Permitir que el público en general y los ciudadanos formen parte de la toma de decisiones en asuntos ambientales es uno de los cuatro pilares del Acuerdo de Escazú, uno de los más importantes acuerdos regionales sobre medioambiente. El Acuerdo fue firmado por Ecuador en 2018 y ratificado por la Asamblea Nacional en 2020. Entró en vigencia en abril de 2021 y desde entonces Ecuador debe cumplir con sus pilares: incluyendo la participación ciudadana. 

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En su caso, el Acuerdo dice que el objetivo de este pilar es que las personas puedan participar de manera abierta e inclusiva en los procesos en los que los gobiernos deciden sobre algún tema ambiental. Para el Acuerdo, la participación ciudadana no es lo mismo que la consulta previa, libre e informada, que en Ecuador, es un derecho garantizado en la Constitución. En realidad, es algo mucho más complejo.

Te explicamos qué dice el Acuerdo de Escazú sobre la participación ciudadana y qué pasos está tomando Ecuador para asegurar que se cumpla. 

¿En qué consiste la participación ciudadana?

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Según el Acuerdo de Escazú, la participación ciudadana consiste en que cada país parte garantice “mecanismos de participación del público en los procesos de toma de decisiones, revisiones” y otros procesos que tengan o puedan tener un impacto en el ambiente. Algunos temas que el Acuerdo sugiere se deberían tratar de forma participativa son: el ordenamiento territorial y la elaboración de políticas, estrategias, planes, programas, normas y reglamentos. 

Para asegurar la participación del público, el Acuerdo dice que los países deben establecer espacios para promover que los ciudadanos se involucren. 

¿Cómo debe ser la participación?

El Acuerdo de Escazú dice que la participación ciudadana en temas ambientales debe empezar desde las “etapas iniciales del proceso de toma de decisiones”. El objetivo de hacerlo así es que las observaciones del público puedan ser debidamente consideradas y contribuyan en esos procesos. 

La participación también debe ser accesible e incluyente. Escazú dice que la información debe ser “clara, oportuna y comprensible”, para que las personas realmente puedan ejercer su derecho a participar en el proceso de toma de decisiones. 

Por otro lado, los procesos de participación deben contemplar plazos razonables. Los plazos son importantes para que haya tiempo suficiente para informar al público sobre el tema y para que este participe en forma efectiva. 

Además, el Acuerdo contempla algunos estándares sobre cómo debe ser la comunicación sobre los procesos de participación. Algunos de estos son:

  • Que se deje en claro el tipo o naturaleza de la decisión ambiental
  • Que no se use lenguaje técnico
  • Que se muestre quién es la autoridad responsable del proceso de toma de decisiones y cuáles son las instituciones involucradas
  • Que se incluya cuál es el proceso previsto para la participación del público (debe tener la fecha de comienzo y de finalización de este, los mecanismos de participación, y los lugares de audiencia pública o consultas)
  • Que haya información sobre las autoridades públicas involucradas a las que se les pueda pedir más información sobre el tema 

¿Qué más implica la participación?

El derecho del público a participar en los procesos de toma de decisiones ambientales implica también la oportunidad de presentar observaciones y comentarios sobre el tema. Antes de que se tome una decisión, las autoridades deben tomar en cuenta esas observaciones. 

Pero participar no solo implica ser parte del proceso sino también ser informado sobre lo que ocurre en él. El Acuerdo de Escazú dice que cuando se tome una decisión ambiental, el gobierno tiene la obligación de informar oportunamente al público sobre ella y los motivos que la sustentan. También se debe rendir cuentas sobre cómo se tomó en cuenta las observaciones del público. 

acuerdo de escazú sobre la participación ciudadana

Participación del público en la COP1 de Escazú. Fotografía de la cuenta de Flickr de la CEPAL.

Condiciones de la participación ciudadana

El Acuerdo dice que para una adecuada participación de la ciudadanía en la toma de decisiones ambientales, los gobiernos deben establecer condiciones propicias. 

Tomando eso en cuenta, el tratado regional dice que se debe:

  • Adecuar la participación a las características sociales, económicas, culturales, geográficas y de género del público 
  • Velar por que se facilite la comprensión y participación de las personas, cuando estas hablen idiomas distintos a los oficiales (sobre todo cuando son parte del grupo que puede resultar más afectado por las decisiones) 
  • Identificar y apoyar a personas o grupos en situación de vulnerabilidad para involucrarlos de manera activa, oportuna y efectiva
  • Establecer espacios apropiados de consulta en asuntos ambientales 
  • Valorar el conocimiento local, el diálogo y la interacción de las diferentes visiones y saberes 
  • Respetar los derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales
  • Identificar al público directamente afectado por proyectos y actividades que tengan o puedan tener un impacto sobre el medio ambiente, y promover acciones para facilitar su participación 

¿Qué está haciendo Ecuador?

Para asegurar la participación ciudadana que contempla el Acuerdo de Escazú, Ecuador busca implementar una Mesa de Gobernanza Ambiental. 

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Daniel Barragán, Director del Centro Internacional de Investigaciones sobre Ambiente y Territorio de la Universidad Hemisferios, explica que la Mesa de Gobernanza Ambiental va a ser un espacio de gobernanza y de articulación muy importante en el que participarán todos los actores que deberían estar presentes en la implementación de Escazú. 

El objetivo de esta mesa, dice Barragán, es “no quedarnos en un espacio donde solo el gobierno tome las decisiones [ambientales] sino empezar ya a poner en práctica los estándares de participación ciudadana.”

Según el experto, el instrumento para formalizar la creación de esta mesa de gobernanza está siendo revisado por la división de asesoría jurídica del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (Maate). Se espera que la creación de la Mesa se pueda formalizar pronto, sin embargo, aún no hay una fecha clara sobre cuándo sucederá. 

¿Qué es el Acuerdo de Escazú?

El Acuerdo de Escazú es un tratado regional entre países de América Latina y el Caribe que busca garantizar los derechos de todas las personas a vivir en un ambiente sano.

El tratado fue adoptado el 4 de marzo de 2018 en Escazú —una ciudad de Costa Rica— después de al menos 3 años de reuniones para negociar su creación. 

Inicialmente, fueron 24 países los que firmaron a favor del acuerdo, pero fue ratificado solo por 12. Entró en vigencia el Día de la Tierra, el 22 de abril de 2021.

El acuerdo tiene cuatro pilares que son:

  1. El acceso a la información ambiental.
  2. La participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones ambientales
  3. El acceso a la justicia.
  4. La protección de los defensores ambientales. 

Estos pilares son importantes porque establecen objetivos para que las personas accedan a la información ambiental y tengan las herramientas para participar en los procesos de toma de decisiones ambientales.

El acuerdo es el primer tratado de la región sobre derechos humanos y medioambiente. Como es un acuerdo de derechos humanos es progresivo y no regresivo. Además, es el único acuerdo jurídicamente vinculante —es decir, obligatorio— derivado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible. 

Escazú también es el primer tratado en el mundo que busca garantizar los derechos de los defensores de la naturaleza.

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Doménica Montaño
(Quito) Reportera de GK. Cubre medioambiente y derechos humanos.
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