¿Cómo afecta la violencia a los estudiantes en Ecuador?

La crisis de violencia que vive el Ecuador ha impactado gravemente a la educación. Los estudiantes del país han tenido que continuar aprendiendo en medio de balaceras en algunas escuelas del país, cobro de vacunas extorsivas y suspensión de las clases presenciales y todos estos factores podrían tener consecuencias en los niveles de aprendizaje y desarrollo. Así afecta la violencia a los estudiantes en Ecuador. 

Además, la ola de violencia en Ecuador ha ocasionado que la tasa de homicidios en menores de edad aumente en un 640% en los últimos cuatro años. Sólo entre enero y octubre del 2023 hubo 248 homicidios a niños entre 0 y 4 años y 468 homicidios en adolescentes entre 15 y 19 años.

Luz Ángela Melo, representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en Ecuador, le dijo a GK que estas alarmantes cifras están directamente relacionadas al aumento de la criminalidad en Ecuador. “Tenemos que dejar de hablar de víctimas colaterales. Son niños asesinados”, dijo Melo en una entrevista en enero de 2024. Sin embargo, la representante de Unicef aclara que sólo se tienen cifras, pero no hay mucha información sobre quiénes fueron los asesinos, quiénes son los familiares de las víctimas ni más contexto sobre cómo fueron sus muertes. 

El centro histórico de Quito el 18 de enero de 2024, cerrado por operativos de seguridad en el estado de excepción. Fotografía de Diego Lucero para GK.

A pesar de los problemas y riesgos de seguridad, a nivel nacional, la de escolaridad es alta. La tasa neta de asistencia a la educación secundaria en Ecuador es del 87%. Y en ciudades como Quito, Manta y Guayaquil más del 97% de los estudiantes se gradúan de secundaria. 

Estos y otros datos sobre violencia, educación y seguridad se presentaron en foros dirigidos para jóvenes y universitarios en Quito, Guayaquil, y Manta. La presentación y la charla explicativa sobre los datos estuvo a cargo de Quito Cómo Vamos, una iniciativa que genera datos de la capital para crear incidencia y lograr que las autoridades tomen mejores decisiones a nivel local.  

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Desde el 9 de enero de 2024 las clases presenciales se suspendieron a nivel nacional. La decisión se tomó en medio de uno de los picos más altos de la violencia en el país. Entre el 7 y el 9 de enero, dos importantes líderes de bandas delictivas se fugaron de la cárcel y los presos secuestraron guías penitenciarios en varias cárceles del país. Además, hubo explosiones, coches bomba y otros incidentes violentos. 

El presidente Daniel Noboa decretó estado de excepción la noche del 8 de enero. La medida está vigente a nivel nacional desde esa noche y durará 60 días. Horas después llegó el punto más alto de la violencia: la tarde del 9 de enero de 2024 un grupo de terroristas encapuchados entraron a TC Televisión y transmitieron el ataque en vivo por más de una hora. Esa misma tarde, el presidente Noboa reconoció que había un conflicto armado interno. Desde ese momento, Ecuador ha estado en un estado de guerra contra las organizaciones delictivas. 

Los estudiantes estuvieron fuera de las aulas por más de 10 días. Desde el 22 de enero, los estudiantes regresaron a clases presenciales de “forma progresiva y focalizada”, según el Ministerio de Educación. Sin embargo, había ciertas zonas de riesgo —como las cercanas a las cárceles o las escuelas en provincias con altos índices de violencia— donde el regreso a la presencialidad tomaría más tiempo. 

La presentación de las cifras sobre Manta en el foro de seguridad ciudadana. Fotografía de Gily Nadan para GK.

Luz Ángela Melo, representante de Unicef en Ecuador, dice que le preocupan las clases virtuales en el país. Ella dice que aunque entiende los problemas de seguridad y contexto, es importante que las escuelas estén abiertas porque son “un entorno protector para los niños”. La preocupación está especialmente porque Ecuador fue uno de los países que más tiempo tuvo cerradas las escuelas en la pandemia. Estos cierres tienen graves consecuencias en los niveles de educación de los estudiantes. 

Sobre todo en poblaciones más vulnerables. en zonas sin internet, con personas que no tienen acceso a computadora o celular, entre otros. Por ejemplo, en 2020 en Ecuador, apenas 2 de cada 10 estudiantes tenían acceso a un aparato tecnológico. El resto debía pedir prestado el de sus padres, compartir uno con sus hermanos o no podía acceder a clases virtuales. 

Según el Banco Mundial, la violencia en todos los niveles “destruye el capital humano afectando el mercado laboral y daña a las sociedades al reducir la productividad”. Por eso el limitado acceso a la educación tiene consecuencias a largo plazo en la vida de los niños, niñas y adolescentes. Esto incluye la dificultad para obtener un empleo pleno y barreras para su desarrollo profesional, personal y social.

En enero de 2024, incluso quienes sí pudieron asistir a clases virtuales estuvieron en riesgo. Según el Ministerio de Educación, entre el 9 y 15 de enero hubo 36 amenazas en clases virtuales. Los estudiantes y maestros denunciaron que varias personas encapuchadas entraron a las videollamadas y amenazaron a los asistentes. Para evitar más incidentes, el Ministerio ordenó que todos los maestros y estudiantes cambien sus claves. Melo dice que “es importante que toda la sociedad pueda proteger a los niños porque en la virtualidad, y en la vida en general, hay riesgos”.

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Además de los riesgos de seguridad por terrorismo, explosiones y otros actos de violencia ligados al crimen organizado, los estudiantes también están expuestos a la violencia sexual, especialmente las niñas y adolescentes. Según información de Quito Cómo Vamos, la mayoría de los delitos sexuales en el ámbito educativo en Quito, Manta y Guayaquil fueron cometidos contra mujeres. 

El foro sobre seguridad en Quito. Fotografía de Gily Nadan para GK.

Un informe de la organización Human Rights Watch, de 2020, dice que la violencia sexual es “endémica” y de larga data dentro del sistema educativo ecuatoriano. Según datos gubernamentales analizados por Human Rights Watch, 4.221 estudiantes sufrieron violencia sexual en instituciones educativas entre 2014 y mayo de 2020. 

Estos casos de violencia en el sistema educativo incluyen violación y abuso sexual de profesores a alumnos y entre compañeros. Pese a las alarmantes cifras, en 2020, una investigación de GK y Connectas reveló que al menos el 97% de los abusos sexuales que involucran a profesores siguen impunes. 

La violencia sexual —dentro y fuera de las aulas— tiene consecuencias en la conducta, el desarrollo social y la salud mental de los niños, niñas y adolescentes. Además, están expuestos a otras consecuencias como embarazos no deseados, abortos inseguros y mayor riesgo de contraer infecciones de transmisión sexual. 

La seguridad ciudadana no se trata solo de prevenir robos. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), eso se logra “eliminando las amenazas de violencia en la población y permitiendo que haya una coexistencia segura y pacífica”. Por eso es necesario eliminar todos los riesgos a los que los niños, niñas y adolescentes del país se exponen al momento de ir a estudiar.