En noviembre de 2020 Maribel Pinto fue asesinada en Cuenca con 113 puñaladas. Dejó en la orfandad a tres hijos y dos hijas. Dos de ellos, menores de edad. Luego del crimen, la abogada María del Carmen Quezada acompañó a Miriam Mercado, una de las hijas de Maribel Pinto, para que pudiera reclamar al Estado el bono para hijos de víctimas de femicidio. 

Este bono se creó en 2019 durante el gobierno del presidente Lenín Moreno. El decreto decía que el bono era válido para los femicidios cometidos a partir de ese año. Otro de los requisitos para acceder a la ayuda económica era que hubiera una sentencia ejecutoriada. En ese momento, lo que parecía una buena noticia, fue criticado fuertemente por organizaciones de mujeres que trabajan de cerca con familiares de las víctimas de femicidio. 

El porcentaje de investigaciones por femicidio que llegan a esa etapa es bajísimo, y los que llegan a tener sentencia deben esperar demasiado tiempo. Según la Fiscalía, entre 2014 y 2022, de los 529 casos que ha tipificado como femicidio, sólo 14 tenían una sentencia ratificada. 

El decreto de 2019 no consideraba la situación de los hijos de las víctimas mientras transcurría la investigación.

Pero ese requisito de la sentencia ejecutoriada fue eliminado el 8 de marzo de 2022 por el presidente Guillermo Lasso. El decreto dice que se puede acceder al bono desde el comienzo de la investigación previa. Cuando lo modificó, el Presidente dijo que era para evitar el “trámite tortuoso”. 

Para la abogada Quezada la noticia fue un boom por la fecha en que se lanzó pero asegura que casi no ha mejorado las condiciones. 

Según la Alianza para el Mapeo de Femicidios en Ecuador —conformada por organizaciones de la sociedad civil— entre 2014 y 2022, 1526 niños, niñas y adolescentes quedaron huérfanos por casos de femicidio. Hasta enero de 2023, de esos, solo 192 reciben el bono que es entregado por el Ministerio de Inclusión Económica y Social.

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Aunque María del Carmen Quezada reconoce que el decreto que ya tiene un año fue un avance, en esta entrevista habla de los obstáculos que los hijos de víctimas de femicidio aún enfrentan para obtener el bono. También habla de qué otras consideraciones debería tener el Estado para quienes dependen económicamente de las mujeres que son asesinadas por razones de género. 

María del Carmen Quezada

María del Carmen Quezada acompañó a la familia de Maribel Pinto para reclamar el bono de reparación económica. Fotografía de Xavier Caivinagua para GK.

¿Cuál es el principal problema que tiene el bono para los hijos de víctimas de femicidio? 

Que no es retroactivo. Todos los casos antes de 2019 se quedan por fuera.

Pero, ¿un decreto puede ser retroactivo?

Claro, ellos dicen que de acuerdo a lo legal ninguna ley es retroactiva. Pero esto es un decreto. 

¿Qué otra falla han identificado?

También hemos empezado a preguntarle al Estado qué pasa con los hijos de las mujeres que son víctimas de sicariato. Porque es otra tipificación del delito no pueden acceder al bono. 

Está pendiente además tener una ruta clara para que el proceso para acceder al bono no sea tan difícil. La experiencia con Miriam, la hija de Maribel Pinto, mostró lo engorroso que es.

Nota de la editora: El bono se entrega a los hijos entre los 0 y 18 años cuyas madres hayan sido víctimas de asesinato, femicidio, homicidio y violación con resultado de muerte. 

¿Cuáles son las fallas concretas?

La ruta tiene que ser nuevamente revisada, aclarada, porque si, por ejemplo, el Consejo de la Judicatura tiene un caso de femicidio, ¿cómo el Ministerio de Inclusión Económica y Social sabe que tiene casos de presunción de femicidio o que está en proceso de investigación? ¿Cómo el MIES se entera para comenzar a tramitar los bonos?

Estamos pidiendo que el MIES lo haga por oficio porque ahora se lava las manos y dice “cómo hacemos si no tenemos la información, no sabemos cómo se llama la víctima, ni los familiares”. Sé que en este momento se encuentran en conversaciones entre las instituciones, con la ventaja de que Margarita Carranco esté en los diálogos. 

Pero actualmente es como si el MIES estuviera cruzado de brazos, esperando que vaya la víctima. 

Por ejemplo, el proceso de que el Estado sepa quién es el tutor legal de los niños que quedan huérfanos. Ahí también hay que poner un ojo porque ¿cómo van a solventar eso? 

No le pueden dar el bono al vecino, sino a una persona que pueda garantizar que el bono sea para los niños.

¿Cómo es el proceso para registrar a la persona que recibe el bono?

Hemos pedido revisar los requisitos. Por ejemplo, se pide que la persona que lo va a recibir, o sea el adulto que represente a los hijos huérfanos, no esté en la central de riesgos. ¿Qué tiene que ver eso? 

Cuando le pregunto me dicen que el asunto es que tienen que garantizar que la plata sea entregada a los guaguas.

Otra cosa en el procedimiento con la que estoy en desacuerdo es que el MIES pide todas las facturas de los gastos que se hacen con el bono porque en algún momento le harán una visita. Y, se supone, con las facturas se garantiza que esté invirtiendo en los niños. Y yo pienso, a nivel práctico, qué barbaridad, ¿cómo en el mercado a la señora que le pido un dólar de mote le voy a pedir factura?

familias de víctimas

Las familias de víctimas de femicidio se quedan sin el sustento económico que la mujer asesinada proveía, por eso deberían recibir algún tipo de ayuda, opina Quezada. Fotografía de Xavier Caivinagua para GK.

Entiendo que el bono cuando es un hijo es de 125,33 dólares y cuando son dos es 183,30 y va aumentando dependiendo del número. ¿Cómo funciona ese cálculo?

Creo que el Estado siempre busca por dónde ahorrar.

No es que el valor que reciben se multiplica por el número de niños. Debería ser un valor inicial por un niño, que sean multiplicados por el número de personas dependientes de la víctima.

Ahora está dado el cálculo así: el porcentaje de la renta o alquiler de donde viven se le incluye al primero, el segundo no paga renta. Pero el segundo hijo vive ahí también, no vive en la calle. Consume agua, consume luz. Consume igual que el primero.

Esa es otra de las cosas que pedimos, reconsiderar los valores. Pero es algo que no se va a dar por las condiciones que el Estado no tiene dinero

¿Qué otros pedidos tienen las organizaciones sociales sobre este tema?

Nos preguntamos ¿qué pasa cuando la mujer víctima de femicidio tiene dependientes que no son solo sus hijos?

Hay mujeres que han sido cabeza de hogar y han sido la protección de su madre de 80 años, o de una tía con discapacidad, o una prima con algún problema psiquiátrico. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas personas que se quedan indefensas? Ellas no tienen nada, el Estado no les ayuda en nada.

Eso le estamos también preguntando al MIES. 

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Isabela Ponce
(Ecuador, 1988) Cofundadora y directora editorial de GK. En 2021 ganó el premio Ortega y Gasset. Dos veces ha sido parte del equipo finalista al premio Gabo. En 2019 ganó una mención de la SIP en la categoría opinión por una columna sobre violencia de género. Es consultora para medios de América Latina.
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