Yadira Labanda dice que está desarmada. Recién volvió a Quito desde la provincia andina de Cañar, donde visitó al padre de una víctima de femicidio. “Te desarmas totalmente porque vuelves a revivir escenas que no solo te pasaron a ti sino también a estas personas”, dice Yadira Labanda, la mamá de Angie Carrillo, quien fue asesinada por su exnovio en el 2014. 

“En este país no hay reparación”, dice convencida, ocho años después del femicidio de su hija, y de trabajar de cerca con quienes también perdieron a sus familiares por la violencia machista. 

En su antebrazo izquierdo, Yadira Labanda tiene un tatuaje de una flecha que, en el medio y en cursiva, dice Angie. 

Cuando su hija tenía 19, un día no volvió a la casa. 

Después de dos años, en los que Yadira Labanda se mudó de ciudad, aprendió cómo funcionan las fiscalías y los juzgados, e insistió para que la investigación avance, el cuerpo sin vida de su hija mayor fue encontrado en una quebrada al norte de Quito. 

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“Me entregaron los huesos en una caja de cartón y me dijeron que me encargue”, recuerda, se indigna, se le corta la voz y me pide disculpas porque, dice, todavía necesita llorar. Pasa, con cuidado, su mano de uñas cuadradas —blancas, lilas y concho de vino— por la cola del ojo.

Ese día de 2016 tuvo que contratar un servicio que trasladara los restos de su hija a Lago Agrio, donde había crecido. Ese día tuvo que ir al Registro Civil para inscribir la muerte de su hija. Ese día tuvo que lidiar con funcionarios que la apuraban. Nadie parecía entender que acababa de confirmar que su hija había sido asesinada. 

Ese día en trámites gastó mil quinientos dólares. Recuerda que en la sentencia del femicidio de su hija, varios años después como parte de la reparación, al culpable lo obligaron a pagar 20 mil dólares. Pero no recibió ese dinero porque el culpable se declaró insolvente. “Así como se declaran insolventes la mayoría de femicidas”, se queja e insiste: “eso no es reparación”.

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Para entender el término reparación —específicamente para las familias de las víctimas de femicidio— conversé con Yadira Labanda, una de las mujeres más vocales sobre esta causa, en la oficina de la Fundación Aldea, en Quito. 

Ella, junto a otras madres víctimas de femicidio, presentó un proyecto de ley, con el apoyo de la asambleísta Dayllana Passailague, específicamente sobre reparación. 

¿Qué es la reparación? ¿Cómo la describiría?

Para mí la reparación tiene que ser integral.

La primera parte de la reparación es que los familiares de las víctimas de femicidio sepamos que existe la reparación. Porque cuando sigues este proceso de justicia, ni el fiscal ni nadie te dice ‘mire, hay una reparación’. 

Si no estás acompañada de un abogado particular que te guía no te enteras de la reparación. 

Si no tienes los medios económicos, te asignan uno de la defensoría pública y no hay garantía que ese abogado tenga empatía o tenga conocimiento en temas de género. 

familias de víctimas
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Yadira Labanda trabaja en un proyecto con las familias de víctimas de femicidio. Fotografía de Vanessa Terán Collantes para GK.

A mí nadie nunca me dijo ‘mire, Yadira, en este proceso de justicia también hay una reparación’. 

Durante los dos años que mi hija estuvo desaparecida, ¿usted cree que yo tenía cabeza para llevar las cuentas, guardar las facturas de los gastos que hacía, de los buses que tomaba para irme a Machala a pegar afiches con la cara de mi hija, de las consultas médicas mías, de las consultas psicológicas?

Pero cuando encontraron el cuerpo de Angie, mi abogada me dijo que tenía que poner una denuncia particular, me habló por primera vez de la reparación y me preguntó si ‘de pronto tenía facturas de gastos’. 

Yo le dije que si se daba cuenta de lo que me estaba pidiendo, le recordé que había encontrado a mi hija. Ni siquiera me dejaron vivir el duelo. 

Y lo mismo que me pasó a mí, le ha pasado a muchas familias. 

La reparación también debería incluir que en el proceso, en la investigación, los funcionarios usen un lenguaje más sencillo para poderlos entender porque usan términos jurídicos, que yo sé que está bien, pero hay familias que desconocen un montón y por miedo o por timidez, ni siquiera lo preguntan.

Y en esos detalles está la reparación. 

La reparación no solo es económica sino que abarca todo desde salud, desde lo psicológico, de saber que la condena el femicida la está cumpliendo en la cárcel que es. 

A nosotros nunca nos informan nada de eso. Parte de la reparación es que los funcionarios entiendan, conozcan, respeten. 

¿Cómo es la reparación en temas de salud mental?

Para mí fue muy doloroso escuchar la sentencia cuando me dijeron el nombre del femicida y que tendría 26 años de privación de libertad y una reparación de 20 mil dólares. Yo no podía entender cómo mi hija, que es una vida humana, pueda reducirse a eso. 

Entonces, el Estado debe tratar de entender el daño psicológico que se causa y financiar para el entorno familiar —hermanos, padres, hijos— ese apoyo. La reparación integral también tiene que ver con esta reparación psicológica. 

Y el Estado nos dice ‘sí tenemos psicólogos’ pero tenerlos no significa que ellos tengan la experticia para saber llevar estos temas de femicidio. 

Nosotros hemos conversado entre familias y hay quienes rechazan el acompañamiento psicológico porque dicen que cuando va el psicólogo del MIES o de la Secretaría de Derechos Humanos se sienten como culpadas. 

Sienten que no les pueden contar sus cosas. Algunas familias nos han contado que los psicólogos le han contado a otros funcionarios públicos acerca de la terapia. 

Yo no puedo aceptar esa ayuda psicológica. No me siento acompañada por eso he preferido rechazar el apoyo, así como muchos otros. 

Yadira Labanda

Durante dos años, Yadira Labanda fue todos los días a la Fiscalía para revisar expedientes y pedir que la investigación por el asesinato de su hija avance. Fotografía de Vanessa Terán Collantes para GK.

Necesitamos psicólogos que sean expertos en la materia, que conozcan cómo llevar los temas de femicidio, cómo hacer el abordaje a una familia,pero no desde la revictimización. No deben hacerla sentir culpable. 

En el tema de salud física también debería haber reparación. 

La mamá, el papá, los hermanos quedan física y emocionalmente destruidos. Entonces cuando se necesita atención médica no la hay. 

Estas familias vienen acarreando todo este dolor y no es justo que encima tengan que vivir procesos tan dolorosos al, por ejemplo, buscar un turno en el hospital, y tener que esperar semanas o meses para que se lo den. Debería haber un trato diferenciado.

En este concepto de reparación integral que mencionó ha hablado de salud física, psicológica, de la formación de los funcionarios públicos. ¿Qué otro aspecto implica esa reparación integral?

La educación. 

Recordemos que muchas mujeres asesinadas eran madres y han dejado niños, niñas, adolescentes huérfanos. 

En muchas ocasiones, los femicidas se suicidan o van, otros van presos, y los niños huérfanos quedan al cuidado de sus tías, de sus abuelos.

 Pero no nos ponemos a ver en qué condiciones económicas quedan. 

En el área rural, por ejemplo, hay muchas más limitantes. Los familiares se quedan con los niños huérfanos en situaciones económicas muy precarias. 

Entonces, ¿cómo le puedes garantizar una educación cuando muchos adolescentes, inclusive, tienen que dejar de estudiar para poder sostener económicamente el hogar y aportar en algo? 

Cuando los huérfanos son adolescentes y logran terminar el colegio, tienen que dejar de estudiar en la universidad porque igual tienen que buscar trabajo en lo que sea para mantener a sus hermanos.

Se debería ayudar con becas de estudios para que puedan estudiar y puedan volver a reconstruir su proyecto de vida que en algún momento quedó hecho pedazos. 

También se puede pensar en darles trabajo a los jóvenes, hijos de estas mujeres, para que puedan salir adelantes. 

Una reparación integral debe ir acompañada del tema educativo, del tema de salud, del tema económico.

En nuestro país no hay una sentencia [de femicidio] en la que se haya cumplido el tema económico. No hay. 

¿Esa reparación debe pagarla el agresor o el Estado? ¿O ambos?

El Estado le pone la responsabilidad al agresor. 

Y ocurre lo que mencionó, entonces, que se declaran insolventes…

Sí, si el agresor se declara insolvente, no es que la reparación la paga su familia. Y como tienen que cumplir sentencias de 20, 30 años, estas reparaciones económicas nunca se ven. 

O sea que no hay una regulación sobre cuánto tiempo tiene el sentenciado para pagar la reparación. 

No, no hay una parte donde diga ‘tienes tres o cuatro años y este es el límite para que pagues la reparación económica’. Si se declaran insolventes, ¿cómo lo van a hacer? Entonces, el Estado deja prácticamente desprotegida a esta familia que en su momento ha quedado toda lastimada. 

Ayer justo estaba visitando a una familia en Azogues. Ella era de Pasaje, El Oro, pero estudiaba en Azogues y el femicidio se dio ahí. 

Imagínese su papá tenía que viajar todas las semanas a Azogues porque la encontraron allá, y el proceso de Fiscalía y todo está en Azogues. 

Entonces, me decía el señor ‘yo me tuve que endeudar, me tuve que ir hasta con los chulqueros para que me presten dinero, para poder tener para los pasajes, para aunque sea a comer un almuerzo en Azogues, porque el caso de mi hija estaba allá’. Y eso es lo que pasa con las familias. 

Para poder seguir el proceso de mi hija, a mí me tocó contratar un abogado que me cobró más de 2 mil dólares. Y los bancos no te prestan así, me tocó endeudarme con los chulqueros para poder encontrar justicia y seguir el proceso. Y muchas de estas familias trabajan en camaroneras, como obreros, jornaleros. 

No están preparados para estas situaciones. 

madres de víctimas de femicidio

Yadira Labanda junto a otras madres de víctimas de femicidio presentó una propuesta de ley para la reparación ante la Asamblea Nacional. Fotografía de Vanessa Terán Collantes para GK.

Esta pregunta puede ser bastante obvia para nosotras pero no lo es para un público general. ¿Por qué el Estado debe reparar a las familias de las víctimas de femicidio?

Primero, porque creo que nunca, o muy poco, se ha trabajado en los temas de prevención de violencia contra las mujeres.

Cuando son temas súper importantes. Aún hay funcionarios que ni siquiera saben cómo manejar los femicidios. 

Cuando le pasó a Angie, en el 2014, yo ni siquiera sabía que existían programas de prevención de violencia contra las mujeres. 

Ni por los medios de comunicación nos enterábamos, ni en los espacios donde ella estudiaba se habla de eso, porque jamás se ha priorizado este tema de la violencia contra nosotras. 

Claro, el presupuesto para prevención es el 2% del total para enfrentar la violencia de género en Ecuador.

Claro, y eso lo aprendes cuando estás ya dentro de esto. Ahora estamos en el 2022 y para que el señor Presidente hable tuvo que pasar lo que pasó con María Belén Bernal. Porque hay una madre que exige justicia por su hija, Elizabeth, cuyo rostro se ha visibilizado en todos los medios de comunicación. 

Quien ha tenido que mostrar lágrimas, un rostro totalmente lleno de dolor. Pero como el rostro de Elizabeth somos muchas madres que hemos vivido en esa situación y que no han sido visibilizados. Hay casos que siguen quedando en la impunidad. 

Y luego la Secretaría de Derechos Humanos saca una foto en Twitter que está haciendo un acompañamiento psicológico. 

Pero no se preguntan por qué hay madres que rechazan ese acompañamiento. No se preguntan si como institución cuentan con profesionales especializados.

En marzo de 2022 el presidente Lasso cambió el decreto para que sea más sencillo acceder al bono para los huérfanos de las víctimas del femicidio. ¿Cómo está funcionando?

¿Qué está haciendo el MIES para poder trabajar el bono a los niños y niñas huérfanos de femicidios? Con 90 dólares usted cree que estos niños puedan tener una vida digna. 

No, es bajísimo y hay un nudo crítico súper grande que es que cuando se quedan con los abuelos o con otros miembros de la familias que ya están recibiendo el bono de 50 dólares [bono de desarrollo humano], ya no pueden acceder al bono de los niños huérfanos de femicidios.

Entonces: o recibes el de 50 o el de 90. O sea, una cosa es el discurso de que el gobierno está apoyando a los niños y niñas y otra es cuando vas a ver los requisitos, es una situación muy difícil. 

Es decir, ¿entre los requisitos para que los hijos víctimas de femicidio reciben el bono está que quien lo recibe, o sea el tutor, no puede recibir el bono de desarrollo humano?

Exactamente. 

Y el otro día me di cuenta de algo más, en las becas para estudiantes. Los hijos víctimas de femicidio deben adjuntar la sentencia. Pero aparte de adjuntar la sentencia se someten a otros requisitos, por ejemplo, los tutores no pueden estar en la central de riesgos. Es imposible. 

Ahora muchas familias se endeudan para poder pagar el proceso de justicia, entonces hay familias que sí están en la central de riesgo, es imposible que ellos puedan acceder a esto. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene tipos de reparación, como rehabilitación, satisfacción, no repetición…

La de no repetición es muy importante porque no se deberían repetir los hechos que sucedieron con Angie, ni con ninguna otra víctima. 

En esta misma línea yo me he preguntado, en los casos de tentativa de femicidio, que son siete u ocho años y el femicida sale nuevamente. ¿En verdad sale rehabilitado? ¿O en qué condiciones sale para volver a hacer daño nuevamente a esta mujer o a otras mujeres?

Angie Carrillo

La madre de Angie Carrillo se convirtió en una investigadora más del caso de su hija, asesinada en 2014 por el exnovio. Fotografía de Vanessa Terán Collantes para GK.

Claro, la reparación también debería incluir un proceso real de rehabilitación. 

Exacto. Es todo, porque sino se vuelve a dar la repetición cuando son las tentativas de femicidio. 

Mencionó que el Estado tiene una deuda para con la prevención de la violencia contra las mujeres. Dentro de la reparación, ¿dónde más hay que trabajar?

En la atención. 

Por ejemplo, todas las mujeres que con boleta de auxilio han sido asesinadas. 

Cuando estuvimos en Azogues y Azuay, una de las víctimas de femicidio tenía una boleta de auxilio, tenía incluso denuncias porque vivía violencia psicológica, violencia económica, todas las formas de violencia y constan en los expedientes. 

Y las instituciones no hicieron absolutamente nada. 

Ahora consta como un caso de una mujer desaparecida porque no han encontrado su cuerpo pero la probabilidad es que ya no esté con vida.

Pero hubo ya estos antecedentes, estas situaciones y simplemente el Estado no hizo nada por protegerla. 

Cuando la prevención y la atención han fallado, como el caso que menciona, y se da el delito, viene el proceso de la investigación. ¿Cómo aplica la reparación allí?

Hay muchas falencias, la reparación debería incluir la no revictimización. En mi caso, por ejemplo, tuvimos tres sentencias cuando pasó lo de mi hija. 

Primero se dictó una sentencia de 34 años de prisión. 

Yo desconocía un montón de cosas porque estar en estas audiencias es muy doloroso para una madre. 

La jueza dijo que era un femicidio; yo tenía la abogada de la defensoría pública y jamás me dijo que no entraba en el proceso de femicidios en esta sentencia porque Angie desapareció el 28 de enero del 2014.

Y no entraba aún en vigencia las reformas del Código Orgánico Integral Penal…

Claro, el COIP fue en agosto del 2014. Para juzgar al femicidio tenían que haber tomado en cuenta la fecha de desaparición de Angie, que fue cuando le quitaron la vida. 

Y claro, eso no se tomó en cuenta y dictaron 34 años de prisión. Hubo una falla, pero no fue mi error porque yo era una víctima que ni siquiera sabía temas jurídicos, pero sí hubo un error de la jueza, de todas las personas que tenían todo este conocimiento.

Ahí apelaron los abogados del agresor. Y fuimos a la Corte Provincial de Pichincha. Y ahí revisaron y dijeron que todo estaba mal, que esa sentencia no servía, entonces anularon todo el proceso de la sentencia. Y claro, yo no entendía absolutamente nada. 

Ahí es donde el proceso de reparación falla porque permite que se den estas cosas. 

Yo no entendía absolutamente nada y decía ‘explícame en qué es esto de la nulidad y todo esto’ y me dijeron, mira, la nulidad es esto. 

Y me tocó pagarles nuevamente a los testigos para que vengan a testificar de nuevo, unos vivían en Riobamba, otros en Loja. 

Unos incluso no querían venir porque muchas veces ya no quieren verse inmiscuidos en todas estas cosas. Que es lo que les ha pasado a muchas familias, no solo a mí. 

Te toca cubrirles el tema del transporte, el almuerzo, la comida, porque vienen de lejos y todo lo cubrimos la familia. 

Encima los testigos no querían ni contestar el teléfono. El fiscal me dijo que hasta tres veces se podía hacer el llamamiento, ya la tercera vez tienen que ser traídos por la fuerza policial. 

Todo eso es un proceso psicológico muy duro, y encima hay gente que intenta justificar la violencia. 

¿Quiénes?

La misma familia de los femicidas. A nosotros nos pasó que los papás y la familia de este tipo pertenecían a una iglesia evangélica. 

Cuando nosotros fuimos estaban todos con pancartas exigiendo ‘justicia sin venganza’ y de verdad que son escenas horribles. 

La ayuda de las organizaciones de mujeres, de los colectivos, la presión social ayuda un montón. 

Con ellas se logró la nulidad de esa nulidad de esa sentencia. Y llamaron nuevamente a juicio. Y ahí se quedó con una sentencia de 26 años de prisión; se mantuvo la misma reparación económica y eso fue todo. 

¿Eso sí le pagaron?

No. Se declaran insolventes. 

Yo me preguntaba y le preguntaba a la abogada: ¿por qué los jueces hacen esto?

Por qué los jueces dictan una sentencia como una reparación económica, que en la mía eran 20 mil dólares, pero hay unos casos que te dictan 100 mil, 400 mil dólares y las familias dicen ‘pero señorita, ese tipo ni siquiera tiene donde caerse muerto’. Y claro, ellos también tienen que pagarle además al Estado.

¿Alguien vigila que se pague?

No hay una institución que haga el seguimiento de estas reparaciones. No lo hace la Secretaría de Derechos Humanos.

 Ahora por toda la presión que hemos estado haciendo desde las organizaciones, desde las familias que nos estamos cada vez uniendo más, la judicatura nos ha dicho que sí están haciendo un seguimiento de las reparaciones.

víctimas de femicidio

Yadira Labanda dice que parte de las obligaciones del Estado es evitar que existan más víctimas de femicidio a través de la prevención y la atención oportuna de los casos de violencia. Fotografía de Vanessa Terán Collantes para GK.

Pero qué tan creíble es, o sea, no hay una institución en sí encargada.

Usted mencionó que la sentencia de su hija hablaba de la reparación económica. Pero, ¿se mencionó los otros tipos de reparación?

Solo te hablan del dinero. Pero como decía hay distintas formas de reparar. 

La reparación no solo tiene que ser económica. Se debería trabajar con el familiar y preguntarle ¿qué es lo que le va a reparar, a usted, en algo? 

Por ejemplo, tomo el caso de Elizabeth Otavalo cuando dijo ‘a mí demoler un edificio no me repara en nada’. 

Es que es verdad, no te repara nada. 

Pero sí puede ser que para otra mamá le repare que se haga algo donde fue el hecho, o que esa calle o ese parque lleva el nombre de su hija. Porque cada familia es diferente.

Por ejemplo, a mi hija la asesinaron en un lugar súper oscuro, donde no había luz eléctrica. Entonces, para mí reparar es que en este sector, donde mi hija fue asesinada, exista más iluminación. 

Y usted dice que eso es lo que los fiscales deberían preguntar.

Exacto, porque no es solo reparar económicamente. 

¿Cómo fue su caso? Sé que usted tuvo un trabajo en el sector público, que fue parte de que lo exigió como parte de su reparación. 

Yo fui empleada pública en el 2014. Cuando Angie desapareció, tuve que dejar mi empleo. 

Buscar a una persona desaparecida no solo es una agonía emocional, sino que también ya no hay plata para continuar en todos estos procesos. 

En esas reuniones que teníamos con el mismo presidente de ese entonces, que era Rafael Correa, se nos preguntaba a cada familia, ¿qué se está haciendo en el caso?, ¿cómo está el entorno familiar? 

Cada familia respondía; te daban como un límite de tiempo. Yo en ese entonces vivía en Riobamba. 

Y cuando me dijeron que como parte de la investigación, la ruta de las llamadas, la triangulación y todo esto daba en Carcelén, y que el caso de Angie pasaba a Quito, entonces me tocaba viajar de Riobamba a Quito. 

Me tocaba viajar cada semana. Todo el tiempo. Mandarme a hacer esa gigantografía que las mamás cargan en su pecho colgadas para que se visibilice el rostro de sus hijas. Y claro, entonces llegó un momento en que ya no tenía. Entonces dije ya no hay plata, ni siquiera para comer. 

Para usted y sus otros hijos.

Exacto, mis otros hijos quedaron al cuidado de su abuela paterna porque yo me enfoqué en la búsqueda de mi hija. Entonces económicamente ya no me podía sostener. 

Llegó un momento en que me dijeron “Yadira ¿cómo van las investigaciones de tu hija?” Entonces, la Dinased recién se estaba conformando. 

Me acuerdo que me pusieron a un investigador que era un cabo. Yo le repetía como 20 veces la historia de mi hija y yo decía entre mí ‘este señor no va a encontrar a mi hija, porque no tenía ni siquiera una libreta en que anotar’. 

Yo le contaba y le decía ‘mire, ella salió a tal hora, a tal hora’. Llegó un momento en que le dije ‘vea, a ustedes les voy contando la historia como más de cinco veces y usted siempre me pregunta lo mismo, pero yo no veo que usted no tenga algo’. 

Y le dije mire, yo tengo un cuaderno, porque voy preguntando con los amigos, y usted no está anotando nada, entonces, ¿cómo puede ser posible que usted me diga que va a encontrar a mi hija? 

Fue como que me iba haciendo esta idea de que me tenía que venir a vivir a Quito porque no podía cubrir ya mis pasajes desde Riobamba. No tenía plata ni para hacer afiches. 

Ahí yo le dije a la Ministra de Justicia, que era Lady Zuñiga, ¿ sabe como usted me puede ayudar? me puede ayudar con un empleo. Y me daba mucha vergüenza. 

Me dijo, sí; le dije que necesitaba venirme a Quito porque mi hija estaba acá, y si yo no tenía ingreso económico no podía seguir buscando a mi hija. En 15 días me dieron el empleo, empecé a trabajar como asistente.

§

Durante dos años, Yadira Labanda usó la hora de su almuerzo para ir a la Fiscalía, se sentaba a leer los expedientes de la investigación de su hija, y regresaba a la oficina. Nunca almorzaba. “Alcanzaba a comerme un cevichocho a veces”, dice. 

Cuando hacían trámites, ella decía “cómo veo si de verdad consta, si no es un papel, porque era super desconfiada y entonces me decían, sí, señora Yadira, se enojaban muchas veces porque no les gusta que les aborden”, dice sobre los funcionarios públicos. 

Cada vez que le pregunto más detalles sobre la reparación, para ejemplificar recuerda diferentes momentos del femicidio y la investigación del caso de su hija Angie Carrillo. 

§

Ha mencionado varias de las falencias en el caso de su hija y de otras, durante la investigación. Pero qué pasa después. 

El día que encontraron los restos, me dijeron ‘falta como una parte de su pie’. Yo dije no quiero saber nada. Fue horrible cómo yo llegué a Criminalística y me dijeron ‘para que haga el reconocimiento y todo esto’. ¿Qué iba a reconocer si solo habían osamentas?

Cuando yo pregunté dónde está mi hija, me dijeron que ahí está señalando un cartón, embalado. Yo dije ‘no puedo creer’; me dijeron: ahí está, allá está su hija, en un cartón, en huesitos. 

Fue demasiado doloroso porque me dieron un cartón. ¿

Yo decía qué hago con un cartón? Porque ellos no es que te la ponen en una caja, de eso te encargas tú como familiar. 

¿No tuvo apoyo para coordinar, por ejemplo, la capilla ardiente y esos trámites?

No, me dijeron ‘le vamos a entregar la ropa en una bolsa’. La ropa con la que la habían encontrado. Imagínese todo eso a lo que nos exponen. 

En ese momento yo me quedé así. Le dije ¿qué hago? Me voy con mi caja por ahí y me siento a llorar en una esquina con los huesitos de mi hija en una caja de cartón. 

Y me dijo ‘no, vaya a hacer lo de la funeraria que tenemos aquí, hable, porque si hay funerarias que vienen y ellos mismos se encargan de poner el’. 

Isabela Ponce

Fotografía de Vanessa Terán Collantes para GK.

¿Pero usted pagó? 

Claro, me tocó irme a una funeraria y decir lo que me pasó y la funeraria me dijo ‘nosotros nos vamos a criminalística’. Pero todo eso te cuesta. Claro, no es que sea gratis. 

Te cuento esto porque lo que yo he vivido lo han vivido todas estas familias. 

Y muchas veces tenemos que contar también con la generosidad de la gente cuando no hay medios económicos. Porque a mí en ese entonces me costó como 1500 dólares solo en gastos fúnebres: el transporte, la caja, el servicio exequial de que vayan a ver el cuerpo a criminalística, que te lo coloquen.

De ahí me mandaron al Registro Civil para que saque el acta.

¿De defunción?

Sí, no hay una persona que esté ahí haciendo todo esto. No lo va a hacer nadie. El Estado no te garantiza nada de esto. 

Hace pocas semanas estuvo en la presentación del proyecto de ley sobre reparación. Sé que este concepto está en algunas leyes, pero ustedes buscan algo específico. 

Está la ley de prevención y erradicación de la violencia pero es una ley que llegó sin presupuesto. 

Hay una partecita donde dice reparación pero no hay nada concreto, o sea es como algo super básico, simple y ya. 

Entonces, cuando nosotros como familiares dijimos ‘no puede seguir esto así’, no podemos permitir que los temas de la reparación se sigan vulnerando. 

No puede ser que no se le dé el enfoque de atención que se merece porque claro, cuando se habla de justicia se piensa que es que los jueces dictan tantos años de sentencia y ya, eso es justicia. Pero no, el tema de reparación no existe. 

Pero queremos un proyecto de ley que sea de reparación específico y que sea claro, nosotros nos reunimos con una asesora de la asambleísta Dayllana Passailague. 

Ha sido una de las personas que ha tomado esta seriedad para la política pública. Pero todavía falta, falta ser más específicos. Por ejemplo, hablamos sobre el tema de salud, o de los niños que tengan una remuneración, como un sueldo básico.

¿Pero quién hace el seguimiento de esto? Quién hace el seguimiento de que se cumplan, como se lo debería hacer.

O sea sí siento que le falta como ser un poco más específico y amplio. 

Pero espero que se lo aborde desde la Asamblea y que se tome la importancia que esto necesita para las familias. 

Desde el 2014 hasta ahora hay más de 1200 casos; hay familias que de verdad están en condiciones muy vulnerables. Y aún no se ha podido lograr la reparación. 

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Isabela Ponce
(Ecuador, 1988) Cofundadora y directora editorial de GK. En 2021 ganó el premio Ortega y Gasset. Dos veces ha sido parte del equipo finalista al premio Gabo. Fue finalista de los premios de Online News Association. En 2019 ganó una mención de la SIP en la categoría opinión por una columna sobre violencia de género. Es consultora para medios independientes de América Latina.
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