Desde diciembre de 2020, Damián, de 9 años, madruga para ir a lustrar zapatos en la Plaza Grande, en el Centro Histórico de Quito. Entre el Palacio de Carondelet, la Catedral, la Conferencia Episcopal y el Municipio de la ciudad, Damián pasa las mañanas acompañado de la cajita de madera en la que guarda todos sus instrumentos de trabajo. 

Cuando la Plaza Grande está cerrada —como el pasado 2 de junio de 2021 en la que se impidió el ingreso porque el Consejo Metropolitano estaba reunido para votar por los pedidos de remoción del alcalde Jorge Yunda—, Damián camina un par de cuadras más hacia la Plaza de San Francisco. Dice que no puede dejar de trabajar porque tiene que ayudar a sus papás. Desde que comenzó la pandemia, ya no les alcanza con lo que su padre gana cargando electrodomésticos, ni con la venta de aguacates de su madre. 

Damián es uno de los 420 mil niñas, niños y adolescentes que trabajan en el país. Muchos de ellos empezaron a hacerlo por el impacto económico que la pandemia del covid-19 tuvo en sus familias. Verónica Proaño, directora de comunicación de Wold Vision —una organización humanitaria que trabaja con niñas, niños y adolescentes— dice que entre 2019 y 2021, el trabajo infantil en el país aumentó un 2%. 

Las ganancias de Damián se dividen en dos: la mitad es para sus padres y la otra mitad se la puede quedar él. Dice que no sabe cuánto gana al día, pero que con lo que normalmente le toca al día puede comprar 5 caramelos pequeños (de esos que cuestan entre 5 y 10 centavos de dólar). La crisis sanitaria social y económica causó que se reduzca el presupuesto de muchas familias, como la de Damián, y que la pobreza en el país aumente un 7%. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) dice que por el efecto de la pandemia, 2,9 millones de niños, niñas y adolescentes viven actualmente en pobreza por ingresos. Es decir, en su hogar hay un ingreso familiar per cápita menor a 84,05 dólares mensuales. 

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Los ingresos no son la única forma de medir la pobreza en Ecuador. Joaquín González-Alemán, representante de Unicef en el país, dice que saber con cuánto dinero vive un hogar cada día “no te dice cómo viven esas esas personas que lo conforman”. Para darle más fineza a ese análisis está la pobreza multidimensional. Como su nombre lo indica, incluye varias dimensiones que se analizan para medir las privaciones con las que vive una persona. “Es una forma de medir las múltiples caras de la pobreza”, dice la economista Diana Morán, experta en desigualdades. La pobreza multidimensional toma en cuenta el acceso a educación, trabajo y seguridad social, salud, agua y alimentación, y al hábitat, la vivienda y un ambiente sano. Al calcular esos otros factores, las cifras suben: en Ecuador 3,1 millones de niños, niñas y adolescentes viven en pobreza multidimensional por la pandemia del covid-19.

Las dimensiones con las que se mide este tipo de pobreza están relacionadas con lo establecido en la Declaración de los Derechos Humanos y en la Convención de los Derechos del Niño. González-Alemán dice que “entre más privaciones de derechos tengas, más extrema será la pobreza dimensional”. Según Unicef, 6 de cada 10 de esos 3,1 millones viven en extrema pobreza. Es decir, tienen privaciones en al menos la mitad de los factores tomados en cuenta para medirla. “Estamos en una crisis de derechos humanos”, dice Nicky Bravo, representante del Movimiento por la Niñez y la Juventud de Ecuador —una red de organizaciones de la sociedad civil que trabaja por los derechos de los niños y adolescentes—, “y los niños son las principales víctimas”. 

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Hasta marzo de 2020 —cuando se confirmó el primer caso de covid-19 en Ecuador y se suspendió la mayoría de las actividades presenciales, incluyendo las clases— Damián pasaba sus mañanas en la escuela. Como ahora está ocupado en ese horario no puede conectarse a las clases virtuales pero por las tardes se dedica a hacer los deberes que sus profesores le mandan por WhatsApp al celular de su mamá.

La atención enfocada solo en la pandemia y la falta de recursos han provocado que los niños sean invisibilizados y que el deterioro de los factores medidos en la pobreza multidimensional sean más graves para ellos. Una de las dimensiones más afectadas en Ecuador es, precisamente, la educación. Joaquín González-Alemán dice que apenas 2 de cada 10 estudiantes tienen un aparato tecnológico propio. El resto está en una situación similar a la de Damián: deben usar el de sus padres o tienen que compartirlo con alguien más.

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Incluso teniendo el equipo, solo el 45,5% de los hogares del país tiene acceso a internet y puede conectarse a las clases consistentemente. A Antonella, de 6 años, el año pasado le dieron un certificado de reconocimiento porque había obtenido las notas más altas de la clase. “Ahora ya no me lo van a dar”, dice con la cabeza agachada. Carmen, su madre, dice que Antonella debe faltar seguido a clases virtuales porque no tienen dinero suficiente para poner megas en su celular. Eso también ha impedido que presente los deberes a tiempo y causó que sus notas bajen.

Las dificultades para poder asistir a las clases en línea están vulnerando el derecho a la educación de los niños. La economista Morán dice que las condiciones socioeconómicas de algunas personas “actúan como una fuerza centrífuga que las expulsa del sistema educativo”. El abandono escolar ha aumentado por la crisis de la pandemia. Unicef estima que 90 mil niños no se han matriculado en este año escolar, pero aseguran que la cifra podría ser mucho más alta. 

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El derecho a la educación también está siendo vulnerado por la calidad de la educación que están recibiendo. 6 de cada 10 estudiantes sienten que están aprendiendo menos, según Unicef. Joaquín González-Alemán dice que el 15% de los niños que sí estaban asistiendo a clases no había tenido ninguna forma de contacto con sus maestros en los últimos 15 días por distintos motivos. “No podemos estar seguros de que ellos hayan dejado su educación, pero nos preocupa porque con 15 días que un niño no esté pensando en las clases, se olvidan lo que aprendieron”, dice el representante de Unicef en Ecuador. Antonella y Damián tratan de mantener el contacto con sus maestros y cumplir con sus tareas, pero los problemas técnicos y la falta de recursos han impedido que puedan hacerlo con normalidad. 

El regreso a clases presenciales en Ecuador será paulatino y voluntario. Desde el 7 de junio de 2021, más de 1.300 escuelas y colegios del país pueden volver a las aulas con planes piloto. Antonella y Damián dicen que extrañan mucho ir a clases. Sin embargo, ninguna de sus escuelas está incluida en la lista de instituciones educativas ya autorizadas para tener clases cara a cara. 

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Además de la educación, otros derechos que se toman en cuenta para medir la pobreza multidimensional también han sido afectados. Verónica Proaño, de World Vision, dice que se han vulnerado 4 grupos de derechos: el desarrollo (en el que se incluye a la educación), la supervivencia, la protección y la participación. 

La supervivencia está ligada a la salud. Proaño dice que una de las formas en las que se afectó el bienestar de los niños es el desabastecimiento de las vacunas pentavalentes, esenciales para los menores de 5 años. El Ministerio de Salud del gobierno de Lenín Moreno aseguraba que la razón de la falta de estas vacunas era la pandemia del covid-19. 

Sin embargo, en marzo de 2021, una investigación de GK reveló que cientos de niños no fueron vacunados a tiempo porque Ecuador no cumplió con los pagos necesarios al Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), un mecanismo de cooperación solidaria a través del que se compran las vacunas para toda la región. No solo escasearon las pentavalentes. Según World Vision, por el desabastecimiento, el 31% de los hogares con niñas y niños menores de 5 años no pudieron acceder a vacunas pentavalentes, de la polio, la fiebre amarilla y la influenza. 

No es un problema reciente o imprevisto. Nicky Bravo dice que en 2019 el Movimiento por la Niñez y la Juventud de Ecuador hizo un informe en el que ya alertaba la baja cobertura de vacunación infantil que había en el país. Según Bravo, el documento fue entregado a la Asamblea Nacional, el Ministerio de Salud y representantes de las Naciones Unidas. El Movimiento hizo una alerta similar en 2017. “Todos los problemas que tenemos ahora ya los teníamos antes”, dice Bravo. Lo que hizo la pandemia fue agravar la delicada situación en la que estaba Ecuador antes y profundizar las brechas socioeconómicas que separaban a la población del país.  

La salud de los niños también está ligada a su alimentación. La desnutrición crónica infantil afecta al 27,2% de los niños menores de 2 años en Ecuador. Proaño dice que el 53% de los hogares ecuatorianos están en inseguridad alimentaria y no tienen acceso a los alimentos necesarios. Un análisis de World Vision dice que a eso se suman la falta de acceso a los servicios de agua potable y saneamiento. Además, el sedentarismo por la educación virtual y el confinamiento podrían aportar al incremento del sobrepeso y obesidad en niñas y niños.

Los derechos de protección y de participación de los niños tampoco se han garantizado en estos 14 meses. Aunque no existe información oficial sobre el impacto del covid-19 en las cifras de violencia en contra de niñas, niños y adolescentes, Proaño dice que se estima que por el encierro el número de menores víctimas de violencia pasó de 7 de cada diez a 8 de cada 10. Además, dice que sus espacios para participar han ido desapareciendo con el cierre de las escuelas, la falta de acceso a internet y la pobreza. Eso ha impedido que se relacionen con otros niños y se integren socialmente. 

Los problemas actuales de Damián, Antonella y los otros miles de niñas, niños y adolescentes que están en una situación similar se traducirán a menos oportunidades en el futuro. Morán dice que cuando sean adultos tendrán dificultades para acceder a empleo pleno: con los derechos de ley y bien remunerado. Según Morán, la falta de una educación de calidad incrementa las probabilidades de que en algunos años sean parte de los millones de ecuatorianos que están dentro del subempleo o en el sector laboral informal, en los que no se garantiza que tendrán condiciones de vida fundamentales como acceso salud y seguridad social. Además, según Morán, el efecto acumulativo de las otras privaciones de derechos agravadas por la pandemia tendrán repercusiones en su desarrollo. El verdadero costo de eso se le cobrará al Ecuador por varios años. 

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Unicef calculó que mejorar las condiciones de vida de Antonella, Damián y las otras niñas, niños y adolescentes del Ecuador podría costarle al país poco más de 2,5 mil millones de dólares. Eso representa apenas el 2,4% del Producto Interno Bruto (PIB) ecuatoriano. Un porcentaje similar a lo que se destinó para el gasto militar en 2019. Nelson Mandela dijo que “no hay una revelación más intensa del alma de una sociedad que la forma en que trata a sus niños”. La pandemia confirmó lo que muchos ya sabían: Ecuador está en deuda con sus niñas, niños y adolescentes. 

Es necesario que se fortalezcan las políticas públicas que garantizan sus derechos. La economista Morán dice que los cambios no se podrán hacer solo con voluntad administrativa. Según la experta, “debe haber disponibilidad de recursos para mejorar sus condiciones de vida”. Según González-Alemán, la inversión debe ir más allá del incremento en la cobertura de los bonos de ayuda económica a los que el anterior gobierno, el de Lenín Moreno, se comprometió en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). González-Alemán dice que la educación, salud y protección “necesitan también una inversión que no está contemplada en ese acuerdo”. 

Según Unicef, los 2,5 mil millones de dólares serán suficientes para garantizar la atención integral para la primera infancia (desde el nacimiento hasta los 8 años), para nuevos cupos en educación básica y superior, erradicar el trabajo infantil y una nueva transferencia de emergencia para hogares en pobreza extrema. Entre más tiempo tome hacer esa inversión y no se mejoren las condiciones de vida del país, más altos serán los costos sociales y económicos en la población más vulnerable.