La Asamblea Nacional posesionó el 11 de agosto de 2022 a Raúl González como Superintendente de Bancos en medio de una pugna por la dirigencia de la institución en la que están enfrentadas decisiones de varias de las funciones del Estado. 

La posesión de González se da después de que una orden judicial declarara nula su designación para el cargo. Además, pasa mientras el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) avanza con la revisión de una nueva terna de candidatos a Superintendente de Bancos, enviada por el presidente Lasso el viernes 5 de agosto de 2022. 

Además, la designación de González ha sido muy polémica porque el 9 de agosto se hizo público un audio en el que Aparicio Caicedo, consejero presidencial, le reclama a González por no haber renunciado a la terna para la Superintendencia de Bancos.

¿Cómo fue posesionado González?

En la sesión del pleno de la Asamblea del 11 de agosto, la asambleísta Mireya Pazmiño pidió un cambio en el orden del día para que se incluya el debate sobre la designación del nuevo titular de la Superintendencia de Bancos. 

La moción de Pazmiño fue aprobada y por más de dos horas los asambleístas debatieron sobre la validez de la designación de González, las sentencias sobre el caso y el presunto entrometimiento del gobierno. 

Después del debate, los asambleístas aprobaron con 70 votos la moción que proponía que Raúl González sea posesionado inmediatamente. La reconsideración de los votos propuesta por la asambleísta Sofía Sánchez no fue aceptada. Inmediatamente después, Raúl González se conectó por videollamada a la sesión del pleno y fue posesionado a las 2 de la tarde del 11 de agosto. 

Poco después de la posesión de González, la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia (Segcom) publicó un comunicado en su cuenta de Twitter en el que recuerda la terna presentada por el presidente Lasso el 5 de agosto. En el comunicado no menciona la posesión de Raúl González, pero dice que el gobierno “ratifica su actuar respetuoso y transparente con las demás funciones del Estado”. 

La pugna por la Superintendencia de Bancos, explicada

Raúl González fue designado como Superintendente de Bancos por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) el pasado 20 de julio después de que Ruth Arregui fuera censurada por la Asamblea. González era parte de una terna enviada por el gobierno al Cpccs para la designación del cargo. 

Sin embargo,  la tarde del 1 de agosto de 2022 la jueza Larissa Ibarra, de la Unidad Judicial Multicompetente de la ciudad de Samborondón, en la provincia del Guayas, resolvió una acción de protección interpuesta por la ciudadana Michelle Guerra para dejar sin efecto la designación de González.  

La jueza Ibarra, además, ordenó que el Presidente de la República remita al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) una nueva terna para seleccionar al reemplazo de la anterior superintendenta, cesada en febrero de 2022. 

El CPCCS apeló la sentencia de Ibarra. Sin embargo, la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Jurisdiccional establece que la presentación del recurso de apelación no elimina la obligatoriedad del cumplimiento de las medidas cautelares. Es decir, aunque el recurso de apelación todavía no ha sido resuelto, el proceso estaba declarado como nulo. 

El 5 de agosto, el presidente Lasso envió una nueva terna al Cpccs, pero ese mismo día el juez Jhon Rodríguez Mindiola, de la ciudad agrícola de Yaguachi en Guayas, acogió un pedido de medida cautelar interpuesto por el ciudadano Diego Trujillo Llumiquinga. El juez Rodríguez ordenó que la Asamblea Nacional posesione de inmediato a Raúl González, como el nuevo superintendente. 

Las dos acciones constitucionales trataban sobre el mismo hecho y fueron emitidas con cuatro días de diferencia y tenían resoluciones completamente distintas. 

El 8 de agosto, el juez Jhon Rodríguez Mindiola revocó la medida cautelar que había concedido tres días antes. En el documento que consta en el sistema del Consejo de la Judicatura sobre el caso, uno de los motivos de la revocatoria es que Rodríguez dice que ese día “llego a su conocimiento” la sentencia de la jueza Larissa Ibarra, de Samborondón. 

El abogado constitucionalista Esteban Polo dice que después del 8 de agosto y de la revocatoria de la medida cautelar esas decisiones contradictorias dejan de existir y la que se mantiene vigente hasta el 11 de agosto es la sentencia de Ibarra, en la que declara nulo el proceso de selección de González. Por eso, dice el abogado Polo, la Asamblea no debía posesionar a Raúl González como superintendente de bancos. 

“No se cumplió con la sentencia de la jueza. Nos guste o no es una sentencia que está vigente”, dice el abogado Polo. Añade que todavía está pendiente que se resuelva la apelación del CPCCS a la decisión de la jueza Ibarra, pero insiste en que las medidas cautelares que suspenden la designación de González siguen vigentes. 

¿Por qué sí posesionaron a Raúl González?

El abogado Polo dice que los factores políticos son el detonante para lo que pasó el 11 de agosto en la Asamblea. 

Uno de los argumentos de la asambleísta Mireya Pazmiño para que la Asamblea posesione a Raúl Ortíz como superintendente de bancos, a pesar de la sentencia que declaraba nula su designación, es la crisis política que vive el país. Pazmiño dijo que están siendo testigos de “las operaciones del gobierno para meterle la mano a otras funciones del Estado”.

Ella acusó a la función Ejecutiva de una “intromisión grosera” en el Cpccs y en el Consejo de la Judicatura. También reclamó por una presunta “manipulación de algunos jueces que se han prestado al juego político”. 

Pazmiño dijo que la Asamblea no puede estar inmóvil ante la “descomposición política que pretende interferir a la justicia y desde ahí a otras funciones”. La asambleísta terminó su intervención diciendo que la Asamblea no es ni será “sierva de un Ejecutivo que en lugar de preocuparse por las verdaderas necesidades de sus ciudadanos pierde el tiempo gestionando cargos, personas y nombres en otras funciones del Estado”

En el debate, algunos asambleístas sí sacaron a colación la sentencia vigente. Uno de ellos fue Salvador Quishpe, de Pachakutik, que advirtió que debían considerar el fallo para no caer “innecesariamente en desacatos”. 

Sin embargo, en el momento de la votación por la moción presentada por Pazmiño, 70 asambleístas votaron a favor y la posesión de Raúl González se hizo oficial ante el pleno. 

La posesión virtual de Raúl González. Fotografía tomada de la cuenta de Flickr de la Asamblea bajo licencia CC BY-SA 2.0.

¿Qué consecuencias podría tener la decisión  de la Asamblea?

El abogado constitucionalista Esteban Polo dice que es probable que el caso sea remitido a la Corte Constitucional con una acción de incumplimiento para que sea resuelto por el tribunal más alto de la nación. Sin embargo, dice que antes de eso la jueza Ibarra deberá agotar todos los recursos posibles para hacer que su sentencia se cumpla. 

Una vez que esos recursos sean agotados, el caso podrá pasar a la Corte Constitucional para su resolución. Ahí, la Corte podría exigir que se cumpla el fallo y que todo el proceso de selección de González sea declarado como nulo. 

Sin embargo, el abogado Polo advierte que si la Corte decide tratar el caso de forma cronológica —como hace con la gran mayoría de sus casos—, la resolución podría tardar varios años. 

El abogado Polo dice que ve poco probable que se destituya a los asambleístas por esta decisión, pero dice que un artículo de la Constitución permite que se destituyan a servidores públicos que no cumplen con una sentencia.