Hace más de 100 años, la convicción de que “la paz universal y permanente solo puede basarse en la justicia social” llevó a los constituyentes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a hacer de esta última el corazón de su mandato. La búsqueda de la justicia social se convirtió en el propósito de la OIT, destacando el rol que debe tener el trabajo como una vía para acelerar el acceso a un desarrollo sostenible, inclusivo y con justicia social para toda la sociedad.
En Ecuador, sin embargo, el trabajo está lejos de cumplir cabalmente ese rol. Hoy, más de la mitad de la población ocupada —54% de los ecuatorianos, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) de octubre y diciembre 2023— trabaja en la economía informal, sin acceso a derechos laborales, con ingresos menores al salario mínimo vital y sin protección social.
Según el INEC, los jóvenes de 15 a 24 años son uno de los grupos más afectados por la informalidad: 6 de cada 10 no logra encontrar un empleo formal. Lo mismo le sucede al 78,4% de los adultos mayores de 65 años que deben seguir trabajando, más allá de la edad de jubilación, en empleos precarios en la economía informal.
La informalidad laboral es claramente una de las principales vías por las que se perpetúan las desigualdades en el país; un país informal es un país desigual y un país que se aleja de los principios de la justicia social. ¿Debemos esperar a que se produzca un masivo tránsito hacia la formalización para, recién entonces, pretender avanzar en materia de igualdad y justicia social? Sin duda la respuesta es no.
Las soluciones a la informalidad son complejas y pueden suponer un largo proceso de transformaciones estructurales para dar resultados. Mientras los tomadores de decisión —y especialmente los actores del mundo del trabajo— dialogan y llegan a acuerdos para abordar, de forma sostenible, la baja productividad, los marcos normativos y políticos o el bajo el nivel de educación, la creación de empleo formal para todos los ecuatorianos no está a la vuelta de la esquina.
Entonces, ¿qué pueden hacer hoy, gobiernos, empleadores y trabajadores, para construir e impulsar la justicia social en el mundo del trabajo?
Al menos tres cosas. En primer lugar, volver a poner el foco en los principios y derechos fundamentales en el trabajo. Estos no son ni deben ser nunca vistos como derechos exclusivos de los trabajadores en el mercado formal de trabajo. Porque están enraizados directamente en la dignidad del ser humano que trabaja, y no en las formas que ese trabajo adopte o en cómo se regule.
Acelerar los esfuerzos para erradicar el trabajo forzoso y el trabajo infantil, eliminar la discriminación laboral, garantizar la libertad de asociación, promover la negociación colectiva y garantizar lugares de trabajo seguros y saludables, marcan el rumbo para acercarnos a la justicia social.
En segundo lugar, entender que justicia social implica la distribución equitativa de las responsabilidades del cuidado y de los beneficios del crecimiento económico. Prestando especial atención a las personas en mayor condición de vulnerabilidad: poblaciones indígenas y rurales, mujeres, jóvenes, migrantes, personas con discapacidad, entre otros.
Esto supone, por ejemplo, reconocer y valorar correctamente el trabajo que hace posible todos los demás trabajos: el trabajo de cuidados. Hay suficientes evidencias de que una acción concreta puede tener un impacto casi inmediato en materia de trabajo decente y justicia social. Según un estudio de OIT, invertir en servicios de cuidados en América Latina podría generar hasta 25,8 millones de empleos directos e indirectos. En torno a 9 de cada 10 de estos empleos serían formales y alrededor del 80% lo ocuparían mujeres.
En tercer lugar, podemos concentrar los esfuerzos en construir transiciones justas en el mercado laboral. Poniendo en marcha medidas efectivas para ayudar a las personas a afrontar las transiciones a lo largo de su vida laboral, de la escuela al trabajo, hacia empleos más verdes y hacia una economía digital. En otras palabras, es necesario desarrollar competencias y capacidades en las personas para que estas transiciones inevitables no supongan un tránsito a la informalidad laboral o el desempleo.
Esto también supone trabajar de forma simultánea en políticas y estrategias que promuevan el desarrollo de competencias y aprendizaje permanente, mejorando la conexión entre la oferta formativa y las demandas reales del sector productivo. Además, se puede trabajar con más intensidad en el fortalecimiento de los servicios de empleo y poner en marcha las políticas activas del mercado de trabajo. Incluyendo la asistencia para la búsqueda de empleo y servicios efectivos y accesibles de orientación laboral.
El diálogo social y el trabajo articulado entre gobiernos, y organizaciones de empleadores y trabajadores es más determinante que nunca para hacer frente a este desafío de promover el trabajo decente e impulsar la justicia social. Y, en ese camino, Ecuador no tiene que caminar solo. El Director General de la OIT ha lanzado la Coalición Mundial para la Justicia Social, una iniciativa global para intensificar los esfuerzos conjuntos para subsanar urgentemente las deficiencias en materia de justicia social y acelerar la aplicación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
La Coalición representa una oportunidad única para que los actores sociales ecuatorianos puedan intercambiar conocimientos y experiencias con gobiernos. También con organizaciones de empleadores y trabajadores, instituciones financieras, ONG, empresas y entidades académicas de todo el mundo, que están comprometidas con un desarrollo eficaz, sostenible e inclusivo, mediante políticas coherentes y la acción concertada a través del diálogo social.
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