Dos jueces señalados por el Presidente merecen una disculpa

Mary Quintero estaba viendo las noticias por televisión cuando anunciaron que Guillermo Lasso daría una cadena nacional. Era el 7 de febrero de 2023, dos días después de las elecciones seccionales y ella, como todas las noches, estaba sentada viendo el noticiero con su hija de cinco años, y su madre. Tenía curiosidad de qué diría el Presidente sobre la derrota del referéndum propuesto por el gobierno nacional. 

Cuando empezó la cadena, el Presidente estaba serio y con cada palabra intentaba mostrar firmeza. Pero para sorpresa de Mary Quintero, y muchos ecuatorianos, Lasso no dijo nada sobre los resultados. Era como si nunca hubiesen existido o como si no hubiese perdido en el referéndum. Empezó a hablar de otro tema que, como lo recalcó, le preocupa a todos los ecuatorianos: la seguridad. 

“Ecuador declaró la guerra al narcotráfico, al crimen organizado y a las mafias antipatria que nos roban la paz y la tranquilidad”, dijo. 

Lasso redujo el problema de seguridad al narcotráfico, al crimen organizado, al terrorismo y a dos actores: la policía y los “malos jueces”. 

Para él, “los buenos” son la policía que expone su vida ante criminales. Al otro lado, están los “malos jueces [que] liberan a esos delincuentes” y que todos ellos son “una amenaza para la justicia y la paz”. En la transmisión, el Presidente anunció tres medidas para mejorar la seguridad de todos los ecuatorianos: quejarse ante el Consejo de la Judicatura, denunciar a “los malos jueces” ante la Fiscalía General del Estado, y “exponer públicamente los nombres de los malos jueces y sus casos”. 

En la transmisión, que duró poco más de diez minutos y estuvo acompañada de una música que parecía más de película de suspenso que de comunicado oficial, fueron apareciendo cinco jueces. Uno por uno. Con nombres, apellidos, sus fotos y una lista de decisiones judiciales que, para el Presidente, son inaceptables. Entre ellos, mencionó el caso de los jueces de Manta. 

“Atención a este caso en Manta, donde Mary Quintero y José Alarcón ratificaron la inocencia de dieciocho personas dedicadas al narcotráfico, terminando con una investigación de la Policía Nacional de más de un año de trabajo. Este caso incluso fue coordinado con la DEA de Estados Unidos.”

Al otro lado del televisor, Mary Quintero casi se desmaya. “Me impactó ver mi nombre, con mi foto y la acusación directa de ser amiga de delincuentes”. Escuchó, como si fuera una pesadilla, cómo el Presidente repitió varias veces que eran malos jueces. “Me indignó ver cómo se desconoce el trabajo de un juez y se criminaliza nuestra facultad de absolver. No se verifica ni se nos da la oportunidad de defendernos a través de la sentencia.”  

A su madre se le subió la presión. Mary le dio un agüita y le pidió que no se preocupara, que se iba a defender, que todo lo que decía el Presidente era falso. 

Mientras su madre se calmaba, el Presidente terminaba su mensaje amenazando “a los demás jueces corruptos que esto les sirva como advertencia” que “el Ecuador entero estará pendiente de su decisión” en referencia a la Fiscalía y del Consejo de la Judicatura. Como si fuera poco, imploró a Dios para que “bendiga al Ecuador y nos permita castigar a los malos jueces.”

Su hija le vio la cara a Mary y solo atinó a acercarse a su mamá. Mary Quintero cuenta que su pequeña le preguntó por qué el Presidente le había dicho mala, y le dijo que pensó que la iban a castigar a su madre y la iban a meter presa. 

Ese rato sonó su teléfono. Era su marido, que estaba en Esmeraldas, quien le dijo que le daba todo su apoyo y que encararían esto como familia porque ella no tenía que ocultar nada ni arrepentirse de nada. Luego volvió a calmar a su mamá e hija, y llamó al juez con quien formaba parte del Tribunal, y a quien el Presidente también había mencionado: José Luis Alarcón. 

El juez estaba cenando en un restaurante. No se había enterado. Mary le contó del mensaje de la cadena nacional y le dijo, exaltada, que tenían que ir a Quito, golpear las puertas necesarias y decir la verdad hasta que las autoridades los escucharan. 

José Luis le pidió que se calmara. Vio la cadena en su teléfono mientras comenzó a recibir mensajes de familiares y conocidos que se solidarizaban. Una tía incluso lo llamó, llorando, y él tuvo que explicarle que no tenía nada de qué arrepentirse. Todos le daban ánimos y le pedían que no se calle, que no se deje, que enfrente al Presidente, que todo era una infamia. 

El juez pensó en la suspensión sin sueldo que ya había tenido sin poder defenderse, y en cómo, después de la cadena nacional, seguramente perdería su trabajo. El 24 de diciembre de 2022, apenas ocho días después de haber dictado una sentencia oralmente, el Consejo de la Judicatura suspendió sin sueldo a Mary y a José Luis por error inexcusable —una infracción gravísima disciplinaria, en el Código de la Función Judicial, que quiere decir que los jueces o juezas hicieron una aplicación o interpretación de la ley inaceptable, que es grave y provoca daños. 

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La intromisión de un Presidente ecuatoriano en la administración de justicia se repite una vez más. Ahora, en lugar de exponer a miembros de bandas criminales o de supuestos delincuentes “más buscados”, ponen en la picota pública, tratando de desviar la atención y la coyuntura política, a jueces y juezas. No conozco la historia de los otros tres señalados por el Presidente. Pero a Mary y José Luis, que fueron mis alumnos en una maestría de derecho penal, sí. 

Son ciudadanos, tienen historia, tienen contexto, tienen dignidad, tienen presunción de inocencia, tienen derechos y, sobre todo, deben ser escuchados y se les debe permitir defenderse.  

Mary Quintero es una mujer esmeraldeña, afrodescendiente, primera profesional y abogada de su familia. Lavando platos y cuidando niños reunió los recursos para graduarse de abogada en la Universidad Central de Quito y, más tarde, como especialista y magíster en derecho penal. Comenzó a trabajar hace trece años, entre 2009 y 2011, como asistente de fiscales, fue secretaria de fiscalía entre 2011 y 2012, y fue fiscal entre 2012 y 2015, luego de un concurso de méritos y oposición.

Desde 2015 es jueza de un Tribunal Penal en Manta. Nunca ha sido sancionada por algo relacionado con el crimen organizado y, más bien, ha recibido reconocimientos por su lucha contra la violencia contra la mujer.

José Luis Alarcón estudió derecho en la Universidad Católica de Quito y se graduó en el 2008. Luego hizo su especialización y maestría en derecho penal. Hasta 2011 fue asistente de fiscal, luego fue secretario de la Fiscalía hasta el 2013, y trabajó un tiempo en la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, hasta el 2016. Ese año, después de un concurso de oposición y méritos fue nombrado juez del Tribunal Penal de Manta. Nunca ha tenido problemas disciplinarios.

En el Tribunal Penal, conformado por Mary Quintero y José Luis Alarcón, la gran mayoría de casos relacionados con narcotráfico y crimen organizado han tenido sentencias condenatorias. Según cuentan, los casos excepcionales han sido porque se ha confirmado el estado de inocencia. Cuando hay evidencia de drogas, casi siempre hay condena. 

Pero el caso que mencionó el Presidente fue una de las poquísimas excepciones.

¿Tiene algún sustento el linchamiento mediático contra estos dos jueces y la puesta en marcha de todo el aparataje estatal para suspenderlos?

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Las 18 personas que, según el Presidente son los narcotraficantes que los dos jueces absolvieron, son en realidad pescadores. Fueron detenidos el 26 de octubre de 2021 en un operativo policial. Se los vinculó a un caso relacionado con una organización narcodelictiva que traficaba drogas, desde el puerto de Manta hacia Estados Unidos, en 2018 y 2019. 

En Estados Unidos incautaron más de 20 toneladas de droga y juzgaron a varias personas en el 2019 por ese caso. A los 18 procesados los vincularon porque los días en que los botes salieron con drogas hacia Estados Unidos, ellos también estaban en altamar. Y porque, además, un par de los teléfonos incautados en Estados Unidos que pertenecían a los detenidos allá, se había comunicado, años atrás, con aparatos que tenían algunos pescadores. Según la Fiscalía, los pescadores procesados proveían combustible a los botes que traficaban con droga, y por eso eran parte de la organización criminal internacional. 

Según el juez Alarcón y la jueza Quintero en el caso no hubo pruebas de que los pescadores tenían droga, ni de la relación de los pescadores con la organización criminal, ni del transporte de hidrocarburos. Ni siquiera había pruebas del vínculo entre las llamadas interceptadas —que fueron en 2018— y los pescadores —detenidos en 2021. 

El 16 de diciembre de 2022, el Tribunal Penal, conformado por Quintero y Alarcón, dictó sentencia oralmente y ratificó la inocencia de los pescadores. Como siempre, tenían que y dictar la sentencia por escrito, y por la extensión del expediente, ese proceso tardaría cerca de un mes.

Pero para la Fiscalía, la sentencia tenía un error inexcusable. Si creía eso, lo que debía hacer era apelar la sentencia y demostrar el error ante la Corte Provincial de Manabí. La Corte debía haberlo revisado y si consideraba que había error inexcusable, debía declararlo en una sentencia. 

Sin embargo, la Fiscalía siguió un procedimiento irregular. 

Sin que exista la sentencia escrita, sin escuchar a la jueza y al juez y sin que se resuelva el recurso de apelación, denunció el supuesto error inexcusable ante el Consejo de la Judicatura (CJ). El CJ en lugar de declarar inadmisible el pedido por inoportuno, dispuso que la  Corte Provincial de Manabí resuelva sobre la denuncia fiscal y, además, el 24 de diciembre de 2022, suspendió a la jueza Quintero y al juez Alarcón del Tribunal, sin sueldo. 

El expediente del caso de supuesto narcotráfico en altamar tiene 55 cuerpos (tomos o cuadernillos) y cada cuerpo tiene 100 fojas (hojas). En total son 5500 páginas. La audiencia de juzgamiento duró 22 días, que constan en aproximadamente 80 horas de grabación. A pesar de la complejidad de este caso, la Corte Provincial, sin que exista siquiera sentencia escrita del Tribunal que declaró la inocencia a los 18 pescadores, declaró el error inexcusable solicitado por la Fiscalía. 

Y esa inconformidad de la Fiscalía con la sentencia terminó en la cadena nacional presidencial que dejó a Mary Quintero y toda su familia en shock.

Todos estos actores —la Fiscalía, el Consejo de la Judicatura, la Corte Provincial de Manabí, el presidente de la República— actuaron sin escuchar a Mary y a José Luis. Sin defensa y sin debido proceso están suspendidos y fueron linchados mediáticamente.

Yo los escuché y leí con atención la calificación de error inexcusable de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Manabí. No he leído todo el expediente y mi principal reclamo no es afirmar la inocencia de los dos jueces sino que creo que la sanción administrativa, judicial, pública y política a ambos sin escucharlos, es injusta. 

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La idea que nos dio el Presidente en la cadena nacional fue que los jueces liberaron a personas miembros de una banda de crimen organizado internacional. Al parecer esta percepción no es la correcta. 

Para Mary Quintero y José Luis Alarcón, las personas señaladas eran evidentemente pobres y no parecían ser parte de una organización criminal internacional. De hecho, en el proceso no se probó la pertenencia a organización criminal alguna. Ni siquiera se conocían entre todos ellos.

De los 18 procesados, 3 fueron defendidos por un Defensor Público, Wilson Mieles Vera. Lo llamé para conocer su percepción de los hechos. Según Mieles, los acusados por la Fiscalía “son tres personas dedicadas a la pesca toda la vida, prestaban sus servicios a dueños de barco. Son capitanes, conocen coordenadas para pesca…”. Ninguno es dueño de barco, no tienen vehículos y viven en casas humildes, en condiciones de bastante pobreza, en un barrio marginal de Manta que se llama Esteros. 

Para mí, “capitanes” de barco suena a tener cierto estatus, por eso le pregunté qué significa, y me dijo que les dicen capitanes a quienes lideran un grupo de personas que se dedican a la pesca y que organizan el trabajo en un bote. Pero son pescadores. El defensor público está convencido que no son grandes traficantes. Ninguno tenía plata para su defensa —por eso intervino la Defensa Pública—, ni para pagar las extorsiones que recibían en la cárcel donde cumplían prisión preventiva. 

Mieles tampoco considera que son de una banda criminal, peor que son de una banda internacional o parte del crimen organizado. Dice que no hubo pruebas de haber cometido un delito relacionado con el narcotráfico y que la sentencia dictada oralmente por el Tribunal, en el que los absolvió, fue correcta. 

Como defensor público, Mieles ha visto la trayectoria de Mary Quintero y José Luis Alarcón estos años. Dice que son intachables. 

El mensaje del Presidente también le indignó porque les atribuyó hechos desde la ignorancia y que provocan mucho daño. “Son personas que han demostrado que son correctas y se apasionan por lo que hacen y siempre han estado prestos a servir.” 

Mary y José Luis están indignados. Les molesta ser chivos expiatorios, y que no les hayan dejado siquiera motivar por escrito la sentencia y, sobre todo, que no les hayan permitido ser escuchados y defenderse. 

Cuando les pregunto cómo hubiesen juzgado el caso si hubiesen sabido que iban a ser sancionados y a salir en una cadena nacional. Sin dudar, Mary me respondió que “si volviera a juzgar, habría fallado igual. Para ser juez hay que tener carácter. No podría dormir con una sentencia de 19 años convencida de que esas personas no son culpables.” José Luis dijo lo mismo.

¿Con este historial, por un informe de un fiscal que pierde un juicio y porque hubo intervención de la DEA, se puede tratar así de ligero a un juez y a una jueza y arruinar su reputación y carrera?

Estamos ante una vulneración grave de derechos y a la independencia judicial. El gobierno nacional en lugar de luchar contra la delincuencia lo que está haciendo es debilitar más a la Función Judicial y al Estado de derecho.