Las mujeres convertidas en botín de las guerras del crimen organizado

Hace dos años, dos mujeres  llegaron a buscar ayuda en el  Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (Cepam Guayaquil).  Sus parejas eran parte de bandas de delincuencia organizada y ellas buscaban una salida a ese mundo. “Hay la creencia que son mujeres que buscaron estar en esa situación, pero muchas son sometidas, son obligadas”, dice Annabelle Arévalo, psicóloga de la organización. Las dos mujeres tuvieron la suerte de escapar lo que muchas otras no lo lograron: según la Alianza para el Registro y Mapeo de Femicidios del Ecuador, hasta el 30 de junio de 2021, 33 fueron asesinadas como resultado de motines, guerras, venganzas o rencillas entre pandillas y bandas delincuenciales en el país. 

La Alianza es un conglomerado de organizaciones de la sociedad civil que cada tres meses publica un mapa de los femicidios (muerte por motivos de género) y de los transfemicidios (asesinatos de mujeres transgénero). Ahora, por primera vez ha publicado el número de asesinadas por la delincuencia organizada, que también sega la vida de muchas mujeres en el país. “En Ecuador se está viendo esta crueldad que viven países como México, Guatemala u Honduras”, dice Geraldine Guerra, representante de la Alianza. 

Este conteo puede ser aún más escalofriante. El 4 de agosto, el Consejo de la Judicatura, organismo que administra a la Función Judicial, lanzó una herramienta  para hacer el seguimiento de femicidios y muertes violentas de mujeres en el Ecuador. El Consejo divide las muertes de mujeres en estas dos clasificaciones, para diferenciar las que han sido asesinadas por motivos de género y las que lo han sido por otros motivos. En lo que va de 2021  88 mujeres fueron víctimas de asesinatos, secuestro y sicariato con muerte, robo con muerte, violación sexual con muerte, homicidio, abandono de la mujer con muerte. De ellas, 81 de fueron asesinadas por una persona que no era su familiar o pareja, seis por un familiar y una por su pareja, pero no por motivos propios de un femicidio sino por razones asociadas a la delincuencia organizada. 

Las muertes de mujeres por crimen organizado no deben ser vistas como un tema aislado. Las académicas María Amelia Viteri, Iréri Ceja y Cristina Yépez dicen en su libro Corpografías: género y fronteras en América Latina que deben ser analizadas como resultado de una violencia más amplia que muestra la violencia que viven los hombres por delimitar y dominar territorios.  “Los índices de homicidios de hombres son hasta 10 veces más altos, por lo que no siempre se resalta el efecto desproporcionado de las muertes violentas contra las mujeres”, dice Antonino De Leo, representante de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por sus sigla en inglés) para Perú y Ecuador. A pesar de haberlo estudiado, según De Leo, la UNODC aún no conoce a profundidad las causas de los asesinatos de mujeres  por el crimen organizado.  

Pero en los pocos estudios que se han hecho hasta ahora y según la información recaba por la Alianza para el Registro y Mapeo de Femicidios del Ecuador, se sabe que estos asesinatos pueden darse contra mujeres que pertenecen a esas redes delictivas, al tener diferencias dentro de esas organizaciones, o por denunciar actividades narcotraficantes y por venganzas. Según la Unidad de Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional (Fedoti) de la Fiscalía Provincial de Pichincha, las muertes de mujeres por delincuencia organizada “son circunstanciales y conexas” a otros delitos: la delincuencia organizada, la asociación ilícita, el tráfico ilícito de drogas o de armas, el secuestro, secuestro extorsivo, la pornografía infantil, el tráfico ilícito de migrantes, la trata de personas con fines de explotación, el tráfico de bienes de patrimonio cultural y la comercialización ilícita de combustibles. En su estudio, Viteri, Ceja y Yépez añaden que en la cifra podrían incidir también la posesión de armas, el uso de drogas, la desconfianza en los sistemas judiciales y el desarrollo social y económico inequitativo. 

La Alianza recibe alertas de muertes por chats grupales en los que están mujeres que trabajan en Centros de Atención Prioritaria,  en las Casas de Acogida o Refugios para mujeres que han sufrido violencia. También registran las muertes que reportan los medios de comunicación locales y nacionales. El mapa que publicó la Alianza hasta el 30 de junio de 2021, dice que en tres provincias de la Costa ecuatoriana suman la mayoría de las 33 muertes por delincuencia organizada. En Guayas hubo 17 muertes, en Los Ríos hubo 5 y en Manabí, 4.

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Las dos mujeres que buscaron ayuda en Cepam Guayaquil contaron que mientras estuvieron junto a sus parejas  padecieron violencia física, psicológica y sexual, violencias que pudieron derivarse en femicidios. En las redes del crimen organizado,  las mujeres sufren una doble desprotección. 

Ni ellas, ni sus parejas encuentran la salida del círculo vicioso del delito, y al conocer o intuir las actividades ilícitas de sus parejas o seres queridos no pueden irse: saben el poder que tienen ellos o los grupos criminales en los que están. “Alejarse es un acto demasiado valiente”, dice Margarita Guille, representante de la Red Interamericana de Refugios (RIRE).  “Están ahí por lealtades familiares” dice Guille. “Las mujeres enfrentan este tipo de violencia desde la infancia”, explica Guille, anotando que muy pocas se involucran voluntariamente: lo hacen porque su padre, esposo o pareja pertenece a bandas o pandillas. 

Las dos mujeres que escaparon y encontraron ayuda en Cepam, vivían acechadas por sus exparejas a pesar de estar en el Sistema de protección de víctimas y testigos de la Fiscalía, —programa para salvaguardar la vida de una persona que está en riesgo por ser parte de un proceso penal. 

Muchas mujeres involucradas en estos círculos son víctimas de las represalias. Según Guille, los grupos criminales matan a las mujeres para poder lastimar a las personas con las que tienen ajustes de cuentas o quieren cobrar venganza. “Estas mujeres andaban huyendo”, dice Annabelle Arévalo, de Cepam Guayaquil, lamentando que la organización no pudo ayudarlas más porque las abogadas también corrían peligro. Hasta hace un año, Arévalo supo que ambas estaban bien. 

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Cuando la Alianza revisó las cifras de muertes violentas que se produjeron en años anteriores, se dio cuenta de que en 2021 han aumentado. “La pandemia hizo que haya nuevas disputas entre grupos de delincuencia organizada por controlar rutas, territorio, ajustar cuentas o cobrar deudas, las restricciones de movilidad y encierro pudieron dificultar las operaciones policiales”, dice De Leo, de la UNODC. Pero encontrar esas respuestas precisa de un estudio muy minucioso. “Nos parece muy peligroso asumir sin revisar las fuentes estadísticas, que en el Ecuador estamos ante un incremento de los femicidios por violencia mafiosa”, dice Andrea Aguirre, de la Alianza contra las Prisiones en Ecuador, conformada por ocho organizaciones que defienden los derechos humanos de las personas privadas de libertad. 

Según Aguirre, hablar de un aumento de esas muertes sería hacer eco del discurso estatal de guerra contra las mafias. “Lo cual haría viable una intensificación de la violencia armada en las prisiones y en los barrios urbano marginales”, afirma. Las cárceles del Ecuador viven una grave crisis: desde enero de 2021, más de 120 presos han sido asesinados en medio de fuertes motines en las cárceles, una policía fue violada, más de 70 presos se escaparon y fueron recapturados. 

Pero antes de enero, las cárceles ya sufrían de la metástasis de la violencia. El entonces presidente Lenín Moreno declaró estado de excepción en el sistema penitenciario local, pero no fue suficiente para controlar la situación: su gobierno terminó dejando a la deriva uno de los más acuciosos problemas sociales que vive el Ecuador.  

El 22 de julio de 2021, tras un nuevo enfrentamiento en las cárceles, el presidente Guillermo Lasso volvió a declarar un estado de emergencia en los centros penitenciarios, ordenó control militar y policial fuera y dentro de las cárceles, anunció que pondrá cámaras de seguridad y nombró a un ex militar, Fausto Cobo, como el nuevo director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI). 

Pero los problemas en las cárceles, como el propio Cobo lo ha admitido, no se resolverá con mano dura. Es una crisis estructural. “Es una realidad muy compleja, y no se puede decir que hay un solo problema. Es un problema multidimensional”, dijo Daniela Oña, una experta en derechos humanos de personas privadas de libertad,  en una entrevista en GK en febrero pasado. Desde entonces, la crisis se ha acentuado, ante un Estado que se ha mostrado durante años entre inoperante e indolente. 

Esa misma inoperancia e indolencia no puede trasladarse a las mujeres que mueren a manos de la delincuencia organizada. Para ello, dice Annabelle Arévalo de Cepam Guayaquil, se necesitan políticas públicas claras. El Estado debe asumir estas muertes como una situación de mucho riesgo para las mujeres, niñas y adolescentes. “Se requiere un cambio estructural”, dice Arévalo. Son cambios sociales: la mejora de la economía, la creación de empleo y el acceso a salud. “Tenemos un gran reto”, dice sobre estas muertes violentas, Rocío Rosero, vocera de la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador. Es cierto: la pandemia acentuó todos los problemas estructurales, no solo del Ecuador, sino de todos los países. 

Geraldine Guerra, de la Alianza de monitoreo, pide el control del uso de armas en el país. Es frecuente que se decomisen armas de fabricación artesanal o sin permisos. Por ejemplo, en febrero de 2021, en uno de sus operativos, la Policía Nacional decomisó en las provincias de Guayas, Pichincha, Imbabura y El Oro, cartuchos calibre,  armas de largo alcance y alimentadoras de fusiles.. En el más grande decomiso de cocaína de la historia del país, hecho el 13 de agosto de 2021, además  de las más de 9 toneladas de la droga, se encontraron fusiles de asalto y armas automáticas. 

De Leo dice que en la UNODC no conocen de estudios que permitan afirmar que la circulación de armas está relacionada con las muertes de mujeres, pero sí saben que el tráfico ilícito de armas nutre los objetivos criminales.  “El diseño de planes y políticas de seguridad deben abordar la delincuencia y sus impactos diferenciados en mujeres y niñas”, dice Antonino De Leo. Las políticas públicas, judiciales, policiales y penitenciarias deben ser de protección jurídica, dice un artículo del Programa de Asistencia Contra el Crimen Transnacional Organizado (El PacCTO). Esas políticas evitarían que las mujeres  como las que llegaron a Cepam Guayaquil vean su permanencia en el crimen organizado como la única forma de vida obligada o voluntaria.

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