso implica una responsabilidad de la víctima, que no es así”, dice. En inglés, se había popularizado revenge porn —porno venganza. Pero, como dice Córdova, el nombre es un eufemismo que disfraza un delito. 

Sobre este tipo de delito, Córdova asegura que no son resueltos por medios penales, porque los operadores de justicia (jueces, fiscales y otros miembros del sistema judicial) no identifican estas agresiones como violencia hacia la mujer. “En el ámbito legal, ni siquiera se entiende qué es violencia de género o violencia digital, aún menos la intersección entre las mismas, los operadores de justicia no saben qué hacer, cómo resolver y cómo identificar”. Esa es la principal razón para que no haya una información real de los casos de violación a la intimdad.

Tres estudiantes que sufrieron este tipo de agresiones, y que fueron consultadas para este reportaje, coinciden en que, como las fotos son enviadas por adolescentes y fueron tomadas en muchos cosas con el consentimiento de las chicas, estos hechos no son tratados con la seriedad que ameritarían por los rectores de los colegios y el personal de sus departamento de consejería estudiantil (conocidos como DECE). Además, intentan persuadir a las víctimas para que no presenten una denuncia en la Fiscalía General del Estado. Las tres adolescentes dijeron que prefirieron callarse para no verse implicadas en procesos legales que, creen, indirectamente afectaría su reputación. Todas pidieron la reserva de su identidad en este reportaje. 

Muchas de las adolescentes que sufren estas violaciones a su intimidad, solo desean olvidar lo sucedido. Cuando se descubre que las imágenes existen, son tratadas como si ellas —y no quienes difundieron las fotos y los videos sin su consentimiento— fuesen las responsables. Son reprendidas, insultadas y  juzgadas. Ellas creen que es mejor no defenderse, pues son sus propios padres, compañeros y docentes, quienes las convencen de ser culpables por compartir fotos y videos con contenido sexual. Muchas, incluso, se cambian de colegio; a veces por sugerencia de sus propios profesores, rectores y padres, o por decisión propia. 

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Romina* casi accede a enviarle una foto desnuda a su pareja, pero se enteró de que en su colegio existía un grupo WhatsApp para difundir ese tipo de imágenes. Su enamorado de ese entonces le aseguraba que no la iba a compartir con nadie. Sin embargo, dudó al escuchar tantas historias de violación a la intimidad entre sus compañeros. Actualmente, ya no está con él y dice que se siente tranquila. En cambio, cuenta que su mejor amiga, Andrea, no tuvo “la misma suerte”: a los dos meses de terminar con su novio, empezó a circular un video donde se los veía teniendo sexo. “Fue muy duro para ella. Me dio coraje, porque del DECE llamaron a sus padres para que se enteren de lo ocurrido, como si fuera cualquier tipo de indisciplina”, recuerda Romina. 

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“Siento que no respetaron su derecho a la privacidad. Obviamente, le pegaron a mi amiga, la sacaron del colegio y lo que sé es que todavía la tratan mal. La controlan mucho con la excusa de que no vuelva hacer lo mismo”, dice la adolescente de 19 años. 

Andrea fue castigada y señalada, pero los administradores del grupo de WhatsApp donde circularon las imágenes quedaron impunes. Sus cómplices no recibieron ni siquiera un llamado de atención. “¿Será que las autoridades desconocen quién comete el delito es el que lo difunde, no el que lo graba?”, se preguntó Andrea* cuando se enteró que ninguno de los jóvenes que viralizaron su video fueron sancionados. Al contrario, a ella y sus compañeras que aparecían en el video, las pusieron como ejemplo de lo que una mujer jamás debe hacer. “En realidad, no me afectó tanto, porque tener sexo es algo natural. Mi error fue confiar en la persona equivocada”, dice Andrea, hoy de 21 años.

Su familia todavía le recrimina por qué se dejó filmar, si ella había recibido “un buen ejemplo en su hogar”. Andrea cree que tampoco recibió un acompañamiento psicológico oportuno en su colegio. Juana Fernández, experta en Género y Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado, explica que los menores de edad son un grupo de atención prioritaria y sobre ellos se debe aplicar una justicia restaurativa, en la que se apuntar más una atención a las necesidades de víctimas y ofensores, más que en la aplicación de castigos. Pero nada de eso sucede en las violaciones a la intimidad —lo que abunda es la impunidad. 

Para que esa justicia exista, es importante que desde los centros educativos, a través de campañas, se sensibilice sobre los tipos de agresiones contra la mujer para prevenir el cometimiento de delitos de la violación a la intimidad. “Es importante desde el Estado, desde la sociedad civil y desde los medios de comunicación, difundir y generar conciencia respecto a que esas acciones machistas tienen una consecuencia legal. No podemos justificar al agresor, porque desconocía la existencia de la ley”, dice la experta en género.

Fernández asegura que existe una invisibilización y naturalización de exponer a una mujer como un objeto sexual. Explica, además, que existe un modelo conocido como “marianismo”, un concepto sociológico en el que el imaginario social idealiza un estereotipo femenino e irrespeta el ejercicio legítimo de su sexualidad. “Antes se apedreaba a una mujer por sus actos, ahora se juzga a través de redes sociales con la divulgación de videos y fotografías íntimas, porque existe un estándar de una imagen de mujer perfecta e inmaculada. Si no cumple con esos parámetros, inmediatamente, se denigra a esa adolescente que confío en su pareja y compartió material de contenido sexual como demostración de su amor”, dice Fernández. Con todos esos estigmas deben cargar las adolescentes cuya intimidad se ha expuesto sin su consentimiento en videos y fotografías.

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Cuando hay un caso de violencia sexual entre pares, el rector de su colegio debe iniciar un proceso disciplinario y enviar el expediente a la Junta de Resolución de Conflictos de uno de los nueve distritos educativos del Ecuador. En esa Junta se debe decidir, según la gravedad de la acción, la imposición de una sanción. Estas van desde la suspensión temporal de asistencia por un máximo de treinta días, con acciones educativas dirigidas con la participación directa de los representantes legales en el seguimiento del desempeño del estudiante suspendido hasta la separación definitiva de la institución educativa, lo que implica que el joven debe ser reubicado en otro establecimiento sin perder el año lectivo. 

Pero para Sofía eso es solo letra muerta. Dice que quien creó el chat nunca fue sancionado. Las autoridades de su colegio jamás se cercioraron de que se eliminó el chat. “Ese chico se atrevió a escribirme en un mensaje interno en mi Facebook”, dice Sofía. Ella le respondió que no quería tener ningún contacto con él. “Ahora, siento temor de que esa foto todavía exista y esté circulando hasta en las redes sociales sin mi consentimiento”, dice. El rector del colegio donde estudiaba Sofía no quiso dar declaraciones alegando que necesitaba una autorización desde el Ministerio de Educación. 

Sebastián Salazar Nicholls, director Nacional de Educación para la Democracia y el Buen Vivir del Ministerio de Educación, argumenta que los DECE deben implementar el Plan de Acompañamiento y Restitución de Derechos. “Cada profesional tiene que seguir de cerca la evolución académica, física, emocional y social del adolescente dentro y fuera de la institución educativa en articulación con las demás instancias. Hay que referir a la víctima a una atención externa donde, junto a su familia, reciba apoyo emocional y tratamiento psicológico sostenido”, dice. Una profesora de la Red de Maestros Ecuador, que pidió mantener su nombre en anonimato, asegura que si en algún momento se enteran sobre una situación que vulnere los derechos de una adolescente no pueden intervenir sino, únicamente, derivar el caso al DECE. “No estamos autorizados para dar ningún tipo de soporte a la afectada ni de hablar sobre sexualidad con los jóvenes durante las clases”, dice. La ley no se cumple, la impunidad campea, la educación sexual y el apoyo a las víctimas en las aulas es nulo. 

Cuando Sofía fue llamada al DECE de su colegio, dice que solo le preguntaron en tono de reclamo ¿por qué enviaste la foto? y ¿cómo se llama el que fue tu enamorado? “No me sentí apoyada sino juzgada y culpada por lo ocurrido”, dice. Sus padres no quisieron continuar con el proceso investigativo porque dijeron que no querían que el “honor de su hija sea más desprestigiado” y que, al final, el responsable fuese igual exculpado. En su casa, recuerda Sofía, se habló una sola vez sobre lo que pasó. Sus padres no la recriminaron, sino que la motivaron a buscar consuelo en la religión. Eso, dice, la ayudó a superar la vergüenza que le causó lo que sucedió. 

Nathasa Montero, defensora de los Derechos Humanos, dice que en muchos DECE todavía existen algunas profesionales con miradas adultocéntricas y patriarcales, por lo que las adolescentes no reciben apoyo. La psicóloga Sonia Rodríguez manifiesta que en nuestra sociedad todavía existe una cultura machista que ha impuesto “el modelo de mujer virgen, esposa, madre, por un lado, y puta, por otro” dice. En esas circunstancias, los hombres quieren controlar el goce, el placer sexual de las mujeres, pero cuando no lo logran, se lo intenta con violencia, humillación, hasta llegar al femicidio, dice Rodríguez,  quien trató a una joven engañada por un compañero de colegio que la invitó a su casa y sin su permiso la grabó. 

Cuando algunos padres se enteran de que su hija se ve involucrada en una situación de divulgación de contenido sexual, se reproduce este patrón de culpabilizar a la mujer. A la paciente de Rodríguez, su madre le pegó y la insultó. “Le dijo que debía ser decente, no mostrar su sexualidad, sus deseos. Ahí se encubre la responsabilidad masculina. Esta influencia está en todos, el reto es desvelarla, despejarla, cuestionar y cambiar”, dice Rodríguez. “Hay que ofrecer a la víctima todo el apoyo incondicional, sin tantas preguntas, ni cuestionamientos. En el Ministerio de Educación las rutas para resolver este tipo de situación son muy básicas y, prácticamente, es lavarse las manos”, dice Montero. “No hay un nivel de primera atención, sino de derivar a la autoridad competente, entonces, la labor de la profesional se convierte en un trámite administrativo”. La socióloga Lourdes España recomienda que los padres deben cambiar su actitud “de mi hijo es el varón y ella es la que tenía que cuidar su reputación”. 

Como dentro de los colegios no suele haber una respuesta eficiente, que garantice los derechos de las adolescentes, muchas veces la ayuda es buscada en la sociedad civil. Una psicóloga que labora en uno de los DECE del Ministerio de Educación, quien habló bajo anonimato porque no tenía autorización para dar declaraciones, explica que una vez identificado un caso se le propone a las familias que busquen contención emocional con psicólogas de instituciones como el Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (CEPAM). 

Ahí, durante las sesiones psicológicas que reciben, comprenden que fueron víctimas de un delito, que no son culpables, ni deben ser juzgadas por su entorno familiar y social. Pero algunas adolescentes, muchas veces, abandonan sus terapias por presión de sus padres. No culminar con el proceso terapéutico puede dar como resultado que no superen ese episodio que en su momento les causó dolor, angustia y preocupación.

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Hay cierta reticencia a someter a un adolescente a una sanción muy dura. Esa se ha convertido en la mayor justificación de profesores y otros profesionales del sistema escolar para que los casos sean ignorados. Pero la legislación ecuatoriana ya prevé otras remediaciones. Según el Código de la Niñez y Adolescencia, cuando un menor de edad comete uno de los delitos sancionados en el COIP, se debe imponer “reglas de conducta, orientación y apoyo psico socio familiar, servicios a la comunidad, libertad asistida, internamiento domiciliario, internamiento de fin de semana e internamiento con régimen semiabierto”. 

Solo en casos muy graves, dice el Código, se debe aplicar la privación total de la libertad en un Centro de Adolescentes Infractores, sin “menoscabo de la aplicación de los programas establecidos para su tratamiento”, ordena la ley. Sybel Martínez, directora del Grupo Rescate Escolar, dice que no solo se debe sancionar al infractor a través de medidas socioeducativas, sino que el Ministerio de Educación tiene la responsabilidad de trabajar en prevenir este delito, en el que la víctima puede ser extorsionada y sufrir hostigamiento de sus compañeros. “No se trata solo de denunciar y de meter a todos los chicos en la cárcel. Toca dejar en ellos un aprendizaje de pedir disculpas públicas, de reparar el daño y responsabilizarse de sus actos”, dice Martínez: hay que enseñar desde las aulas cómo manejar las redes sociales y los peligros a los que se enfrentan en ellas. 

Natasha Montero ha hecho un análisis sobre el perfil de los agresores, basado en su experiencia. Un joven considerado popular, con muchos amigos, socialmente legitimado y con poder económico, podría tener más posibilidad de cometer una agresión y salir impune. Mientras que el adolescente con una popularidad moderada y sin tanto poder adquisitivo, tal vez reciba un llamado de atención.

Para Romina*, la adolscente que no le envió la foto que su novio le pedía de ella, los jóvenes que integraban los chats en su colegio eran populares. Salían con muchas chicas. No tenían una enamorada oficial. Tenían un sentido de “prestigio” que se ganaba, también, compartiendo lo que hicieron en la intimidad con sus exparejas. “Mis amigas que estudian en otros colegios también me cuentan que es común esa práctica del chico proponer a su pareja filmarse y después difundir esas imágenes”, dice Romina. “Cuando se les reclama, ellos no aceptan su responsabilidad y dicen que fueron unos amigos a quienes les prestaron el celular los que divulgaron las fotos o vídeos”, dice.      

Sofía está convencida de que su expareja, un chico popular, no divulgó intencionalmente la foto. Dice que el error fue no borrarla de su celular. “Después del problema sí tuve contacto con él. Me explicó que se sentía mal. Pidió disculpas por lo ocurrido”, dice Sofía. “No lo culpo y asumo mi responsabilidad, pues estaba en mí tomar la decisión de pasar o no la fotografía. En mi casa se habla abiertamente de sexualidad y lo que hice fue sin medir las consecuencias, confiando en él”, se recrimina. 

Sucede, también, que los padres de los agresores suelen apoyar a sus hijos y atacar a la víctima, impidiendo que los jóvenes se responsabilicen por el daño emocional que le causaron a otra persona. “Es necesario involucrar a los progenitores de los infractores, aunque es complejo, porque llegan hasta amenazar con demandar al colegio y a exigir que los chicos continúen estudiando en el plantel”, dice Montero. “El rector, por mantener el prestigio de la institución educativa, cede ante ese pedido y no expulsa a los jóvenes que vulneraron los derechos de sus compañeras. Hay casos que no se pueden mediar. Lamentablemente, la víctima queda desamparada, porque a veces no reciben ni el apoyo de su familia”, dice Montero. 

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Para las estudiantes que fueron acosadas por haber confiado en sus parejas, la existencia de una ley no sirve de nada si se las revictimiza. Peor aún, si a los infractores se los deja ir sin responsabilizarlos, y los hechos se tratan como si fuesen culpa de ellas. Montero dice que el sistema de educación pública tiene una deuda histórica con las víctimas. Las cifras que se conocen son apenas una pequeña parte de la realidad. “Es muy raro que una chica se atreva a denunciar, pero cuando se trabaja con grupos de adolescentes uno se da cuenta que con mucha frecuencia se comete este delito. No existe una data seria y es una obligación del Ministerio de Educación hacer una encuesta guardando la confiabilidad para conocer todas las agresiones de género que ellas experimentan”, dice Montero. 

El Estado tiene la obligación de garantizar el acceso a educación sexual integral a las niñas, niños y adolescentes, desde cada una de las instituciones que forman parte del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñez y Adolescencia, a fin de empoderarse en sus derechos y puedan acceder a servicios especializados de atención y acompañamiento. Sin embargo, El Ministerio de Educación, según testimonios de  profesionales del DECE del colegio de Romina, no tiene un registro oficial y real de casos de violencia a la intimidad, pues no se ha realizado ninguna encuesta, sino que su trabajo se centra en prevenir el abuso sexual en el interior de los colegios.

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Salazar Nicholls dice que el Ministerio de Educación sí elaboró herramientas que permiten transversalizar la educación integral de la sexualidad a través de Oportunidades Curriculares, que son propuestas de trabajo para el docente en el aula, compuesto por varias fichas metodológicas planteadas para temas específicos, que buscan articular la prevención de violencia de género, violencia sexual y prevención del embarazo, con las temáticas que se trabajan dentro del currículo nacional. 

Pero estos productos aún no están impresos ni tampoco han sido difundidos a las escuelas y colegios del Ecuador, porque el año pasado se implementó la modalidad de clases virtuales a causa de la pandemia por el covid-19. Eso significa que el personal docente no cuenta con el material necesario ni recibe aún una inducción para abordar temas sobre sexualidad. La comunicación digital que ha sido la norma obligada en la pandemia, hará que los casos de violación de la intimidad aumenten. 

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La socióloga Lourdes España piensa que ahora, en aislamiento y al estar constantemente conectados a un celular o laptop ha hecho que haya más envío de fotografías y videos entre las parejas, donde las mujeres fueron las más vulnerables. La psicóloga Sonia Rodríguez explica que los jóvenes como parte de su desarrollo sienten curiosidad y exploran su sexualidad, cada uno a su manera, en base a las experiencias, referentes, entornos y acceso a la información que tienen en sus hogares.

Según Rodríguez, los factores para que una estudiante acceda a enviar una foto o video íntimo a su pareja es porque tienen mayor influencia de un amor “romántico” con características de incondicionalidad, obediencia y sumisión, en los discursos modernos actuales: ‘él me ama’, ‘me cuidara’, ‘no me traicionará’. Pero la adolescencia es un período de vulnerabilidad. “Por el deseo de experimentación, pero especialmente por el entorno hipersexualizado que invita al goce sin límites, al riesgo, atrévete, todos lo hacen, es bacán y a que no se dan espacios en el hogar ni en los centros educativos para dialogar, conversar, brindar información científica, con cuestionamientos de género”, explica Rodríguez. Pero hasta ahora, por lo general no hay prevención, ni contención. 

Es importante que la víctima reciba ese acompañamiento psicológico para superar la depresión que se origina por la difamación. Rodríguez dice que no es que las jóvenes no acepten la ayuda de un profesional, sino que hay poca oferta de psicólogos especializados en servicios públicos —una ayuda que debería estar garantizada por el Estado—. “Los problemas o efectos son singulares, cada joven reacciona de manera diferente, desde aislamiento, abandono de los espacios educativos donde ocurrió la vulneración de su derecho a la privacidad, intimidad, así como dificultad de relacionarse con el otro sexo, para expresar sus afectos y su sexualidad”, manifiesta Rodríguez. 

Un estudio del Instituto de Investigación del Hospital de Alberta y la Universidad de Calgary en Canadá afirma que el Sexting —”sexteo”, en español: mensajes con carga erótica en redes sociales o por celular— puede ser una manera saludable para que los jóvenes exploren la sexualidad y la intimidad cuando se da de forma consensuada, pero está asociado, también, a la actividad sexual, múltiples parejas sexuales, falta de uso de anticonceptivos, conducta delictiva, problemas de internalización y uso de sustancias.

“Uno de cada cuatro adolescentes recibe mensajes sexuales y uno de cada siete los envía. También sabemos que la mayoría de los jóvenes no habla de esto en casa. El 49% de los padres no tiene intención de hablar con los jóvenes sobre su salud sexual en línea o fuera de línea”, dice Sheri Madigan, una de las autoras del estudio. La investigación analizó datos sobre hábitos de sexting de 39 estudios publicados anteriormente con un total de 110.380 adolescentes de entre 12 y 17 años.

Según el reporte para el Comité de Derechos Humanos sobre Violencia en contra de las Mujeres Causas y consecuencias de la violencia en línea a mujeres y niñas (2018), el 23% de las mujeres a nivel mundial ha reportado y experimentado abusos y acoso por medio de las tecnologías por lo menos una vez en su vida. Según la Relatora Especial contra la Violencia de Género de las Naciones Unidas, Dubravka Šimonović, la discriminación en línea a mujeres y niñas las lleva a dejar de participar en el ámbito digital y disminuye su accionar con las tecnologías, por ende, incrementa la brecha digital. 

Las tres jóvenes que lo sufrieron dicen que es necesario que en sus casos y colegios se hable con claridad sobre un asunto que es tratado como un tabú. “Sin utilizar un discurso sexista, machista ni discriminatorio”, argumenta una de ellas. 

Romina dice que está en desacuerdo de que un padre desvalorice a su hija por no llegar virgen al matrimonio. “Si un hombre tiene relaciones sexuales a temprana edad es correcto, porque adquiere experiencia, pero si una mujer inicia su sexualidad en la etapa de la adolescencia es una cualquiera”, se queja. Mientras tanto, los más de 2400 casos que existen, solo en una provincia del Guayas, permanecen en un limbo. Nadie quiere abordarlos de forma directa. Las víctimas porque no sienten que tienen apoyo. Los padres porque sienten vergüenza. Y los rectores y profesores de los colegios porque no parecen dimensionar la real gravedad del asunto.

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