La penetración del crimen organizado es un fenómeno dentro de la Policía de Ecuador que cuenta con la complicidad de algunos miembros que ocupan desde puestos jerárquicos hasta oficiales de bajo rango. El gobierno conoce la situación por distintos hechos, reportes e informes que ha recibido, pero hasta ahora no ha sido capaz de detenerlo. 

El Embajador de Estados Unidos en Ecuador, Michael Fitzpatrick, informó que les habían retirado las visas a generales de las fuerzas del orden por su implicación por el narcotráfico. La directora de Prensa de la embajada confirmó que ampliaron esta información al Gobierno ecuatoriano, pero dijo que no revelarían a la prensa los nombres de los altos mandos policiales a quienes les quitaron la visa.  

Lejos de los generales, la relación que mantienen algunos policías de cargos menores con el crimen organizado también afecta el día a día de los ecuatorianos. A Luis le robaron el carro a mediados de mayo y a las pocas horas lo llamaron a pedirle 3 mil dólares a cambio de devolvérselo. Fue citado en un centro comercial de Babahoyo, capital de la provincia de Los Ríos, y acudió con los 2.400 dólares que había conseguido para recuperar su vehículo. Para su sorpresa, el extorsionador estaba uniformado: era el policía Jonathan L., quien fue detenido en flagrancia por sus propios compañeros y, según el jefe provincial de la fuerza, le iniciaron un proceso administrativo paralelo al que la justicia ordinaria le entabló por extorsión. 

Al día siguiente, el policía recuperó su libertad por cuanto la jueza consideró que no había riesgo de fuga y solo lo conminó a presentarse tres veces por semana en la Fiscalía. Pero además este oficial volvió casi inmediatamente a patrullar, ya que el recurso iniciado por la oficina de Asuntos Internos demora meses en resolverse y difícilmente culmina con la destitución de los policías denunciados.

No era la primera vez que el policía Jonathan L. había tenido problemas por estar del lado equivocado de la ley. Ya en 2019 había sido investigado por la evasión de un detenido, un caso que se estancó en la investigación previa y terminó por archivarse, dejándolo en libertad para seguir en funciones en Babahoyo, Los Ríos.

Desde 2018 hasta el primer semestre de 2022, 1.898 policías ecuatorianos fueron apresados por haber cometido contravenciones o delitos tipificados en el Código Integral Penal. Esto implica que, a diario, al menos un policía es arrestado en Ecuador.  

Una investigación de TC Televisión y CONNECTAS detectó que 63% de estos policías volvieron a la fuerza después de haber sido detenidos y, en muchos casos, les asignaron nuevas funciones, según datos cruzados entre Asuntos Internos y la Inspectoría General.

La ineficiencia de la depuración se hace evidente cada vez que un policía arrestado en delito flagrante no recibe la baja, que es la sanción máxima que otorga la institución. La impunidad de la que gozan los policías que cometen delitos se vuelve más descarada porque no hay norma que impida que los policías con procesos judiciales abiertos continúen patrullando. 

El recuento fáctico demuestra que hay más policías que fueron detenidos que policías destituidos en los últimos cuatro años. El sistema de control interno de la Policía de Ecuador permitió que más de 1.000 efectivos involucrados en delitos sigan siendo parte de la fuerza, a pesar de que fueron detenidos y han enfrentado procesos judiciales.

La Dirección de Asuntos Internos explica que esa oficina no persigue delitos, pues esos procesos están a cargo de la Fiscalía, que tiene hasta dos años para terminar una investigación previa. La situación es aún más grave si se tiene en cuenta que 511 policías ecuatorianos, según Inspectoría General, fueron detenidos por delitos relacionados con el crimen organizado en estos últimos cuatro años.

La mayoría de los delitos relacionados con el crimen organizado en Ecuador se estancan justamente en esa etapa: apenas el 1,73% de los procesos superaron la investigación previa de la Fiscalía y llegaron a juicio en 2021.

En cambio, Asuntos Internos sí vigila que los uniformados cumplan con lo establecido en el Código de Entidades de Seguridad (Coescop), que recoge 66 tipos de faltas entre leves, graves y muy graves. Solo estas últimas pueden llevar a la destitución de un policía, y de estas, la causa que más se repite es la de la falta al trabajo por más de tres días. “Pero no se refiere a una mera ausencia al servicio, sino a privación de la libertad dictada por autoridad competente cuando los servidores policiales son aprehendidos por presunta comisión de delitos”, aclara el exdirector de Asuntos Internos, Ramiro Ortega.

El ministro del Interior, Patricio Carrillo, quien también fue comandante de la Policía ecuatoriana en 2019, admite que la ineficiente depuración policial tiene raíces en ese código que le resulta obsoleto. “En las instituciones como la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas se necesita un reglamento disciplinario que mire al servidor como alguien que puede ser cooptado por la presencia de crimen organizado, no como un funcionario más.  Ameritan tener un mecanismo disciplinario absolutamente diferente y fortalecido y eso debería tener prioridad absoluta”. 

Menciona que están trabajando en un reglamento que permita desvinculaciones rápidas de malos elementos “para evitar la sensación de impunidad” dentro de la fuerza. Pero no sería la primera vez que se intenta tumbar el código de conducta de los uniformados: los archivos de la Asamblea Nacional guardan otras cuatro propuestas de reforma en los últimos ocho años, la última en 2020. Ninguna ha ido a debate porque no han salido de las comisiones asignadas.  El ministro dice que, esta vez, es una iniciativa del Ejecutivo. 

El Gobierno de Guillermo Lasso está al tanto de esta situación en la Policía. La Comisión de Intervención de Diálogo Penitenciario y Pacificación -nombrada por el mandatario después de las masacres que dejaron más de 400 muertos- hizo público un informe en el que se reveló que algunos policías actúan como custodios de droga o de los caporales que están en prisión, así como sirven para labores de extorsión.

Patricio Carrillo reveló en una entrevista exclusiva con TC Televisión que la Contraloría emitirá a fines de julio un informe respecto al caso de los ‘narcogenerales’ dentro del mando policial ecuatoriano. 

El Gobierno también prepara un nuevo sistema, por fuera de la policía, para asumir la competencia de la disciplina de los uniformados, que se concretará cuando se termine de separar las funciones del Ministerio de Gobierno y del Ministerio del Interior. “No necesariamente será con funcionarios de policía, sino un sistema que permita autonomía y no dé posibilidad de que se mire como un falso espíritu de cuerpo. Esperemos que se pueda tener el talento humano para cumplir esta actividad”, declaró Carrillo. 

La realidad es que, a pesar de las más de 30 mil denuncias por supuestas irregularidades cometidas por policías en servicio activo, la Dirección de Asuntos Internos solo destituyó al 2% de los servidores policiales denunciados por ciudadanos en los últimos cuatro años. 

Y lo que ocurrió durante el comienzo de 2022 es un buen ejemplo de la reincidencia de uniformados activos en delitos: de 11 casos de policías detenidos -informados por las autoridades-, ocho ya tenían procesos judiciales anteriores por la investigación de otros delitos o contravenciones.

Conexiones en la cárcel 

Apenas 24 horas después de la detención del policía extorsionador en Babahoyo, otros dos uniformados fueron arrestados. Luis I. y Allan A. habían sido asignados a vigilar los exteriores de la cárcel de Guayaquil. Aguardaban dentro de un Nissan gris sin placas que, presuntamente, había sido utilizado en un robo en una urbanización cercana. Algunos testigos denunciaron su actitud sospechosa y, cuando llegó la Policía, descubrió que los gendarmes llevaban consigo 121 municiones y 4 mil dólares en efectivo que no pudieron justificar.  

Los dos fueron aprehendidos en flagrancia por el delito de transporte no autorizado de municiones. Pero también fueron liberados y la justicia ecuatoriana les impuso medidas alternativas a la prisión, como presentarse periódicamente ante la Fiscalía, porque no consideraba que había riesgo de fuga. Ambos siguen en funciones. 

El delito más recurrente entre los gendarmes arrestados en estos últimos cuatro años es, precisamente, la evasión de presos, es decir, cuando una persona, por acción u omisión, permite que un privado de libertad se evada de la cárcel. Le siguen otros delitos como concusión, la asociación ilícita, robo, extorsión, narcotráfico, homicidio, tráfico de armas, delincuencia organizada e ingreso de artículos prohibidos a la cárcel. 

Una ambulancia cargada con armas, celulares y electrodomésticos intentó en 2019 ingresar al Centro de Rehabilitación Social de Guayaquil para abastecer en esta cárcel a la banda Los Choneros. Asuntos Internos inició una investigación a 24 policías y se sancionó sólo a 9 de ellos por haber incurrido en una falta grave, pero ninguno fue destituido.

Fotografía de William Pincay.

“Se ha formado una estructura que favorece a la corrupción, que va desde sobornos para ingresar objetos necesarios comunes para las personas privadas de libertad, hasta el tráfico de armas y drogas. Como le dijo una persona privada de libertad a uno de los comisionados: ‘tenemos a la mayoría de los guías penitenciarios, policías y militares en nuestra nómina”, detalla el informe de la Comisión para pacificación de las prisiones. 

Sin embargo, ninguno de los firmantes se atrevió a dar los nombres de los policías que los reclusos señalaron. 

Alexandra Zumárraga, exdirectora del sistema carcelario de Ecuador, sostiene que fue un error haber encargado a la policía el control de las cárceles, una decisión tomada durante el Gobierno de Lenín Moreno. “¿Quién les controla allí dentro? Yo no tenía jerarquía sobre ellos y no podía controlar cómo dirigían traslados, cómo aplicaban los filtros o qué información daban a los privados de libertad, por ejemplo. Muchos de ellos empiezan a tener una relación más cercana con la delincuencia y es obvio quiénes ingresan las armas de alto calibre a los recintos penitenciarios: los que están como custodios”, explica. 

Policías ‘Choneros’ y policías ‘Tiguerones’

El Ministro del Interior respondió que aunque “aparentemente” no funcionan los controles dentro de la Policía, “si se hace comparaciones con países en donde la cooptación del crimen organizado es mucho mayor, aquí no tenemos estructuras al interior -de la Policía- que sistemáticamente estén trabajando”.

Zumárraga opina, en cambio, que la infiltración ha llegado a tal nivel que hay facciones de la Policía que responden a las bandas que se disputan el control dentro y fuera de las prisiones: Choneros versus Tiguerones, Chonekillers y Latin Kings.  “El poder más grande que tiene una mafia es su alianza con la Policía. Ellos sí tienen las armas, y son armas legítimas, y es poder legítimo del Estado usado contra los ciudadanos”. 

Hasta los cárteles mexicanos, que lideran el tráfico mundial de drogas, también contaron con complicidad policial en Ecuador. 

El 18 de mayo de 2021, en Manabí, en un operativo contra la agrupación narco Los Choneros (aliada del Cartel de Sinaloa), se detuvo a dos cabos de Policía, Marcelo N. y Carlos B., por asociación ilícita. El parte detalla que los gendarmes brindaban información reservada y asesoramiento en seguridad personal y tecnológica a alias Fito y otros seis miembros de esa organización delictiva. Entre las evidencias de su arresto había droga, armas, equipos de computación y una caja fuerte.

En cambio, el brazo armado del cártel Jalisco Nueva Generación en Esmeraldas estaba liderado por los sargentos de Policía Víctor R. y Emilio Q., y el cabo Christian Q. Los policías fueron arrestados el pasado 22 de abril en una mega-operativo con 29 allanamientos que terminó con la detención de 18 personas de la banda Los Tiguerones. 

Un grupo de policías también participó de otro suceso vinculado al crimen organizado transnacional. Cuatro uniformados en servicio fueron detenidos por secuestro extorsivo vinculado a una banda liderada por Leandro Norero Tigua, un delincuente prófugo de la justicia peruana que fingió su muerte. Norero fue detenido con seis personas más, 7 millones de dólares en efectivo, armas y municiones y 24 lingotes de oro. La justicia ecuatoriana decidió enviar a prisión preventiva a los civiles, pero estos cuatro gendarmes fueron beneficiados con arresto domiciliario bajo custodia de la Policía. 

El Ministro Carrillo reconoce que el poder narco es superior a los mecanismos de control de la policía. “Nos encantaría poder hacerlo -resolverlo- con políticas, desde los principios, desde la formación y la educación, pero el poder económico del crimen organizado, su potencialidad para cooptar… es tan alto…”.  

Gendarmes que matan y roban 

Hubo casos de gran impacto mediático protagonizados por policías que aún no fueron destituidos de la fuerza. Un uniformado contactó a sicarios y les entregó su arma para matar a su propia hija de apenas 8 meses. Ocurrió en el sector de Priorato, en el barrio La Floresta en Ibarra, provincia de Imbabura, el 20 de abril de este año. 

Según la investigación preliminar y las declaraciones del comandante de la Policía, Fausto Salinas, este crimen fue motivado por una demanda de pensión alimenticia y presunción de paternidad que la expareja del policía Luis L.  entabló en su contra en octubre de 2021, como consta en el Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano. 

También hay uniformados que se han involucrado en redes de captación ilegal de dinero como “Big Money” y “Renacer”. Estas captadoras ilegales de dinero regularmente son formas de financiar bandas narco criminales. Más de 300 policías y 130 militares metieron dinero en la captadora Big Money, cuyo mentalizador fue asesinado en abril de 2022. Sin embargo, el reporte más reciente de la Inspectoría General detalla que solo hubo un policía detenido por captación ilegal de dinero en cuatro años.

En las calles, la gente no se siente ni segura, ni protegida.

“Si muestro mi cara en cámara no duraría vivo ni 48 horas”, dice Iván S., un comerciante que asegura haber visto a los policías cobrar “vacunas” de entre 1.000 y 1.500 dólares para evitar ataques de la banda narco delictiva Los Choneros, que se ha apoderado del barrio conocido como La Ladrillera, en Monte Sinaí, Guayaquil.  

Fotografía de William Pincay.

Iván relata que, al igual que él, los dueños del hotel y de una distribuidora de la zona han sido amenazados de muerte por Los Choneros. La lógica lo llevó a llamar a la patrulla más cercana, pero las múltiples evidencias de la infiltración del crimen en la fuerza lo hicieron desistir.  “Simplemente ya no confío en la Policía”, dice, con el rostro cubierto.

Es una indignación compartida con los ciudadanos de Saquisilí, en Cotopaxi, a más de 300 kilómetros de Guayaquil. Los residentes detuvieron y golpearon a tres cabos segundos de la Policía, uniformados y en servicio activo, que asaltaron una entidad bancaria el pasado 27 de junio, usando gases lacrimógenos para huir del sitio.  

José H., Gary C. y Fabricio S., asignados a custodiar la cárcel de Cotopaxi, tenían en su poder el botín de 10.000 dólares, taladros, una granada y una bomba de aturdimiento. Pese a ello, la judicatura los liberó el mismo día, encomendándoles presentarse periódicamente ante la autoridad judicial. 

Policías que vigilan a policías 

El porcentaje de policías separados por faltas graves es ínfimo, pero aún así registró un aumento sostenido en los últimos cuatro años: los uniformados destituidos crecieron de 2018 al 2021 en más del 61%. 

Esto ocurre en un contexto en el que la violencia y el crimen organizado en el país también han aumentado. La respuesta desde el Gobierno ha sido ofrecer una formación exprés para incorporar cuanto antes a más policías a los patrullajes. 

La exdirectora de Rehabilitación Social, Alexandra Zumárraga, considera que esta propuesta no es suficiente: “¿Qué sacas con una policía de 150 mil miembros que están aliados a las mafias? Si no hay depuración, habrá más delincuencia. Asuntos Internos está manejado por policías y ellos se favorecen: son juez y parte”. 

El exsecretario de Inteligencia, Mario Pazmiño, opina que los policías son cada vez más permeables a las prácticas extorsivas del crimen organizado por su condición salarial.  En Ecuador, un miembro de la tropa puede ganar desde 950 dólares mensuales hasta 2.700, mientras que los oficiales se mueven entre los 1400 y los 5500 dólares. Pazmiño explica cómo opera la infiltración: “le pueden ofrecer a un policía raso 1000 dólares por no inspeccionar un carro determinado. O acepta, o lo matan”. 

El número total de policías activos no ha aumentado en ese periodo: son 51 mil uniformados, según un reporte de marzo de 2022. Y 702 policías menos es un “debilitamiento operativo”, en palabras de quien fue director de Asuntos Internos hasta mayo de 2022, Ramiro Ortega. 

El presidente Lasso reiteró que su administración invertirá USD 1.200 millones en los próximos tres años para fortalecer a la Policía Nacional, a la que incorporará 30.000 policías adicionales, para cubrir el déficit de agentes en el país. Pero no habló de mayor rigor en la depuración policial. 

Fotografía de William Pincay.

La Dirección Nacional de Asuntos Internos, con sede en Quito, recibe un promedio de cuatro denuncias diarias contra un policía que actuó por fuera de la ley. Entonces, se inicia un proceso administrativo que puede tomar hasta 90 días, que permite presentar un descargo a los uniformados. Si no lo logra, se inicia un sumario que puede terminar en sanción. 

Las denuncias iniciales son llamadas requisitorias, y son seguidas por un equipo de policías con título de abogados. Ortega reconoce que la mayoría se cae “por falta de seguimiento del denunciante”. Pero de esas más de 30 mil denuncias, apenas el 13% terminaron en sumarios administrativos en la oficina de Asuntos Internos de la Policía de Ecuador. Y el porcentaje se reduce aún más, hasta el 2%, si se focaliza en los uniformados que son destituidos. 

Aunque la Fiscalía formula cargos en contra de un policía, si la autoridad judicial dicta medidas sustitutivas, los policías pueden seguir trabajando. Como el proceso penal sigue su curso normal, la decisión administrativa se encuentra sujeta al establecimiento de responsabilidades en el ámbito penal. 

En un reciente comunicado, la Dirección de Asuntos Internos detalló que, en cuatro años, han enviado solo 138 casos de policías involucrados en delitos a la justicia ordinaria. Es decir, el procedimiento ordinario de la detención en flagrancia se mueve más rápido que los controles internos, aunque difícilmente llegan a sentencia. 

La Dirección de Asuntos Internos está conformada por 392 policías y cuatro unidades de investigación de la conducta policial en Quito, Guayaquil, Manabí y El Oro. El ministro del Interior, Patricio Carrillo, admite que resolver la falta de controles internos demanda más talento humano calificado

La captación de las fuerzas del orden es un puntal para las bandas narco criminales en la región, por tanto, se vuelve un problema de grandes proporciones. Es responsabilidad de Asuntos Internos realizar evaluaciones de control de confianza en toxicología, psicología, finanzas y credibilidad (pruebas de polígrafo), además de campañas de prevención y capacitación.

Guayaquil, la ciudad que más sufrió la inseguridad en los últimos años, también es el lugar que registra la mayor cantidad de policías detenidos junto con Durán y Samborondón. Esta es la zona 8, la más violenta del país. Al empezar julio, 690 personas han sido asesinadas en esta región, superando a la cifra del mismo periodo del año anterior, pese a varios estados de excepción. 

Lasso, tras más de un año en el poder, ha atribuido este incremento en la inseguridad a la disputa de territorio entre bandas del crimen organizado y a intentos de desestabilización. 

Enfrentándose a la realidad de una depuración policial floja, los funcionarios del Gobierno se han propuesto recuperar la fe de la ciudadanía. “Se ha minado la confianza, indiscutiblemente, y la confianza de los ciudadanos en la policía es fundamental para presentar una denuncia, para continuar con un proceso, para evitar la impunidad que existe en la mayoría de las violencias estructurales en el país”, dijo Carrillo.  

Las víctimas de los policías que viven del lado equivocado de la ley no encuentran el respaldo que necesitan de parte del sistema de control de los gendarmes, justo cuando el narcotráfico parece permearlo todo.