El Acuerdo de Escazú entró en vigencia en Ecuador y otros once países. El Acuerdo exige a los Estados cuatro puntos: permitir el acceso a la información de temas ambientales a los ciudadanos, que los ciudadanos puedan participar y ser consultados a la hora de tomar decisiones sobre el medioambiente, permitirles el acceso a la justicia, y garantizar los derechos de los defensores de la naturaleza. Pero en Ecuador varios de los puntos del Acuerdo de Escazú ya están garantizados en  leyes. 

Por ejemplo, en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana o el Código Orgánico del Ambiente. Sin embargo, en la práctica no se cumplen. Para el acceso a la información existe un mecanismo llamado Sistema Único de Información Ambiental (SUIA) que tiene datos sobre el estado y conservación del ambiente en Ecuador. Pero no toda la información está actualizada e incluso, en algunos casos, no están disponibles. 

Ese no es el único avance. En Ecuador también está garantizado el derecho a que la ciudadanía participe en la toma de decisiones de temas ambientales cuando se debe evaluar el impacto ambiental de proyectos y actividades. Pero en la práctica no siempre se cumple: varias comunidades indígenas han denunciado no ser consultadas. 

Lo más importante de que Acuerdo de Escazú entró en vigencia es que exigirá que los gobiernos protejan a los defensores ambientales. Esta es una noticia particularmente relevante en el Ecuador donde hace poco más de un mes fue asesinado el líder ambiental antiminero, Andrés Durazno. En el caso de Ecuador, no hay ninguna ley ni reglamento que garantice su protección.