La inviable veeduría a la Corte Constitucional, explicada

La idea de una veeduría ciudadana a lo resuelto por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, que fue presidido por Julio César Trujillo, iba a desembocar en una crisis institucional como nunca antes vista. Decir esto en un país como Ecuador, que normaliza las crisis institucionales a un ritmo semanal, es decir mucho.

¿Por qué? Porque una decisión legal del juez de Montecristi, Leivis Patricio Quimís, parecía ir teledirigida. El juez ordenó que se hiciera una veeduría para «diagnosticar y evaluar las actuaciones administrativas de cese de funciones y designación de los jueces de la Corte Constitucional», gestiones realizadas por el CPCCS transitorio de 2018. Es decir, buscaba en la práctica instaurar una veeduría a la Corte Constitucional, entre otros organismos de control. 

Algo que no se puede hacer, como explica Ricardo Lara Aranha, abogado constitucionalista.

“Los actos del Cpccs transitorio, bajo ningún concepto, directa o indirectamente, pueden ser revisados”, dice Lara. “Existe ya un dictamen interpretativo de la Corte Constitucional que blindó las actuaciones del CPCCS y no permite que futuras instituciones revisen las actuaciones del CPCCS transitorio”, prosigue. “Así que este dictamen de la Corte tiene fuerza de Constitución. La acción de protección, dictada por el juez de Montecristi, básicamente no se puede cumplir”, dice Lara.

Pero a algunos no les ha importado. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) siguió adelante con la sentencia del juez.

El 30 de agosto de 2023, Alembert Vera, figura ligada al correísmo y presidente del actual CPCCS, hizo público su deseo de acatar la resolución judicial, para revisar lo que definió como las “atrocidades del Trujillato”. 

Una expresión que se acerca muchísimo a la forma en que seguidores del ex presidente Rafael Correa tienen para referirse al Consejo transitorio. Vera fue, durante algunos años, uno de los abogados de Correa, especialmente en demandas en contra de periodistas, como Juan Carlos Calderón, Christian Zurita y en el caso El Universo. 

Dos días después, el 1 de septiembre de 2023, el Consejo de Participación Ciudadana publicó una convocatoria para la conformación de esta veeduría. Estaría abierta hasta el 11 de septiembre.

Las dificultades para Alembert Vera

Esa acción ha puesto en aprietos a Vera y a los ocho consejeros restantes —quienes fueron posesionados en mayo de 2023, luego de ser elegidos en las elecciones del 5 de febrero de 2023. Porque al ser el CPCCS el organismo encargado de designar a los funcionarios que encabezan varias instituciones de control del Estado —Contraloría, Fiscalía, Defensora del Pueblo, Consejo Nacional Electoral y otros—, la importancia de su trabajo es medular.

La Corte Constitucional ha sido muy clara con esto: las decisiones del CPCCS transitorio están blindadas. Es decir, no pueden ser revisadas por ningún otro CPCCS que venga a continuación. Esto según el dictamen interpretativo 2-19-IC/19, del 7 de mayo de 2019, de la Corte Constitucional.

Ahora, los nuevos consejeros, especialmente Vera, se enfrentan a la posibilidad de una destitución, después que el CPCCS convocara la supuesta “veeduría ciudadana” para evaluar la conformación de la última Corte Constitucional. 

La situación remite a lo que pasó con el ex presidente del CPCCS, Juan Carlos Tuárez, que fue destituido por la Asamblea por su intento de revisar las decisiones del Consejo transitorio.

Hay que precisar algo. Porque a diferencias de intentos anteriores de revisar las decisiones del CPCCS transitorio, esta vez la decisión judicial le da otro matiz. “Se ha generado una conmoción, una disputa, porque las acciones de garantías constitucionales son de fallo obligatorio”, dice el constitucionalista Ricardo Lara. 

Esto significa que el Consejo de Participación podía aducir que no tenía más remedio que acatar la creación de esta veeduría.Pero sí tenía la posibilidad de presentar un recurso de apelación “porque es inejecutable la sentencia”, explica Lara. Esto sí ha sido realizado por el CPCCS.

El recorrido hasta el desastre

La pregunta 3 del referéndum y consulta popular del 4 de febrero de 2018, promovida por el entonces presidente Lenín Moreno, fue determinante para la transformación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. 

Con un texto que buscaba enmendar la Constitución y dar por terminado el periodo de CPCCS del momento, la pregunta buscaba que “el Consejo que asuma transitoriamente sus funciones tenga la potestad de evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde, pudiendo, de ser el caso, anticipar la terminación de sus períodos”. El “Sí” ganó con un 63,08% de votos favorables.

El abogado y político Julio César Trujillo presidió el CPCCS transitorio que, entre otras decisiones, cesó en funciones a jueces constitucionales y armó un concurso para definir a los nuevos miembros de la Corte Constitucional (CC). Esa decisión está blindada por la sentencia constitucional.

En febrero de 2022 se dio la primera renovación de la CC, con el cambio de tres de los nueve magistrados.

Pero fue en mayo de 2023 cuando hubo una solicitud al Consejo de Participación Ciudadana, por parte de Betty Moreira Marcillo, para que se evalúen las acciones del CPCCS transitorio, sobre todo con lo relacionado con la designación de los jueces de la Corte Constitucional. El CPCCS negó el pedido, pero eso no la detuvo.

Para el 8 de julio de 2023, Moreira Marcillo solicitó medidas cautelares ante la respuesta del Consejo. Más de un mes después, el 24 de agosto, el juez multicompetente de la unidad judicial de Montecristi, Leivis Patricio Quimís, acepta el pedido. Es en su sentencia que se ordena al CPCCS que cree la veeduría en cuestión.

Este es el pedido sobre el que Alembert Vera se pronunció.

La Corte Constitucional actual es, quizá, el último bastión de la institucionalidad en el Ecuador. Sus fallos han moldeado el tablero de garantías fundamentales en el país. 

Entre sus fallos más importantes, están la legalización del matrimonio igualitario, la despenalización del aborto por violación, la definición del consentimiento sexual de los adolescentes, el fallo que permitió la consulta por el Yasuní, y la reafirmación de la libertad de expresión, entre otros. 

Las reacciones inmediatas

Una vez que el CPCCS hizo público el llamado para conformar la veeduría ciudadana que evalúe las acciones del Consejo transitorio, varias instituciones del Estado levantaron alertas e intervinieron. 

Por un lado, la Corte Constitucional le pidió información a la Fiscalía, al propio CPCCS y al juez Quimis para determinar si estas instituciones y funcionarios están cumpliendo la sentencia constitucional que blindó las acciones del CPCCS transitorio.

La Corte hasta le pidió a la Fiscalía que revise las acciones y las omisiones que el CPCCS pudiese haber cometido al no prestar atención a esta sentencia.

Hasta dentro del mismo Consejo de Participación no hubo consenso. Al menos tres de los restantes 8 miembros del CPCCS hicieron público su descontento por la decisión de Alembert Vera. Entre esos consejeros estaba Nicole Bonifaz, vicepresidenta del organismo.

A través de un comunicado, ella aseguró que Vera no consultó a “ los demás consejeros y consejeras elegidos democráticamente”, por lo que el 31 de agosto pidió un informe jurídico sobre lo que significaría este llamado a una veeduría. Los otros dos consejeros que se distanciaron del pedido son Mishelle Calvache y Andrés Fantoni.

El 5 de septiembre, a través de un oficio, Alembert Vera pidió a la Corte Constitucional que aclare la situación en lo jurídico. Es decir, que dicte jurisprudencia. Esto porque la veeduría responde a una sentencia judicial por una demanda que presentó una ciudadana.

Pero eso no fue todo. Ese mismo día, el 5 de septiembre, la Fiscalía —respondiendo al pedido de la Corte Constitucional—, anunció el arranque de una investigación previa por supuesto prevaricato en contra de Patricio Leivis Quimís, el juez de Montecristi. 

Esto significó que, finalmente, el 6 de septiembre, Alembert Vera reculara y públicamente usara un tono algo más conciliador. Durante su informe ciudadano, Vera aseguró que no existe ninguna manera de que el Consejo de Participación pueda remover, destituir o “cambiar a ningún juez de nuestra Corte Constitucional”, como lo explicó en su intervención. Tildó a cualquier otra idea como “falsa”. 

“No podemos generar ninguna actividad que vulnere o que esté en contra de las decisiones tomadas por el trujillato, por muy nefasto que personalmente me parezca”, dijo Vera. 

Sin embargo, esto no parece haber sido suficiente para evitarle a Vera un problema mayor. El miércoles 13 de septiembre, la Corte Constitucional pidió que el presidente del CPCCS —así como el resto de consejeros Nicole Bonifaz, Mishell Calvache, Andrés Fantoni, Yadira Salto, Johanna Verdezoto y  Augusto Verduga — y el juez Leivis Quimís,  comparezcan en una audiencia ante el organismo.

La audiencia será el próximo 25 de septiembre, por vía telemática.

Lo que busca la Corte es verificar si se ha cumplido la sentencia que blindó lo actuado por el CPCCS transitorio y qué autoridad ha generado su incumplimiento.  

Antes de la audiencia

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social está buscando a toda costa que no existan causales para la destitución de sus miembros. El 20 de septiembre de 2023 hubo un giro importante en el caso: la consejera Johanna Verdezoto solicitó el cambio de orden del día para que el pleno archive el pedido de veeduría ciudadana sobre lo decidido por el Consejo transitorio.

Ante el pedido, Alembert Vera suspendió la sesión. De acuerdo a otros consejeros, no tuvo sentido la suspensión.

Verdezoto pidió el cambio de orden del día porque, de acuerdo a su escrito, el CPCCS no puede revisar lo aprobado por el CPCCS transitorio. Esta es la tesis que el resto de instituciones del Estado mantiene.

Con lo que pasó el 20 de septiembre ya se habla de una nueva mayoría en el CPCCS que dejaría sin poder a Vera en los próximos días. Por el momento, la propuesta de Alembert Vera —de mantener abierto el proceso de la veeduría— es apoyada por los consejeros Augusto Verduga y Yadira Saltos.