Ruth Arregui Solano, Superintendenta de Bancos, fue censurada. La tarde de hoy, 22 de febrero del 2022, el pleno de la Asamblea Nacional censuró y destituyó a Arregui por un supuesto incumplimiento de funciones. 

La moción para censurar a Arregui fue planteada por Darwin Pereira, asambleísta por Pachakutik, y Alexandra Arce, asambleísta de la coalición Unión por la Esperanza (UNES). La moción tuvo 85 votos a favor. Se necesitaban al menos 70.

Además hubo 32 abstenciones, 2 votos en blanco y 15 votos negativos.  

Ruth Arregui no se ha pronunciado sobre su censura. Sin embargo, durante el juicio político, Arregui dijo en la cuenta de Twitter de la Superintendencia de Bancos que “quieren censurarme por poner en cintura a los estafadores del Isspol”. La ahora ex funcionaria también dijo que sí ha “cumplido con sus funciones de Superintendente”. 

¿Qué se dijo durante el juicio?

Durante el juicio político varios asambleístas expusieron sus preocupaciones con respecto a la gestión de Ruth Arregui.

Darwin Pereira, asambleísta por Pachakutik que solicitó el juicio político contra Arregui, dijo por ejemplo que en el país hay más de 120 entidades no autorizadas que captan dinero de manera ilegal y que la Superintendencia no ha hecho nada al respecto. 

Pereira también dijo que ha habido casos de bancos que han hecho cobros indebidos a sus usuarios y que de nuevo, la Superintendencia no ha tomado las acciones que debía. 

La asambleísta por UNES, Paola Cabezas, dijo que se solidarizaba con la gente que ha sido, aseveró, “perjudicada por la banca”. Además dijo que los usuarios que han sido perjudicados no han encontrado respuestas a sus problemas en la Superintendencia de Bancos, como debería ser. 

Salvador Quishpe, asambleísta por Pachakutik, alegó también que la Superintendencia de Bancos nunca hizo ni dijo nada sobre los intereses que cobraron las entidades bancarias a la ciudadanía durante la pandemia del covid-19. Quishpe apoyó la censura. 

Por otro lado, el asambleísta por Pachakutik Ricardo Vanegas dijo que leyó el informe de  la Comisión de Fiscalización y que no encontró que Arregui haya incumplido sus funciones. Vanegas dijo que “no podemos venir a sancionar si no logramos probar documentadamente el  incumplimiento de funciones”. Vanegas votó en contra.

En el juicio político Ruth Arregui también tuvo derecho a la réplica. La ahora ex Superintendenta de Bancos insistió en que no ha incumplido sus funciones. Se refirió a las notificaciones que se hicieron a la Fiscalía con respecto al caso de captación ilegal de dinero, Big Money, y aseguró que se hizo todo lo que se podía dentro del marco de la ley.

Arregui también dijo que durante su gestión, la Superintendencia diseñó un plan estratégico para proteger a los depositantes. Además agradeció la oportunidad de poder exponer sus argumentos de defensa.

¿Por qué hubo un juicio político contra Arregui?

En octubre de 2021, el asambleísta por Pachakutik, Darwin Pereira, presentó un pedido de juicio político contra Ruth Arregui por supuesto incumplimiento de funciones. Ese mismo mes, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificó la solicitud.

Poco más de un mes después, el 8 de diciembre de 2021, la Comisión de Fiscalización admitió a trámite la solicitud. La Comisión le dio a Arregui un plazo de 15 días para presentar sus pruebas de descargo. 

Finalmente, el 15 de febrero de 2022, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó una solicitud de juicio político contra Arregui. 

El juicio político contra Arregui se dio porque supuestamente Arregui no había controlado la banca privada, la captación ilegal de dinero —como en el caso Big Money— y las actividades financieras no autorizadas. Además, según el asambleísta Darwin Pereira, Arregui no había atendido la  renegociación de deudas de los usuarios bancarios, ni los reclamos y quejas de fraude informático que supuestamente  ha habido en varias instituciones financieras. 

En el juicio político, Ruth Arregui fue censurada y destituida de su cargo como Superintendenta de Bancos. Tras la censura, Arregui no podrá ejercer un cargo público en los próximos dos años.