La noche del 3 de septiembre de 2019, el entonces juez de la Unidad Penal de Pastaza, Aurelio Quito Cortés, fue detenido mientras intentaba sobornar a John Álava Martínez, magistrado de la Corte Provincial de Pastaza. Quito fue procesado y sentenciado —cumplió un año de prisión— por el delito de cohecho. Ese año también fue destituido por el Consejo de la Judicatura, el órgano administrativo y disciplinario de la función judicial.

Quito es parte de la lista de 24 jueces y 30 fiscales que, entre marzo de 2019 y mayo de 2022, fueron investigados por presunta corrupción o vínculos con el crimen organizado. De los 54, seis jueces —entre ellos Quito— y un fiscal fueron destituidos. 

A pesar de que el porcentaje de funcionarios destituidos es ínfimo frente al universo de 1954 jueces y 874 fiscales del Ecuador, el caso de Quito y los otros 53 muestran cómo los tentáculos del crimen han penetrado la justicia local. 

Un juez quiere sobornar a otro juez

En junio de 2019,el juez Aurelio Quito Cortés, de la Unidad Judicial Penal de Pastaza, negó una acción de protección interpuesta en contra de la compañía de Generación Eléctrica San Francisco (Genefran.) 

Esta empresa debía desarrollar un proyecto hidroeléctrico en el Río Piatua, en el límite entre las provincias de Pastaza y Napo, una de las zonas con mayor concentración de biodiversidad en Ecuador. 

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Los pobladores de la zona alegaban que para llevar adelante el proyecto, la empresa había vulnerado derechos constitucionales. Uno de ellos, la obligatoriedad de la consulta previa. Quito falló en contra de ellos. Dijo que no había ninguna violación a un derecho constitucional. Los demandantes apelaron el fallo.  

El caso pasó entonces a segunda instancia. Es decir, a la Corte Provincial de Pastaza. Un tribunal compuesto por Bolívar Torres (su presidente), Tania Mazón y John Álava debía revisar la sentencia, confirmando la decisión de Quito o revocándola.

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El 29 de agosto de 2019, John Álava estaba en su despacho en Puyo. Su colega, Bolívar Torres, cuenta Álava, le dijo que Quito quería conversar con él. “¿De qué quiere hablar conmigo”, le preguntó a Torres. “Él quiere hablar contigo del caso Pilatua, no seas mala gente, recíbelo”, dice que le respondió su colega. 

Álava aceptó recibirlo pero decidió grabar la conversación. Esa grabación sería posteriormente utilizada en el proceso contra Quito. “Me dijo que estaban interesados en esa sentencia una alta autoridad del Consejo de la Judicatura y el esposo que había puesto dinero en la hidroeléctrica, según dijo el juez Quito. Que no querían perder aproximadamente 67 millones de dólares que habían invertido”, recuerda Álava. 

Quito, afirma Álava, le pidió ratificar su sentencia. A cambio de eso le ofreció tres cosas, dice. 

La primera fue un traslado administrativo. Es decir, moverlo como juez provincial a la ciudad que él quisiera. Álava ya había pedido anteriormente un traslado a Ambato, su ciudad, pero se lo habían negado. La segunda, fue que se archivaría una investigación abierta en su contra en el Consejo de la Judicatura por un supuesto retraso en emitir una sentencia. “Si es que hubiese habido esa demora por la que me abrieron el expediente administrativo, la sanción habría sido un llamado de atención, no más”, dice Álava. La tercera oferta eran 20 mil dólares. 

“Y para que vea que estamos hablando en serio, el viernes a las diez de la mañana, le va a llegar una notificación sobre su sumario”, cuenta Álava que le dijo Quito. Con eso, dice Álava, Quito quería demostrar que el pedido venía desde lo más alto del Consejo de la Judicatura: la notificación era un correo electrónico sobre la investigación administrativa a Álava. 

“A las diez de la mañana del viernes, me llegó la notificación”, cuenta Álava. “Me quedé loco”, dice. 

Esto demostraba que Quito no estaba operando solo. Que una o varias autoridades del Consejo de la Judicatura no sólo estaban al tanto de lo que estaba ocurriendo sino que, probablemente, podrían también estar involucradas. “Era para que yo me asustara. Él insistió que si yo hacía esto, iba a tener amigos allá arriba”, dice Álava.  “Pero si no hace lo que decimos, en la Judicatura pueden hacer lo que quieran y lo van a sacar”, le dijo Quito, según Álava. 

Al menos dos decenas de jueces, bajo investigación

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El delito de cohecho, por el que sería posteriormente procesado el juez Aurelio Quito, está establecido en el artículo 28o del Código Orgánico Integral Penal. Consiste en  recibir o aceptar algún beneficio económico indebido o de otra clase para sí mismo o para un tercero, sea para hacer, omitir, agilitar, retardar o condicionar cuestiones relativas a sus funciones. 

También aplica para la persona que bajo cualquier modalidad ofrezca, dé o prometa a un servidor público un donativo, dádiva, promesa, ventaja o beneficio económico indebido u otro bien de orden material para hacer, omitir, agilitar, retardar o condicionar cuestiones relativas a sus funciones o para cometer un delito. La pena de prisión va entre uno y siete años. 

Según información a la que tuve acceso, entre 2019 y lo que va de 2022, hay 26 procesos penales  en contra de jueces, en distintas instancias. Algunos están apenas en investigación previa, otros ya tienen sentencias. 

De los 26 procesos, cinco son por enriquecimiento ilícito. Tres por concusión; es decir, por exigencias o cobros indebidos. Dos por asociación ilícita y concusión. Una por falsificación y uso de documento falso. Uno por vulneración a un sistema informático; uno por oferta de tráfico de influencias y otro por tráfico de influencias, y uno, el de Quito, por cohecho. 

corrupción en la justicia

Estos son los procesos abiertos a jueces a nivel nacional, entre 2019 y 2022.

Los otros once procesos abiertos son por presuntos delitos que no están directamente relacionados a la sospecha de posibles vínculos con el crimen organizado o la corrupción, como prevaricato (dictar una resolución arbitraria o contraria a la ley) o perjurio (mentir bajo juramento).

Para que estos jueces puedan ser destituidos por la comisión de estos presuntos delitos, tiene que haber una sentencia ejecutoriada. Eso significa que aunque un juez o fiscal esté señalado por un delito, incluso vinculado a la corrupción, puede seguir en sus funciones mientras se desarrolla la investigación. 

El caso del juez Aurelio Quito fue excepcional. Desde que le hizo la oferta de dinero y beneficios a cambio de una sentencia a la medida a Álava hasta que Quito fue detenido, pasaron apenas cinco días. 

Tras escuchar la propuesta de Quito, que estaba siendo grabada por Álava, éste le dijo que iba a pensar. Se lo dijo para ganar el tiempo necesario para conversar con una alta funcionaria de la Corte Nacional de Justicia y un alto oficial de la Policía Nacional, ambos en Quito. Álava cuenta que ese alto oficial le envió desde Quito dos policías de la Unidad Antisecuestros (Unase). 

El martes 3 de septiembre Álava acordó reunirse con Quito, supuestamente para concretar la oferta, en un restaurante en el Puyo. Esa mañana, horas antes de la reunión, Álava presentó una denuncia en la fiscalía de Quito. Dos policías de la UNASE fueron comisionados para la investigación. 

Un poco antes de las seis de la tarde, los policías se sentaron en una de las mesas del restaurante en el que Quito y Álava debían encontrarse. Álava, acompañado por su hijo, se sentó en otra. 

Unos minutos más tarde, una mesera buscó a Álava y les hizo pasar a un sitio apartado del restaurante en el que Quito lo esperaba. Ahí volví a mencionar las conexiones que supuestamente tenía en otros niveles del Estado. Incluso mencionó a una alta autoridad de la Corte Constitucional. “Con él ya está hablado”, recuerda Álava que Quito le dijo. 

“No le voy a mentir, yo me sentía presionado, yo sabía que mínimo me iban a destituir”, recuerda Álava. Dice que tras unos minutos de conversación, Quito le dijo que “el dinero estaba en esa funda roja”, y señaló un bulto. Álava le dijo a su hijo que tome la funda y su hijo alzó dos fundas. “No, solo la una”, cuenta Álava que le dijo Quito. La otra, le dijo Quito, era para otro miembro del tribunal. 

En la funda había una botella de whisky y decenas de billetes de 100 dólares. Con un gesto, Álava indicó a su hijo que corriera la cortina del espacio en el que estaban. Apenas lo hizo, los policías entraron y detuvieron a Quito. Unas horas después se llevó a cabo la audiencia de formulación de cargos. Así empezó el proceso judicial que terminó con la condena a Quito. 

Unas semanas después, el 20 de octubre de 2019, Álava fue destituido. El expediente, que originalmente estaba abierto por una infracción considerada leve y que Quito había ofrecido archivar a cambio de la sentencia a medida, se convirtió en un caso de infracción grave: manifiesta negligencia. Esa sí, causal de destitución. 

Álava dice que el expediente original estaba abierto en contra de él y dos jueces más que conformaban el tribunal. Sin embargo, sostiene Álava, él fue el único destituido.

Los jueces destituidos

En el Ecuador, la corrupción en la función judicial es una vieja queja, repetida incesantemente, por décadas. 

Por eso asombra que de 1954 jueces y 874 fiscale solo 24 de unos y 30 de otros han sido investigados por el Consejo de la Judicatura por presuntos actos de corrupción. De esos, apenas 5 jueces (1,22% del total) y un fiscal (o,1% del total) han sido destituidos entre 2019 y 2022 por presunta corrupción. 

Esos datos podrían hacer pensar que los niveles de corrupción entre jueces y fiscales son mínimos. “En realidad, no es tanto así”, dice Mauricio Alarcón de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, una organización que trabaja por la transparencia democrática en el Ecuador. Lo que realmente sucede, dice Alarcón, es que no es frecuente que haya denuncias. Además, la investigación —cuando la hay— es poco eficiente. Por lo tanto, los procesos disciplinarios que llegan al final y derivan en una sanción, son muy pocos. 

El proceso disciplinario en el Consejo de la Judicatura puede comenzar de distintas formas. En ciertas ocasiones, con una denuncia interna (alguien del Consejo alerta un presunto acto de corrupción). Pero también, puede surgir desde otra entidad del Estado o de un ciudadano afectado. El proceso disciplinario es un trámite administrativo, independiente de cualquier denuncia que pueda ser presentada en la fiscalía en el ámbito penal. 

corrupción en la justicia

Las infracciones que puede cometer un juez o un fiscal son leves, graves y gravísimas. Para que proceda una destitución, la infracción tiene que haber sido gravísima. La denuncia administrativa se hace en la dependencia del Consejo de la Judicatura de la provincia a la que pertenece el juez o fiscal denunciado. 

Allí, en máximo 30 días, se debe recopilar las pruebas o indicios que sustenten el señalamiento. Al cabo de ese plazo, se cierra la investigación y, si hay indicios suficientes, se abre un expediente disciplinario. 

En máximo 45 días más, se debe emitir un informe motivado que hace el director provincial del Consejo. Para ese informe, se consideran los indicios presentados por la persona que denunció y otros documentos que el Consejo de la Judicatura puede pedir a otras instituciones, como a la Contraloría General o la Unidad de Análisis Financiero (UAFE), que investiga el lavado de activos en el Ecuador

En esta etapa, dice Henry Arcos, Director Jurídico del Consejo de la Judicatura, se llama al denunciante a que dé su testimonio. “A veces pasa que no llegan a dar su testimonio. Eso ya nos deja, muchas veces, sin las pruebas necesarias para continuar”, dice Arcos. Reconoce también que es posible que una denuncia que tiene el sustento necesario no llegue a ser investigada porque quien denuncia se arrepiente o se siente amenazado. 

Si en la provincia se considera que hay elementos suficientes para seguir la investigación, pasa a la Subdirección de Control Disciplinario en la matriz del Consejo de la Judicatura, en Quito. 

El subdirector prepara un proyecto de resolución, es decir un documento que posteriormente será votado en el pleno del Consejo de la Judicatura. Para ser aprobado tiene que tener los votos de la mayoría de los vocales del consejo. 

En ese documento se detalla el proceso, los indicios, la infracción y la sanción que debe ejecutarse y el pleno decide si se aprueba o no. Si se aprueba, el funcionario es destituido. Si se rechaza, se ratifica su inocencia y el funcionario denunciado se mantiene en su cargo. 

Entre 2019 y 2022, los motivos que llevaron a la destitución a los seis jueces y el fiscal fueron tres, según el Consejo de la Judicatura: solicitar o recibir préstamos en dineros u otros bienes, manipular o atentar gravemente contra el sistema informático, y ejecutar de forma irregular sorteo de causas. 

Jueces y fiscales destituidos entre 2019 y 2021 por presuntos actos de corrupción

corrupción en la justicia

Fuente: Consejo de la Judicatura

Pero estas cifras tan bajas revelan que hay algunos problemas estructurales que no permiten que haya transparencia, celeridad e independencia en las investigaciones dirigidas a jueces y fiscales, por la propia condición de su tarea. ¿Cómo investigar y sancionar justamente a quiénes tienen la tarea de investigar y sancionar?

Fiscales investigando fiscales

Uno de los principales conflictos que puede haber para alcanzar la depuración de la justicia es la estructura de cómo funciona una investigación. 

Un fiscal acusado de corrupción tendrá que ser investigado por otro fiscal. ¿Cómo garantizar que eso no sea un conflicto de intereses? 

“Al final esto se puede convertir en un círculo vicioso”, dice el abogado Jorge Luis Mazón, presidente del Instituto Ecuatoriano de Derecho Procesal.“Tienes que investigar a un fiscal acusado de corrupción pero que sigue ejerciendo como fiscal y son sus amigos, colegas o conocidos fiscales quienes tienen que investigar ese delito. Quizás ahí se pierde efectividad”, dice Mazón.

Sobre eso, el analista Rafael Balda cree que cuando un fiscal tenga que formular cargos a un colega presuntamente involucrado en actos de corrupción, “lo que tiene que existir es un amplio escrutinio de posibles conflictos de intereses que le impidan participar en un caso así”. Balda propone la posibilidad de que para esos casos se pueda crear “un catálogo mayor y más específico de causales para excusa o recusación”, dice. Cree también que no debe haber ninguna institución adicional (como los colegios de abogados u organismos paralelos) que cumplan la tarea de investigación o juzgamiento a jueces A su criterio, es suficiente con la que hace la Judicatura y la justicia ordinaria. Lo que sí debe hacerse desde la sociedad civil es otro tipo de vigilancia que abone a la transparencia y la independencia de la justicia.

Las puertas giratorias, otra alarma

La fiscal general, Diana Salazar, dijo en una comparecencia en la comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional en junio pasado, que una exfiscal, María Dolores Coloma, quien fue parte de la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado,  y se jubiló en 2019, es parte del equipo legal de Leandro Norero, investigado por narcotráfico y lavado de activos.

“Lamentablemente los funcionarios públicos no se encuentran exentos de caer en estas redes. Existen ex fiscales que luego de haber tenido conocimiento sobre actividades relacionadas a narcotráfico y lavado de activos, ahora los están defendiendo, también es un negocio lucrativo”, dijo Salazar.

La fiscal Salazar, en su comparecencia, dijo también que había “hecho el comentario a la Policía” sobre las condecoraciones que Coloma recibió por parte de la Unidad Antinarcóticos. 

Al ser abogada de Norero, Coloma no está cometiendo un delito. Sin embargo, no deja de ser preocupante que una ex fiscal, condecorada por la Policía por su lucha contra el narcotráfico y conocedora del sistema y sus vacíos, pase de ser defensora de quienes presumiblemente están cometiendo delitos, a ser su defensora. 

Para Mauricio Alarcón, el problema es que las puertas giratorias —que un funcionario o ex funcionario público pase a trabajar en la contraparte—  no están reguladas. “Si alguien, en el ejercicio de la fiscalía conoce causas, casos, personas investigadas y dejando de ser fiscal, aprovecha indebidamente de ese poder de información, está siendo corrupto”, dice. 

La fiscal Salazar reconoció, además, que hay “otros fiscales de los que me reservo el nombre porque luego me dirían que estoy afectando a la honra, ex fiscales generales que hoy defienden el lavado de activos”, dijo. 

Hice un pedido de información a la Fiscalía sobre el número de jueces y fiscales en contra de los que haya procesos penales abiertos  o que haya sentencias —de cualquier instancia— por presuntos delitos relacionados a corrupción, crimen organizado o narcotráfico, los tipos de delito por el que se dio la investigación o la sentencia y las provincias en las que ejercen o ejercían dichos fiscales y jueces y estado actual del proceso. 

La respuesta de la institución fue que “el Sistema Integrado de Actuaciones Fiscales (SIAF)  no cuenta con una  variable que permita identificar automáticamente su solicitud.  Sin embargo, actualmente nos encontramos en un proceso de reingeniería del SIAF y esperamos en el mediano plazo poder atender estos requerimientos específicos.”

§

El ex juez John Álava, hoy es un abogado que vive del libre ejercicio profesional en su ciudad. Reconoce el alto costo personal que significó para él denunciar el caso de su entonces colega Quito.  “Yo no hubiera podido verle a la cara a mi hijo si no hubiera hecho lo que hice. Era mi obligación hacer lo que hice”, dice. 

El ex juez Aurelio Quito salió ya de prisión y también ejerce su profesión. Así lo muestra en una red social en la que habla sobre derecho. 

Ambos son las dos caras de una misma moneda: la justicia, cuya depuración nunca se ha logrado, aunque se ha prometido tantas veces. Denunciar parece una acción sencilla pero no siempre lo es. Las trabas que se pueden encontrar hasta que una denuncia (penal, ante la fiscalía, como disciplinaria ante el Consejo de la Judicatura) parecen más un desincentivo para quienes denuncian que un mecanismo eficiente para obtener justicia. 

La desconfianza en las instituciones se explica cuando se ven las trabas. Demoras en los procesos disciplinarios que pueden terminar con la prescripción de la denuncia, declaraciones de nulidad en los procesos (por error o negligencia), presiones políticas para archivar o acelerar fallos, investigadores que pueden ser juez y parte, puertas giratorias que no están reguladas y facilitan un camino de corrupción. 

Son demasiadas maneras en que un proceso puede ser saboteado antes de llegar a término. Por eso, el anuncio que hizo en diciembre pasado el Embajador de Estados Unidos de que se han retirado visas a funcionarios judiciales —y ratificó en una entrevista conmigo— no solamente despierta una enorme alarma sobre lo que ocurre en el país. Pero es también una oportunidad: para presionar al Estado para depurar un sistema de justicia seriamente amenazado por los tentáculos de la corrupción que buscan asfixiarlo. 

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María Sol Borja
Periodista. Ha publicado en New York Times y Washington Post. Fue parte del equipo finalista en los premios Gabo 2019 por Frontera Cautiva y fue finalista en los premios Jorge Mantilla Ortega, en 2021, en categoría Opinión. Tiene experiencia en televisión y prensa escrita. Máster en Comunicación Política e Imagen (UPSA, España) y en Periodismo (UDLA, Ecuador). Es editora asociada y editora política en GK.
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